La investigación de la UE sobre las casas ilegales de
Almería reconoce que la mayor parte de los compradores sabían a lo que
se exponían
TELEPRENSA. 08-04-07
El conservador polaco Marcin Libicki y el laborista británico Michael
Cashman, los eurodiputados que investigan por delegación del parlamento
europeo la corrupción urbanística en Almería, Madrid y Valencia,
defenderán el martes, once de abril, un informe del que hasta ahora sólo
se conocían algunas partes al no haber sido traducido aún por los
servicios administrativos de la eurocámara a todos los idiomas oficiales
de la Unión. Teleprensa ha realizado esta tarea con el fin de conocer lo
que se dirá sobre Almería en un informe que, sobre todo, carga las
tintas contra la comunidad valenciana. No obstante, el Valle del
Almanzora queda seriamente dañado y más en concreto la imagen de Albox,
localidad de la que se dirá en la Comisión de Peticiones del Parlamento
Europeo que su alcalde, Francisco Granero, está siendo investigado y que
una trama entre administración local, promotores y abogados, ha llevado
al engaño absoluto a los ciudadanos extranjeros afincados en esa zona.
En el informe también se recogen apreciaciones hechas en la entrevista
mantenida en Almería, reflexiones del tipo “parece claro que aquellos
que han comprado casas ilegales de buena fe, sin saberlo (porque han
sido engañados o víctimas de un fraude) según el gobierno regional, no
son tantas como aquellos que son responsables de lo sucedido”, suscriben
Libicki y Cashman.
Según la traducción no oficial realizada para teleprensa.es, en el
apartado dedicado a Andalucía y en concreto a Almería, los eurodiputados
exponen que: “Aunque el día de la visita coincidiera con el Día de
Andalucía, los representantes del gobierno regional en la Provincia de
Almería se reunieron durante dos horas con los delegados del Comité de
Peticiones para hablar de las leyes de urbanismo en Andalucía y su
aplicación en las distintas provincias.
Las autoridades informaron a los delegados sobre sus objetivos de un
desarrollo ordenado, sostenible y planeado del territorio. Pero
admitieron y reconocieron que varias autoridades municipales habían
actuado incorrectamente y en algunos casos, como en Málaga, habían
actuado ilegalmente, pero que el alcalde y varios de sus concejales
habían sido detenidos. Declararon que la construcción ilegal no disponía
de los servicios mínimos de agua, electricidad y recogida de basura,
reconociendo que las enormes sumas de dinero se habían obtenido a costa
de tales prácticas ilegales.
Los representantes del gobierno regional afirmaron que, materia de
aplicación de las leyes urbanísticas, las autoridades municipales tenían
un elevado nivel de autonomía, pero que estaban obligadas a actuar
dentro de ciertas pautas, en cuanto al tamaño y el grado del desarrollo,
(desarrollo sostenible que reiteraron era la primera prioridad de la
planificación de uso de tierra).
Ellos también indicaron que no todas las autoridades locales consultaban
al técnico urbanístico y que las reglas de Valencia no eran aplicables a
Andalucía. Afirmaron también que un grupo de promotores locales podría
haber combinado sus recursos para desarrollar conjuntamente el terreno,
en lugar de hacerlo individualmente.
Cuando las autoridades locales decidieron que el desarrollo era
necesario para el público en general, se contrató al constructor que
hace su oferta la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Unión
Europea, según la ley andaluza.
La información relacionada con proyectos urbanísticos fue publicada y
los promotores afectados fueron informados, así como los notarios y
registradores ya que fueron los que legitimaron la obra.
La recalificación del terreno de rural urbanizable, implica que el dueño
de la tierra tiene que ceder el 10% del terreno a las autoridades
locales para la utilidad pública y que el promotor debe pagar una
proporción del coste de los nuevos servicios.
Durante la reunión mantenida, las autoridades afirmaron que el interés
público debe ser definido según las necesidades específicas de cada
desarrollo que tiene en cuenta coacciones ambientales, económicas y
sociales de cada comunidad implicada.
Los delegados del Comité de Peticiones, fueron informados que todos los
proyectos debían ser notificados al Gobierno Regional para su aprobación
final y que los proyectos podían ser desechados si consideran que no
cumplían con los principios de la ley regional. Los ciudadanos son
capaces de apelar contra la planificación de decisiones a las
autoridades regionales y una Corporación de inspectores ha sido
establecida para investigar la realización de proyectos urbanísticos. La
cabeza del Servicio de Investigación estaba presente para la discusión
del mismo. Las prescripciones han sido impuestas a proyectos de
urbanización que no han cumplido con los criterios de conservación y de
desarrollo sostenible.
Existen cinco casos disciplinarios contra autoridades locales por
actividades urbanísticas ilegales.
Sin embargo, era aparente que a pesar de las salvaguardas, los abusos
han ocurrido. Dos en particular eran los de mayor interés para los
delegados del Comité: la situación en Ronda, y en Albox y el valle de
Almanzora. En el segundo caso, existió un tácito entre constructores y
las autoridades locales que llevó a la construcción de varios cientos de
casas ilegales que fueron compradas sobre todo por expatriados, por
agentes inmobiliarios certificados y abogados, de buena fe. Muchos de
ellos están ahora bajo la amenaza de demolición. El Alcalde está bajo
investigación.
La delegación fue informada por las autoridades regionales que el estado
ilegal se aplica sólo a la vivienda y no a la tierra en la cual está
construida. Una casa ilegalmente construida puede ser demolida y la
tierra repoblada hasta alcanzar su estado original. (Una comparación
desafortunada se realizó entre la compra de una casa ilegal y la compra
de un coche ilegal, que la ley confisca.) Afirmaron que, nadie que
compre una casa ilegal de buena fe, puede emprender acciones legales en
contra del vendedor, ya que dicho procedimiento le podría llevar años y
podría ser demasiado costoso.
Sin embargo, parece claro que aquellos que han comprado casas ilegales
de buena fe, sin saberlo (porque han sido engañados o víctimas de un
fraude) según el gobierno regional, no son tantas como aquellos que son
responsables de lo sucedido.
