La UE pide una comisión independiente para que medie en el conflicto de Albox

IDEAL/ÁFRICA MATEO Y AGENCIAS/ALMERÍA Y BRUSELAS. 12-04-07

El PP vota en contra de esta medida y del informe elaborado 'in situ' por dos eurodiputados al considerar que persigue desgastar al los gobiernos populares.

La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo aprobó ayer con el respaldo de todos los grupos políticos salvo el Partido Popular el informe que denuncia los abusos urbanísticos en la Comunidad Valenciana, Madrid y Almería y reclama que se creen comisiones independientes para mediar en disputas sobre proyectos de urbanización y que se compense adecuadamente a los propietarios perjudicados. En total, 15 eurodiputados votaron a favor y 3 en contra.

El PP votó 'no' después de que el presidente de la comisión y coautor del informe, Marcin Libicki, rechazara su petición de retrasar la votación para poder presentar nuevas enmiendas a un texto «con el que básicamente estamos bastante de acuerdo», según dijo el eurodiputado, Luis Herrero. Más duro se mostró el parlamentario popular Carlos Iturgáiz, que rechazó de pleno el informe al considerar que su único objetivo es «intentar desgastar al Gobierno del PP en Valencia».

Denuncias previas

En concreto, en lo que respecta a Almería, el informe denuncia un acuerdo «tácito» entre el alcalde de Albox y los constructores que levantaron varios centenares de viviendas ilegales en el municipio albojense y que luego vendieron, en su mayoría, a ciudadanos británicos, que presentaron sendas denuncias en el Parlamento Europeo.

En este sentido, el otro ponente del texto, el laborista británico Michael Cahsman, hizo traer ayer a la sala donde se celebraba la reunión de la comisión de Peticiones dos grandes baúles que contenían las «15.000 peticiones» recibidas de ciudadanos europeos por abusos urbanísticos en la Comunidad Valenciana para demostrar que no son «una invención» como sostiene el Gobierno valenciano.

También pide la creación de comisiones especiales, con la participación de los defensores del pueblo regionales, que tengan un poder de arbitraje en las disputas sobre proyectos de urbanización, y a los que puedan acceder de manera gratuita los afectados. Finalmente concluye que, cuando haya que otorgar una compensación por la pérdida de propiedad, se haga a un nivel adecuado que se ajuste a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE y del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.