El presidente del PP de Vícar queda libre y deja el partido hasta su juicio

IDEAL/ANA LÓPEZ OTERO/ALMERÍA. 10-05-07

Se le acusa, junto a otros tres detenidos, de delitos contra la salud pública y la propiedad industrial al incautarles 1.600 kilogramos de productos prohibidos También se intervinieron dos cañones para la difusión de los fitosanitarios.

La operación desarrollada por la Guardia Civil contra la comercialización y tenencia de productos fitosanitarios ilegales se daba ayer por cerrada después de cuatro detenciones y de la incautación de 1.600 kilogramos de productos prohibidos. Eso sí, según se ponía a disposición judicial al presidente del PP de Vícar, José Rodríguez, el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de El Ejido decidió dejarlo en libertad a la espera de que se celebre la vista sobre su relación con los hechos.

Desde la Comandancia de Almería pudieron dar a conocer ayer todos los detalles de la actuación de los agentes que comenzó, precisamente, con el arresto de Rodríguez la tarde del lunes al ser sorprendido descargando 1.400 kilos de productos fitosanitarios no autorizados. Los guardias del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Almería lo sorprendieron en su propio domicilio bajando la mercancía -1.200 kilos de diclorvos y 249 kilos de otros productos- de un camión y dirigiéndose a los bajos de la casa donde estaban almacenadas otros envases con productos. En concreto, el diclorvos se presentaba en envases de cinco kilos y bajo la denominación de DDVP 98% TECH que viene a indicar la alta concentración de este principio activo que carece de registro sanitario en España.

Continuando con la investigación, la misma tarde del lunes se efectuó la inspección de un local comercial situado en la capital almeriense, donde la Guardia Civil se incautó de 77,75 kilogramos de productos fitosanitarios ilegales de varias denominaciones así como de diversa documentación relacionada con la comercialización de este tipo de productos, procediendo a la detención de un hombre identificado como F. C.A. y que tiene antecedentes por delitos similares.

El Seprona especificó que las actuaciones anteriores contra F. C. A., se produjeron en 1996 cuando fue arrestado, además de imputarlo tres veces en los años 2004 y 2006 por su implicación en hechos similares al que ahora se ha investigado y que tenían que ver con la comercialización, distribución y uso de fitosanitarios ilegales.

Las siguientes actuaciones se llevaron a cabo durante la jornada del martes y concluyeron con la detención de J. R.F., y F. J.D.M., en El Ejido y La Mojonera, respectivamente. Se valoró por parte de los agentes que estaban implicados en la misma trama investigada y se intervinieron en esta ocasión más de 13 kilogramos de productos sólidos y líquidos prohibidos y dos cañones termonebulizadores para la aplicación de plaguicidas que se encontraban en poder de ambos.

Estos cañones, denominados 'Pullfog', están también prohibidos puesto que presurizan e impelen el plaguicida que ya es de por sí, reconocen desde el propio Seprona, «volátil y altamente tóxico». Estos instrumentos crean una nube inerte y en suspensión del producto que puede ser arrastrado por el viento. El producto así aplicado, dicen desde la Guardia Civil, «no sólo es perjudicial para la salud por los residuos que deja en los vegetales tratados sino que es altamente tóxico para quienes lo aplican o se encuentran en las inmediaciones de las zonas donde son empleados». La Junta ya advirtió de que el uso de diclorvos provocó en el pasado irritación en las vías respiratorias de escolares en el Poniente.

Los productos intervenidos fueron trasladados hasta la Delegación de Agricultura y Pesca y, además de no contar con el registro sanitario correspondiente, estaban siendo comercializados bajo la denominación del principio activo y en concentraciones superiores a las recomendadas por los titulares de las marcas comerciales. Eso significa que a los detenidos se les puede imputar un delito contra la salud pública pero también otro contra la propiedad industrial.

Una vez finalizada la actuación policial, se esperaba una reacción política que vino bien entrada la tarde de ayer y en palabras del propio presidente del PP de Vícar. O, mejor dicho, ex-presidente de este partido en el municipio porque a través de un comunicado de prensa a los medios anunciaba que dejaba su cargo y renunciaba a su afiliación por el momento.

No concurrirá tampoco a los próximos comicios municipales -estaba en la lista de los populares en el número 8- aunque no comentó nada sobre su actual posición como concejal en el consistorio vicario. Aunque mantuvo una reunión personalmente con Gabriel Amat y el candidato por el PP a la Alcaldía de Vícar, Rodríguez aseguró que presentó «un escrito en la sede del PP de Almería dirigido al presidente provincial del Partido Popular en el que solicita la baja cautelar en el PP, como presidente local y como afiliado, hasta que se esclarezcan los hechos».

Para justificar esa decisión argumentó que «el riguroso código ético que asumimos los militantes del PP nos impone la obligación moral de causar baja como afiliados en el supuesto de que podamos estar incursos en algún procedimiento» y valoró que «aunque es cierto que la Constitución reconoce el Derecho de Presunción de Inocencia, mi obligación es solicitar la baja cautelar del PP hasta que se esclarezcan los hechos». Con esta actuación, desde el PP consideran que Rodríguez está dando ejemplo de la forma de actuar del Partido Popular que, a juicio de la dirección en Almería, «dista mucho de la de los miembros de otros partidos que han querido implicar al PP en una situación que pertenece a la vida privada de José Rodríguez y que nada tiene que ver con la actividad política que desempeña».