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MANIFIESTO DEL FORO SOCIAL DE SEVILLA. OTRA EUROPA ES POSIBLE. NO A ESTA CONSTITUCIÓN La razón de ser del proyecto constitucional. La Unión Europea (UE) ha sido, por encima de cualquier retórica, un proyecto económico que ha necesitado una cierta unidad política. Tiene su razón de ser en la búsqueda de un mercado unificado a escala europea, para lo cual ha emprendido políticas como la liberalización de los intercambios comerciales o la creación de una infraestructura de transporte y comunicación. Pero la UE ha llegado más lejos al establecer un sistema de administración y control político y social unificados, e imponer una moneda única. Además, la UE no sólo se explica en clave interna, otro de los objetivos de su creación es permitir a sus multinacionales y al gran capital proyectarse hacia el exterior debido a su desarrollo como potencia económica que se deriva de la ampliación de su mercado doméstico. Las políticas necesarias para este gran proyecto sólo pueden llevarse a cabo a través de alguna clase de autoridad unificada, dotada de adecuados poderes e instrumentos administrativos, legislativos y judiciales, así como policiales y, en última instancia, militares. Esta fue la finalidad con la que se creó la UE a partir del Tratado de Maastricht. Pero las bases sentadas en Maastricht no han sido suficientes para afrontar el nuevo desafío de la UE: convertirse en una superpontencia mundial. Así, ya ha empezado a luchar por la hegemonía mundial con EEUU. Para ser una superpotencia la UE necesita aumentar el territorio bajo su control directo (con sus consumidores/as - trabajadores/as, materias primas e industria), lo cual explica en parte la ampliación al Este europeo. Además, una superpotencia tiene que ser un poder político y militar de primer orden. Estas son las dos facetas fundamentales que se intentan abordar en el proyecto de Constitución: sentar las bases del reparto de poder interno para que las decisiones sean más ágiles dando más poder a los países centrales, y avanzar definitivamente hacia la creación de un poder militar que respalde al euro. Además de consagrar una UE neoliberal. Por lo anterior, rechazamos el proyecto de Constitución Europea porque limita de forma importante los derechos civiles, nacionales, sociales y políticos y representa un retroceso en relación a las legislaciones (ya lo suficiente limitadas) vigentes en los estados que integran la Unión. Es una Constitución neoliberal, militarista e imperialista, que consagra la Europa de los Estados negando el derecho de autodeterminación, que refuerza la desigualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, y que mantiene un modelo de desarrollo que destruye el medio. El cinismo de quienes no han dudado en desmantelar las conquistas sociales (la llamada desregulación) en aras de la Competitividad es transversal al texto que insiste en desmantelar los servicios públicos, lo extremadamente preocupante resulta de considerar que tales cambios exigidos por el guión neoliberal, cuyas consecuencias sufrimos a diario las han puesto en practicas los estados sin mover un párrafo de las Constituciones que aseguraban (?) que vivíamos en un estado social y democrático de derecho. La inquietante pregunta, pues, no puede ser otra que aquella que desearía saber a donde podría llevarnos un texto -como el que se somete a referéndum- donde tales practicas neoliberales alcancen la supremacía normativa del rango constitucional. Queremos otra Europa, la Europa de los trabajadores y trabajadoras, de la ciudadanía, de los pueblos, de los derechos sociales, de las libertades, democrática, solidaria, pacífica, no xenófoba y ecológicamente sostenible. Rechazamos, por tanto, este proyecto constitucional por como que se ha hecho, por lo que dice y por lo que representa para el futuro. Denunciamos que el proceso de elaboración del borrador de la Constitución: - No se ha hecho en colaboración con la sociedad, a la que ni se le ha consultado ni siquiera informado. Todo lo contrario de un proceso constituyente expresión de la soberanía popular. - Todo el secretismo que han mantenido respecto a la ciudadanía se ha convertido en comunicación fluida y coordinación con los lobbys empresariales con sede en Bruselas. - Sólo en algunos estados se someterá a referéndum, y en la mayoría este resultado no será vinculante. Este será el caso del Estado español, dónde, si se refrenda, en absoluto se nos garantiza que si no sale el Sí a la primera, como ocurrió con el Tratado de Maastricht en Dinamarca o con el de Niza en Irlanda, se haga otro referéndum y así sin descanso hasta la victoria final. Es prácticamente