Greenpeace emprenderá acciones legales contra los titulares de la nuclear de Vandellós II por poner "en grave peligro" la seguridad de la población

Noticias 24 horas. 31-03-05

En este sentido, Carlos Bravo, responsable de energía nuclear de Greenpeace en España, ha asegurado en declaraciones recogidas por Efe que el CSN conocía desde septiembre el mal estado del sistema de refrigeración de aguas de la central, poco después de que, el 25 de agosto, sufriese una parada no programada como consecuencia de la corrosión de las tuberías.

Bravo considera que, cuando el Sistema de Agua de Servicios Esenciales rompió en varios puntos, el CSN debería haberlo calificado como un incidente "grave de nivel 3" en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y haber ordenado "la parada inmediata" de la central hasta la total reparación del sistema. Sin embargo, "ocultó la gravedad del suceso y permitió que la central funcionase varios meses, hasta que el 15 y el 16 de marzo, pocos días antes de la parada programada para las operaciones de recarga, se detectaron nuevas fugas en zonas enterradas de tuberías".

Acciones penales o administrativas

No fue hasta el 17 de marzo, ha explicado Bravo, que el CSN calificó de "insuficiente" el plan de actuación presentado por los explotadores de Vandellós II, a quienes ha exigido el cumplimiento de toda una serie "de extensas medidas" de seguridad que deberá tener listas antes de volver a conectarse a la red. Según el representante de Greenpeace, es "muy poco probable" que estas medidas estén vigentes a finales de abril cuando, en principio, Vandellós II volverá a funcionar.

Ante la presunta actitud "negligente" del CSN, los ecologistas han exigido al Gobierno, mediante una carta al ministro de Industria, José Montilla, que garantice la "independencia y transparencia" del ente a través de "una profunda reforma legal" ya que, en su opinión, el organismo beneficia a los intereses de la industria atómica.

También han anunciado que ejercerán acciones penales o administrativas contra los titulares de la central una vez recopilen toda la documentación necesaria, a quienes acusan de "escatimar en seguridad" para "aumentar sus beneficios" y no efectuar las pruebas hidrostáticas que las centrales deben llevar a cabo cada diez años.

Según Greenpeace y Ecologistas en Acción, la última prueba debería haberse realizado en 1999, pero se sustituyó por una prueba de cierre estanco sin presión "mucho más simple" y que "el CSN considera que es una causa fundamental de la corrosión que provocó la rotura de las tuberías del sistema de refrigeración". Las consecuencias del incidente del pasado mes de agosto "podrían haber sido gravísimas" ya que "estamos ante el fallo de un sistema clave para la seguridad, imprescindible para refrigerar el núcleo de la central en caso de accidente importante".