Tampoco puede afirmarse que la culpa o responsabilidad se le debe exigir
a las autoridades locales, a los constructores que se han beneficiado
con la construcción, y las autoridades regionales que eran ignorantes de
lo que pasaba o que decidieron no actuar para prevenir tal
acontecimiento. No hay, en resumen, ningún procedimiento aparente, fuera
de los tribunales, para resolver el problema.
Es cierto que ambos casos de construcciones ilegales son completamente
diferentes, a pesar de que ambas construcciones se realizaran sobre
zonas prohibidas, bien zonas especiales de conservación o llanuras
sujetas a inundaciones designadas.
Para evitar la demolición, el propietario está obligado a conseguir una
rectificación del estado de la tierra o los permisos de edificación
pueden ser una posibilidad que conservará su propiedad.
Tomando uno u otro camino y considerando la gravedad del asunto, debería
existir algún tipo de tribunal administrativo que se dedicara a resolver
tales asuntos, ya que en dicho problema están implicados todos los
partidos. Sería una forma de aliviar de tal carga a las víctimas
inocentes de esta situación. Lo que es evidente es que los residentes de
las viviendas ilegales de Albox no recibieron el consejo apropiado por
parte de las autoridades locales, topógrafos o abogados.
Conclusiones.
La aplicación de las leyes de urbanismo han resultado ser problemáticas
en algunas de las Comunidades Autónomas. Las presiones para realizar
proyectos de desarrollo urbanístico, están promovidas principalmente por
la comunidad comercial, ya que son las que más se lucran con estas
actividades.
Los residentes locales, español o no, son los principales afectados en
tales proyectos urbanísticos, e inevitablemente son los que más tienen
que perder. El algunos casos se arriesgan a perderlo todo,
principalmente los residentes de la Comunidad Valenciana.. Fue en esta
región donde la delegación del Comité de Peticiones se encontró con la
mayor arrogancia y las menos explicaciones a cerca de la explotación
urbanística de gran número de parques naturales y zonas protegidas. Por
otra parte, es la región de donde proceden la mayoría de las quejas.
Esto no quiere decir que no existan problemas en otras comunidades.
La solución al problema de excesivo urbanismo, podría solucionarse con
la colaboración de las autoridades locales y las asambleas regionales.
El gobierno nacional tiene que desempeñar el papel de asegurar el
cumplimiento del Tratado y la legislación de la Unión Europea, en
asuntos como derechos fundamentales. La Constitución española tampoco ha
sido probada en relación a la explotación urbanística que tantas
víctimas ha creado. La única tentativa, de un importante abogado
valenciano, de llevar el caso al Tribunal Constitucional, en una materia
procesal.
No fue mucho antes, cuando el tema llegó a la Corte Europea de Justicia,
cuya decisión fue en contra de España y de las Autoridades Locales, ya
que se las consideró las responsables de los problemas causados a las
víctimas.
El Comité de Peticiones continúa decidido a cumplir con sus
responsabilidades haciendo cumplir el Tratado, para defender al
ciudadano europeo y darle su firme apoyo. Existe sin duda una carencia
en el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos,
en materia de defensa de sus propiedades. El Parlamento Europeo y las
demás instituciones de Unión Europea tienen una obligación clara de
asegurar a los ciudadanos que nadie viole sus derechos fundamentales. Es
de interés general que esto suceda lo antes posible.
Traducción íntegra del informe completo
Introducción.
El comité de Peticiones está interesado y profundamente preocupado como
consecuencia de la negación persistente de los derechos legítimos de
muchos ciudadanos europeos en España, más notablemente en la comunidad
valenciana, a su región y a sus casas. Se han convertido en las víctimas
colaterales de muchos programas urbanísticos fundados sobre la
legislación que proporcionan privilegios y riquezas al promotor y que
niegan la integridad a las personas individuales.
En un gran número de casos documentados, los Ayuntamientos han creado
los planes de desarrollo urbano de acuerdo con las necesidades del
crecimiento de población y del turismo, pero en la mayoría de los casos
estos planes se deben únicamente a su codicia y avaricia. Apenas día
pasa sin noticias de un Alcalde, o concejal de un pueblo, que han sido
investigados o acusados de corrupción urbanística. ¿Cuántos agentes
urbanísticos están relacionados de una manera u otra con aquellos
encargados de controlar los municipios? Estos últimos reciben a cambio
importantes ganancias cuando recalifican terrenos, o al convertir el
terreno rústico en urbano.
Lo que se está extendiendo a lo largo de la región costera española del
Mediterráneo no es tanto el desarrollo sostenible programado de
comunidades locales - aunque tales desarrollos existen; sino la
destrucción de comunidades enteras y cultura, así como la destrucción de
la frágil flora y la fauna que puebla el litoral. Es decir, el
enriquecimiento enorme de una minoría pequeña a costa de una mayoría.
Las laderas de las montañas y los acantilados están siendo invadidas por
un cáncer de viviendas impersonales, no por necesidad, sino porque
proporcionan unos importantes beneficios para el constructor y el
promotor, así como para el arquitecto y el abogado.
Durante los últimos veinte años aproximadamente ha habido una creciente
tendencia por parte de los turistas en adquirir propiedades en el
acogedor clima del Mediterráneo español. Es el lugar perfecto para
empezar una nueva vida o para pasar sus años de jubilación. Los
españoles también han pasado a establecer sus residencias en las zonas
rurales, dejando las ciudades como lugares exclusivos para trabajar. Las
nuevas leyes sobre el territorio acompañan esta tendencia pretendiendo
proporcionar un proceso de desarrollo sensato. Ha habido una mina de oro
económica sin precedentes en la industria de la construcción cuando la
propiedad rural ha sido urbanizada
Muchos decidieron comprar sus propiedades en pequeñas comunidades
rurales; comprando viviendas rurales viejas restaurándolas ellos,
viviendas que fueron adquiridas perfecta y legalmente y legítimamente.