irreformable porque un solo estado tendrá derecho a vetar la decisión de los otros veinticuatro. Este sistema no busca mayorías cualificadas sino minorías de bloqueo. Qué dice y qué no dice el proyecto de Constitución Europea: 1. Un proyecto militarista. El proyecto constitucional apuesta por mantener una política de exteriores y seguridad común (PESC) que los países tienen que apoyar de forma activa y sin reservas. Crea una nueva Agencia Europea de Armamento, Investigación y Capacidades Militares y se establece un tipo de Unión Europea militar (con 60.000 tropas) formada por contingentes de los estados miembros. Es la única Constitución del mundo donde se incluye un compromiso de mejorar progresivamente las capacidades militares de los países miembros, con lo que cierran las puertas a una política de desarme. Se asegura que los estados de la Unión quedan integrados en la OTAN y aprueba los ataques preventivos. Las acciones armadas precederán las explicaciones, aunque se afirme retóricamente que se enmarca en la ONU: Se informará inmediatamente al Consejo de Seguridad y las Naciones Unidas de cualquiera agresión armada y de las medidas que se han adoptado para hacerle frente. Es decir, se asume la doctrina Bush de guerra preventiva. Además se legalizan las declaraciones de guerra por parte de la Unión. La nueva cláusula llamada de solidaridad entre estados habla de prevenir el terrorismo en los territorios de los estados miembros y de evaluar periódicamente los riesgos que amenazan la Unión, sin definir en caso alguno el término terrorismo ni explicar cuál sería el ámbito de actuación. Se consagran la policía interna Europol y la fiscalía Eurojust que refuerzan el control policial y la represión. Así esta política de represión preventiva contenida en el ámbito de la seguridad, extiende la desconfianza y el temor a las poblaciones anulando en la práctica el derecho a la privacidad (control social), de asilo y refugio. Como consecuencia se prevé un aumento de los gastos militares en detrimento de los gastos sociales, hecho que influirá en la progresiva descomposición de los sistemas sociales de los estados miembros. No sólo estamos en contra de la guerra, sino que queremos la renuncia definitiva e incondicional del uso de las fuerzas armadas como instrumento político. Creemos que la seguridad no se basa en la defensa de un territorio sino en el reconocimiento de unos derechos para todas las personas y en la protección de la vida y dignidad humanas y proponemos un modelo de defensa basado en el concepto de empoderamiento social, es decir, en la participación y el protagonismo de los pueblos y las personas sin discriminaciones, tanto a la hora de decidir qué queremos defender, como a la hora de decidir los medios y estrategias que queremos utilizar para defenderlo y la forma en que vamos a organizar, estructurar y formalizar dicha defensa. La CE sólo nos ofrece un modelo de defensa militarista, dirigido hacia una capacidad de guerra global, muy diferente del que queremos construir. 2. Unos derechos sociales a la baja. El articulado no garantiza de ninguna forma el cumplimiento de los derechos sociales. Además iguala los derechos sociales de la ciudadanía a los niveles de los países dónde estos están más desprotegidos. En ningún caso se establecen los mecanismos coactivos que obliguen a los estados al cumplimiento de los derechos sociales. Hay derechos, como el derecho a la salud, el derecho a la vivienda o el derecho a un salario suficiente que ni se mencionan, y otros derechos aparecen devaluados por una redacción interesada. Así en el texto aparece: - Derecho a trabajar en condiciones justas y equitativas. No se indica claramente que toda persona tiene derecho a un empleo digno y estable. No cabe duda que el Derecho al Trabajo es rebajado de rango en el Art. II-75 que deliberadamente lo vulgariza: "1. Toda persona tiene derecho a trabajar y a ejercer una profesión libremente elegida o aceptada". Asimismo lo son el derecho a la protección de la salud, a la seguridad social, a la protección por desempleo o al combate contra la exclusión social y la pobreza (Art. II-94 y 95) donde se repite la fórmula "La Unión reconoce y respeta." pero no garantiza, remitiéndose en ultima instancia a las legislaciones nacionales. Sin duda que el camino hacia el reconocimiento de una tutela exigible ante los tribunales se halla firmemente bloqueado. Ni siquiera se atreve el texto a garantizar unos mínimos en materia de duración de la jornada laboral, de descanso semanal y de vacaciones anuales retribuidas (Art. II-91), si bien se preocupa de garantizar justo en sentido contrario la necesidad de unanimidad en la decisión de reformar