La prioridad de ZAPATERO: "SALVEMOS AL CARBÓN"

 El GOBIERNO DESOYE AL G-20, APOYA MASIVAMENTE EL CARBÓN y RECORTA LAS ENERGÍAS RENOVABLES

Almediam. 27-09-09 

Por David Hammerstein

¿Qué pasó con el tan pregonado "nuevo modelo económico"? ¿Qué sucedió con el repetido discurso a favor de la "sociedad del conocimiento", la "economía sostenible" y las energías limpias y renovables de las que tanto ha hablado nuestro presidente de Gobierno?. Más allá de su retórica pública en torno a la lucha contra el cambio climático ahora parece que el Gobierno de Zapatero está empeñado en favorecer la fuente de energía cuya combustión provoca más contaminación atmosférica por emisiones de CO2. El mundo parece estar al revés para el presidente de Gobierno, ya que ahora Zapatero prefiere que las empresas españolas de producción eléctrica dependan del consumo del carbón español y menos de las energías renovables  mediante una política energética en la que el Estado continue subvencionando una caduca minería extractiva sin viabilidad económica para favorecer la producción de un carbón nacional barato y dirigido al consumo de las industrias térmicas de producción de electricidad. 

Es precisamene en el actual periodo de recesión económica y de caida de la demanda eléctrica y de carbón cuando la política del Gobierno español quiere aumentar aún más las ayudas económicas a esta actividad anacrónica y no rentable que apenás existe en suelo del occidente europeo, países como Francia, Inglaterra o Bélgica ya cerraron sus minas de carbón. Con inmensas cantidades de dinero público el presidente Zapatero quiere fomentar  la quema de carbón en las centrales térmicas en lugar de continuar con el crecimiento de las energías renovables y limpias. Con este alargamiento artificial y económicamente ruinoso de la vida de la minería del carbón en España se tirarían por la ventana los compromisos de reducción de las emisiones contaminantes a la atmósfera y la real liberalización del mercado energético, y además se burlaría el cumplimiento de la legislación europea por parte del Gobierno español. Se trata de todo un ejercicio irracional de proteccionismo estatal en la defensa numantina de un sector industrial en declive y sin viabilidad económica en respuesta a las presiones neocaciquiles de empresas sucias y sindicatos mimados que históricamente subsisten gracias a  ingentes cantidades de dinero público. 

Resultan escalofriantes, semisecretas y de dudosa legalidad las  cifras económicas totales implicadas en salvar al "carbón nacional".  Como botón de muestra, este pasado enero el Gobierno ha condonado más de 5.000 de euros de deuda acumulada en el periodo 1998-2001 (un billón de las antiguas pesetas ) a los empresarios mineros españoles, especialmente las empresas asturianas y leonesas, y ahora intenta poner en práctica unas ayudas estatales a las empresas mineras en los Presupuestos de 2010 para que las empresas eléctricas compren el carbón nacional a precios baratos y competitivos en relación al carbón proveniente de fuera del territorio nacional. Pero a pesar de que el gobierno no puede condonar deudas tributarias ni deudas presupuestarias, ni practicar el proteccionismo dentro de la Unión Europea, parece ser que las citadas ayudas que se quieren justificar por los costes sociales y técnicos derivados de planes de modernización, reestructuración y racionalización de la actividad de las empresas mineras, se regularán por el Reglamento de los Presupesto Generales del Estado y por Órdenes Ministeriales. 

El gobierno de Zapatero parece que juega a hacer equilibrios insensatos e imposibles: el aumento de los daños y amenazas ecológicas derivados de la continuidad de la quema de la energía fósil del carbón; el proteccionismo estatal que viola las reglas del mercado único europeo; y los actuales privilegios al sector empresarial y sindicatos mineros. Esta política dantesca e irracional debe cuestionarse con urgencia, y aún más ante la actual situación de recesión económica, de un creciente déficit público y de apuros económicos que también afectan a otros sectores de la economía nacional. 

En todal confrontación con las  medidas del Gobierno, conviene recordar que los líderes mundiales de la cumbre de G-20 ha adoptado una posición clara sobre las ayudas públicas al carbón: "Los subsidios a los combustibles fósiles son ineficientes porque fomentan el despilfarro, reducen nuestra seguridad energética, impiden la inversión en fuentes de energía limpias y socavan los esfuerzos para hacer frente a la amenaza del cambio climático". El derecho comunitario tampoco avala el apoyo al carbón.  El Reglamento (CE) de 2002 se expone que “las ayudas estatales a la industria del carbón, persiguen la reducción tendencial de los costes de producción como medio de garantizar el carácter decreciente de las ayudas estatales, disponiendo que las unidades cuyo funcionamiento no sea preciso para garantizar el acceso a reservas, deberán incluirse en un plan de reducción de actividad. Esta reducción origina pérdidas de empleo y de activos no amortizados, por lo que resulta necesario asumir costes de las prejubilaciones y bajas incentivadas, así como ayudas a cubrir pasivos de las empresas que reduzcan su actividad”. Desde la política europea común solo se avalan las ayudas como medidas de reconversión y el paulatino cierre del sector, nunca para dar preferencia a la quema de carbón nacional.

Pero en el sentido diametralmente contrario están obrando el Presidente Rodriguez Zapatero y el Ministro de Indústría Miguel Sebastián.  El Gobierno Español no solo ignora las  recomendaciones del G-20 sino que vulnera distintas Directivas europeas sobre el mercado energético al seguir subvencionando con dinero estatal el apuntalamiento del sector de carbón español que está muy lejos de ser económicamente rentable y que solo puede sobrevivir con ayudas e incentivos públicos. 

El Gobierno español debe salir del miope cortoplacismo actual y librarse de unos lobbies industriales enquistados que desangran las arcas públicas. Hay que tener el coraje de decir la verdad para frenar el despilfarro y la quema de recursos naturales vitales y de dinero público. Las cuencas mineras de León y de Asturias no tienen un futuro económico en el carbón y deben emprender una reconversión económica hacía actividades límpias y rentables compatibles con los singulares y valiosos entornos naturales donde se encuentran. No podemos seguir desperdiciando miles de millones de euros de dinero público sin crear unas alternativas económicas viables y sostenibles cara al futuro. Ni la economía ni el clima lo permiten.

David Hammerstein

Ecología y Política