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La fiscal defiende la actuación de los acusados de Levante Sin Cables Aéreos IDEAL/ROGER DÍAZ/VERA. 09-05-07 Sostiene que Cervantes y Astrid Schröeder obraron en legítima defensa de la casa particular de la veterinaria, asaltada por operarios de la eléctrica Endesa. La fiscal del caso abierto contra el concejal y ex alcalde de Mojácar, Carlos Cervantes, y la veterinaria del pueblo por impedir que operarios de Endesa colocaran una torre de alta tensión en el jardín de la vivienda de la alemana en Cuartillas, retiró ayer las acusaciones que pesaban sobre ellos por la presunta comisión de un delito de desobediencia a la autoridad. Al final, se ha quedado en una falta leve y, como mucho, si el juez lo estima oportuno, podrían recibir una sanción de unos 150 euros, pero todo indica que serán absueltos. La fiscal tomó esta decisión durante el juicio que se celebró por la mañana en los Juzgados de Vera, al entender que ambos actuaron en legítima defensa de una propiedad privada. Los dos, como se recordará, fueron detenidos por la Guardia Civil el pasado 20 de marzo, tras arrancar varias estacas clavadas en el suelo del jardín de la vivienda por operarios de Endesa que entraron en la propiedad de Astrid sin permiso alguno con el objetivo de preparar la instalación de una gran torre de alta tensión. La propietaria de la vivienda afectada relató al juez que ni la Guardia Civil ni los técnicos de la subcontrata de Endesa esgrimieron permiso alguno de obra ni ninguna orden judicial, por lo que les impidieron el paso. Cervantes, por su parte, negó que hubiera amenazado el día anterior a ningún operario advirtiéndole de que «iba a correr sangre», si entraba en la propiedad particular de la citada vecina sin permiso de obra o licencia. Asimismo, durante la vista, en la que el abogado José Ramón Cantalejo defendió a la vecina afectada, número tres de la candidatura de Levante Sin Cables, se puso de manifiesto que los agentes de la Guardia Civil y los operarios de Endesa pudieron incurrir en un delito de allanamiento de morada al entrar en la finca sin permiso. Astrid comentó tras la vista que los agentes «no tenían papeles y la resolución que había dictado el juez Rivera les llegó tres horas después por fax, cuando ya estábamos detenidos, y además quitaron la última frase de la resolución, en la que se decía que, pese a levantarse las medidas cautelares que mantenían paralizada la línea de alta tensión, las competencias municipales respecto a esta cuestión seguían en pie».Los afectados manifestaron al juez que esta obra está siendo ejecutada sin licencia municipal de obras.
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