la mayoría de los temas de carácter social. - En ningún momento se compromete el texto con el pleno empleo, y entre tanta prosa pseudoprotectora, en ocasiones deja asomar la oreja empresarial que, como no podía ser de otra manera, atraviesa el texto de principio a fin, así el Art. 203 compromete a la Unión a desarrollar "una estrategia coordinada para el empleo, en particular para potenciar una mano de obra cualificada, formada y adaptable, así como unos mercados laborales capaces de reaccionar rápidamente a la evolución de la economía". El Art. III-219 nada menos que garantiza la creación de un fondo destinado a la movilidad geográfica. - El derecho de la juventud a ser protegida de la explotación económica y del derecho de las mujeres a ser protegidas del despido por razón de embarazo. "Proteger" no significa garantizar ni prohibir. - El derecho de huelga sólo en negociaciones colectivas y limitada a las leyes restrictivas de cada país, esto dificultaría la convocatoria de una huelga general en toda Europa. - El derecho al acceso a los servicios económicos de interés general, que hasta ahora se llamaban y consideraban servicios públicos y que podrán ser privatizados libremente por el gobierno de cada país. Por lo tanto, nos podemos ir despidiendo de las políticas sociales con respecto a educación, sanidad, servicios a las personas, pensiones de vejez y de invalidez y la posibilidad de acceder a una vivienda. En relación al derecho universal a la educación que tantas luchas ha costado, la Constitución establece que los estados sólo garantizarán la educación que ellos mismos estimen como obligatoria. Esto da pie a agravar lo que ya viene sucediendo en nuestra sociedad, que los servicios de guarderías, educación preescolar y la educación universitaria se ofertan a través de empresas privadas y sólo accesibles a las rentas más altas. 3. El medio ambiente en peligro. La política económica y social de la UE tiene graves impactos sobre el medioambiente a escala tanto local como global. La UE acierta en sus diagnósticos sobre insostenibilidad, pero continúa con las mismas políticas que han creado el problema. Un ejemplo palmario de la insostenibilidad que promueve la UE es su política de transporte. La construcción de la Unión está concebida para deslocalizar la producción y establecer una distribución y un comercio a larga distancia que incrementa el consumo de energía y la emisión de sustancias contaminantes. Un proyecto que propone una economía globalizada nunca puede ser sostenible. Además de suponer un incremento de las emisiones de CO2 a la atmósfera, este modelo de transporte implica también la desarticulación del territorio, puesto que se construyen para favorecer la comunicación de personas y mercancías entre los grandes polos de actividad económica. Además, el modelo actual empuja a la población hacia los espacios altamente urbanizados, haciéndolos crecer aun más y aumentando su impacto en el medio natural. En relación al cambio climático, queremos señalar que la UE es responsable de alrededor del 24% de las emisiones de gases de efecto invernadero. La UE ha firmado el pírrico Protocolo de Kioto, pero la propia Agencia Europea del Medio Ambiente reconoce que la Unión no logrará cumplir los compromisos adquiridos en Kioto si no se adoptan medidas adicionales. La política agrícola también se realiza a medida de las grandes multinacionales y en contra de la población rural. La PAC es el instrumento utilizado para este propósito. De esta forma se favorece la concentración y las grandes explotaciones intensivas. Se apuesta por un modelo que abusa de los fertilizantes químicos, los pesticidas y la estabulación intensiva. Además hay que añadir que la UE está a punto de levantar la moratoria sobre el cultivo de transgénicos. Así no hay sitio para la agricultura tradicional, familiar, ni ecológica. Y dentro de esta lógica el agua dulce se convierte en una mercancía que se sobreexplota hasta agotarla o salinizarla. Como último botón de muestra, la producción de residuos en la UE continúa incrementándose año tras año. Al aumento incontrolado de los residuos urbanos, industriales y de la construcción, se unen los de equipos eléctricos y electrónicos. La presión de los grupos empresariales sigue hipotecando las políticas de reducción de envases de usar y tirar, el uso de sustancias peligrosas en la industria, así como la recuperación y compostaje de todos los flujos de residuos orgánicos. Pero la UE se pinta de verde, así estableció su Estrategia para el Desarrollo Sostenible en la Cumbre de Gotemburgo en 2001. Y como la UE no es verde, la estrategia, además de insuficiente, no es más que un brindis al sol que no se está aplicando y es imposible que lo haga, ya que está supeditada al crecimiento económico y a la competitividad. 