Ideal. 26-04-05

 

El Ministerio de Asuntos Exteriores convocó para ayer y con máxima urgencia al Ayuntamiento de Almería y a la Junta de Andalucía para el estudio de algunas cuestiones relacionadas con el Parque de Innovación y Tecnología de Almería, PITA. La cita, de la que por el momento no ha transcendido más detalles sobre lo tratado, estaba relacionada de una manera directa con la interpelación puesta por un diputado de Los Verdes en el Parlamento Europeo (Bruselas) en relación con los LICs o terrenos protegidos medioambientalmente bajo la calificación urbanística como «lugares de interés comunitario». El PITA estaría afectado por la posible aplicación de esa calificación a la parcela que ocupará.

 

La llamada a la Junta de Andalucía está justificada en el hecho de que es la Administración que define, defiende, ratifica y regula esa figura urbanística, como el resto de las existente para la ordenación del territorio, mientras que la convocatoria al Ayuntamiento vendría derivada de la modificación puntual que conllevaría la habilitación del PITA en esos terrenos. En estos momentos ese cambio tiene ya el visto bueno de la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes, tras los informes preceptivos de otras instituciones y organismos, pero está pendiente del pronunciamiento de la Consejería, que constituye normativamente la ratificación definitiva. La aprobación, a su vez definitiva por el Ayuntamiento tras la inicial y provisional, se produjo el 23 de octubre del pasado año y obtuvo la unanimidad de todos los grupos políticos, a pesar de los meses anteriores de polémica.

 

Plan General

 

La clasificación de esos terrenos como urbanizables con un uso industrial -PITA- incide sobre casi 185 hectáreas de unos terrenos ubicados al norte de la barriada de El Alquián y sobre los que en estos momentos pesa la protección medioambiental a la espera, sin embargo, de su ratificación por la Unión Europea y de la posible ampliación o reducción del ámbito territorial seleccionado.

 

Desde el Ayuntamiento, antes de la reunión, se exponía la importancia que tendrá la decisión de Bruselas en este sentido para el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y, en consecuencia, la postura y los criterios que podría aportar el Ministerio de Asuntos Exteriores en el tratamiento de la interpelación parlamentaria.