Los derechos de propiedad una vez han sido adquiridos legalmente deben
permanecer normalmente, excepto en el caso del interés público
justificado y apropiadamente definido cuando la compensación correcta
deba ser proveída. Sin embargo los edificios construidos y renovados
sobre región rural son precisamente aquellos que son los más vulnerable
al tipo de complejos habitacionales generados por las nuevas leyes de
vivienda de España que han creado las situaciones donde una casa no
puede ser no más sólida que un castillo hecho de la arena.
Como se ha mencionado anteriormente, los propietarios legítimos se han
convertido en las víctimas de leyes como el LRAU y ahora el LUV en
Valencia, que les obligan a que den el 10% de su terreno sin recibir una
compensación aparentemente, y luego crean un cargo financiero arbitrario
de ser pagado en efectivo para la nueva infraestructura sin la consulta
de aquellos que poseen el terreno.
Los residentes de pueblo de repente se tienen que adaptar a que el
tamaño y la población de su comunidad rural se vea multiplicada, como
resultado de las de ambiciones de sus alcaldes, sin recibir por dichas
molestias ninguna compensación, beneficio que en cambio si recibirán los
promotores. El impacto medio ambiental, la disponibilidad del agua y
suministro de energía, no son más que consideraciones secundarias y sin
importancia para aquellos nunca tendrán que vivir en el desarrollo
urbano que ellos mismos crean.
Además, otro fenómeno inquietante ha surgido cuando los ciudadanos, cada
vez más europeos, compran la propiedad de buena fe sólo para aprender
que, habiendo pagado a sus abogados, a sus agentes inmobiliarios y a sus
constructores, sin contar con los impuestos que pagan, sus casas son
consideradas ilegales, convirtiéndose ellos en las víctimas de los
despiadado Ayuntamientos que, a sabiendas, aprueban la nueva
construcción en terrenos que habían sido previamente certificados para
tal objetivo.
El ciudadano se convierte en el culpable, las autoridades municipales un
intermediario pasivo, el gobierno regional no tiene ninguna
responsabilidad y las autoridades nacionales afirman que ellos no pueden
interferir a pesar de las obligaciones del Tratado y de la ley de la
Unión Europea.
Esta es la Europa de libertad de movimiento, de libertad de bienes y
servicios, de libertad de explotar impunemente.
Peticiones.
Las primeras peticiones surgieron a principios de 2003, de manos de un
grupo de acción de ciudadanos valencianos formado por víctimas de estos
abusos urbanísticos. Fueron las más apoyadas, con más de 15.000 firmas.
La plataforma de víctimas se llamó, ¡Abusos Urbanísticos No! (AUN).
Otras muchas fueron también presentadas por asociaciones de comunidades
locales, que en ocasiones representaban a un grupo de expatriados
alemanes, ingleses, y un largo etc. Otras en cambio fueron presentadas
por los propios españoles.
La llegada de más y más nuevas peticiones hizo imposible la tarea de
registrar cada una de ellas individualmente, por lo que se fueron
incluyendo todas dentro de la petición de AUN. Sin duda esto fue un
error, cometido debido al enorme volumen de quejas que recibían.
No han dejado de aparecer noticias en los medios de comunicación a cerca
del abuso relacionados con la tierra. Y cada vez los periodistas
disponen de información de mayor calidad para argumentar sus textos.
El Comité de Peticiones, al abordar esta materia, se percató de que sus
responsabilidades estaban limitadas debido al Tratado, y que eran las
Comunidades Autónomas españolas y las autoridades nacionales del país,
las que tenían la obligación y el deber político y legal de corregir y
solucionar este abuso, si era necesario incluso a través de los
tribunales. Sin embargo, y desgraciadamente, tres años después de que
las primeras peticiones fueran recibidas, muy poco ha cambiado desde
entonces. A pesar de las promesas y las nuevas leyes que se han creado,
la situación es incluyo peor que entonces. Muchas miles de las personas
que han comprado su vivienda, de buena fe, en distintas partes de España
viven con la espada de Damocles suspendido sobre sus casas y sus
derechos.
Tras una primera visita de investigación en 2004, se elaboró un informe,
el cual incluía varias recomendaciones, que fue aprobado por la Comisión
de Peticiones. Después de una segunda visita en 2005, el Comité preparó
otro informe que fue presentado por el ponente Mme Janelly Fourtou, ante
el pleno en diciembre de 2005. La resolución adjunta fue aprobada por
550 miembros contra 45, con tan sólo 25 abstenciones. Se esperaba que
tuviera un impacto positivo en aquellos que tomaban las decisiones en
España, pero un cambio de gobierno en Madrid condujo a una revisión de
la ley de ordenación urbana.
El Comité de Peticiones ha continuado luchando por los derechos
fundamentales de los ciudadanos europeos, cuyas propiedades han sido
violadas. Además, el Comité tenía serios indicios para creer que la
legislación europea específica para la cual el Parlamento Europeo, la
Comisión y el Consejo tienen la competencia, no estaba siendo respetada
por el Gobierno valenciano y las autoridades españolas. La Comisión
europea estuvo de acuerdo con esta evaluación en relación con las
Directivas de la Unión Europea en materia de procedimiento público, por
el cual el artículo infringido 226 fue aprobado.
Parece muy probable, después de las investigaciones de Comité, que otras
Directivas tampoco están siendo respetadas, en lo que respecta a grandes
proyectos urbanísticos. Estos incluyen: las Directivas de Impacto
Ambientales, la Directiva de Marco de Agua, la Directiva de Aguas
residuales, la Directiva de Ecosistemas, y la Directiva de Aves y en
muchos casos también la Directiva de Blanqueo de Dinero.
El Parlamento Europeo tienen la obligación de garantizar los derechos de
los ciudadanos donde quiera que éstos deseen vivir, pero son las
autoridades locales y regionales las que tiene que velar por encontrar
una solución a las preocupaciones de los ciudadanos.
Las recomendaciones del parlamento hasta ahora.
