DESCODIFICANDO A CARTER. NUEVOS DATOS SOBRE DBCP

Por Vicent Boix – Especial para Nuevo Diario. 28-03-06

El pasado 22 de marzo, Nuevo Diario reproducía las declaraciones de vicepresidente ejecutivo de Dole Food Company Inc., Michael Carter, en el marco de unas posibles negociaciones con un grupo de afectados por el agroquímico DBCP (Nemagón y Fumazone) que encabeza Victorino Espinales. Estaban presentes en dicha comparecencia pública Margarita Gurdián (Ministra de Salud), miembros de la Procuradoría General de la República y el propio Espinales.

Carter no se fue por las ramas. Fue directo, claro y conciso. Como condiciones para futuros arreglos exigía que se retiraran las demandas presentadas en contra de Dole y la derogación de la Ley 364. Por otras fuentes he podido saber que Carter habría ofrecido la posibilidad de nuevas inversiones en el país.

Hasta aquí el resumen de lo acontecido. Pasemos a analizar y desentrañar pormenorizadamente los detalles. Como bien indica Valeria Imhof en su artículo del día 22, Carter parte de la premisa de que el DBCP no causó daño en los obreros que lo aplicaron en los campos de cultivo. Concretamente dice:

“No hay ningún respaldo científico de las consecuencias dañinas del Nemagón, excepto la esterilidad masculina de los que estuvieron expuestos en la planta de fabricación, por eso Dole nunca ha perdido una demanda a consecuencia del Nemagón en Estados Unidos”.

Ya en 1961, el Dr. Torkelson y un equipo de científicos publicaron en la revista Toxicology and Applied Pharmacology, un artículo donde empezaron a descubrir los efectos negativos del químico. Se trata del primer documento público y en él se puede leer lo siguiente:

“Este informe reseña los resultados de estudios toxicológicos en animales de laboratorio, conducidos para analizar los peligros tóxicos asociados con su fabricación, manejo y utilización.”.

El 29 de octubre de 1979, Douglas M. Costle, Administrador en la época de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), suspendía incondicionalmente todos los usos del DBCP excepto el de las piñas en Hawai. Para ello afirmaba que el químico causa no sólo esterilidad masculina como dice Carter, sino que es también un agente mutagénico y cancerígeno probable en humanos. Después añade:

“También hallo que la exposición humana al DBCP puede ocurrir como el resultado del consumo del agua potable contaminada con DBCP; consumo de residuos de DBCP en cosechas producidas en suelos tratados con DBCP; inhalación de niveles de DBCP en el aire del ambiente en o alrededor de campos tratados con DBCP; y por el contacto dérmico con el DBCP, ya sea durante la aplicación y procedimientos conexos, o debido a residuos en el suelo, corteza de plantas o en el follaje.”

Como se puede ver, tanto los comentarios del grupo de científicos del Dr. Torkelson como los del Administrador de la EPA, no admiten distinción alguna por puesto de trabajo. No sólo pueden verse afectados los operarios de las plantas de fabricación de DBCP, sino que claramente se especifica que el químico supone un peligro para los aplicadores y los trabajadores en el campo. La EPA reconoce que el contacto se puede ocasionar incluso en campos colindantes. Y va más lejos cuando señala que la exposición se puede producir por el consumo de alimentos con residuos de DBCP, motivo por el cual se había propiciado la suspensión incondicional de 19 licencias en el año 1977.

Lejos de acotar los riesgos a los operarios de las plantas de fabricación, la EPA reconoció y admitió varias vías de contacto y riesgo. Pero no eran las únicas, había otra mucho más preocupante.

Entre mayo y julio de 1979, el California Department of Health Services (CDHS) analizó los pozos de agua en algunas zonas donde se había fumigado DBCP. Los resultados fueron sorprendentes. El químico fue hallado en el 36,6% de las 527 muestras. También en pozos y aguas subterráneas de consumo doméstico. En base a estos hallazgos el CDHS concluyó que existía riesgo para la salud de las personas en las zonas contaminadas de California.

Según estas pruebas, la amenaza del químico adquiría una nueva dimensión. De ser un producto que afectaba sólo a los trabajadores de las fábricas de producción como afirma Carter, a ser un auténtico riesgo público capaz de trasladarse a través de las fuentes de agua y poner en peligro la salud de miles de ciudadanos.

Estos datos demostrarían que sí hubo contacto y riesgo para los miles de afectados nicaragüenses que hoy luchan por un poco de justicia. Y hablando de justicia, en su comparecencia pública, Carter también hace algunas incursiones en este campo y en palabras de Valeria Imhof declara:

“A pesar del anuncio de la empresa de sentarse a dialogar, Carter desestimó que haya afectados por el Nemagón en Nicaragua, argumentando que ningún trabajador agrícola norteamericano que tuvo contacto con el pesticida, ha interpuesto demanda alguna en ese país.”

Descubramos algunas batallas ganadas por trabajadores agrícolas afectados por el DBCP y veremos como las apreciaciones de Carter son imprecisas.

1- En mayo de 1983, dos trabajadores agrícolas norteamericanos (Pérez y Jones) ganan sendos procesos judiciales a la empresa Dow Chemical, debido a los daños ocasionados por el DBCP.

2- Caso Borja v. Dole Food Company. Archivado inicialmente en Texas, en la actualidad espera la fecha del juicio. Engloba a cinco trabajadores agrícolas costarricenses representados por el abogado Fred Misko. Se enfrentarían únicamente a Dole.

3- Caso Delgado v. Shell Oil Co. Sin duda alguna el caso más emblemático de la lucha del DBCP en cortes norteamericanas. Es introducido en 1993 y tras muchos años de lucha en diversos países del mundo, en 2005 es devuelto de nuevo a cortes estatales del estado de Texas que aceptan tramitar las causas. Estaría formado por trabajadores agrícolas costarricenses asesorados por el abogado Charles Siegel. Se enfrentarían únicamente a Dole.

4- Ya en Nicaragua, los resultados obtenidos son francamente positivos. El grupo de Ojeda, Gutiérrez y Espinoza ha logrado varias sentencias favorables al amparo de la Ley 364. Dole es una de las empresas acusadas. Si bien por el momento no ha podido ejecutarlas en Estados Unidos, está intentándolo en varios países sudamericanos. Venezuela habría aceptado la causa. Además en enero de este año logra que un juzgado de Managua embargue la marca Shell.

5-El grupo de Provost & Umprey y sus socios nicaragüenses Barnard Zavala, Martha Cortes y Jacinto Obregón; ganaron en agosto de 2005, un juicio bajo la Ley 364 en un juzgado de Chinandega. Dole es una de las empresas acusadas. La sentencia redactada por la Dra. Socorro Toruño es contundente, demoledora y esclarecedora. Para más detalles sobre la misma se pueden leer los cuatro reportajes seguidos que realizó Valeria Imhof en Nuevo Diario. Actualmente este grupo trabaja para ejecutar la sentencia en Estados Unidos y ha archivado nuevas demandas en Chinandega.

6-El grupo de Juan José Domínguez y su socio nicaragüense Antonio Hernández, ha participado ya en el primer juicio realizado en Estados Unidos para trabajadores agrícolas nicaragüenses. Dole es una de las empresas acusadas. Esperan sentencia para este año y tienen listas nuevas causas tanto en Estados Unidos como en Nicaragua con la Ley 364.

Al observar estos datos se puede ver que en Estados Unidos sí que han existido trabajadores que han obtenido triunfos en juicios por daños del DBCP. En estos casos no se acusó a Dole porque en este país el químico tuvo un uso más bien doméstico, es decir, fue aplicado principalmente por pequeños agricultores y campesinos. Fue en numerosas plantaciones de otros países donde empresas agroexportadoras como Dole lo utilizaron. Por eso los trabajadores que están demandando a Dole en Estados Unidos son extranjeros.

Aclarado este aspecto y contrariamente a lo que dice Carter, mi opinión personal es que la lucha judicial del DBCP se halla en el mejor momento de todos, y muy especialmente para los afectados nicaragüenses. En 5 de los 6 casos que se han expuesto anteriormente, la empresa Dole, o bien ha sido sentenciada o bien es parte del proceso judicial. Se sabe el monto de las indemnizaciones que se han dictado en Nicaragua, pero una victoria en el caso que Juan José Domínguez dirime en Estados Unidos podría otorgar unas compensaciones muchas más suculentas, elevando de esta forma el baremo económico para futuros acuerdos extrajudiciales.

Por ahí habría que empezar a vislumbrar el repentino interés de Dole es llegar a los mentados acuerdos.

Algunas consideraciones a tener en cuenta.

1- Tradicionalmente, en los procesos abiertos en torno al DBCP las empresas han dirigido sus esfuerzos a evitar el juicio, más que en afrontarlo y defenderse de las acusaciones. En Estados Unidos miles de afectados de varios países vienen presentando demandas desde hace años. La estrategia utilizada por las empresas para evitar los juicios ha girado alrededor de la doctrina del “foro no conveniente”. Con ella, las demandadas siempre justificaban que las cortes (juzgados) más convenientes y apropiadas para dilucidar las causas de los afectados extranjeros, eran las de los países de los propios afectados. La mayoría de demandas fueron despedidas de esta forma por “foro no conveniente”, a pesar de que la opción ejercida por miles de afectados extranjeros consistente en abrir causas en Estados Unidos, era perfectamente legítima, apegada a derecho y refrendada en algunos acuerdos internacionales.

De esta forma, por poner ejemplo, un afectado por el DBCP guatemalteco que había presentado su caso en una corte estadounidense, a través del “foro no conveniente” perdía la oportunidad de participar en un juicio en Estados Unidos y se veía abocado a presentar su demanda en cortes de Guatemala.

Y ahí venía el problema. En la mayoría de los países con afectados del DBCP era casi imposible poder realizar un juicio de esta índole por la falta de legislación aplicable. Eso lo sabían muy bien las empresas acusadas y en definitiva era lo que buscaban: eludir la justicia.

2-La Ley 364 que aprueba la Asamblea de Nicaragua en el año 2000, supone un giro de 180 grados en el escenario jurídico de los casos del DBCP en Nicaragua. Se aprueba una ley que permite tramitar este tipo de casos, con lo que se tapona la vía de escape tradicional empleada por las empresas.

Ahora un afectado nicaragüense puede abrir causa en Estados Unidos y las empresas ya no pueden recurrir tan fácilmente al “foro no conveniente”, porque el ordenamiento jurídico de Nicaragua contiene la Ley 364 que es capaz de juzgarlas y condenarlas. La otra posibilidad que ha sido aplicada por algunos abogados estriba en directamente iniciar el proceso en cortes de Nicaragua.

Independientemente de la opción que escojan los letrados, las multinacionales están abocadas al juicio y eso es lo que precisamente han estado evitando durante lustros. He aquí la importancia de la ley 364 para los trabajadores y la gran piedra en el zapato que supone para las empresas.

3-De los dos puntos anteriores se puede descubrir una contradicción que proyecta nítidamente la doble moral de las multinacionales acusadas.

Inicialmente recurrían al “foro no conveniente” arguyendo que era mejor iniciar las causas en los países de los acusados, a sabiendas de que esta opción era prácticamente utópica ante la carencia de legislación. Ahora que numerosos afectados han presentado las causas en sus países de origen (Nicaragua), las empresas luchan porque los afectados las retiren y de paso derogar la ley que facilita el proceso. En pocas palabras, trabajan incansablemente para evitar los procesos.

Incluso en algunos de los juicios emprendidos en Nicaragua, las multinacionales han intentado torpedearlos más que afrontarlos. Sobre este punto, la Dra. Toruño indica en su sentencia lo siguiente:

“La marcada reticencia de las demandadas en lidiar frontalmente con el contenido de tales pruebas sólo consigue aumentar su poder de convicción.” o:

“…las demandadas no discutieron el contenido específico de los documentos ni alegan su falsedad. Ninguna de las demandadas sugiere que no sabía que el DBCP fuera tóxico (…) ninguna argumenta que se advertía a los trabajadores claramente sobre los peligros del nematicida, o que el nemagón y fumazone traían explícitas instrucciones en español, ni tampoco manifiestan estas demandadas que a los trabajadores se les entregaba equipo protector. Acusaciones gravísimas, como que los conductos y las fuentes de agua para consumo humano se usaban también para el DBCP, no han sido atacadas con especificidad por estas demandadas. Estas empresas también eluden negar frontalmente la afirmación de que luego de restringirse el DBCP en los Estados Unidos de América entraban en contratos para su venta o su uso “en el extranjero” (…) Ante acusaciones tan graves y claramente documentadas la estrategia de defenderse con formalidades y negativas generales, sin entrar en el fondo de la cuestión es evadir la verdad de los hechos.”.

