Almería Medio Ambiente

MANIFIESTO POR UNA DEMOCRACIA DEL TERRITORIO

DE LA

COORDINADORA CIUDADANA EN DEFENSA DEL TERRITORIO

Versión completa, ver resumida aquí: www.nosevende.org

CCDT. 14-04-07

Desde la Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio, integrada por más 600 colectivos de todo el Estado español, denunciamos que:

Nos encontramos ante un hecho histórico: nunca en la historia europea se había producido una ocupación del suelo tan extrema por sus dimensiones y su impacto como la que tiene lugar actualmente en todo el territorio español. Se trata del mayor expolio social, medioambiental y cultural de la historia europea. España está sometida a un desorden territorial sin precedentes, es uno de los países desarrollado que peor gestiona su territorio, con una ausencia total de cultura del territorio y un estado de excepción en política urbanística que se basa en el beneficio económico desmesurado y cortoplacista de quienes promueven la construcción. Podemos decir que España es Marbella: Marbella es el paradigma de la situación que afecta a todo el territorio y del déficit democrático del país. Las distintas administraciones autonómicas, en lugar de actuar regulando y recortando los crecimientos desmesurados de cada municipio tienden a legitimarlos, careciendo el territorio de una ordenación mínima que permita una sostenibilidad medioambiental, una estructuración social y una administración global de los recursos.

Tal como desvelan numerosos informes oficiales (en particular mencionamos el Informe de Cambios de Ocupación del Suelo del OSE de 2006) en España se consume más cemento y se construye más que en el Reino Unido, Francia y Alemania juntos y la mitad que en EEUU. En 2005 se construyeron en España más de 800.000 viviendas y en 2006 ha llegado a las 900.000, consumiendo cada año la superficie equivalente a 50.000 campos de fútbol. Desde 2000 se han construido 4 millones de casas. Actualmente, según nuestros cálculos, en España se está recalificando suelo para más de 20 millones de viviendas que duplicarían el parque inmobiliario español, de las que más de 10 millones podrían construirse en los próximos 10 años. Hay a su vez una precariedad generalizada de recursos, en particular del AGUA, que hacen inviables la mayor parte de los desarrollos previstos. El problema afecta a todo el territorio, damos a continuación algunas cifras de previsión de desarrollo de zonas especialmente castigadas: la Comunidad de Madrid (más de dos millones de viviendas previstas), La Comunidad Valenciana (más de un millón), Murcia (más de 800.000), Almería (cerca de dos millones), Málaga (más de un millón), la costa gallega (650.000), sin olvidar el resto de comunidades autónomas, de la costa, el interior y la islas. Por todo ello concluimos que:

La cuestión urbanística es el problema más grave del Estado Español:

Uno de los mayores problemas sociales:

El actual crecimiento urbanístico profundiza las diferencias en la estructura social, acentuando viejas y nuevas desigualdades. El modelo inmobiliario español extrema la división económica y social del espacio, favoreciendo los procesos de segregación y produciendo una desestructuración territorial que, finalmente, se traduce en un empeoramiento ostensible de las condiciones de vida. El modelo territorial que se está configurando es de crecimiento difuso y fragmentado y genera una enorme necesidad de movilidad motorizada privada. Se generan modelos urbanos antisociales, con la proliferación de enormes ciudades-urbanización, con un modelo de elevado consumo de recursos, que al tiempo que destruyen el paisaje y el medio natural generan tejidos urbanos desmembrados y hacen desaparecer el espacio público, dejando como única alterativa los centros comerciales y de ocio y el consumo privado. La especulación urbanística ha convertido una parte importante del territorio español en un ámbito privilegiado de actuación de las mafias internacionales. Por otro lado, las características urbanísticas de muchos de los nuevos desarrollos, auténticas ciudades fantasma de segunda residencia faltos de equipamientos y servicios, favorecen la aparición de nuevas formas de inseguridad ciudadana, cada vez más frecuentemente combatida con inquietantes políticas de seguridad que buscan convertir a cada vecino en un policía.

El deterioro de la calidad de vida llega a afectar a la salud pública, dado el estado tercermundista de saturación del saneamiento y la proliferación de vertidos contaminantes en todo el país. El uso intensivo de recursos casi inexistentes como agua eleva este problema a una categoría de primer orden y convierte la política hidrológica en una guerra entre promotores de suelo y un engaño masivo a la ciudadanía.