Como se ha mencionado anteriormente, muchas de las recomendaciones
fueron hechas por el Comité de Peticiones en julio de 2004, tras la
primera visita de investigación. Después de una crítica evaluación de la
situación, el Comité quiso explorar medios más serios de reparación y
compensación para las víctimas valencianas, así como para sancionar los
abusos realizados por parte de las autoridades regionales y municipales.
Fue el Parlamento Europeo, cuya función era “respetar los derechos y las
obligaciones de la ciudadanía de la Unión Europea”, los únicos en votar
las recomendaciones que han sido hasta ahora establecidas sobre la base
de un mandato institucional. Entre estas recomendaciones se encuentran
las siguientes:
ß Las futuras regulaciones respetan los derechos de los dueños de
propiedad y los proyectos de desarrollo urbanístico que muestren un
respeto por el desarrollo sostenible, el medio ambiente, y la ecología,
ya que éstas son políticas fundamentales de la Unión Europea.
ß La inclusión en la nueva ley de una definición clara de “interés
público”, para no dar lugar a confusiones y para prevenir de que la
promoción se realice por intereses privados, más que públicos.
ß El establecimiento de criterios obligatorios para el cálculo de la
compensación, en casos de daños o pérdidas, sobre la base de estándares
y principios reconocidos por la jurisprudencia del ECJ y el ECHR.
ß Las medidas para asegurar que cada propietario de terrenos, preocupado
por cualquier plan de desarrollo, sea informado individualmente con
eficacia y a debido tiempo de cualquier plan o cualquier aspecto que
pueda afectar a su propiedad y derechos fundamentales.
ß Las oficinas de reclamaciones deberían ser establecidas bajo la
responsabilidad de las autoridades locales y del Gobierno de la
Comunidad Valenciana.
Mientras tanto, el urbanismo ha continuado sin disminuir nada,
apareciendo gran número de nuevos proyectos urbanísticos, realizados con
celeridad para aprovechar la vieja ley, antes de que entre en vigencia
la nueva ley (ley que entrará en vigor en febrero de 2006). Durante este
tiempo, las quejas han seguido llegando al Parlamento desde distintos
puntos de la geografía española.
Gran número de casos han llegado a los tribunales pero permanecen sin
abrir, según la publicación digital de Noticias de Valencia.
Habiendo considerado el problema en varias ocasiones en 2006, y en
particular después de reunión del Comité el 28 de noviembre de 2006
donde los solicitantes y las autoridades valencianas estaban presentes,
se propuso una nueva visita de investigación. Una carta al presidente
del Parlamento Europeo que busca la autorización para realizar la visita
el 22 de diciembre.
La visita de investigación 2007.
Ante las tentativas de retrasar la visita y los ataques a la integridad
de los miembros de la delegación, que ocurrieron desde dentro y fuera
del Parlamento, la Oficina tomó una decisión para aprobar la misión de
visitar Valencia, Madrid y Andalucía el 12 de febrero. Se concretaron
para tal efecto visitas durante las fechas del 27 de febrero al 3 de
marzo.
Habiendo recibido también peticiones de Madrid y Andalucía, estas
regiones autónomas también fueron incluidas en la misión a fin de
proveer, además de una evaluación de peticiones, una perspectiva
distinta de la aplicación de la ley urbana en una comunidad distinta a
la valenciana.
Habiendo conocido a algunos de los representantes diplomáticos de la
Unión Europea en Madrid, la delegación viajó a Almería, en Andalucía.
La delegación se arrepintió que la reunión no se hubiera realizado
antes, ya que las peticiones se enviaron con bastante antelación a los
representantes de España en el Parlamento Europeo de Bruselas. Los
motivos dados para argumentar la respuesta negativa, no parecieron
demasiado creíbles dadas las circunstancias de la visita y los objetivos
del equipo de investigación.
Andalucía.
Aunque el día de la visita coincidiera con el Día de Andalucía, los
representantes del gobierno regional en la Provincia de Almería se
reunieron durante dos horas con los delegados del Comité de Peticiones
para hablar de las leyes de urbanismo en Andalucía y su aplicación en
las distintas provincias.
Las autoridades informaron a los delegados sobre sus objetivos de un
desarrollo ordenado, sostenible y planeado del territorio. Pero
admitieron y reconocieron que varias autoridades municipales habían
actuado incorrectamente y en algunos casos, como en Málaga, habían
actuado ilegalmente, pero que el alcalde y varios de sus concejales
habían sido detenidos. Declararon que la construcción ilegal no disponía
de los servicios mínimos de agua, electricidad y recogida de basura,
reconociendo que las enormes sumas de dinero se habían obtenido a costa
de tales prácticas ilegales.
Los representantes del gobierno regional afirmaron que, materia de
aplicación de las leyes urbanísticas, las autoridades municipales tenían
un elevado nivel de autonomía, pero que estaban obligadas a actuar
dentro de ciertas pautas, en cuanto al tamaño y el grado del desarrollo,
(desarrollo sostenible que reiteraron era la primera prioridad de la
planificación de uso de tierra).
Ellos también indicaron que no todas las autoridades locales consultaban
al técnico urbanístico y que las reglas de Valencia no eran aplicables a
Andalucía. Afirmaron también que un grupo de promotores locales podría
haber combinado sus recursos para desarrollar conjuntamente el terreno,
en lugar de hacerlo individualmente.
Cuando las autoridades locales decidieron que el desarrollo era
necesario para el público en general, se contrató al constructor que
hace su oferta la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Unión
Europea, según la ley andaluza.
La información relacionada con proyectos urbanísticos fue publicada y
los promotores afectados fueron informados, así como los notarios y
registradores ya que fueron los que legitimaron la obra.
La recalificación del terreno de rural urbanizable, implica que el dueño
de la tierra tiene que ceder el 10% del terreno a las autoridades
locales para la utilidad pública y que el promotor debe pagar una
proporción del coste de los nuevos servicios.