4- Lo primero que me vino a la mente tras leer las declaraciones de Carter se resumiría de la siguiente forma: una empresa que se declara inocente de una acusación quiere negociar y llegar a un acuerdo con aquellos que la acusan.

Si se tiene en cuenta este curioso “detalle filantrópico” y todo lo expuesto hasta el momento, creo que se van conociendo poco a poco las intenciones de Dole, que pasarían por desembarazarse de las demandas de los afectados nicaragüenses y lo que posiblemente sea más importante, sepultar la Ley 364 que además de haber zarandeado el paraíso de la impunidad en el que estaban alegremente las multinacionales, también amenaza con propagar su esencia básica de justicia y soberanía hacia un continente que da señales evidentes de no querer seguir siendo el patio trasero de Estados Unidos.

5-Y en todo esto ¿Cómo encaja el grupo de Espinales? En principio hay que recordar que miles de afectados no pertenecen a este colectivo y por consiguiente no negociarán con Dole, por lo menos en esta coyuntura. El motivo estriba es que ellos sí que están participando de procesos legales que están siendo o pueden ser fructíferos.

Al grupo de Espinales hay que aplaudirle la encomiable y heroica lucha en las calles que han mantenido durante estos años. Ellos han sabido defender la Ley 364 como nadie y han logrado internacionalizar la lucha. Pero por diferentes motivos rompieron vínculos con algunos abogados y se han quedado sin opciones judiciales, por lo menos hasta el momento. Consecuentemente, la posición en la negociación es muy desfavorable.

Aunque todos son especulaciones, es más que probable que si se materializa un acuerdo entre las partes, las sumas económicas acordadas sean mínimas y en ningún caso justas. Además sujetas a cláusulas que impedirán a los afectados demandar en un futuro a Dole.

Pero la gran duda es si Dole querrá utilizar como moneda de cambio la derogación de la Ley 364 en la negociación con el grupo de Espinales. Dicho de otra forma más directa, si a cambio de una indemnización económica, este grupo humano estaría dispuesto a sacrificar una ley que defendieron incluso con la salud y la vida de aquellos que participaron en las míticas “marchas sin retorno”.

De tomar vida esta remota posibilidad, el escenario volvería a ser de división absoluta entre los diferentes colectivos de trabajadores. Ojalá no se de nunca y el grupo de Espinales mantenga la dignidad que siempre lo caracterizó. La negociación con una empresa es legítima, pero nunca a costa de los demás. El tiempo dirá el resto. Suerte y justicia para todos y todas.

Parte de la información utilizada en este artículo puede encontrarse en el sumario del caso Miguel Sánchez Osorio y Otros v. Standard Fruit Company y Otros. Tramitada en el Juzgado Segundo Civil y Laboral del Distrito de Chinandega, Nicaragua, en mayo de 2005. También del sumario del caso Juan Ramon Herrera Rios y Otros v. Dole Food Company Inc y Otros. Tramitada en el Juzgado Segundo Civil y Laboral del Distrito de Chinandega, Nicaragua, a principios de 2006.

DBCP: UN ARTEFACTO QUÍMICO QUE SIGUE ESTALLANDO

Por Vicente Boix Bornay. Octubre de 2005

Pasado[i]

No es casualidad, que la revolución verde[ii] tuviera su época dorada tras la segunda guerra mundial. Algunos investigadores, aseguran, que muchos químicos creados para acabar con la vida humana en épocas hostiles, fueron rediseñados y reformulados para sepultar bichitos y malezas impertinentes. De peligrosas y detestables armas, se transformaron en imprescindibles y milagrosas herramientas para el agricultor moderno. La tecnología militar se filtraba a campos mucho más pacíficos, alterando los patrones productivos y perifoneando las ventajas de un modelo agrícola que pretendía subsanar en un plis plas, los graves problemas estructurales que envolvían el mundo.

Además, las banalidades del mercado exigieron siempre una fruta grande y sin manchas. Cosméticamente perfecta. Que se comiera por los ojos. Desechando las que no alcanzaban unos estándares estéticos mínimos. Vamos, como una especie de Enrique Iglesias, pero en forma de plátano, papaya, etc... Es así como los cultivos se han sometido a una especie de cirugía estética, a base de una dosis extra de agroquímicos.

Ahora, varias décadas después, la sartén ya se destapó. Se descubrió la doble cámara en la chistera. La paloma no aparecía por arte de magia. Se hallaba escondida. Hábilmente, el mago le abría la puerta para que pudiera escapar, perdón, el ilusionista. Todo era un truco. Una falacia sin milagro que amarró al agricultor a la tecnología, mientras ocasionaba numerosos y monstruosos impactos en el humano y el medio.

El 1,2-dibromo-3-cloropropano (DBCP), es uno de esos hijos bastardos del milagro de los panes y los peces químicos. De la mente inquieta de científicos reconocidos, que querían abrirse paso entre la historia, sin importarles las esquelas, los velatorios y las camas de los hospitales.

Aunque se había sintetizado anteriormente; en la década de los cincuenta, los laboratorios de Shell Oil Company y Dow Chemical Company, observaron la efectividad del DBCP para combatir a los nemátodos[iii]; de la misma forma que también detectaron la efectividad para causar diferentes patologías en animales de laboratorio. Sin embargo, el silencio se volvió sepulcral y algunas pruebas se omitieron y obviaron.

En 1955, Shell inició su producción y en 1964 fue registrado el producto, tras unos controles médicos a los trabajadores en la planta de Denver. No obstante, nadie advirtió al médico que analizara el blanco más vulnerable para el DBCP: el aparato reproductor masculino. Así, Shell bautizó su engendro con el nombre de nemagón y Dow con el de fumazone. Iniciaba la tragedia.

En 1969, el DBCP desembarcaba en Centroamérica a través de la transnacional agroexporadora Standard Fruit Company[iv], que aplicaría el producto en sus feudos y fincas bananeras. Otras empresas como Del Monte y Chiquita Brands, repitieron los pasos en varios países del sur.  Nadie advertiría a los trabajadores a que se exponían y aún menos les proporcionaron equipos de protección individual, que los aislara del químico y sus efectos.

Los países que utilizaron el DBCP fueron: Guatemala, Costa de Marfil, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Perú, Ecuador, Filipinas, Santa Lucía, Francia, Israel, República Dominicana, España, Brasil, Estados Unidos, San Vicente y Burkina Faso.

A principios de los setenta, más estudios médicos alertaron sobre los efectos del DBCP. En 1977, en una planta de Occidental -otro productor del químico gracias a un acuerdo con Dow Chemical- se detectó un elevado índice de infertilidad[v] masculina. Las alarmas saltaron. En Estados Unidos, el químico se prohibió para muchas aplicaciones ese mismo año. En 1979, el DBCP sólo se autorizaba para el cultivo de piñas en Hawai y en 1985 se canceló definitivamente.

A pesar de la inquietud reinante en Estados Unidos, el químico se siguió empleando en otros países como Honduras o Nicaragua, durante la década de los ochenta. En Filipinas fue detectado en 1986 y 1991[vi]. En Panamá en 1997[vii].

Hoy se calcula que podría haber cerca de 65.000 afectados. En humanos, la ciencia sólo le atribuye al DBCP la infertilidad masculina y la toxicidad genética. Los afectados denuncian que hay más efectos negativos. Sobretodo, porque las pruebas efectuadas en animales, si demuestran un poder devastador escalofriante, con afectaciones en hígado, riñón, sistema respiratorio, aparato digestivo, piel, cáncer de varios tipos, disruptor endocrino, etc…[viii]     

Presente

Nicolasa Caballero es nicaragüense. Trabajó en el banano desde 1973 hasta 1988. Tiene problemas con unas manchas negras en los pies, en las piernas y en los brazos. Sufre dolores en los huesos y en la cabeza. Comenta que tuvo dos hijos que nacieron con deficiencias físicas y que murieron con 6 meses y con un año de edad. Trabajaba de 6 de la mañana a 12 de la noche. Pesaba el banano y realizaba otras labores del proceso productivo. En su trabajo tuvo contacto con el veneno, sin ningún tipo de protección y a veces acababa su jornada empapada. Asegura que el DBCP es la fuente de sus desgracias.

Ahora, sus gastos médicos mensuales rondan los 500 córdobas[ix]. En su humilde casa viven hacinados hijos y nietos. Unos trabajan en lo que hay y otros estudian en busca de un futuro mejor. A pesar de su enfermedad y de su edad, tiene que salir por las calles y los mercados a vender elotes[x] y tamales[xi]. Todos los días de la semana, a las doce del mediodía, Nicolasa acude puntualmente a su esquina en el Mercado “Los Bisnes” de Chinandega. Allí, en un modesto banco de madera, instala su pana llena de elotes y espera a los clientes hambrientos. A las seis de la tarde regresa a casa. En su bolsa, 40 córdobas (3 euros aproximadamente) para comer, vivir, medicarse y poco más.

Antes de esto, Nicolasa se ha levantado a las cinco de la mañana, para comprar el maíz que posteriormente cocina y condimenta. También lava la ropa, barre la casa y prepara la comida. Su familia le ayuda, a pesar de que son pobres como ella.

La enfermedad no solo ha limitado físicamente a sus víctimas. También las mantiene discriminadas. A pocas les conceden trabajo. Ven en ellas a personas deterioradas, incapaces de desenvolverse como el resto. Nicolasa confiesa que cuando le observan sus piernas cancerosas, ciertas personas sienten asco por ella.

Moisés de Jesús Maradiaga y Teresa Espinales viven El Viejo (Nicaragua). Cumplieron hace poco sus bodas de plata, pero no tuvieron hijos con quién celebrarlas. Además, la efeméride se ve envuelta de frustración y enfermedad. El pierde peso, ha pasado de 77 kg. a 53 en poco tiempo y la cosa empeora. Tiene problemas en los riñones y en la vista. Padece de gastritis crónica, le cuesta caminar y sufre cambios bruscos en la temperatura corporal. Todo eso a sus 47 años.

Inició en el banano en la década de los 70 y lo hizo durante 21 años. Trabajaba en el tratamiento de las fincas con el químico. No les advirtieron del riesgo que corrían y no les dieron en ningún momento equipos de protección. El contacto lo sufría al manipular el DBCP en los barriles.

El gran sueño de Moisés y de su esposa es tener un hijo. Es su única y permanente obsesión. Desde el prisma médico y científico eso es imposible. El DBCP lo castró, lo dejó infértil. Por eso, no tiene más remedio que recurrir a la espiritualidad y al poder de Dios.

En su casa viven dos sobrinas jóvenes que estudian en Chinandega. Así suple temporalmente la algarabía y el cariño de los hijos que no puede tener. Durante dos veces intentó adoptar a dos niños, pero vinieron sus padres biológicos y se los volvieron a llevar. Confía en su “compadre” (un vecino que vive junto a su casa), para que deje a su hija pequeña a cargo de su esposa y de él. Hecho bastante habitual por estas tierras.

Biológicamente hablando, Moisés está vivo. Sus células aún funcionan. Pero el ser humano que hay dentro de ese amasijo de huesos y carne, agoniza y se tortura por las circunstancias. No es el único. La sensación general con los otros afectados es la misma. Algunos no tienen esperanzas ni en la victoria en el juicio, que les permitiría holgadamente visitar mejores médicos, comprarse nuevas casas y dar a sus hijos el mejor de los futuros.

Moisés recibe una pensión de 1.035 córdobas al mes (menos de 60 euros). Además de las enfermedades descritas anteriormente, perdió dos dedos en sendos accidentes laborales cuando trabajaba en la bananera. Junto a su esposa, tiene una especie de tienda en casa donde venden leña y aperitivos.

Al preguntarle por aquello que siente cuando se entera de la muerte de algún compañero, la respuesta es contundente: “Seguro que vamos para allá nosotros también. Después de ellos vamos nosotros”. Se sienten acorralados, atrapados, agobiados, presos. También aludidos. Perciben la muerte por las calles de sus barrios. Buscando frívolamente al azar, al siguiente compañero de viaje.

Siente odio hacia aquellas personas que propiciaron toda esta tragedia. “Los nicaragüenses están muriendo. Ellos vinieron a matar a nuestra gente, a nuestros hermanos. Por las empresas que vinieron a nuestro país, se está muriendo la gente”, exclama enfurecido.

Se siente feliz con su esposa. Es su revulsivo, su vitamina para poder seguir. De vez en cuando salen a pasear por el parque. Si ganan la batalla del DBCP, visitarán a los mejores médicos. Lucharán por cumplir su único gran sueño: Tener un hijo.