Se promueven las grandes infraestructuras que posibilitan la especulación del territorio (autopistas, trenes de alta velocidad, aeropuertos, puertos), a menudo con subvenciones millonarias de la UE, mientras se acrecienta un estado de precariedad generalizada en todas las infraestructuras básicas y los servicios que el ciudadano necesita

España es uno de los países con más viviendas vacías y donde más viviendas se construyen por habitante y sin embargo es también un de los países donde la vivienda es más inaccesible: desde 1997 los precios de la vivienda se han duplicado; la espiral especulativa infla artificialmente el precio de la vivienda hasta hacerla inaccesible para enormes sectores de la población al tiempo que empeoran las condiciones de vida al saturarse las infraestructuras y masificarse el territorio. El crecimiento propuesto no puede justificarse en términos de demanda de viviendas ya que una parte significativa de dicha demanda es puramente especulativa.

Al problema de la vivienda hay que añadir el drama humano de quienes son desalojados por no poder pagar la hipoteca, un problema cada día mayor, así como los abusos relacionados con expropiaciones forzosas y recalificaciones, el mobbing inmobiliario, y de otros tipos. Podemos hablar de millones de víctimas de los abusos urbanísticos en España.

El ciudadano es víctima sistemática de esta situación, encontrándose en una posición de creciente precariedad ante los abusos urbanísticos y las estafas. El comprador de viviendas se encuentra afectado por una situación de estafa generalizada ya que, como demuestra el informe de la Asociación de Usuarios Bancarios Ausbanc de 2005, el 98% de la publicidad de la industria inmobiliaria es engañosa.

Los derechos ciudadanos a la participación en la planificación territorial y urbanística son sistemáticamente lesionados al ponerse dificultades de toda índole y promoverse un clima de desinformación generalizada en el que la propia administración practica una demagogia desarrollista según la cual este modelo insostenible y destructivo de crecimiento beneficiaría a todos, lo que induce a que la gravedad de la cuestión no sea reconocida actualmente por la sociedad.

Uno de los mayores problemas medioambientales:

El territorio está sometido desde hace décadas a un proceso de urbanización salvaje que ha destruido enormes sectores de forma irreversible, en particular la casi totalidad de la costa y el entorno de las grandes urbes, y cada vez más otros sectores del interior. El Urbanismo desaforado es motor constante de destrucción de especies vegetales y animales protegidas, así como de yacimientos geológicos protegidos.

El actual crecimiento se caracteriza por una explotación intensiva del territorio, recalificando enormes superficies de terreno para uso residencial, con un alto consumo energético y con la proliferación de modelos insostenibles, como el campo de golf, que conllevan un elevado consumo de recursos.

Por otro lado el consumo desmesurado de recursos pone al urbanismo como principal causa del aumento de emisiones de CO2 en nuestro país, y por lo tanto como principal contribuyente al cambio climático, con la imposibilidad de controlar las emisiones a medio plazo si no se detiene drásticamente el crecimiento.

Uno de los mayores problemas culturales:

Se están destruyendo valores y señas de identidad fundamentales de la cultura: el paisaje, la cultura local y el entorno natural, que son remplazados por el hormigón y el modelo estandarizado, insostenible y globalizado de una cultura de masas ultraliberal basada en el beneficio económico cortoplacista.

El desarrollo urbanístico es acaso la mayor fuente expolio cultural de España, al destruirse sistemáticamente yacimientos arqueológicos, edificios y lugares de interés cultural, además de propio paisaje. El caso reciente de la ciudad visigoda de Toledo es solo la punta del iceberg. En el Levante Almeriense, por ejemplo, hay más de 500 yacimientos arqueológicos amenazados por la construcción.

La asimilación total en una cultura globalizada y estandarizada tiene como consecuencia el borrado de todos los aspectos significativos de la cultura, empezando por ese patrimonio irrecuperable que es el natural y paisajístico, pero también con el borrado de todas las formas de especificidad cultural, con consecuencias como la pérdida de la soberanía alimentaria. La realidad compleja del territorio se subsume violentamente en un modelo estandarizado, importado del mercado anglosajón y estadounidense, que genera enormes conflictos con la especificidad territorial, medioambiental, social y cultural.