4. Neoliberalismo sin contemplaciones. Además la Constitución se encarga de consagrar el derecho a la propiedad privada por encima de los derechos sociales. El único sistema económico permitido será la economía de mercado de abierta y libre competencia, y pervivirán las desigualdades de presupuesto, servicios y salarios entre los estados europeos puesto que el sistema de seguridad social será a gusto de cada uno de ellos. Cabe añadir que se considera la especulación económica un valor en sí misma, porque los capitales podrán circular libremente, tanto en el interior como en relación con terceros países, siendo imposible aplicarles ni la tasa Tobin ni ninguna otra. Al tiempo que impide a los estados imponer tasa alguna a la inversión extranjera directa. En los ámbitos social y fiscal la regla de la unanimidad permite a determinados estados mantener políticas regresivas, dando a los Estados miembros la oportunidad para ir rebajando sus propias políticas en esos ámbitos. Bien distinto sería que la UE basara su política a este respecto en el procedimiento de codecisión Parlamento-Consejo (pronunciándose éste último por mayoría cualificada), afectando así a las políticas basadas ahora en la unanimidad, como puedan ser la fiscalidad de las empresas, fraude fiscal, fiscalidad del medio ambiente y la Seguridad social y protección social. La CE propone una política de déficit cero que imposibilita el desarrollo de políticas sociales y el pleno empleo. Acuerda también obedecer los dictados de la Organización Mundial del Comercio y apuesta por un modelo energético claramente insostenible al propugnar un mercado único de la energía y una deslocalización de la producción y el consumo. El Banco Central Europeo (BCE) seguirá sin estar controlado por el poder político. Su importancia es capital ya que, aparte de ser el único autorizado a emitir euros, controlará la tasa de interés. El BCE y el sistema de bancos centrales, constituyen una organización jerárquica con poderes ejecutivos, legislativos y la facultad de imponer sanciones, exentos de cualquiera control democrático. Estamos pues en presencia de una Constitución, en todo caso, de los Estados y de sus Gobiernos, en la que su concepción de los derechos resulta anterior al estado de bienestar, a la noción de ciudadanía social y en la que el sujeto de los mismos es el agente económico, el empresario apenas oculto tras la transversalidad y omnipresencia del "mecanismo" económico-financiero y en la que en lo social se halla por debajo de los estándares normativos de la mayor parte de los estados miembros, La gravedad de tal tratamiento manifiestamente de inspiración neoliberal se pone de manifiesto considerando que el Derecho de la Unión "primará sobre el de los estados miembros" (Art. I-6) Sin la menor duda el Tribunal de Justicia europeo (ampliadas ahora sus competencias) podría ocuparse de asegurar que tales estándares sociales "de minimos" aseguren la futilidad de las acciones encaminadas a conseguir que los derechos sociales reconocidos en las constituciones estatales europeas pudieran se directamente tutelables en tanto que derecho fundamental por los tribunales ordinarios, así pues, el umbral del tratado es el del mínimo social, de aquí que el llamado dumping social se halle servido. 5. Un modelo antidemocrático. El proyecto de Constitución no permite a los pueblos de Europa decidir libremente su futuro porque no recoge el derecho democrático a la autodeterminación. Es más su existencia ni siquiera es reconocida, por lo que se perpetúa las fronteras estatales vigentes, impidiendo por tanto la eventual aparición de nuevos estados. Sólo nos podremos dirigir a las cinco instituciones europeas en las 21 lenguas estatales, entre las cuales no se incluyen el catalán, euskera, gallego... de manera que no permite el uso de la lengua propia. Tampoco dedica ningún esfuerzo a proteger los derechos jurídicos, culturales y lingüísticos de las naciones. Sólo el Parlamento, una de las cinco instituciones que forman la Unión Europea, se elegirá por sufragio universal directo. Las otros cuatro se votarán por delegación donde el peso de los países centrales de la UE será fundamental. Esto supone un alejamiento en la consecución de sociedades que se gobiernen mediante democracia participativa. No se sabrá el voto de los miembros de las delegaciones y por lo tanto no se le podrá pedir cuentas. - En la práctica el Parlamento europeo no tiene casi capacidad legislativa y está excluido de la política exterior, el resultado es una perversión del sistema democrático. La