Futuro.[xii]

Los afectados siguen buscando justicia. Llevan 22 años. En Estados Unidos lo han intentado 26.000 trabajadores, de varios países, en cerca de 470 procesos. Las leyes y las cortes de sus países son incapaces de juzgar casos tan complejos. Si alguna vez ocurriera e incluso ganaran el juicio, las indemnizaciones podrían ser irrisorias. Por estos motivos, los grupos de afectados y sus bufetes de abogados, han iniciado una especie de “invasión” en los juzgados norteamericanos.

Espléndidamente cubiertas por eficientes departamentos legales, las multinacionales han podido repeler las causas archivadas por los trabajadores, mediante la aplicación de un recurso legal denominado “foro no conveniente” (FNC), por el cual, se debe trasladar el caso al foro (juzgado) más apropiado o al país donde ocurrieron los casos. Dicho de otra manera más sencilla, es la mejor forma para que un tribunal norteamericano no pueda juzgar un caso acaecido en otra nación, aunque tenga jurisdicción y posibilidad sobre el mismo.  

En el fondo, esta doctrina guarda otros objetivos. El Doctor José Antonio Tomás Ortiz de la Torre (Universidad Complutense de Madrid) y el Profesor Francisco Javier Zamora Cabot (Catedrático de Derecho Internacional Privado, de la Universidad Jaume I de Castellón – España), apuntan sobre la misma que “…tal vez el propio FNC funciona en la práctica como un mecanismo para inhibir en los EEUU las demandas allí planteadas a causa de los múltiples desmanes que sus corporaciones multinacionales vienen perpetrando a lo largo y ancho del mundo.” [xiii]

En los países de origen por la falta de legislación y en Estados Unidos mediante la aplicación del FNC, tradicionalmente, las empresas ni tan siquiera han desenvainado la espada, pues han podido repeler los juicios empleando diferentes argucias.

Sin embargo, la suerte les está cambiando. En abril de 2004, un grupo nicaragüense logra rápidamente el primer juicio en una corte de California, gracias a que en su país, desde el año 2000, existe una ley para emprender estos casos. Lógicamente las empresas no recurren al FNC, pues en Nicaragua hay texto legal para acusarlas y condenarlas.[xiv]

En marzo de 2005, un tribunal de Dallas acepta un juicio para 5 trabajadores costarricenses. Esta demanda fue archivada en una corte de Texas en el año 1993. Las multinacionales recurrieron al FNC, que fue aceptado por el juez bajo una condición: si las cortes de Costa Rica rechazaban la jurisdicción, las empresas se someterían al litigio en Estados Unidos. Así ha sucedido y ahora, estos trabajadores son los 5 primeros, de los 375 que componen la causa, aparte de aproximadamente 6.000 englobados en procesos introducidos en cortes de Texas y Louisiana.[xv]   

Absorbidos por las circunstancias de pobreza extrema y enfermedad, los trabajadores de varios países han recurrido a las protestas, huelgas y acciones. Algunas de ellas contundentes. En Costa Rica, las reivindicaciones provocaron un acuerdo entre el gobierno y los afectados para negociar unas compensaciones. En una de estas protestas, los graves enfrentamientos entre antimotines y trabajadores provocaron que éstos últimos retuvieran a tres policías. Ahora, la justicia quiere condenar por secuestro extorsivo a Orlando Barrantes, secretario del Consejo Nacional de Trabajadores Bananeros, en lo que ha sido calificado como un juicio político. Precisamente este grupo, recientemente, también ha archivado una demanda en Estados Unidos para 1.700 trabajadores más. En Honduras, el acercamiento es entre los afectados y la empresa Standard Fruit Company, aunque en este mismo país, otros afectados han iniciado recientemente un proceso judicial y se ha introducido en la Asamblea Nacional una ley para tramitar este tipo de casos. No se conocen más noticias sobre este texto legal, lo que hace pensar que pueda estar engavetado o perdido en algún armario.

En Nicaragua, de momento, la suerte ha sido mejor. En el año 2000 se aprueba una ley para tramitar casos de afectados por el DBCP (ley 364). En diciembre de 2002, la justicia sentencia a Shell Oil Company, Dow Chemical Company y Dole Food Company, a pagar 489 millones de dólares a 583 trabajadores, de uno de los grupos de afectados denominado OGESA[xvi]. Las empresas que no se habían presentado al juicio, no aceptan el veredicto y tildan la ley de inconstitucional porque no las deja defenderse.[xvii] Al no estar afincadas en el país desde la Revolución Popular Sandinista, no se puede proceder a ningún tipo de embargo, por lo que la impunidad sigue indemne. Desde entonces hasta ahora, se habrían producido varias sentencias más a favor de los trabajadores de este grupo, aunque ninguna tan suculenta como la primera.

Para percibir el cobro de la primera sentencia, los abogados inician los trámites burocráticos para trasladar el veredicto a las cortes norteamericanas. Sin embargo, en octubre de 2003, una juez de la Corte del Distrito Central de California desestima la petición de los bananeros, alegando que existen errores de forma y se han violado los procedimientos jurídicos estadounidenses[xviii].

En abril de 2004, el otro grupo de afectados conocido como ASOTRAEXDAN[xix], obtiene el juicio anteriormente mencionado. En abril de 2005, OGESA da un vital paso adelante cuando el Tribunal Supremo de Venezuela admite las sentencias que emite la justicia de Nicaragua. Esto es posible gracias a la figura legal denominada exequátur, por la cual, las sentencias de un país pueden ser aplicadas en otro. En Venezuela, dos de las tres empresas acusadas si disponen de bienes y de hecho, el juez ha anunciado que próximamente se les podrían embargar los bienes, congelar cuentas, etc…[xx]. Esto no es todo. Hay al menos una demanda en Estados Unidos de trabajadores hondureños, costarricenses y filipinos, que ha esquivado hábil e ingeniosamente el FNC. A otras dos les fue aplicado, archivaron causa en sus países de origen y el tribunal se declaró incapaz de resolver los casos. Ahora, las cortes estadounidenses deberían aceptar realizar el juicio, pues el foro alternativo denegó la jurisdicción.

En los últimos días, en Nicaragua, otra demanda presentada por un tercer grupo perteneciente a la Federación de Trabajadores Bananeros de Chinandega (FETRABACH), ha logrado llegar a buen puerto. La juez ha sentenciado a Standard, Shell, Dow y Occidental, a 97 millones de dólares para 150 afectados.[xxi]

Esta resolución -ampliamente divulgada en La Jornada- gana importancia por otros motivos al meramente condenatorio. Por una parte, los abogados nicaragüenses asociados al bufete norteamericano Provost & Umprey, han logrado esquivar aquellos artículos de la Ley 364 que eran utilizados por las multinacionales para alegar la inconstitucionalidad de la misma.

La otra razón de especial relevancia, pasa por las pruebas presentadas a juicio, y sobretodo, por la contundencia de las conclusiones que en base a ellas asevera Socorro Toruño, juez encargada de dirimir el caso. La periodista nicaragüense Valeria Imhof, ha publicado en Nuevo Diario numerosos párrafos de la sentencia que demuestran el dolo con el que actuaron las empresas. Hoy yo quiero resaltar el siguiente por la información vital que proporciona:

“Ninguna de las demandadas sugiere que no sabía que el DBCP fuera tóxico (…) ninguna argumenta que se advertía a los trabajadores claramente sobre los peligros del nematicida, o que el nemagón y fumazone traían explícitas instrucciones en español, ni tampoco manifiestan estas demandadas que a los trabajadores se les entregaba equipo protector. Acusaciones gravísimas, como que los conductos y las fuentes de agua para consumo humano se usaban también para el DBCP, no han sido atacadas con especificidad por estas demandadas. Estas empresas también eluden negar frontalmente la afirmación de que luego de restringirse el DBCP en los Estados Unidos de América entraban en contratos para su venta o su uso “en el extranjero” (…) Ante acusaciones tan graves y claramente documentadas la estrategia de defenderse con formalidades y negativas generales, sin entrar en el fondo de la cuestión es evadir la verdad de los hechos.”[xxii]

Sin el laberinto del FNC, con leyes nacionales y sentencias favorables, ahora, se abre un nuevo campo de batalla resumido por el abogado Henry Saint Dahl[xxiii] en las siguientes palabras:

“Durante la época del FNC la gran batalla es sobre la competencia internacional. Si se promulgan las leyes aludidas la línea de combate se desplazará hacia el tema de la ejecución de sentencias extranjeras, o sea, sentencias latinoamericanas condenando al pago a empresas multinacionales con sede en USA. Antes esto no ocurría dado lo arcaico del derecho procesal latinoamericano. Los cambios pueden verse si se quiere como uno de los efectos de la globalización económica, a la que le sigue la globalización jurídica.”[xxiv]

Por lo tanto, tras muchos años de estrellarse con la justicia, la suerte podría estar sonriendo a miles de afectados por el DBCP. Sin embargo, en Nicaragua, los trabajadores no agachan los brazos y siguen con sus reivindicaciones.

A estas alturas, la ley 364 se ha transformado en la mejor arma para los trabajadores ya que permite tramitar las causas en Nicaragua, y consecuentemente, inutiliza y desactiva la opción del FNC. Los trabajadores creen y temen que el gobierno podría invalidarla gracias a las presiones de alguna empresa[xxv] y de políticos norteamericanos de alto nivel como Colin Powell y Otto Reich.[xxvi]. Lo que si parece claro fue el intento de abolición en septiembre de 2002, que se inició en la embajada estadounidense, para recorrer diversos estamentos del gobierno nicaragüense, entre los que se hallaba la propia presidencia[xxvii].

La lucha del DBCP en Nicaragua se ha mantenido en dos escenarios primordialmente. Por una parte los despachos y los juzgados con los abogados de protagonistas. Por otra parte la calles, las casas de los enfermos, los medios y hasta la propia Asamblea Nacional, con la constancia y la energía de los trabajadores. Los de ASOTRAEXDAN, han sido los que han protagonizado las acciones más enérgicas. Varias marchas a Managua con acampadas frente a la Asamblea Nacional que, en algunos casos, se alargaron por varias semanas ante el pasotismo y valeverguismo de la clase política. Huelgas de hambre como la última, iniciada y acabada hace pocos días, que apuntaba claramente al legislativo y muy especialmente al Frente Sandinista de Liberación Nacional, romanticismo del pasado que se sigue autoerigiendo como el partido de los pobres, revolucionario y antiimperialista.  

Todas estas manifestaciones proletarias, han perseguido diferentes objetivos fácilmente resumidos en dos palabras: justicia y dignidad. Se ha luchado por atención médica adecuada y gratuita, pensiones para los afectados o la defensa de la perseguida ley 364, la gran ladilla en los testículos de las multinacionales.

Precisamente todos estos hechos han sido denunciados por Omar Cabezas, Procurador de Derechos Humanos, en la 61 sesión de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, celebrada en Ginebra el 13 de abril de 2005; lo cual demuestra una vez más, la trascendencia y gravedad de la historia del DBCP.[xxviii]

A pesar del pundonor de los trabajadores enfermos, algunos de los grandes obstáculos que tienen que salvar para llegar a la victoria final, son precisamente las grandes desavenencias internas del colectivo, que han fraguado su fisión en diversos grupúsculos comandados por abogados. Divididos, enfrentados, sin conciencia de clase, carentes de principios políticos e ingenuos ante la responsabilidad histórica que deben asumir, los trabajadores, otrora compañeros en las fincas, mantienen una disputa entre ellos azuzados por unos líderes que por momentos parecen representantes de los abogados en busca de potenciales clientes.    

A pesar de la crítica anterior, es indudable la generosidad que ofrecen estos obreros enfermos. Tal vez tengan que pasar varios años, hasta llegar a la ansiada victoria final en los juzgados de cualquier lugar del sistema solar. Podría no darse el caso. Si así fuese, no duden que está lección de constancia, optimismo, sacrificio y dignidad, habrá valido sobradamente la pena, sentando cátedra en la historia de las luchas sociales.   