Durante la reunión mantenida, las autoridades afirmaron que el interés
público debe ser definido según las necesidades específicas de cada
desarrollo que tiene en cuenta coacciones ambientales, económicas y
sociales de cada comunidad implicada.
Los delegados del Comité de Peticiones, fueron informados que todos los
proyectos debían ser notificados al Gobierno Regional para su aprobación
final y que los proyectos podían ser desechados si consideran que no
cumplían con los principios de la ley regional. Los ciudadanos son
capaces de apelar contra la planificación de decisiones a las
autoridades regionales y una Corporación de inspectores ha sido
establecida para investigar la realización de proyectos urbanísticos. La
cabeza del Servicio de Investigación estaba presente para la discusión
del mismo. Las prescripciones han sido impuestas a proyectos de
urbanización que no han cumplido con los criterios de conservación y de
desarrollo sostenible.
Existen cinco casos disciplinarios contra autoridades locales por
actividades urbanísticas ilegales.
Sin embargo, era aparente que a pesar de las salvaguardas, los abusos
han ocurrido. Dos en particular eran los de mayor interés para los
delegados del Comité: la situación en Ronda, y en Albox y el valle de
Almanzora. En el segundo caso, existió un tácito entre constructores y
las autoridades locales que llevó a la construcción de varios cientos de
casas ilegales que fueron compradas sobre todo por expatriados, por
agentes inmobiliarios certificados y abogados, de buena fe. Muchos de
ellos están ahora bajo la amenaza de demolición. El Alcalde está bajo
investigación.
La delegación fue informada por las autoridades regionales que el estado
ilegal se aplica sólo a la vivienda y no a la tierra en la cual está
construida. Una casa ilegalmente construida puede ser demolida y la
tierra repoblada hasta alcanzar su estado original. (Una comparación
desafortunada se realizó entre la compra de una casa ilegal y la compra
de un coche ilegal, que la ley confisca.) Afirmaron que, nadie que
compre una casa ilegal de buena fe, puede emprender acciones legales en
contra del vendedor, ya que dicho procedimiento le podría llevar años y
podría ser demasiado costoso.
Sin embargo, parece claro que aquellos que han comprado casas ilegales
de buena fe, sin saberlo (porque han sido engañados o víctimas de un
fraude) según el gobierno regional, no son tantas como aquellos que son
responsables de lo sucedido.
Tampoco puede afirmarse que la culpa o responsabilidad se le debe exigir
a las autoridades locales, a los constructores que se han beneficiado
con la construcción, y las autoridades regionales que eran ignorantes de
lo que pasaba o que decidieron no actuar para prevenir tal
acontecimiento. No hay, en resumen, ningún procedimiento aparente, fuera
de los tribunales, para resolver el problema.
Es cierto que ambos casos de construcciones ilegales son completamente
diferentes, a pesar de que ambas construcciones se realizaran sobre
zonas prohibidas, bien zonas especiales de conservación o llanuras
sujetas a inundaciones designadas.
Para evitar la demolición, el propietario está obligado a conseguir una
rectificación del estado de la tierra o los permisos de edificación
pueden ser una posibilidad que conservará su propiedad.
Tomando uno u otro camino y considerando la gravedad del asunto, debería
existir algún tipo de tribunal administrativo que se dedicara a resolver
tales asuntos, ya que en dicho problema están implicados todos los
partidos. Sería una forma de aliviar de tal carga a las víctimas
inocentes de esta situación. Lo que es evidente es que los residentes de
las viviendas ilegales de Albox no recibieron el consejo apropiado por
parte de las autoridades locales, topógrafos o abogados.
La Comunidad Valenciana.
Es justificable que una delegación del Comité de Peticiones fuera
nuevamente enviada a Valencia por tercera vez. No sólo hay un
procedimiento de infracción todavía en curso acerca de la Directiva en
la Consecución Pública, sino también que una serie de nuevas peticiones
han demostrado que las autoridades han dejado de respetar los derechos
individuales y en lo que al agua y al medio ambiente respecta.
Durante la visita dieron a la delegación documentos acerca de casi
sesenta nuevas acusaciones del abuso de ley del territorio.
Las diferencias existentes entre la reunión mantenida con el ministro
del Gobierno Valenciano responsable, Esteban Gonzalez Pons, y las
reuniones que ocurrieron en varias ciudades y pueblos con los ciudadanos
afectados, fueron aclaradas.
También hubo un aumento del número de casos que han sido iniciados,
investigando a magistrados contra la corrupción urbanística. La
delegación visitó, en este sentido, Orihuela, Catral y el distrito
Torrevieja. El alcalde de Catral proporcionó a la delegación algunos
documentos informativos, mientras que sus miembros atendían las quejas
de los solicitantes.
En el octubre de 2006 las Autoridades Regionales destituyeron al alcalde
de Carral de sus poderes, a consecuencia del edificio de 1270 viviendas
ilegales construido al lado del parque natural de El Hondo. Las medidas
tomadas parecieron ser insuficientes ya que la construcción de las
viviendas seguía adelante, a pesar de su prohibición. Los constructores
siguen trabajando y las casas estaban siendo anunciadas en el Reino
Unido.
En San Miguel de Salinas la delegación encontró que aproximadamente unos
cien vecinos de la localidad habían presentado sus quejas como
consecuencia de la destrucción que estaba sufriendo su entorno, la
carencia de los servicios básicos y la contaminación de su
abastecimiento de agua, mencionando que las autoridades no habían hecho
nada para solucionarlo desde las primeras quejas que se remontaban dos
años atrás. Un residente alemán se quejó de una tubería de amianto vieja
y rota que estaba todavía en uso, y la contaminación de sulfato de cobre
encontrada en el agua potable y una planta de tratamiento de agua que
estaba infectada de ratas además de rota.
En Orihuela, la delegación fue obsequiada con de naranjas locales,
limones y mosto de uva, que resultaba ser el ultimo producido en el área
alrededor de Los Almendros (1129/2003) justo antes de que los grupos
promotores tomaran la zona. Cada propietario de la zona esta siendo
obligado a ceder el 60% de su tierra, según los solicitantes, y las
construcciones procederán en un área previamente designada como parque
natural. Según otros vecinos no había ningún concurso público para los
trabajos de urbanización de esta zona.