Comisión Europea, pese a ser escogida de forma no democrática, podrá hacer propuestas legislativas y su presidente tendrá las funciones propias de un régimen presidencialista. - Europa tendría que tener una legislación laica a todos los efectos, sin ninguna referencia a iglesias, confesiones y religiones. - No se puede desconocer la transformación acaecidas en el conjunto de los países europeos que ya no son los aquellos emisores de mano de obra, por el contrario, mayoritariamente son receptores de miles de personas, una inmigración desesperada que se enfrenta a legislaciones restrictivas que obstaculizan la libre incorporación a las sociedades europeas, y de las personas procedentes de fuera de la comunidad que acceden a los beneficios de la regularización, constituyen la mano de obra semi-esclava -cuando no esclava- de la que se alimentan diversos y considerables sectores de la economía. Así se fomenta la xenofobia con una nueva categoría inferior de ciudadano residente de larga duración no comunitario. A estas personas no comunitarias se les niegan casi todos los derechos. Además, las fronteras europeas estarán organizadamente vigiladas: la Europa fortaleza será un hecho. 6. Una propuesta que olvida a las mujeres. La Constitución Europea está llena de "olvidos" respecto a los derechos de las mujeres. Para empezar, la traducción castellana utiliza un lenguaje sexista y excluyente (los trabajadores, los ciudadanos,...) Para continuar no se recoge expresamente la prohibición de la discriminación entre hombres y mujeres (aunque sí se especifica, por ejemplo, que no debe haber discriminación por razón de nacionalidad). No se reconoce la violencia de género como una violación concreta de los derechos humanos ni se considera una forma de persecución digna de la protección del derecho de asilo. Por otro lado no se desarrollan unas políticas concretas destinadas a la desaparición de la discriminación de género (mientras que sí se desarrollan las políticas monetarias, económicas, de control de fronteras, asilo e inmigración). Tampoco se menciona los derechos sexuales y reproductivos de las personas, tema éste crucial sobre todo para las mujeres, ni mucho menos se reconoce la libertad de opciones sexuales o de formar uniones de personas del mismo sexo. Denunciamos pues que el retroceso en los derechos sociales y económicos y el cierre de fronteras de la Europa Fortaleza afectan en mayor medida a las mujeres por su doble condición de mujeres trabajadoras y mujeres inmigrantes. 7. Una propuesta que olvida a Andalucía. Uno de los elementos que más se pueden criticar del proyecto constitucional, desde la óptica andaluza, es el tratamiento que se da a la Europa de las regiones, cuestión esta que brilla por su ausencia, sobre todo cuando hablamos de "regiones con competencias legislativas y parlamento propios".El proyecto se queda en contemplar solamente un obsoleto Comité de las Regiones. Andalucía con ocho millones de ciudadanos y ciudadanas queda al mismo nivel de tratamiento que regiones con doscientos mil habitantes. La consagración del déficit cero puede ser indiferente para otras zonas ricas, pero no para aquellas menos desarrolladas, como es el caso de Andalucía. Esto es un auténtico muro contra el desarrollo de políticas económicas y sociales. Antes de la ampliación, 68 millones de personas estaban en las regiones-objetivo UNO. Ahora somos 116 millones. Es indudable que esto tendrá consecuencias negativas para Andalucía, sobre todo cuando este proyecto constitucional no regula los mecanismos para impedir desigualdades. Los temas agrarios y pesqueros quedan para otras regulaciones. No se constitucionaliza el espacio mediterráneo, sólo el atlántico. No se habla de políticas sociales en zonas fronterizas, receptoras directas de inmigrantes, como es el caso de Andalucía. A través de la consagración de la OTAN y las bases, Andalucía sufre una situación inaceptable. La consecuencia es que Andalucía está en Europa desde una situación de subordinación y dependencia. Nuestra presencia en la Unión Europea ha estado y está condicionada a renunciar a nuestras fuentes de riqueza y como resultado, miles de empleos destruidos y una cada vez menor protección social. Queremos una Andalucía próspera, responsable y motor de su propio futuro, donde su ciudadanía tenga garantizadas las prestaciones, servicios y derechos sociales en vivienda, salud, educación, cultura, etc. Queremos una Andalucía propulsora de paz, diversidad y solidaridad. Una Andalucía enmarcada en Europa y el mundo, en base a la defensa de los derechos humanos. 