 

 

 

HISTORIA DEL DBCP EN NICARAGUA

 

(I parte)

 

Por Vicente Boix Bormay. Abril de 2005

 

Hoy, la Real Academia de la Miseria Humana, ha decidido incluir en la Enciclopedia Mundial de las Cositas del Progreso y el Capital (edición actualizada 2005), un nuevo término desconocido para la mayoría de humanos: Nemagón. Según definición adoptada por susodicho organismo, definimos Nemagón como: “Nombre comercial del DBCP[1]. Producto agroquímico que diseñaron y fabricaron ciertas transnacionales del gremio de la química. Se utilizó en los feudos de las Repúblicas Bananeras del mundo pertenecientes a las transnacionales fruteras. Servía para combatir a los nemátodos[2] que dañaban los cultivos de banano. Se empleó desde finales de los sesenta del siglo pasado, a pesar de que las pruebas de laboratorio advirtieron claramente de su peligrosidad y nocividad. Muertes, cánceres, deficiencias mentales, malformaciones genéticas, esterilidad y dolores por todo el cuerpo, pueden ser algunas consecuencias que se le atribuyen a este funesto invento”.

 

El parto... con cesárea.

 

Fue a mediados del siglo pasado cuando nació el DBCP en los laboratorios de Dow Chemical Company y Shell Chemical Company. Las primeras pruebas que se realizaron, mostraron en las ratas de laboratorio lesiones mayores en pulmones, hígado y riñones; crecimiento retardado y testículos reducidos.

 

En 1961, se redactó un informe aprobando y apoyando el registro del DBCP en la Agencia de Alimentos y Fármacos (FDA) de Estados Unidos. A fin de evitar o minimizar los posibles daños en las personas, el informe abarcó también algunas precauciones y recomendaciones de uso. Alguien en la empresa, recomendó excluirlas por ser “imprácticas”.

 

Ese mismo año, la FDA recibió un pedido de aceptación de etiquetas de Shell. A petición de la Agencia, se realizaron análisis a los trabajadores que manipulaban el DBCP en las factorías de Shell. El médico encargado no fue informado de que se pretendían detectar posibles daños testiculares. Los resultados médicos salieron bien y los fabricantes informaron que el Nemagón podía ser utilizado sin “Riesgo excesivo”. El producto fue registrado en 1964.

 

Aquella fina lluvia.

 

En 1969, Standard Fruit Company inició el consumo del químico en sus plantaciones bananeras de Centroamérica. En los manuales de la compañía no aparecieron en ningún momento indicaciones sobre la peligrosidad del Nemagón. Los trabajadores no fueron advertidos y en ningún momento recibieron equipos de protección.

 

Los años pasaron y miles de litros fueron aplicados en plantaciones de Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Estados Unidos, Israel, Guatemala, Dominica, Santa Lucía, San Vicente, Burkina Faso, Costa de Marfil, España, Filipinas y otros países.

 

En 1975, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) determinó que el DBCP era un posible agente cancerígeno. En 1977, de 114 empleados que fabricaban el químico en una factoría de Occidental, 35 estaban estériles. En Estados Unidos, en 1979 se prohibió el químico para casi todos sus usos y se detuvo el suministro temporalmente. Cuando Dow informó que iba a suspender momentáneamente el suministro, Standard se quejó aireadamente y amenazó por incumplimiento contractual a Dow, que sólo siguió vendiendo el químico cuando Standard asumió los costos de las posibles demandas que pudieran surgir con la venta del químico.

 

En 1979, el DBCP aún se aplicaba en las plantaciones de Standard en Nicaragua y Filipinas. Ese mismo año, fue prohibido en Costa Rica y Standard transportó el stock que tenía en ese país hacia Honduras para ser utilizado allí. En 1981, Shell vendió el químico en África. En 1986, Standard aún lo empleaba en sus plantaciones de Filipinas. Y en julio de 2000, el Defensor del Pueblo de Panamá, el Dr. Italo Antinori, aseguró que se estaban utilizando agroquímicos como el Fumazone[3] en Panamá.

 

El Nemagón en los humanos.

 

Oficialmente, el DBCP está considerado como causante de la esterilidad masculina. Tiene una fuerte toxicidad genética y es un agente clastogénico[4], mutagénico y aneuploidógeno[5].

 

Sobre el cáncer, el National Toxicology Program (NTP) califica al DBCP como “Reasonably Anticipated”, al poder anticipar razonadamente que es un agente cancerígeno, debido a la exposición significativa en ciudadanos estadounidenses. En la ficha elaborada por la misma EPA[6], el DBCP está incluido en el grupo B2, como un cancerígeno probable. El Estado de California ha calificado el DBCP como un cancerígeno conocido, basándose en el riesgo del químico diluido en agua potable. La The International Agency for Research on Cancer sitúa al DBCP en el grupo 2B como posible cancerígeno[7].

 

Si el DBCP todavía no está considerado cancerígeno en personas, en animales de laboratorio si que se ha demostrado en numerosos casos. En pruebas efectuadas se ha detectado los siguientes tipos de cánceres: esofágico, estómago, hígado,  riñón, pecho y leucemia linfoide. Aparte, otras pruebas en animales detectaron efectos en hígado, riñones, aparato respiratorio, estómago, etc…

 

Trágicas son también las consecuencias psicológicas y sociales: Pérdida de autoestima, impotencia, depresión severa, pesadumbre y confusión. Estas aflicciones desembocan en pérdidas de trabajo, alcoholismo y amenazas de suicidio. Muchos hombres han sido abandonados por sus esposas al no poder concebir hijos. Otros, para embarazar a sus mujeres han tenido que recurrir a otros hombres, surgiendo así desequilibrios matrimoniales y separaciones. Los hijos de los afectados también son víctimas al sufrir humillaciones por parte de otros niños.   

 

¿Y justicia para todos/as?

 

La historia judicial del Nemagón se inicia en los años 80. Desde entonces, cerca de 20.000 afectados han presentado sus demandas en Estados Unidos, al no poder hacerlo en sus países por falta de legislación. Excepto una presentada recientemente por afectados nicaragüenses, el resto han sido despachadas mayoritariamente mediante “foro no conveniente”[8].

 

La jugada más conocida efectuada por las empresas fue en 1997 cuando, miles de trabajadores afectados por el químico en todo el mundo, fueron inducidos por sus propios abogados y políticos corruptos, a cobrar una mísera indemnización de 100 dólares. Al aceptar, firmaron un contrato por el que renunciaban a futuras indemnizaciones y demandas.

 

Solo aquellos que no tragaron el anzuelo pueden luchar por una suma más justa. En Nicaragua son muchos los trabajadores que presentaron su denuncia desde el año 2001. Las transnacionales que fueron demandadas son: Dow Agro Sciences, Aka Del Monte Fruits, Del Monte Tropical Fruit Company, Shell Oil Company, Occidental Chemical Corporation, Standard Fruit Company, Dole Food Corporation Inc., Chiquita Brands International, y Del Monte Foods.

 

Estas demandas son posibles en Nicaragua gracias a la Ley 364, que surge gracias al compromiso de los afectados, que tras años de lucha, logran presionar al gobierno para su aprobación en el año 2000.

 

Conscientes del avance de los trabajadores, las empresas, el gobierno nicaragüense y el estadounidense han intentado torpedear varias veces las opciones de éstos. En septiembre de 2002, se descubre una maniobra política para derogar la Ley 364 que protege a los trabajadores afectados por el Nemagón. Se ha iniciado en la embajada de Estados Unidos para recorrer varios estamentos del gobierno nicaragüense. Se transforma en un escándalo público, que acaba diluyéndose gracias a la presión ejercida por las víctimas, la solidaridad internacional y los medios de comunicación.

 

En el marco la ley 364, en diciembre de 2002, la justicia nicaragüense dicta la primera sentencia. Las multinacionales Dow Chemical, Shell Oil Company y Dole Food Company, deben abonar 490 millones de dólares, a cerca de 600 trabajadores de los 5.000 que han presentado demanda.[9]

 

Hasta el momento, las empresas han eludido la sentencia y tachan la ley de inconstitucional y a la justicia nicaragüense de corrupta. La ausencia de éstas en el país centroamericano, evita cualquier intervención y embargo. No obstante, la ley 364 es vital para los afectados, pues ha cerrado la puerta de “foro no conveniente”; es decir, ahora las empresas no pueden recurrir tan fácilmente a los tribunales de Nicaragua, porque ya tienen una veredicto en contra y una ley que las puede juzgar.

 

La sentencia de diciembre de 2002 en Nicaragua, recorre el canal legal necesario hasta Estados Unidos, pero en octubre de 2003, no es admitida por la jueza Nora M. Manella, de la Corte del Distrito Central de California. Para ello, alega defectos de forma, porque la Dole Food Company Inc. no fue demandada correctamente, ya que técnicamente no existe, al denominarse en Estados Unidos Dole Food Company Inc. y no Corporation, como se transcribía en la demanda[10]. La jueza aduce, que también se violan los procedimientos jurídicos de las leyes estadounidenses y existen vacíos en la sentencia que dicta la justicia nicaragüense[11].

 

Paradójicamente, las multinacionales aprovechan esta decisión iniciando un proceso de demandas contra los afectados, a quienes acusan entre otras cosas de presentar pruebas fraudulentas[12].

 

En ese momento, los afectados se han disgregado en varios grupos. El más numeroso es ASOTRAEXDAN[13] que junto a su abogado Juan José Domínguez, han presentado demandas también en Estados Unidos, saldándose en abril de 2004 con el primer juicio de afectados por el NEMAGÓN en dicho país, que se califica de histórico y promete una duración eterna. También introducen nuevas demandas en Nicaragua al amparo de la Ley 364.

 

La batalla en los juzgados sigue abierta.  

 

(Final parte I)

 

 

HISTORIA DEL NEMAGÓN EN NICARAGUA

 

(II parte y última)

 

Por Vicente Boix Bornay

 

Caravanas a Managua.

 

El camino no ha sido fácil para los obreros afectados. En varias ocasiones han denunciado la desprotección de su propio gobierno y políticos, incluidos los del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Ante el abandono gubernamental, los trabajadores han tenido que recurrir a diversas acciones para defender sus derechos. Las más destacadas han sido las celebres marchas a pie entre los 140 Km. que separan Chinandega de Managua.

 

La primera tiene lugar en 1999, cuando cientos de trabajadores acuden a la capital para entregar una carta al embajador estadounidense, Sr. Oliver Garza. En la misma, solicitan al diplomático su colaboración y comprensión.

 

En el año 2000, la marea humana llega a Managua de nuevo para presionar al gobierno, la elaboración de una normativa legal que atienda las demandas de los trabajadores. Durante dos semanas los afectados realizan diversas acciones y huelgas de hambre, que finalizan con la aprobación de la mentada ley 364.

 

En agosto de 2003, los trabajadores enmarcados en ASOTRAEXDAN realizan nuevas protestas en Managua. Esta vez, aducen que los abogados Ojeda, Gutiérrez, Espinoza y asociados[14], están boicoteando el proceso y quieren estafarlos. Acusan también al Fiscal General de la República, Dr. Julio Centeno, y a la fiscal adjunta Dra. María Lourdes Bolaños[15].

 

El 31 de enero de 2004, cerca de 5.000 trabajadores de ASOTRAEXDAN arrancan su tercera gran marcha a pie. El objetivo es protestar en los aledaños de la Asamblea Nacional, Casa Presidencial y Corte Suprema de Justicia; para obtener el respaldo legal del gobierno que hasta el momento ha sido denegado. Las demandas por fraude establecidas por las multinacionales, puede requerir en un futuro de dicho apoyo. 

 

El colectivo se establece frente a la Asamblea Nacional, a la espera de un acuerdo gubernativo. La acampada se realiza en condiciones realmente extremas. Para dormir, los cartones en el suelo y las hamacas que cuelgan entre árboles, sustituyen a las apacibles camas hogareñas. La protección ante la lluvia y el sol que no pueden ofrecer los árboles, es sustituida por trozos de plástico negro que se amarran de cualquier forma, formando las conocidas champas. El agua es comprada a los vecinos. Aparece de nuevo la solidaridad y el apoyo palpable de diversas organizaciones, entre las que destacan las universitarias. La solidaridad se hace vigente en esta nueva manifestación de dolor. Numerosas donaciones de comida, provenientes de organizaciones de Derechos Humanos y ONG’s, permiten aguantar estoicamente la apatía gubernamental. Conciertos de música, protestas estudiantiles y manifestaciones, elevan la lucha a las primeras páginas de los diarios.  