También en esta área, un nuevo grupo de ciudadanos llamado Claro, se
presento a la delegación y entregó una nueva petición alegando que los
derechos de ciudadanos europeos para votar en las elecciones locales
habían sido violados por las autoridades. De 18,000 solicitudes de voto
enviados a residentes de la Unión Europea no españoles en el mes
septiembre, 11,000 habían sido devueltos en diciembre. Ellos afirmaron
que las dos terceras partes de formularios de inscripción de los votos
no habían sido entregadas debido a problemas con el servicio de correos.
La reunión que fue organizada con el Mediador Regional, Sra Emilia
Caballero, los miembros autorizados de la delegación querían recibir la
confirmación sobre muchos de los problemas afrontados por comunidades
locales cuando ellos se opusieron a los proyectos de urbanización
regionales. Ella expresó sus preocupaciones particulares por la carencia
del alojamiento social en la gran mayoría de los desarrollos
urbanísticos, que la condujo a preguntarse si las autoridades son
capaces de definir por si mismas lo que es de interés público. Ella fue
también muy crítica con la falta de participación ciudadana en las
decisiones tomadas por ayuntamientos locales en muchas áreas.
Viajando hacia el norte de Alicante, a la delegación le resultó
complicado encontrar a los residentes de Tibi y Aljibe con lo que se
había reunido, situación triste para los pueblos, ya que lo habían
preparado todo para recibir a la delegación, con la finalidad de añadir
peso con sus quejas en contra de la amenaza de urbanismo que iba a
destruir su comunidad local. La delegación recibió la extensa
documentación que actualizaba los informes de los que disponía el
Comité, ya que éstos eran de 2005.
En Parcent, la delegación fue recibida con una calurosa bienvenida por
todo el pueblo, y una procesión improvisada siguió a los miembros al
lugar donde la reunión había sido preparada. Los vecinos mostraron sus
temores ante una inminente urbanización de la ladera de la montaña de
los espacios rurales que rodeaban el pueblo. El presidente de la
asociación de residentes local de El Repla -, donde 1496 nuevas casas
iban a ser construidas, describió “el efecto catastrófico de construir
miles de casas de veraneo no deseadas, millones de metros cuadrados del
precioso campo iban a ser devastados. Todo esto había sido planeado sin
el estudio de impacto social o ambiental más básico y sin un informe
científico apropiado a cerca de la suficiencia de recursos de agua.” Los
residentes se quejaron que ninguno de los afectados había recibido aún
una carta oficial o el aviso del Ayuntamiento que le explicara los
impactos que tal proyecto podía tener. Los proyectos fueron realizados
rápidamente los últimos días de vigencia del antiguo LRAU, el 30 de
enero de 2006.
En Parcent, tres sectores del terreno habían sido planeados como suelo
urbanizable, conteniendo todos ellos discrepancias y problemas los
suficientemente serios para ser llevados a los tribunales, el cual muy
probablemente los habría detenido. El más serio de todos era por el
momento el de El Repla. Pero más allá de este está se había construido
una pequeña ciudad, cuya población de 900 habitantes quería aceptar y
entender la necesidad de un plan de desarrollo sostenible que planeaba
viviendas para 10.000 habitantes en la próxima década.
En efecto, en la reunión que la delegación tuvo con el alcalde en el
ayuntamiento, se presentaron los proyectos. Uno de los constructores era
el hermano del concejal de Urbanismo. Durante los años anteriores, la
mayor parte de la tierra rural del valle había sido comprada en grandes
cantidades por los constructores, que obtuvieron una gran ganancia con
la recalificación del terreno, a pesar de la las 150 familias que vivían
en las laderas tuvieron que acarrear con los problemas que la
materialización del proyecto suponía.
En el pueblo, las emociones estaban a flor de piel. Los hombres más
viejos que habían vivido toda su vida en esas tierras hablaban sobre el
miedo de perder sus tierras. La delegación fue escoltada bajo una
multitud de paraguas a lo largo de las estrechas calles del pueblo,
hasta el autobús.
En una reunión publica organizada en Benissa, en un pasillo cerrado la
delegación tuvo noticias de la gente de varias ciudades y pueblos
quiénes eran contrarios a los proyectos de urbanizacion. Ellos
incluyeron Tormos, Altea, Villajoiosa, Mutxamel, Alfaz, Val de Lagaurt,
Tibi, Rabassa, Denia, Javea, Orxeta, Liber – Collado el-, Orba y Gata de
Gorgos. La naturaleza de las quejas era similar y relacionada con la
carencia del agua, ninguna evaluación de impacto ambiental, problemas
relacionados con la elección de los promotores y las acusaciones de
corrupción, contribuciones excesivas y gastos arbitrarios para la nueva
infraestructura, la carencia de información, problemas con declaraciones
publicas, ningún alojamiento social y poca o ninguna compensación en la
pérdida de la tierra legítimamente comprada. El Alcalde de Benissa habló
para decir que él era una víctima, no de las leyes de la tierra, pero de
acusaciones que habían sido malinterpretadas por sus autoridades en la
aprobación de la construcción de su propia casa de campo que no cumplía
con lo planificado según la ley vigente.
La reunión con el ministro Valenciano de Consrucción, Esteban Gonzalez
Pons resulto difícil de organizar, y solo fue concretado después de la
visita de su Jefe de Gabinete a Bruselas el 26 de febrero. Declaraciones
hechas en ruedas de prensa celebradas antes de la reunión con el
ministro, por dos MEPs y por representantes de la comunidad empresarial
tornaron en continuos ataques a la delegación además de a cada uno de
sus miembros.
En el último momento el escenario de la reunión cambió, y la cita con la
comunidad comercial, la cual se había acordado por separado, se decidió
realizar conjuntamente, invitándolos a la reunión con el ministro Éste
estuvo rodeado por ambos lados de promotores, constructores, agentes
inmobiliarios, agentes de viajes… criticando todos la visita y
defendiendo las leyes valencianas de urbanismo así como las actividades
de la industria de la construcción.