8. Otra Europa es posible. Por todo lo que hemos dicho queda claro que nos jugamos el futuro. La Constitución Europea es un tratado para legitimar los intereses del gran capital contrarios a los de la mayoría de los pueblos de Europa y del mundo. En definitiva, el retroceso en los derechos sociales y económicos y en las libertades de la ciudadanía nos hace decir no a esta Constitución Europea. Pero no podemos limitarnos a la crítica. Tenemos que demostrar que Otra Europa es posible, que es posible romper con el actual modelo de UE y apostar por una Europa de la solidaridad, de los derechos sociales y los pueblos, una Europa bajo los siguientes preceptos: 1. Por un proceso constituyente democrático de esa otra Europa, distinta de la Europa construida por las elites y los "lobbies" de los grandes poderes económicos. 2. Por una Europa democrática y de los pueblos. Frente a la Europa del "déficit democrático", necesitamos una Europa que reconozca el derecho de la ciudadanía basado en la residencia y el derecho de autodeterminación de los pueblos. 3. Por una Europa social. Frente a la Europa neoliberal del "Espíritu de Lisboa", de las deslocalizaciones, de las privatizaciones (como la que ahora amenaza a RENFE) y de las restricciones a las ayudas públicas (como estamos viendo en el caso de Izar), nos pronunciamos por una Europa basada en la armonización por arriba de los derechos fundamentales, en la reducción del tiempo de trabajo (frente al nuevo proyecto de directiva que cuestiona incluso el límite máximo de las 48 horas semanales), en la creación de un nuevo pleno empleo y de servicios públicos de calidad y en el derecho a una renta básica. 4. Por una Europa pacífica y libre de armas de destrucción masiva. Frente a la Europa potencia militarizada, queremos una Europa que apueste por la disolución de alianzas militares como la OTAN y por la desaparición y reconversión de las bases militares. 5. Por una Europa solidaria con los pueblos del Sur y del Este, alternativa al Imperio estadounidense y a las nuevas formas de colonialismo, que establezca unas nuevas relaciones basadas en el respeto a la soberanía de los pueblos y en la ruptura con los principios neoliberales del "Consenso de Washington", empezando por la abolición de la deuda externa de los países empobrecidos, la instauración de un impuesto global sobre el capital especulativo y la eliminación de los paraísos fiscales. 6. Por una Europa de la igualdad en la diversidad. Frente a la Europa de la desigualdad de derechos y xenófoba, reclamamos una Europa dispuesta a fomentar el diálogo y el mestizaje entre las distintas culturas y civilizaciones. 7. Por una Europa basada en el acceso a la igualdad plena de las mujeres y su autonomía. Frente a la Europa discriminatoria y patriarcal, reivindicamos una Europa favorable a un nuevo concepto del trabajo y del reparto de los tiempos y respetuosa de la libertad de opción sexual y del derecho al aborto. 8. Por una Europa dispuesta a hacer las paces con el planeta Tierra. Frente a la Europa del Prestige, del consumismo y del despilfarro, exigimos una Europa que cumpla estrictamente con el Protocolo de Kyoto, que apueste por otro modelo de producción, transporte y consumo y establezca un plan basado en el cierre de todas las centrales nucleares y el fomento de las energías renovables. 9. Por una Europa laica, que no imponga un trato de favor hacia la Europa "cristiana" y respete la diversidad cultural y religiosa. 10. Por el firme compromiso de someter a referéndum un nuevo proyecto de Constitución en todos los países miembros de la Unión como culminación de un proceso de democracia participativa del conjunto de los pueblos y de la ciudadanía de la Unión. En resumen, con el Tratado constitucional que se nos presenta, se pretende convertir en "ley de leyes" el proceso de consolidación de una Europa imperialista, dispuesta a competir con EEUU en el plano económico y monetario, decidida a aliarse con este país contra los intereses de los trabajadores del Norte y de los pueblos del "Sur". Frente a este propósito, estamos convencidos de que, en la encrucijada histórica actual se está produciendo una intensificación de la ofensiva neoliberal pero frente a ella se alza un fuerte desarrollo del movimiento "altereuropeísta". Es posible empezar a salir del dilema en que se nos ha tratado de encerrar y que se reducía a tener que elegir entre esta Europa neoliberal y el repliegue al "Estado-nación" respectivo. Hoy no sólo es necesario sino también posible rechazar ese falso dilema. "Otra Europa es posible" y ha empezado a caminar, como se ha demostrado en los Foros Sociales Europeos celebrados en Florencia, en París y, recientemente, en Londres. Sevilla, noviembre de 2004. Otra Europa es
posible. No a esta Constitución. |