 

El domingo 21 de marzo de 2004, tras casi dos meses de iniciada la movilización, el presidente Enrique Bolaños decide reunirse con una delegación de varios grupos de afectados. De dicha reunión surgen los denominados “Acuerdos del Raizón”. El primero de ellos, exige la unidad entre los diferentes grupos de trabajadores. El segundo acuerdo es la ratificación y certificación del compromiso alcanzado por parte del gobierno en noviembre de 2002, en prestar asesoría legal en Estados Unidos a los afectados, a través de la embajada en Washington. El tercer acuerdo, capacita al Procurador de los Derechos Humanos Benjamín Pérez, a denunciar en la Convención Internacional de los Derechos Humanos en Ginebra, el caso del Nemagón en Nicaragua. El cuarto es posiblemente el más importante, ya que el presidente se compromete a no promover modificaciones dentro de la Ley 364, a cambio de desmovilizar la protesta.[16]

 

Algunos de estos acuerdos parece que no llegan a cristalizar. Lo peor de todo, es que los trabajadores temen que el gobierno nicaragüense puede haber negociado la derogación de la Ley 364. Por eso, el 2 de marzo de 2005, llegan a Managua miles de trabajadores que vuelven a acampar frente a la Asamblea Nacional. Entre otras cosas, exigen el compromiso de los diputados de mantener la Ley 364, así como una reforma del presupuesto del año 2005, que incluya atención médica adecuada para los afectados.

 

En medio de esta concentración, la BBC destapa una nueva maniobra de la Dole Food, que ha ofrecido invertir y crear puestos de trabajo en Nicaragua, a cambio de que se eliminen las demandas establecidas en su contra.[17] El temor de acuerdos entre el gobierno de Nicaragua y las multinacionales se hace patente de nuevo. A estas alturas, hasta el legislativo parece dar la espalda a los afectados. Frente Sandinista incluido.

 

El 13 de abril de 2005 las víctimas logran una nueva victoria. El nuevo Procurador de los Derechos Humanos en Nicaragua, el Sr. Omar Cabezas, denuncia el caso de en el 61º periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU[18]. El Sr. Cabezas explica la situación de 17.500 afectados de diversas enfermedades, destacando también la apatía gubernamental y la intransigencia de las multinacionales.

 

En el momento que se está finalizando este reportaje, miles de trabajadores siguen en resistencia frente a la Asamblea Nacional, esperando avances significativos en sus luchas.

 

El cirio que se apaga.

 

En El Viejo, municipio del departamento de Chinandega (Nicaragua)[19], hemos conocido in situ la precaria situación de salud en la que se encuentran algunos de aquellos que en su día convivieron con el Nemagón. No son los únicos. Sus descendientes están pagando el precio de la decadencia humana. Victorino Espinales[20] y sus compañeros afirman que todo ha sido obra del químico.

 

Esperanza Pereira, con 55 años, ha sido operada de cáncer, le duelen los huesos “Como si se quebraran”. Su hijo, con 20 años, tiene manchas blancas en la cabeza. Ella lleva dos meses sin poder levantarse sin tener que sufrir dolores y cansancio. Ha perdido movilidad en el brazo izquierdo y a duras penas puede dormir. Al igual que muchas compañeras, se ahoga con los costos de las medicinas y del tratamiento médico. Su tono es frágil y se le nota cansada de vivir.

 

Esperanza es una de las 65.000 personas supuestamente afectadas por el Nemagón en todo el mundo. Esa cifra es la “oficial”, la que luce en la bibliografía; cada día que pasa, se queda corta ante el nacimiento de niños o la detección de alguna enfermedad en algún ex-trabajador del banano.   

 

Nuestra siguiente parada es una pequeña pradera a las afueras de El Viejo donde, con el tiempo, unas raquíticas chabolas de madera, latas, cartón y pobreza han ido surgiendo a ambos lados del camino. Y es que, además de acabar supuestamente con la salud de estas personas, el dólar bananero ha pasado de largo a la próxima y única estación: Wall Street.

 

Allí viven Flor de María Mendoza y José Medardo Romero Medina, un matrimonio que trabajó en las fincas de banano en los años 70. Su historia es bastante sobrecogedora. Tuvieron cuatro hijos. Dos murieron al nacer. Otro está bien (de momento) y la pequeña Ana María, de 11 años, es lo que trágicamente denominan una “Niña de trapo”. Presenta deficiencias psíquicas, no puede hablar, ni caminar, ni agarrar, y sus huesos son débiles y frágiles. Tiene que medicarse para mantener baja la inflamación del hígado y del bazo, así como las fiebres, neumonías y diarreas. Está sentada en su silla de ruedas, mirando a la lejanía, sin inmutarse, como si nada fuera con ella.

 

Visitamos muchos hogares, muchos afectados, muchas desgracias, pero, el caso de Lebster sobresale. Su deficiencia física contrasta con su entereza psíquica. Su cuerpo está espectacularmente deformado, sobre todo sus extremidades. En el momento de nuestra visita, está postrado en la cama, acuciado por fuertes dolores en el estómago. Son insoportables. A veces, la casualidad nos lleva a escenas que no quisiéramos haber visto jamás. Su madre le acompaña, llora desconsolada e impotente mientras frota la barriga de su hijo. No puede ni pagar los 10 córdobas de un taxi para llevarlo al hospital...

 

Dos semanas después de nuestra primera estancia por Chinandega, Lebster murió. Acababa así el sufrimiento de un niño y, el calvario particular de Ángela, su madre. ¿Quién será el próximo? Pregunta cínica pero muy típica por estos lugares.

 

Sea cual sea el futuro judicial, el daño ya está hecho. Como dice don Victorino, la victoria en los juzgados es para: “Morir dignamente”. Curiosa aspiración en este mundo tan... ¿globalizado?. No hermano. Si así fuese, todo el mundo soñaría con morir dignamente. O tal vez, todos aspiraríamos a ese apartamento de 40 “kilos”. Entonces... ¿Serán las disyuntivas del progreso capitalista? o ¿Será la ley de Murphy?. No lo se, pero, como dijo un amigo mío al leer el presente artículo: “Curioso mundo en el que vivimos donde, unos mueren trabajando en el cultivo de bananos por el contacto con químicos que otros hemos fabricado para comernos el banano y morir de colesterol”.

 

Acción urgente

 

Solidaridad Internacional por l@s afectad@s del nemagón.

 

Últimas noticias a fecha 14 de abril de 2005:

 

-Desde el 2 de marzo, los afectados se hallan acampados en condiciones lamentables frente a la Asamblea Nacional de Nicaragua.

 

-Debido a la enfermedad y cansancio, numerosos afectados han tenido que abandonar las protestas. El 13 de abril murió el obrero Bernardo Melesio Ríos como consecuencia de un cáncer.

 

-No hay acuerdos con el gobierno. Los trabajadores temen que se esté negociando la derogación de la Ley 364, que es la que establece el procedimiento para que los obreros afectados tramiten las demandas. Ante este abandono gubernamental los obreros anuncian huelgas de hambre.

 

-La Embajada Norteamericana ha denegado el visado a numerosos trabajadores, que tenían que ir a declarar en el juicio abierto en los Estados Unidos.

 

-Esta situación fue denunciada el 13 de abril, ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, reunida en Bruselas.

 

Participa en la campaña de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación. Escribe al presidente de Nicaragua:

 

http://www.rel-uita.org/campanias/nemagon/formulario-nemagon.shtml

 

Reenvía otro correo a:

 

Comisión Derechos Humanos Asamblea Nacional: humanos@correo.asamblea.gob.ni

Comisión Salud, Seguridad Social y Bienestar Asamblea nacional: salud@correo.asamblea.gob.ni

Ministra de Salud: dmtra@minsa.gob.ni

Centro Nicaragüense de Derechos Humanos: cenidh@cenidh.org   

Rotativo La Prensa: info@laprensa.com.ni

Rotativo Nuevo Diario: ndiario@ibw.com.ni

 

Más información:

 

http://www.rel-uita.org/campanias/nemagon/index.htm

 

    ¡Difunde!!

 

RELACIÓN DE ÚLTIMAS NOTICIAS SOBRE EL NEMAGÓN EN NICARAGUA

16-08-05

Sentencia favorece a víctimas del Nemagón

EL NUEVO DIARIO/NICARAGUA/VALERIA IMHOF. 12-08-05

* Resolución de jueza de Chinandega condena a la Dole Food Company Inc; a la Standard Fruit Company; a la The Dow Chemical Company; a la Occidental Corporation y a la Shell Oil Company
* Demandas de 51 bananeros fueron desestimadas por la judicial
* Sentencia deberá ser ejecutada en EU

Se enfermaron, quedaron estériles y con secuelas psicológicas, pero ayer la juez Segundo Civil Laboral del Distrito de Chinandega, Socorro Toruño Martínez, ordenó el pago de 97 millones de dólares a 150 ex bananeros afectados por los pesticidas Nemagón y Fumazone, que sin piedad utilizó un grupo de compañías trasnacionales norteamericanas en las fincas bananeras de Occidente en la década de los 70.

“Que el ciudadano Juan Evenor Tercero Prado es infértil. Que además del factor de exposición al Nemagón o Fumazone, existe un posible vínculo con el trastorno mixto ansioso-depresivo, producto de la infertilidad”, dice parte de los considerados de la juez en la sentencia.

Con los mismos padecimientos de Juan Evenor se presentan Victorino Rodríguez, Santos Alonso Zepeda, Mariano de Jesús Malta, Oscar Domingo Hernández Quintanilla, Denis Plutarco Lagos Urey, etc. hasta sumar 150 afectados beneficiados con la resolución de la juez Toruño.

En la sentencia se detallan los padecimientos de cada afectado y el monto que deberán recibir en concepto de indemnización de estas empresas trasnacionales, montos que oscilan entre 200 mil hasta un millón 200 mil dólares cada uno.

“Logramos probar el daño efectivo en 150 trabajadores, mientras que en otros 51 las pruebas fueron deficientes”, dijo el doctor Jacinto Obregón, director del equipo de abogados nicaragüenses que llevó el juicio.

El abogado señaló que presentaron pruebas consistentes en exámenes de laboratorios y diagnósticos de médicos especializados y médicos forenses nombrados por el Estado.

“Se probó plenamente los daños físicos y morales a los ex bananeros, se probó el dolo, la negligencia y la irresponsabilidad de las compañías trasnacionales, que conscientes de que estaban comercializando un producto cuya venta era prohibida por los daños a los seres humanos, lo siguieron haciendo en los países latinoamericanos”.

Las empresas condenadas son: Dole Food Company Inc, Standard Fruit Company, The Dow Chemical Company (Dow Elanco Inc.), Occidental Chemical Corporation y Shell Oil Company (Shell Oil USA). “Esta sentencia viene a abrir una esperanza de que las trasnacionales ya no puede venir a repetir ese cuento de que todo estaba amarrado, porque hubo una plena intervención de cada uno de sus abogados”, indicó Obregón.

El equipo, además, presentó pruebas documentales de las orientaciones técnicas que daba la empresa Standard Fruit Company a los capitanes de riego sobre cómo y qué cantidad de Nemagón aplicar en las fincas bananeras “Quedó demostrado que para hacer las irrigaciones del Nemagón utilizaban las mismas tuberías de agua potable de los trabajadores; de noche usaban las tuberías de agua potable para regar el veneno en las plantas y de día de ahí mismo los trabajadores bebían agua, cocinaban y se bañaban. Prácticamente los veían como animales utilizando el mismo tubo del agua potable”, dijo Obregón.

Genocidio planificado

El doctor Orlando Cardoze, otro de los abogados nacionales que representó a este grupo de afectados, explicó que en la etapa probatoria presentaron 27 documentos provenientes de las mismas empresas trasnacionales.

Una de las pruebas fundamentales fue una carta que la The Dow Chemical Company, fabricante del Nemagón y Fumazone, le manda a la Standard Fruit Company donde le señala que a pesar de que estos productos le causan daño a la gente, ellos deben calcular que si vendiéndolos ganan más que lo que tendrían que pagar por los daños a futuras demandas y que ellos asumirían los costos de pagar un posterior daño.

Obregón explicó que ambas compañías convinieron por escrito algo que de antemano sabían que iba a causar un daño severo a los seres humanos. “Es decir, que prácticamente lo que cometieron fue un genocidio”, añadió el doctor Obregón.

Parte del Acuerdo alcanzado por la Dow Chemical y la Standard Fruit Company, indica que la Standard asumirá todos los riesgos y responsabilidades emergentes del uso del Fumazone e indemnizará a Dow y Dowintal por cualquier pérdida, gastos, demandas y reclamos hechos contra cualquiera de ellos por cualquier empleado.

El abogado dijo tener esperanzas de que la sentencia prospere, porque según su criterio, se respetaron todas las normas y procedimientos de ley. “Las trasnacionales intervinieron con libertad absoluta y presentaron todas sus pruebas contraatacando las nuestras”, dijo Obregón.

El juicio inició en 2001 en Chinandega, y la firma de abogados norteamericana Provost Umphrey invirtió 3 millones de dólares en la tramitación del mismo.

“Ahora vamos a proceder a ejecutar la sentencia en los Estados Unidos a través del Bufete Provost Umphrey, asociado a nosotros”, anunció Obregón.