Uno de los mayores problemas económicos:

Al estar hipercentrada en el desarrollo urbanístico la economía española está gravemente desequilibrada, con las consecuencias de un incremento de la inflación, una reducción de la productividad, una detracción de capitales y recursos humanos que deberían invertirse en otros sectores, con los riesgos enormes del estallido de la burbuja inmobiliaria, con la imposibilidad material de alimentar la economía del país de esta fuente a largo plazo y con el crecimiento desmesurado de la economía sumergida que representa, según el ministerio de Hacienda, el 20% del PIB español, con el 26% de los billetes de 500€ de la zona euro circulando en España. La década de crecimiento del mercado inmobiliario español ha tirado del empleo y el consumo pero los expertos temen que el mercado se encamine hacia un aterrizaje brusco que podría repercutir en el resto de la economía nacional, el 20% de los cuatro millones de nuevos puestos de trabajo que se han creado en el país han sido en el sector de la construcción, que es uno de los más importantes en España ya que representa más del 10% de la producción económica del país.

El desarrollo económico del país NO PUEDE justificarse de ningún modo en el desarrollismo salvaje que está acabando con nuestro patrimonio y nuestros recursos. El gobierno tiene la obligación inmediata de promover un modelo de desarrollo económico radicalmente distinto, que no esté basado en el ladrillo.

La desaparición de la agricultura y la ganadería y de otras formas de industria y comercio local, elimina las fuentes alternativas y la diversificación de la productividad, poniendo el territorio únicamente al servicio de la especulación del suelo.

Se trata de un modelo de crecimiento que está afectando ya a la propia industria turística: el informe de Exceltur de 2005 sobre el impacto del desarrollo urbanístico en la industria turística demuestra que se trata de un modelo devastador para el turismo de calidad, ya que destruye los valores del territorio y fomenta una masificación sin precedentes.

Se está creando un modelo económico y productivo crecientemente insostenible. España es el país del mundo con el mayor déficit en cuenta corriente. Importamos mucho más de lo que exportamos y esto está generando una deuda financiada por el momento por la enorme entrada de capitales foráneos que acuden a España a la inversión inmobiliaria.

Por otro lado, como es sabido, España se está convirtiendo en uno de los estados principales del mundo en lavado de dinero negro que se realiza a través del negocio inmobiliario.

Por último, el desembarco de la inmobiliarias en el sector energético puede plantear un grave problema de fuerte subida de tarifas para hacer frente al endeudamiento adquirido.

Uno de los mayores problemas políticos:

Según el tribunal de cuentas una tercera parte de la financiación de los partidos políticos es ilegal y procede principalmente de la especulación urbanística, esto convierte a la cuestión urbanística en la cuestión que más amplia y profundamente implica a todas las fuerzas políticas mayoritarias en la corrupción. El estado de corrupción generalizada -ejemplificado en el paradigma de Marbella- de las administraciones municipales y autonómicas, así como de sectores del poder judicial, la banca y la industria inmobiliaria, entre otros, encuentran en el urbanismo su principal o su único eje y representa la mayor agresión que se ha producido a nuestra democracia, socavando sus valores hasta límites inaceptables en un estado de derecho y planteando un deterioro sin precedentes de las instituciones democráticas.

A su vez el arraigo sin precedentes de las mafias internacionales en el territorio español es uno de los mayores desafíos políticos de la historia de la democracia, en particular si tenemos en cuenta que según el Fiscal de la Audiencia Provincial de Málaga existe un pacto entre sectores de la administración y las mafias internacionales para que estas blanqueen impunemente su dinero en España, con la condición, supuestamente, de que no cometan crímenes en nuestro territorio y colaboren en la lucha antiterrorista.

El modelo de crecimiento descrito es claramente anticonstitucional, al promoverse la especulación desenfrenada del suelo, atentando sistemáticamente contra el interés general, al tiempo que se dificulta al ciudadano el acceso a una vivienda digna:

Artículo 47 de la Constitución Española: Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

La causa de esta situación, única en el mundo, es:

Que desde el s.XIX en España, y cada vez más, la ley favorece la especulación y desampara al ciudadano, habiendo creado un estado de excepción en política urbanística único en el mundo, donde, además, la falta de control y la opacidad alientan la corrupción:

o plusvalías a los propietarios del suelo desde el S. XIX

o aprovechamiento futuro de suelo desde 1956

o convenios urbanísticos desde 1960

o ley de suelo del 98

o agentes urbanizadores desde el 2003 (etc., etc.)

Que en esta situación la ley desampara al ciudadano y al territorio: o no se aplica, o es lenta, o es insuficiente.
Que a este estado de excepción han venido a refugiarse y alimentarse: los fondos de inversión internacionales, las mafias, la industria turístico-inmobiliaria de masas, la financiación ilegal de partidos, entre otros, hipercentrando la economía del país, generando una situación de destrucción irreversible del territorio descontrolada y desmesurada, sin parangón en el mundo.
Que en esta situación la administración ha promovido expresamente y permitido un modelo territorial depredador, especulativo y destructivo.