Se comentó que cada visita de la delegación había costado a la comunidad
valenciana, que tras la organización habían intereses escondidos, y que
las peticiones recibidas eran falsas o un mero invento de las
delegaciones.
La delegación explicó las preocupaciones del Comité de Peticiones y la
esperanza que tenían en que los problemas podrían haberse resuelto con
la ayuda y cooperación de las autoridades locales. Esto se enfocó
únicamente al problema de las viviendas ilegales, sin referirse al tema
de medio ambiente.
El ministro rechazó reconocer que existían problemas urbanísticos,
afirmando que en que el caso de que los hubiese deberían resolverse en
los tribunales. El único caso específico al que se refirió fue el
problema de viviendas ilegal en Catral, que la delegación había
visitado.
Los representantes de la comunidad comercial eran también bruscamente
críticos con la visita, pero sin embargo dieron la bienvenida a la
oportunidad de encontrarse con la delegación. Se explicó que la
industria de la construcción contaba con el 25% del PIB de la región, y
que proporcionaba gran mucho empleo y que cualquier disminución del
negocio conduciría a más paro. El representante de la Federación de
Bienes Inmuebles sugirió que un comité experto podía ser establecido
hasta que se analizaras las quejas.
Después de esta reunión los miembros de la delegación viajaron a la
Provincia de Castellón para reunirse con las comunidades locales que
también habían presentado sus quejas.
La primera parada estaba en Mestrets.
Es un pequeño pueblo costera donde 42 casas, habitadas permanente, deben
hacerle hueco a un proyecto de 6000 viviendas. Los residentes, muchos de
los cuales han vivido allí toda su vida, van a tener ahora que afrontar
los gastos de esta nueva urbanización, y la mayoría de ellos perderán
sus casas. Los habitantes del barrio exigieron la compensación apropiada
por sus propiedades y el derecho de ser realojado en circunstancias
similares. Pero no fue así, y a cambio de sus terrenos les ofrecieron un
pequeño peso dentro de un bloque de viviendas.
No habían recibido ninguna respuesta de las autoridades regionales
Valencianas y sólo el sindicato había respondido apoyando sus
preocupaciones.
Tras esta visita la delegación viajó a Cabanes y Marina d,Or,
urbanizaciones que consistían en una línea de 10 bloques de edificios en
primera línea de la playa Torre la Sal. Los solicitantes afirman que la
población corriente de menos de 3000 será convertirá en 125000 durante
la temporada de vacaciones. 24000 casas van a ser construidas, junto con
tres campos de golf y un parque temático, que se llamará Mundo Ilusión.
Los apartamentos están en una reserva natural que contiene una especie
protegida de ave (aguilucho cenizo) y no hubo ninguna aprobación acerca
de la provisión garantizada del agua para el complejo urbano. Sólo una
planta desalinizadora está planeada dentro del complejo, la cual
requerirá de la financiación de la Unión Europea.
En la reunión pública de Valencia, el presidente de AUN les presentó a
los miembros de la delegación, a los representantes de varias
asociaciones locales, para discutir todos juntos el polémico tema.
Varias nuevas peticiones fueron presentadas a la delegación. Los
ejemplos siguientes son indicativos de los problemas encontrados. En
Benicalp muchas familias están siendo desplazadas debido a una nueva
división del terreno, que está siendo hecha a beneficio del Club de
Fútbol de Valencia. En Mestrella, la comunidad está bajo la amenaza de
un nuevo proyecto de desarrollo urbano, donde, las ventajas sólo irán
para los constructores y promotores, mientras que se obliga a la gente a
abandonar sus casas y las tierras que de siempre han sido de sus
familias.
En Peñíscola, en el área costera del norte de la región Valencian, 3000
nuevas viviendas son planeadas en un área que es designada como un
parque nacional. Los residentes locales han intentado llevar el caso a
los tribunales, pero, después de dos años y medio no hay perspectivas de
que las autoridades levanten audiencia del caso. No hubo ninguna
evaluación sobre el impacto ambiental y las autoridades no están
preocupadas por el hecho que esta área ha sido designada como parte de
Natura 2000, una zona especialmente protegida por su valor
medioambiental. .
Otras quejas fueron recibidas de Alboraia, Picassent, Villalonga,
Alboraya, Albalat, el Hosptal de Virgen del Consuelo de Valencia (donde
los residentes locales estan expuestos a emisiones tóxicas de bombas de
cobalto y helio radiactivo; la tierra pública dada a una sociedad
anónima modificó el permiso de planificación sin cualquier consideración
a la comunidad local), y Albufera. Muchas personas vinieron a la reunión
para expresar su frustración que ellos no estaban siendo totalmente
ignorados por autoridades locales que escucharon sólo a las sirenas de
constructores y promotores.
De las 540 municipalidades que componen la Comunidad Valenciana,
aproximadamente el 15 – el 20 por ciento, concentrado esencialmente en
el interior costero, han experimentado problemas serios que resultados
de la excesiva urbanización de sus parajes, muchas de estas actuaciones
implicadas en posibles episodios de corrupción producidos años
anteriores. Pocas autoridades municipales han considerado los
procedimientos y repercusiones asociados a este proceso de urbanización,
y la activa participación de la comunidad local ha pasado inadvertida
como por ejemplo en Xabia.
Parecería por lo tanto, que las debilidades en las leyes de urbanismo,
eran las que facilitaban que los terreros fueran fáciles de explotar.
Las autoridades locales son las que tienen que velar por los derechos de
los pequeños propietarios, y ser las responsables de evitar los
desastres medioambientales que los proyectos urbanísticos causan.
Los derechos fundamentales de ciudadanos europeos sobre su propiedad no
son reconocidos del mismo modo aquí como en otros países europeos y es
evidente que hay un nivel del abuso persistente del terreno.
La región de Madrid.