Cabe destacar que estos ex bananeros beneficiados no son los que estuvieron apostados en la Cruz Roja en una huelga de hambre para que se les reconozca su derecho a la salud y una pensión vitalicia.

Más juicios

Este equipo de abogados representa un universo de cuatro mil ex trabajadores, y próximamente entablará más juicios en Chinandega y Managua. Uno de ellos ya fue abierto a pruebas, incluyendo a 1,600 trabajadores más, mientras los otros están en camino”, adelantó el abogado.

Fue nemagonicidio

EL NUEVO DIARIO/NICARAGUA/VALERIA IMHOF. 13-08-05

* La Standard Fruit y la Dow Chemical fueron advertidas por carta, del retiro del Nemagón por su alto contenido toxicológico
* A pesar de eso y con infinito desprecio por la integridad física de los campesinos, mantuvieron su uso con dolo y premeditación
* Horribles casos de daños materiales, sicológicos y morales, y uno favorecido con más de un millón de dólares por la sentencia, hace algunos meses que murió

Las compañías trasnacionales que aplicaron el Nemagón y Fumazone en las fincas bananeras de Chinandega en la década de los 70 actuaron premeditadamente y sin compasión a pesar de que conocían los estragos que esos pesticidas causaban al ser humano.

Pero a las empresas no les importó. Las ganancias se impusieron a la salud y la felicidad de estos trabajadores bananeros que hasta el día de hoy continúan pagando muy caro el desprecio a la vida humana de estas empresas estadounidenses.

¿Los resultados? 150 bananeros --hasta ahora confirmados-- estériles con trastorno mixto ansioso-depresivo, producto de su infertilidad.

“Las empresas Standard Fruit Company y Dow Chemical Company conocían los efectos que los pesticidas causaban, así como las recomendaciones para su uso, pero no las implementaron a los demandantes”, señala parte de la sentencia de la Juez Segundo Civil y Laboral de Chinandega, Socorro Toruño Martínez, quien condenó a las empresas Dole Food Company Inc, Occidental Chemical Corporation, Shell Oil Company (Shell Oil USA) y a los dos compañías antes mencionadas a pagar 97 millones de dólares de indemnización a estos ex trabajadores bananeros.

Dolo y mala intención

Documentos internos de las empresas transnacionales que fueron aportados en el juicio revelan la mala intención y el dolo de las compañías que aplicaron el pesticida.

En una carta enviada por el señor Paul G. Sink a toda la red de Distribución del Nemagón en Centroamérica, Ecuador y Filipinas el 26 de enero de 1978, el señor Sink expresa que el D.B.C.P (nombre científico del Nemagón) se retiró del mercado por su contenido toxicológico y que no está disponible en los Estados Unidos por haberse prohibido en ese país, pero que se continuaba produciendo y vendiendo por AMVAC.

La carta agrega que Dow Chemical había puesto a disposición de Standard Fruit Company el material, para ser usado en diferentes países incluyendo Nicaragua por un equipo entrenado por las Compañías Dow Chemical Company y Standard Fruit Company.

La documentación está fechada dentro del período en que se alega ocurrieron los hechos y demuestra que Standard Fruit Company compraba y aplicaba Fumazone y Nemagón en fincas bananeras que administrativa y que, al menos parte de esos pesticidas eran adquiridos a la empresa Dow Chemical Company.

Según declaraciones de los capitanes de riego en las fincas bananeras, ellos nunca recibieron recomendación ni capacitación sobre el uso de los pesticidas, no recibieron equipos de protección, salvo el necesario para llevar a cabo el riego como por ejemplo: rodos y mecates para transportar los tubos, mapas de riesgo, herramientas para regular las pistolas, focos pero nada para protección personal; que en general todo el equipo de riego se exponía a la brisa, vapores y hasta contacto directo con el pesticida.

Los capitanes de riego, además, declararon que la tubería que usaba los equipos de riego dirigido por Standard Fruit Company en la aplicación del Nemagón y Fumazone era la misma tubería usada por los trabajadores de la finca para beber, bañarse y cocinar, y que la mayoría de los trabajadores vivían con sus esposas e hijos en los campamentos de las fincas, y que el método consistía en bombear agua desde un pozo artesiano a través de un sistema de tubería de ocho pulgadas dentro de la plantación.

Según una constancia de la Dirección General de Protección y Sanidad Agropecuaria del Ministerio Agropecuario y Forestal, el Nemagón fue registrado en Nicaragua el 14 de agosto de 1973, por Shell Nenderland Ceime NV (casa fabricante) por su representante, Shell Nicaragua (Compañía Química Nicaragüense S.A).

El mismo certificado informa que el Fumazone fue registrado el 24 de febrero de 1976 por Dow Chemical, por su representante Servicio Agrícola Gurdián S.A.

“El Nemagón y el Fumazone fueron utilizados en Nicaragua bajo la dirección o por el intermedio de las empresas Standard Fruit Company y Dole Food Company, Inc.”, indica la sentencia judicial.

27 documentos claves

Los demandantes presentaron 27 documentos generados en los Estados Unidos a fin de demostrar el dolo con que actuaron estas trasnacionales. Uno de esos documentos está dirigido a la Shell Chemical Corporation con fecha del 27 de mayo de 1958: “Le adjunto copia del informe confidencial del Dr. Hine y otros, de la Universidad de California, sobre la toxicidad del vapor de Nemagón. Me he enterado por conversaciones con el doctor Hine que información de este tipo es conocida también por Dow Chemical Company. Dow ha estado particularmente afligida por los efectos causados en los testículos”, dice parte del documento.

Otro informe del laboratorio de Investigación Biológica de The Dow Chemical Company de 1959 sobre Información Toxicológica y Tratamiento Sugerido para Personas Expuestas al Concentrado de Fumazone, detalla que el concentrado de Fumazone presenta un claro peligro por inhalación, contacto prolongado con la piel e ingestión. El material contiene un alto grado de toxicidad por contacto con el vapor y oralmente.

“Los documentos números uno al siete, arriba referidos, demuestran que entre 1958 y 1960 las demandadas Shell Oil Company y The Dow Chemical Company tenían perfecto conocimiento sobre la toxicidad y lo peligros presentados por el Fumazone y el Nemagón (…). Estas dos demandadas sabían por sus propios estudios internos sobre lo peligroso que eran estos dos productos”, dice la sentencia de la juez de Chinandega.

Otra prueba aportada por los abogados nicaragüenses que ganaron el juicio es la advertencia del Ministerio de Trabajo de los Estados Unidos, Secretaría de Higiene y de Salud Laboral, que establece que la exposición de trabajadores al DBCP presenta un riesgo de esterilidad y cáncer.

Daños físicos, psicológicos y morales

Los ex bananeros interpusieron la demanda por daños físicos y morales, incluyendo esterilidad total o parcial, depresión moderada del sistema nervioso central, congestión pulmonar, irritación de la piel, edema gastrointestinal, problemas renales, angustia, pesar, pérdida de pareja y convivencia y otros daños físicos y morales.

En el juicio, el doctor José Ramón Morales declaró que evaluó a cada uno de los demandantes usando el Manuel Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la American Psychiatric Association, el cual le permitió encontrar diversas afectaciones en los pacientes

Una de ellas está asociada a la frustración por el conocimiento que tenían de no poder procrear hijos a causa de que su infertilidad es un daño irreversible, incurable y generador de enfermedades que ellos asocian a la exposición que sufrieron al Nemagón y Fumazone.

Por otra parte, el doctor Carlos Benito Ortiz declaró que analizó los espermatogramas realizados por los demandantes y que realizó diagnósticos de las distintas afectaciones de acuerdo a parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Que de todas las alteraciones, la dos más serias que encontró, son: la Azoospermia donde la persona no tiene ninguna posibilidad de procrear; y la Oligozoospermia que se caracteriza por la existencia de un recuento de espermatozoides menor a 20 millones por centímetro cúbico de líquido seminal, que es lo que establece la OMS como conteo mínimo de espermatozoides.

Uno que ya no podrá cobrar

Un ejemplo de eso es el caso de Berardo Marcelo García: éste presentó un examen de espermatograma y dos diagnósticos elaborados por médicos especializados demostrando plenamente que el demandante está afectado de Azoospermia e Hipospermia. Otros documentos médicos oficiales que demuestran que el demandante murió a consecuencia de una insuficiencia renal crónica.

A Berardo Marcelo García la juez ordena indemnizarlo con un millón 255,980 dólares o su equivalente en moneda nacional. Don Berardo no los cobrará, pero podrá descansar en paz y con la tranquilidad de que luego de tantos años se le hizo justicia. 

Nemagón usado con mentalidad genocida

EL NUEVO DIARIO/NICARAGUA/VALERIA IMHOF. 14-08-05

* Subestimaron incluso las advertencias del Departamento de Agricultura de EU
* “Autoridades cautas” dijeron y no quisieron “por ser muy caros” dotar de rotas impermeables a campesinos

La empresa Shell Oil Company mintió al Gobierno de Estados Unidos sobre los peligros letales del Nemagón y Fumazone en los seres humanos, obviando información que la trasnacional poseía y que hubiera evitado que 150 ex trabajadores bananeros nicaragüenses se hayan enfermado quedando estériles y con graves secuelas psicológicas y morales.

“La empresa Shell no dijo la verdad al Gobierno de Estados Unidos omitiendo comunicarle la información que éste requería y que la empresa Shell claramente poseía. Esto hubiera demostrado la peligrosidad del Nemagón, puesto que las advertencias sugeridas por las autoridades estadounidenses finalmente no fueron impuestas (…). Queda claro que la empresa Shell pasó de la retención pasiva de información (…) a la distorsión activa de los hechos, lo que es peor”, dice parte de la sentencia de la juez Segundo Civil de Chinandega, Socorro Toruño Martínez, que condenó a la Shell, la Dow Chemical Company, la Standard Fruit Company y la Occidental Chemical Corporation a pagar 97 millones de dólares de indemnización a estos ex bananeros, que trabajaron en las fincas de Chinandega en la década de los 70.

Autoridades gringas “demasiado cautas”

De acuerdo a documentos aportados en el juicio, la Shell rechazó las recomendaciones de las autoridades sanitarias de Estados Unidos de poner etiquetas en el producto advirtiendo sobre los peligros del Nemagón. Y más bien reaccionó señalando que eso podría perjudicar su volumen de ventas y que las autoridades eran “demasiado cautas”.

Esto se desprende de un documento interno de la misma compañía del año 1961, que dice textualmente: “La División de Control de Pesticidas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos se mostró preocupada por los peligros asociados con los usos del fumigante de tierra Nemagón y han propuesto etiquetados para las diversas fórmulas ahora en venta. Existe consenso entre nosotros de que las autoridades son demasiado cautas y que la advertencia de las etiquetas que propugnan tendría un efecto adverso en la venta de este producto”.

En otro documento con fecha del cinco de marzo de 1962, la Shell refiere: “La recomendación de usar ropas impermeables es impráctica. Millones de libras de dibromo-cloropropamo (DBCP) --nombre científico del Nemagón-- han sido fabricadas y usadas, y en nuestra experiencia, nadie ha usado ropa impermeable. Más aún no tenemos pruebas que indiquen tal necesidad”.

Los memorandum internos de la trasnacional revelan la avaricia de la empresa que, con tal de que no disminuyan sus dividendos, apeló a toda clase de artimañas como utilizar una etiqueta modificada para que pueda venderse el producto. “La Autoridad Protectora del Ambiente ha comunicado a Shell que tenemos qué hacer para lograr que con una etiqueta cambiada pueda venderse el producto. Si tal etiqueta es cambiada podremos vender 390 millones de galones del producto, reduciendo así el nivel de pérdida”, dice uno de sus documentos de la Shell, con fecha de octubre de 1977, en respuesta a una solicitud de la División de Negocios Químicos Agrícolas, que solicitó a sus clientes la devolución del fumigante Nemagón debido a que “recientes exámenes han revelado bajos niveles de esperma en los trabajadores expuestos al DBCP”.

“Esta autoridad concluye que es inconcebible que en marzo de 1962 la empresa Shell --que desde 1958 sabía que el DBCP era nocivo-- realmente hubiese creído que el Nemagón era un producto benigno para sus usuarios que no requería de una protección especial. Por lo que hay una conducta dolosa y negligente de Shell Oil Company, Standard Fruit Company y las empresas subsidiarias que fabricaron y comercializaron el Nemagón y Fumazone”, indica la sentencia de la judicial.