Qué es imprescindible para frenar la corrupción y la especulación:

Un plan integral y drástico, posiblemente un pacto de estado, social y político, que contemple las siguientes

75 MEDIDAS CONTRA LA ESPECULACIÓN, LA CORRUPCIÓN, LOS ABUSOS URBANÍSTICOS Y LA DESTRUCCIÓN TERRITORIAL Y POR UN NUEVO MODELO DE DESARROLLO

repartidas en cuatro líneas de actuación esenciales:

1. Eliminar todas las figuras legales que favorecen la especulación (convenio urbanístico, agente urbanizador, plusvalías a manos privadas, etc.) y fortalecer los mecanismos contra la especulación y la corrupción.

2. Una ley rápida contra los abusos urbanísticos y medioambientales y Sentencias ejemplares

3. Medidas drásticas para frenar el urbanismo salvaje: Moratoria general en la recalificación (hasta que se ocupen los 3 millones de viviendas vacías que hay), crecimiento cero para todos lo municipios que han crecido más del 10% en la última década, limitar el crecimiento al 10% del suelo urbano actual por cada década en los municipios que han crecido menos del 10% en la última década; y retirada de competencias urbanísticas a los ayuntamientos y autonomías que promuevan el urbanismo salvaje.

4. Una alternativa económica y una nueva cultura de ordenación del territorio para España.

Eliminar todas las figuras legales que favorecen la especulación y la corrupción y crear otras que la impidan o dificulten expresamente, para ello el estado debe exigir a toas las comunidades autónomas la trasformación de sus normativas o en su caso recuperar las competencias necesarias para ello, si la comunidad autónoma no accediera.
1. Las plusvalías de la recalificación del suelo deben ir a manos públicas.
2. Eliminar la figura del aprovechamiento futuro de suelo.
3. La derogación de la ley de suelo estatal actual, una normativa ultraliberal importada de EEUU en la que todo el suelo es por definición urbanizable, y el retorno al modelo europeo de ley de suelo en el que este es por definición protegido.
4. La derogación de la actual ley de expropiación y la elaboración de una nueva ley que impida los abusos que actualmente se cometen por vía de la expropiación forzosa.
5. Fiscalidad sobre viviendas vacías, que puede servir también como financiación alternativa para los ayuntamientos.
6. Mecanismos de vigilancia estatales y comisiones de seguimiento.
7. Comisiones técnicas ajenas a cualquier signo político.
8. Potenciar los consejos autonómicos de urbanismo
9. Reducir el margen de discrecionalidad de los planificadores
10. Los derechos y deberes de los distintos sujetos deben establecerse en la ley y no en pactos y convenios.
11. Recuperar, por parte de las comunidades autónomas, las posibilidad de suspender las licencias urbanísticas, eliminada por la sentencia 46/92 del tribunal constitucional por no estar incluida en la ley de bases de régimen local.
12. La puesta en práctica rigurosa de las normativas relativas al Patrimonio municipal de suelo
13. Desarrollar una cultura de la transparencia destinada a informar al ciudadano de cada paso en la gestión del suelo, incluyendo medidas como colocar pancartas en solares afectados.
14. Una transformación en la financiación europea que se destina a menudo a grandes infraestructuras y proyectos que favorecen la especulación del suelo y el desarrollo urbanístico insostenible, mientras se descuidan sistemáticamente las infraestructuras destinadas a mantener y mejorar la calidad de vida del ciudadano, que se encuentra en una situación de precariedad creciente.
15. Prohibición de venta de los aprovechamientos urbanísticos de los Ayuntamientos y de suelos públicos para usos que no sean equipamientos públicos o viviendas protegidas.
16. Las elecciones municipales deben ser con listas abiertas e independientes de partidos, constituidas por habitantes del municipio.