La Comunidad de Madrid no ha sido inmune del desarrollo urbano, al
contrario, el éxito de la economía española en los últimos veinte años
ha atraído un influjo masivo de población desde distintos países, no
sólo europeos. El crecimiento de la riqueza también ha creado un sector
importante de la población urbana que procura comprar segundas casas
lejos del ruido de la ciudad, como en las laderas de la Sierra de
Guadarrama.
Los promotores han sido rápidos para aprovechar las oportunidades que
esta situación ha creado y se ha obligado que ayuntamientos tengan que
crear Planes Generales de Ordenación Urbana para planear el desarrollo
en las próximas décadas. Tal desarrollo ha traído con ellos, como en
otras partes de España, las acusaciones de las prácticas injustas y
corruptas.
El Comité de Peticiones ha recibido quejas de varias localidades al
norte de Madrid y, en el tiempo disponible, la delegación pudo visitar
Torrelodones y Galapagar, dejando sin visitar Rascafria, pero llevándose
la documentación e informes urbanísticos sobre el municipio, ya que es
un área especialmente protegida conforme a la Directiva de Aves.
La delegación mantuvo una reunión con el ministro responsable de
urbanismo de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados. Sin embargo, el
cambio de impresiones fue bastante superficial, pero útil ya que
permitió realmente que la delegación aprendiera más sobre prioridades y
procedimientos en cuanto al ambiente y los derechos de los propietarios,
en esta comunidad autónoma. En cuanto a los dos municipios que la
delegación iba a visitar, el ministro informó que el proyecto para
Torrelodones había sido retirado de momento y el de Galapagar todavía no
había sido aprobado. También informó que se había compensado
económicamente a todos los propietarios.
A la llegada a Galapagar, la delegación se reunió con el alcalde y
varios de miembros del Ayuntamiento. Las preocupaciones de la delegación
estaban basadas en las quejas recibidas en cuanto a los programas de
desarrollo urbanísticos planeados en esa zona. Las quejas giraban
principalmente en torno a la orilla del río Guadarrama y al problema de
tratamiento de aguas residuales. El Alcalde dio una explicación
detallada del proyecto e identificó todas las áreas claves en un mapa,
antes de perfilar las etapas principales del procedimiento que conduce a
la aprobación del plan general. Él dijo que el plan esperaba ahora la
aprobación final de Madrid.
Dijo que las autoridades locales habían actuar (si el proyecto era
aprobado) sin la ayuda de un promotor, ya que lo consideraban
innecesario. Afirmó que el foco de atención se había centrado en el
posible impacto medioambiental y que se habían realizados 16 informes
sectoriales para medir el impacto en el parque regional de Manzanares y
la ladera de la Sierra de Guadarrama.
Para una población de aproximadamente 33,000 el alcalde consideró que la
proporción de quejas no era excesiva. Por parte comentó el informe
hidrográfico y el proyectos de construcción de una estación y de cables
de alta tensión, afirmando que no era una responsabilidad del municipio.
Se le informó a la delegación que casi todo Galapagar era zona
protegida, pero en cambio existe un proyecto de construcción de 6900
viviendas, a lo cual el alcalde explicó que era un desarrollo controlado
y sostenible, ya que no era un número exagerado en relación con la
población existente. La delegación estuvo satisfecha por las
explicaciones dadas.
La visita a Torreledones fue la más útil e informativa de todas, a pesar
de que era un proyecto de urbanización de menor impacto. La propuesta
era crear un campo de golf y aproximadamente 1500 nuevas.
En la última reunión realizada en Galapagar, se compararon las
explicaciones dadas por el alcalde con los sentimientos expresados por
la comunidad local. Dieciocho declaraciones fueron hechas, incluyendo
entre ellas algunos comentarios sobre el desarrollo urbanístico en zonas
como El Escorial. El foco principal de la preocupación era la
envergadura del proyecto y su posible impacto medioambiental, ya que se
encontraba en parques naturales con especies en peligro de extinción.
Conclusiones.
La aplicación de las leyes de urbanismo han resultado ser problemáticas
en algunas de las Comunidades Autónomas. Las presiones para realizar
proyectos de desarrollo urbanístico, están promovidas principalmente por
la comunidad comercial, ya que son las que más se lucran con estas
actividades.
Los residentes locales, español o no, son los principales afectados en
tales proyectos urbanísticos, e inevitablemente son los que más tienen
que perder. El algunos casos se arriesgan a perderlo todo,
principalmente los residentes de la Comunidad Valenciana.. Fue en esta
región donde la delegación del Comité de Peticiones se encontró con la
mayor arrogancia y las menos explicaciones a cerca de la explotación
urbanística de gran número de parques naturales y zonas protegidas. Por
otra parte, es la región de donde proceden la mayoría de las quejas.
Esto no quiere decir que no existan problemas en otras comunidades.
La solución al problema de excesivo urbanismo, podría solucionarse con
la colaboración de las autoridades locales y las asambleas regionales.
El gobierno nacional tiene que desempeñar el papel de asegurar el
cumplimiento del Tratado y la legislación de la Unión Europea, en
asuntos como derechos fundamentales. La Constitución española tampoco ha
sido probada en relación a la explotación urbanística que tantas
víctimas ha creado. La única tentativa, de un importante abogado
valenciano, de llevar el caso al Tribunal Constitucional, en una materia
procesal.
No fue mucho antes, cuando el tema llegó a la Corte Europea de Justicia,
cuya decisión fue en contra de España y de las Autoridades Locales, ya
que se las consideró las responsables de los problemas causados a las
víctimas.
El Comité de Peticiones continúa decidido a cumplir con sus
responsabilidades haciendo cumplir el Tratado, para defender al
ciudadano europeo y darle su firme apoyo. Existe sin duda una carencia
en el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos,
en materia de defensa de sus propiedades. El Parlamento Europeo y las
demás instituciones de Unión Europea tienen una obligación clara de
asegurar a los ciudadanos que nadie viole sus derechos fundamentales. Es
de interés general que esto suceda lo antes posible.