Pruebas con animales resultan positivas

Los estudios de laboratorio que fueron presentados en el juicio revelan los estragos producidos en cuatro especies de animales, incluidos machos y hembras, que estuvieron expuestos al DBCP por inhalación.

En una prueba realizada en 1961 en ratones, cochinillos de indias, conejos y monos se observó en las ratas una mortalidad del 40 al 50 por ciento, atribuida en la mayoría de los casos a infecciones pulmonares. La autopsia reveló lesiones en los pulmones, riñones, aparato digestivo y “una severa atrofia y degeneración en los testículos de todas las especies”.

El 16 de enero de 1975 se realizó una reunión en el Instituto Nacional del Cáncer, en Bethesda, Estados Unidos, Maryland, para discutir los resultados de estudios sobre ratones y lauchas, sometidos durante 90 días a la inhalación de DBCP. En el encuentro se concluyó que el DBCP es altamente carcinógeno en ambas especies.

El nueve de septiembre de 1977 el Boletín Oficial de Leyes y Regulaciones Federales establece una norma temporal y urgente advirtiendo que la exposición de los trabajadores al DBCP presenta un riesgo de esterilidad y cáncer. “Por esta norma la Secretaría de Higiene y de Salud Laboral limita la exposición de los trabajadores al DBCP”, señala.

Pedían condiciones

El equipo de abogados nicaragüenses presentó en total de 27 documentos internos de las empresas acusadas como pruebas irrefutables de que los ex trabajadores bananeros fueron empujados a trabajar sin las mínimas condiciones de seguridad a sabiendas de que el pesticida que utilizaban era mortal.

Esto lo confirma un acuerdo firmado entre la Dow Chemical Company, Dow Chemical International Inc. y Standard Fruit Company respecto a la compra de la marca “Fumazone”. En el acuerdo se detalla que las empresas compradoras asumirán todos los riesgos y las responsabilidades emergentes del uso del pesticida e indemnizará a Dow. Dowintal por cualquier pérdida, gastos, demandas y reclamos hechos contra cualquiera de ellos por cualquier empleado de Castle & Cooks o de Standard Fruit Company; o por un tercero que presente cualquier lesión, o lesión alegada, sufrida por una persona o grupos de personas (incluyendo la muerte).

En el arreglo, las empresas compradoras se comprometen a dirigir y pagar las costas generadas por la defensa de Dow en caso de tales acciones. Por su parte, la Standard Fruit Company acuerda que estaba comprando Fumazone para su propio uso o uso de sus subsidiarias o empresas afiliadas, fuera de los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, para ser utilizado en países del Tercer Mundo como Nicaragua, Ecuador o Costa Rica.

Ciudad Nemagón, Historia de una Tragedia

Eco Portal.net. 23-09-05 

Por Javier Otaola Montagne

En Ciudad Nemagón viven cientos de afectados por un poderoso pesticida del mismo nombre, que además de matar a los nemátodos del plátano mata también a las personas, y fue empleado abundantemente por empresas bananeras estadunidenses en Nicaragua y otros países, aun después de haber sido prohibido en Estados Unidos, tras probarse sus efectos cancerígenos

Ciudad Nemagón, Historia de una Tragedia
La Ley de las Compañias Bananeras

En Ciudad Nemagón viven cientos de afectados por un poderoso pesticida del mismo nombre, que además de matar a los nemátodos del plátano mata también a las personas, y fue empleado abundantemente por empresas bananeras estadunidenses en Nicaragua y otros países, aun después de haber sido prohibido en Estados Unidos, tras probarse sus efectos cancerígenos. Las poderosas trasnacionales que lo fabricaron y usaron presionan para que, en el marco del acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y Centroamérica, se olviden los reclamos de más de 20 mil campesinos afectados

"Nosotras también salimos afectadas porque no nos daban mascarillas para protección y respirábamos todos los químicos. Todo eso pasó a nuestros hijos". Nimia Esperanza Regla, cuya hija nació con una malformación.

En 1984 Nicaragua llevó un caso al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya en el que denunciaba las constantes agresiones que sufría por parte de Estados Unidos. Para los sandinistas, que hacía apenas cinco años habían entrado triunfantes a Managua, el triunfo de la revolución no significó el fin de la guerra, sino el comienzo de nuevos ataques financiados y dirigidos desde Washington. Para los nicaragüenses, aquellos fueron años difíciles que costaron la vida a más de 40 mil personas.

Ante las numerosas evidencias presentadas, el Tribunal Internacional condenó a Estados Unidos en 1987 por la destrucción de vida y bienes del gobierno y pueblo nicaragüenses. El fallo también ordenaba el pago de una indemnización que se calculó en 17 mil millones de dólares. Washington rechazó el dictamen y desconoció al Tribunal. Más tarde obligó a Nicaragua a retirar la demanda y vetó dos resoluciones de la ONU promovidas por el país centroamericano en las que se llamaba a los países miembros a respetar la legalidad internacional. Para los nicaragüenses afectados, la justicia nunca llegó.

Pero esos 17 mil millones resuenan una vez más en los tribunales de Nicaragua. Esta vez no involucran a dos Estados, sino a seis compañías trasnacionales y a unos 20 mil campesinos que exigen el pago de esa cantidad como indemnización por haber sido expuestos a pesticidas tóxicos. De aprobarse el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica (TLCCA), uno de sus primeros efectos sería frenar las demandas de los campesinos o neutralizarlas con las nuevas leyes comerciales. Esas leyes fueron cuidadosamente revisadas por la Cámara de Comercio de Estados Unidos, a la que pertenece una de las compañías acusadas, la Dow Chemical Company.

Y mientras los diputados nicaragüenses deliberan sobre el TLCCA, unas 600 personas, entre niños de pecho y ancianos, en su mayoría del departamento de Chinandega, acampan desde hace cinco meses frente al edificio de la Asamblea Nacional. El campamento ya ha sido bautizado como Ciudad Nemagón, porque ahí viven cientos de afectados por un poderoso pesticida del mismo nombre, que además de matar a los nemátodos del plátano mata también a las personas, y fue empleado abundantemente por empresas bananeras estadunidenses en Nicaragua y en otros países de Centroamérica, el Caribe y Asia, aun después de haber sido prohibido en los Estados Unidos en 1979, tras comprobarse que tenía efectos cancerígenos.

Campesinos y trasnacionales

"Aquí ya van muchos muertos ­dice Paulo Martínez. Igual que en Irak. Sólo que de los que mueren aquí nadie dice nada." Paulo tiene 77 años. Es originario de Chinandega y llegó a Managua el 2 de marzo luego de 12 días de caminata en la llamada Marcha sin retorno. Lleva cinco meses durmiendo sobre una hamaca, en una champa (choza) hecha de plásticos negros y cartón que comparte con cinco compañeros. Sentado, mientras termina su sopa, cuenta que entró a trabajar a la hacienda bananera "María Elsa" cuando tenía 49 años. En los seis años que estuvo ahí tuvo que ser trasladado cinco veces de emergencia al hospital de Chinandega por haber estado expuesto al químico. La intoxicación era tratada con un lavado de estómago y suero. Desde entonces Paulo no tiene apetito ni puede retener los alimentos y confiesa que no ha sido fácil acostumbrarse a alimentar un estómago enfermo que ya no aguanta ni un pedazo de carne.

Paulo dedicó su vida entera al campo. Su padre también fue campesino, al igual que su abuelo. Sembraban maíz, frijol, papa y yuca. Si sobraba algo lo vendían en el mercado. Fue en los sesenta cuando llegaron las compañías bananeras y las cosas se pusieron más difíciles. La creciente demanda de plátanos en el mercado internacional incentivó la producción, y propició que las haciendas de las trasnacionales se extendieran sin control, desplazando a los antiguos propietarios y desequilibrando los modos de producción y la vida de los campesinos. Las empresas cavaron pozos de agua más profundos y desviaron el cauce de los ríos. "Algunos pueblos se quedaban secos ­agrega Paulo. No había trabajo ni plata para comprar comida. Sólo quedaba vender la tierra." Las compañías ofrecieron trabajo al creciente número de campesinos desterrados y desempleados, muchos de los cuales terminaron trabajando las mismas tierras que habían pertenecido a su familia.

Breve historia de un país y un pesticida

El clima caluroso de Chinandega es excelente para cultivos como el algodón, el plátano o la caña. La capacidad productiva de este departamento ubicado al noroccidente del país fue advertida desde el siglo XIX por las compañías ferrocarrileras. En 1863, tres años después que un filibustero estadunidense de nombre William Walker fuera fusilado luego de haber pretendido crear una "República independiente", el país otorgó el primer contrato para la construcción de un ferrocarril, y en 1866 se fundó la Nicaraguan Railway Company. Desde entonces las vías de tren comenzaron a extenderse a lo largo y ancho del territorio. La primera sección en construirse comunicaba el puerto de Corinto con Chinandega, que en 1880 vio llegar por primera vez una locomotora de vapor. En seis años el ferrocarril conectó a Chinandega con las ciudades de León, Managua, Masaya y Granada, y los campesinos se integraron, más por la fuerza que por gusto, a la dinámica del mercado internacional. Eso marcaría el primer momento del auge platanero y el despunte de las plantaciones algodoneras. Más tarde, en la segunda mitad del siglo XX, dos condiciones favorecieron un segundo y más importante boom de la industria bananera: la construcción de nuevas carreteras y el surgimiento de la llamada "revolución verde", con la cual los grandes laboratorios químicos y las empresas agrícolas prometían nuevos y mejores pesticidas que arrasarían con las plagas, aumentarían la producción y acabarían con el hambre.

Uno de esos productos es el Nemagón, nombre comercial del 1,2-dibromo-3-cloropropano (DCBP), que fue creado en los laboratorios de la Dow Chemical y de la Shell para combatir a los nemátodos que atacan la planta del plátano. Estos gusanos microscópicos decoloran la fruta haciéndola menos atractiva, lo que ocasiona un grave problema para el mercado internacional, tan obsesionado con las apariencias. El pesticida, utilizado masivamente a partir de los sesenta, también ayuda a la planta a crecer más rápido y a dar racimos más grandes, pero es un químico tóxico de lenta descomposición que puede permanecer en el subsuelo por cientos de años, causando daños a los seres vivos y al medio ambiente.

Un informe interno de la Dow de 1958, señaló que el DBCP causaba esterilidad y otras afecciones graves en ratas de laboratorio. Pero fue hasta 1975 cuando la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos determinó que el Nemagón tenía propiedades cancerígenas. Para entonces, cientos de millones de litros se habían regado y se regaban en plantaciones de plátano alrededor del mundo. Dos años después algunos estudios demostraron que la tercera parte de los trabajadores que fabricaban el DBCP en los laboratorios de la Occidental Chemical Corporation habían quedado estériles.

El uso del Nemagón se prohibió en los Estados Unidos en 1979, pero la historia fue otra en las llamadas Repúblicas Bananeras. La Standard Fruit, que ya había comprado suficiente Nemagón para varios años más, amenazó a la Dow con una demanda multimillonaria si no continuaba suministrándole el pesticida. Así las cosas, las bananeras consideraron que el químico estaba prohibido sólo en Estados Unidos pero no en otros países, donde se podía seguir usando con total impunidad. En Nicaragua, el Nemagón se siguió empleando hasta que las trasnacionales abandonaron el país en 1982, y hasta 1985 en algunas fincas nacionalizadas por el Estado revolucionario.

Las secuelas

El movimiento de los bananeros comenzó a principios de los noventa, cuando ocurrieron las primeras muertes relacionadas con el químico y cuando la cantidad de gente afectada se multiplicó. En aquellos días los hospitales de Chinandega comenzaron a recibir muchos casos de mujeres que perdían a sus hijos durante el embarazo o que tenían niños con malformaciones físicas. En 1997, un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), realizado a 154 madres en el hospital de Chinandega, demostró que 153 de ellas presentaban altos niveles de químicos. Los rastros se encontraban principalmente en la leche materna, la sangre y el cordón umbilical. Dos años más tarde, otro estudio de la UNAN señaló que uno de cada ocho pozos de donde se extrajeron muestras de agua estaba contaminado. En las zonas rurales de Chinandega sólo 4% de los hogares cuenta con agua potable proveniente de tuberías, el resto se abastece en pozos, ríos o manantiales, donde se arrojaba la mayoría de los envases que contenían el plaguicida.