Reforzar y agilizar sustancialmente las leyes, que actualmente desamparan al ciudadano y al territorio.
1. La creación de una ley rápida, como en el caso de la ley de género, que permita la actuación ágil de la ley en los abusos urbanísticos y medioambientales, tanto en la prevención como en la penalización y paralización.
2. La aplicación de las leyes existentes destinadas al control del desarrollo urbanístico, la defensa del medioambiente y la lucha contra la especulación del suelo, que se vulneran sistemáticamente, la articulación de mecanismos legales que pongan en práctica el artículo 47 de la constitución y persigan expresamente la especulación,
3. Sentencias ejemplares en todos los casos abiertos en la actualidad.
4. Reforzar y ampliar las fiscalías de urbanismo y medioambiente y las de anticorrupción.
5. Reforzar y ampliar los contingentes de guardia civil y las medidas para detectar los fraudes, las construcciones ilegales y otros tipos de delitos.
6. el cumplimiento de las directivas europeas de medio ambiente.
7. La puesta en práctica de mecanismos de información y participación ciudadana reales, la integración de la coordinadora y los otros organismos representantes de la ciudadanía en los órganos consultivos de cada proceso de la planificación territorial y la puesta en práctica de mecanismos de denuncia efectivos de las infracciones administrativas en que la administración incurre sistemáticamente lesionando el derecho ciudadano a la participación.
8. Desarrollar mecanismo para una democracia directa y participativa que incentive la responsabilidad ciudadana.
9. Medidas contra el mobbing inmobiliario.
10. Medidas contra cláusulas abusivas de contratos de las promotoras.
11. Alquiler forzoso de viviendas vacías.
12. Aumento de la vivienda social y protegida.
13. Desarrollar mecanismos de defensa de los integrantes de colectivos amenazados.
14. Impedir los desalojos por no poder pagar hipotecas

Medidas urgentes para frenar la situación actual de destrucción territorial y precariedad ciudadana:
1. Moratorias en las recalificaciones y en los distintos ámbitos de la planificación urbanística. municipal y autonómica, en particular donde no estén garantizados los recursos básicos como el agua y en particular moratorias en la construcción de campos de golf y resorts y nuevas estaciones de esquí.
2. Crecimiento cero de nuevas viviendas en todas los municipios que han experimentado un crecimiento superior al 10% en la última década, en todas las zonas saturadas o con problemas de abastecimiento hídrico; y crecimiento hacia adentro de las ciudades, utilizando el enorme contingente de vivienda vacía y con una regeneración coherente de los cascos urbanos que así lo necesiten;
3. Limitar el crecimiento en los municipios que han tenido desarrollo escaso al 10% del suelo urbano en cada década y limitarlo en todo caso al 10% de crecimiento vegetativo en la ultima década.
4. Retirada de competencias urbanísticas como medida de castigo y con el fin de imponer un control a aquellos ayuntamientos y autonomías que promuevan un desarrollo extremadamente insostenible y contrario al interés general.
5. Limitar las competencias municipales
6. Crear una agencia estatal que controle el desarrollo urbanístico.
7. Ocupación de las viviendas vacías, mediante alquiler o venta.
8. emisión de deuda pública para comprar suelo calificado durante los últimos cinco años a precio de escritura pública y garantizando un beneficio de un 10% anual.
9. Los crecimientos urbanísticos deben realizarse como ampliación de los actuales núcleos urbanos, recogiendo estrictamente la filosofía al respecto de las Directrices Generales de Ordenación, prohibiendo las urbanizaciones segregadas de los núcleos urbanos.
10. Aumento de la Servidumbre de Protección del Dominio Público Marítimo Terrestre de los 100 metros mínimos que prescribe la ley a los 500 metros, para blindar el frente litoral contra las presiones especulativas, este aumento se podría realizar donde no haya núcleos urbanos consolidados.
11. Retirada total o parcial de las competencias sobre suelo que no sea urbano a los Ayuntamientos.
12. La puesta en práctica inmediata de instrumentos efectivos de ordenación territorial, en su mayoría inexistentes o insuficientes, que deberían conllevar recortes masivos en la mayoría de los desarrollos previstos por los Planes Generales de Ordenación Urbana, los Planes Parciales y las modificaciones de Normas Subsidiarias municipales.
13. La puesta en práctica obligatoria de planes de infraestructuras básicas (agua, saneamiento, tráfico, red eléctrica) y de servicios, que subsanen los déficits existentes y cubran las necesidades futuras, previos a cualquier nuevo desarrollo.
14. Frenar el desarrollo de las macroinfraestructuras de la especulación, (grandes autovías, puertos, aeropuertos y trenes de alta velocidad).
15. La puesta en práctica de soluciones urgentes para la proliferación y el asentamiento de las mafias internacionales en España, que conduzcan a su erradicación.
16. Medidas drásticas protección del patrimonio arqueológico y cultural.
17. Medidas drásticas protección del patrimonio natural y paisajístico.
18. Ampliación de los espacios naturales protegidos y creación de franjas de amortiguamiento de al menos 5km donde no se pueda construir y sí desarrollar actividades de ganadería.
19. Mayor control legal y administrativo sobre los vertidos derivados de la construcción, demolición y obras públicas, especialmente los que la legislación europea considera vertidos peligrosos.
20. La ejecución efectiva de la ley de Montes.