"Llegábamos a los hospitales y sólo nos decían: vengan el otro mes, y al otro mes nos decían lo mismo, que teníamos que renovar la cita hasta que hubiera lugar. Entre renovación y renovación recorrí hospitales de Chinandega, León, Matagalpa y Trinidad." Digna Emérita Jirón.
Saturnino Martínez, de 62 años, trabajó siete años en la hacienda Paraíso. Ni su esposa ni sus siete hijos tuvieron que ver directamente con las bananeras, pero todos muestran algún tipo de padecimiento. "Cuando ese veneno era regado le llegaba a toda la gente ­dice Saturnino. Ahí vivíamos y tomábamos el agua y salíamos al baño y lavábamos nuestra ropa con esa agua." Su esposa padece de los riñones. Sus hijos sufren de migraña y su último hijo nació en carne viva, a consecuencia del veneno. "Hasta los 16 meses empezó a echar pellejo. Ahí estaba la pobre madre con los pañales todos llenos de sangre. Hoy tiene 22 años, aún se le ve su piel maltratadita y todavía no ha echado pelo en la cabeza."

Los patos tirándole a las escopetas

Saturnino resume así la historia del movimiento: "Hemos marchado a Managua en cuatro ocasiones. La primera vez fue en 1999 y la última este año, pero ya desde antes la gente se estaba organizando. Al principio nadie nos hacía caso. Presentamos varias propuestas pero el gobierno las ignoró. Los partidos políticos nos dieron la espalda. Así que tuvimos que presionar con huelgas de hambre y otras acciones hasta que en enero de 2001 la Asamblea Nacional aprobó la ley 364." Dicha ley, llamada Ley Especial para la Tramitación de Juicios Promovidos por las Personas Afectadas por el Uso de Pesticidas Fabricados a Base de DBCP, es hoy en día la única esperanza que tienen los campesinos de ser indemnizados, ya que les permite contar con el apoyo económico y el respaldo legal del Estado para iniciar juicios contra las compañías trasnacionales.

Gracias a esa ley, en marzo de 2001 se interpusieron las primeras demandas en contra de la Shell Oil Company, Dow Chemical Company, Occidental Chemical Corporation, Standard Fruit Company, Dole Food Company y Chiquita Brands International . Un año más tarde un tribunal nicaragüense falló a favor de unos 600 campesinos, ordenando a las trasnacionales el pago de 490 millones de dólares, pero ninguna de las compañías reconoció el fallo y los juicios se encuentran en un punto muerto. Ese mismo podría ser el destino de la nueva resolución emitida a principios de este mes por la jueza Socorro Toruño, de Chinandega, que ordenó el pago de 97 millones de dólares a favor de 150 trabajadores luego de haberse probado los graves daños físicos y morales que sufrieron.

La cantidad de dinero en juego es enorme. Se calcula que el monto total de las indemnizaciones asciende a unos 17 mil millones de dólares. Dicha cantidad ha atraído a muchos oportunistas que buscan un pedazo del pastel, entre bufetes jurídicos y algunos líderes que dicen representar los intereses de "los legítimos afectados", mientras se acusan entre sí de aceptar entre sus filas a gente "que en su vida ha pelado un plátano". Este argumento ha servido a las trasnacionales para denunciar que se ha inflado de manera fraudulenta el número de afectados. Con ello se pretende deslegitimar su lucha y dar largas a los juicios. Algunos medios de comunicación han hecho eco de estas acusaciones y entre los nicaragüenses no falta quien desconfíe de los campesinos.

Sobre esto Saturnino Martínez señala: "Hay gente que cree que somos unos vagos, como si nos gustara llevar casi cinco meses aquí, cociéndonos por el calor, pasando hambre. Aquí se nos muere alguien casi cada semana y ya los periódicos no dicen nada." Y agrega: "Los que deberíamos de contrademandar somos nosotros. Figúrese que las empresas argumentaron que nuestros padecimientos eran enfermedad común. ¡No! Común el catarro y la tos que todo el tiempo han existido. Pero una enfermedad que te comienza a dar de 1997 para acá, no puede ser común. Porque antes había gente que moría de insuficiencia renal o de cáncer, pero eran casos de uno entre mil. Y al día de hoy ya han muerto más de dos mil compañeros bananeros y otros tantos cañeros."

Tragedia en familia

Visité tres veces a Digna Emérita Jirón y a su esposo José de Jesús Rayo. Digna trabajó durante ocho años en la hacienda Mercedes empacando el plátano. Tenía 17 años cuando comenzó a trabajar y a los 25 ya mostraba algunas de las molestias típicas, como ardor en el cuerpo y migrañas. Su hermana murió de cáncer y su hermano se regresó a Chinandega a finales de junio porque la barriga le había crecido desproporcionadamente en cosa de días.

"La verdad es que ahora ya no servimos. Con esto que nos está pasando, si nosotros llegamos a una finca a pedir trabajo ya no nos dan porque al que pasa de 50 años no les dan trabajo." Julio Francisco Meneses.

Digna recuerda que hasta hace un par de años era delgada. Para demostrarlo busca en una bolsa que guarda bajo su hamaca y saca una fotografía. "Yo era así. Ahora ya boté mi dentadura. He sido operada tres veces. Me sacaron la matriz y un tumor que tenía debajo de los ovarios. Después me sacaron los ovarios y en esa última operación se me rompió la telilla y se me resaltó la hernia del ombligo." Digna continúa su relato: "Tengo varios años con esto y uno cree que se acostumbra pero luego a uno le vienen más fuerte los dolores. A veces el medicamento lo medio levanta a uno, pero no nos dan la medicina apropiada, sólo Diclofenax o pastillas para la calentura."

Su esposo José, de 56 años, es jefe de grupo y tiene a su cargo a unas 58 personas. En los cinco meses que lleva acampando frente a la Asamblea Nacional se le han muerto dos compañeros y dos más fueron enviados de regreso a Chinandega en estado grave. José llegó a ser Teniente primero en el Ejército Popular Sandinista y como él, muchos de los afectados y casi todos los líderes fueron combatientes del Frente. Su experiencia política se refleja claramente en su capacidad organizativa, lo que les ha permitido sortear con mejor suerte las dificultades legales y económicas de los juicios, así como las divisiones internas y la apatía de la gente. Pero su pasado sandinista también ha traído costos. La antigua militancia política de los afectados vino como anillo al dedo a las autoridades, quienes durante años ignoraron sus demandas con la excusa de que éstos estaban al servicio del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Por su parte, las veces que el Frente se ha acercado a ellos ha sido para sacar provecho de su organización. Hace unos meses, el FSLN llevó un camión lleno de piñas a la Asamblea Nacional. Este gesto humanitario escondía otras intenciones que fueron expuestas sin ningún disimulo: si los campesinos apoyaban al Frente en tomas de camiones y cierres de calles, el partido se comprometía a abastecerlos con productos provenientes de alcaldías sandinistas.

Como dice José, "la gente con la que luchamos codo a codo en la revolución, es la misma contra la que peleamos hoy en día. Por eso buscamos separarnos de cualquier bandera política, porque sabemos que no estamos peleando por un puesto en la Asamblea, sino porque se nos garantice un cuidado médico y una muerte digna."

Niños, mujeres y trasnacionales

Sandra Elisa es la menor de las hijas de Digna y José. Tiene 11 años y padece hepatitis. Como ella hay cerca de 70 niños más viviendo en Ciudad Nemagón, jugando a dos metros de la avenida, entre los desperdicios que genera el propio campamento y la mirada apática de transeúntes y automovilistas. Ahí crecen, aguantando la misma hambre que sus padres, mojándose como ellos cuando llueve y sufriendo por el calor que se genera bajo los techos de plástico negro de las champas. Ahí conviven todos, los sanos y los que heredaron enfermedades de sus padres, como la hija de Nimia Regla, que nació con una malformación en la pierna izquierda. Nimia estuvo dos años empacando plátanos en la Candelaria, ahora presenta excoriaciones en la piel y tiene la espalda y el pecho cubiertos de manchas. Su esposo murió de cáncer hace varios meses. Ella es una más de las cientos de viudas que han perdido a sus parejas por causas relacionadas con el Nemagón. Una más de las madres que deben procurar costosos tratamientos médicos para cuidar la salud propia y la de sus hijos. Y una más de las miles de mujeres contratadas por las bananeras para trabajar en pésimas condiciones, a cambio de un salario mísero.

"Somos chatarra ­dice ella. A mis 53 años, con una niñita mala y con tanto padecimiento es imposible conseguir trabajo. Si usted quiere trabajar, lo primero que le piden es hacerse exámenes. Si sale con la afectación por químicos ya no lo contratan. Si uno va a otra empresa le piden su examen de salud. A cualquier persona que vaya a buscar trabajo y se enteren que tiene alta la creatinina o que tiene Nemagón en la sangre, la rechazan. Si no nos morimos por la enfermedad nos vamos a morir de hambre."

Los niños y las mujeres son un tema delicado para la opinión pública. Cuando una transnacional afecta a cualquiera de estos grupos, considerados como vulnerables, es casi seguro que la cobertura noticiosa generará una matriz de opinión adversa a la empresa. Es por esto que las compañías pagan sumas millonarias para limpiar su imagen por medio de campañas publicitarias destinadas a presentar una cara más atractiva, ecológicamente conciente, socialmente comprometida y laboralmente responsable. Y mientras se alimenta esta mentira al público, millones de dólares más se gastan en abogados que lo único que saben hacer es dilatar juicios eternamente, y en lugar de resarcir los daños hechos a las personas y al medio ambiente, las compañías utilizan su poder para dejar sin efecto la única ley que protege a los campesinos nicaragüenses.

La Dow Chemical ejerce desde la Cámara de Comercio de los Estados Unidos una enorme presión para la eliminación de la ley 364. Gracias a su poder la Dow introdujo una adenda a la Enmienda Cuarta del TLCCA, que permite a los inversionistas iniciar juicios de compensación en contra de los Estados contratantes si consideran que una ley del país o una sentencia emitida por jueces locales viola el principio de "trato justo y equitativo". Como señaló recientemente Gustavo Antonio López en el diario nicaragüense La Prensa, "aunque la letra del tratado no se refiere específicamente a la ley 364, una vez ratificado por la Asamblea Nacional algunas normas regulatorias de la inversión extranjera permitirán la neutralización de dicha ley."

"Los más afectados eran los que regaban porque ellos eran los que manoseaban ese producto y lo preparaban para regarlo a través de tuberías. Muchos de ellos ya perdieron el color de la piel o los tejidos. Algunos ya murieron y otros más se encuentran hospitalizados." Modesto Torres Ruiz

Ese trato "justo y equitativo" que solicitan las corporaciones trasnacionales pareciera una burla cuando los demandantes son campesinos pobres. La capacidad del Estado nicaragüense para ejercer presión en las negociaciones del TLCCA es casi nula. Qué podría ofrecer el segundo país más pobre de América Latina que no sea mano de obra barata y facilidades para la inversión. Mientras tanto, la Dole Foods ofreció este año volver a invertir en Nicaragua si el gobierno retiraba las demandas en su contra por el uso de pesticidas. Este tipo de ofertas y arreglos extrajudiciales causan rabia entre los afectados que observan cómo se intenta hacer tabla rasa con sus vidas.

En busca de la miseria humana

Una vez más los campesinos se encuentran en el ojo del huracán, insertados por la fuerza en la lógica del capitalismo y la globalización, aunque desde el extremo menos privilegiado. Su único pecado fue haber nacido pobres en tierras que eran aptas para la producción masiva de plátanos. En una sociedad como la nicaragüense, altamente polarizada, sumida en la pobreza y desilusionada por años de corrupción y oportunismo político, las cambios que se reclaman desde abajo parecieran hoy más lejos que nunca.

Son las siete de la noche en Ciudad Nemagón y el sol empieza a caer. Un muchacho con apariencia de extranjero se acerca al campamento y toma unas fotos. Nimia me llama y me dice que en Chinandega está la gente más afectada, la que no puede venir porque a duras penas camina. Algunos periodistas y curiosos quieren llevarse a su país un torcido recuerdo de la miseria humana que habita en Nicaragua y sólo se acercan para ver si es verdad que el Nemagón convirtió a los campesinos en monstruos. Pero Nimia me dice, "a esos que vienen cámara en mano y se van directo a Chinandega, yo les digo que no vayan tan lejos, que la miseria humana también la pueden encontrar en Managua, adentro de la Asamblea Nacional, o en Estados Unidos, donde los responsables de nuestra tragedia caminan tranquilos por la calle." En efecto, ahí gozan de su libertad quienes envenenaron impunemente a miles de trabajadores y contaminaron el medio ambiente. Ahí están los responsables de los abortos y de los niños que nacieron con deformidades. Ahí están los que condenaron a miles de campesinos a una muerte lenta. "Así que ¿dígame usted ­pregunta Nimia­, si en verdad es necesario ir a Chinandega para conocer la miseria humana?"