Poner en práctica de forma inmediata alternativas económicas y otros modelos de desarrollo que puedan estar plenamente operativos en el plazo máximo de dos años.
1. La puesta en práctica de alternativas económicas y de un modelo de transición a esas alternativas que permitan abandonar la construcción como principal fuente de empleo precario y temporal y de “riqueza” para unos pocos
2. La puesta en práctica de modelos de desarrollo y de una cultura del territorio que respeten y refuercen los valores sociales, medioambientales y culturales del territorio español y cada una de sus partes, que defienda y protejan expresamente los valores del territorio y su complejidad como patrimonio esencial.
3. La puesta en práctica inmediata de instrumentos efectivos de ordenación territorial, en su mayoría inexistentes o insuficientes, y de un planeamiento estratégico, que debería conllevar recortes masivos en la mayoría de los desarrollos previstos por los Planes Generales de Ordenación Urbana, los Planes Parciales y las modificaciones de Normas Subsidiarias municipales.
4. Potenciación del suelo no urbanizable, protegido o rústico como principal valor de nuestro territorio y facilitar la posibilidad de la recalificación de suelo urbano a suelo rústico o de protección ambiental.
5. La puesta en práctica de planes de renovación drásticos de los sistemas de saneamiento en todo el territorio.
6. La apuesta fuerte por la investigación y promoción de energías renovables y la regular la movilidad motorizada y todas la fuentes de consumo intensivo de recursos.

Nada de esto se está promoviendo actualmente desde el gobierno. Las medidas adoptadas hasta ahora son tibias, totalmente insuficientes y no sirven para atajar la situación, son meras pantallas electoralistas. El anteproyecto de ley de suelo es inaceptable y sirve para intensificar muchas de las barbaries actuales.

....¿Por qué?: porque los partidos políticos no quieren dejar de financiarse con la construcción y los corruptos no quieren dejar de robar. Nos preguntamos si existe acaso un “pacto de no agresión” entre el PP y el PSOE, principales aunque no únicos partidos implicados en la corrupción, para impedir que salga a la luz la realidad de la corrupción en España en toda su magnitud.

Quien es responsable de esta situación:

	La administración municipal, por ser el eje de la corrupción, la especulación y el desorden territorial;
	La administración autonómica, que tiene la competencia de ordenar el territorio;
	La administración central, por no adoptar medidas frente a un problema de esta magnitud;
	Todos los partidos políticos, por ser agentes activos en la corrupción y la especulación,
	Todos políticos corruptos, que ceden a las “ofertas” y presiones de promotoras, mafias y otros agentes.

Exigimos: La intervención inmediata y tajante del gobierno Español y de todas las autonomías, de la UE, la ONU, la UNESCO y todos los organismos internacionales competentes para frenar esta destrucción sin precedentes.

Las democracias sucumben por la corrupción. ¿Hasta cuando esta situación?...

Hacemos un llamamiento a TODA la ciudadanía

CONTRA LA ESPECULACIÓN Y LA CORRUPCIÓN URBANÍSTICA

EN DEFENSA DEL TERRITORIO

POR UNA VIVIENDA DIGNA

POR OTRO MODELO DE DESARROLLO

________________________________________

EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA

TODOS JUNTOS PODEMOS PARARLOS

TODOS JUNTOS DEBEMOS PARARLOS

GOBIERNE QUIEN GOBIERNE

EL TERRITORIO NO SE VENDE

La Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio, creada el 1 de abril de 2006, es una entidad de ámbito estatal integrada por más de 600 colectivos ciudadanos, ecologistas, vecinales, culturales y de otra índole, por personas, y por otras coordinadoras de ámbito autonómico y provincial, de todo el estado español, con el objetivo de crear un nuevo movimiento ciudadano con el espectro más amplio posible, basado en la convicción de que todos juntos podemos parar esta locura. No forman parte de la CCDT partidos políticos, empresas ni sindicatos mayoritarios.

¿Qué hacemos?:

o crear redes de coordinación de miles de asociaciones en todo el estado

o movilizaciones, manifestaciones y actos de protesta

o denuncias por la vía administrativa y legal

o acciones de cara al parlamento europeo, el gobierno español y las autonomías

o campañas de información al ciudadano

o elaboración de informes

...y mucho más...

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