|
LAS COSAS QUE CASI NADIE QUIERE VER La historia de la línea de alta tensión que Endesa quiere tender por tierras de Los Gallardos, Mojácar y Turre le va a sonar a mucha gente que, en este país, ya la ha vivido con anterioridad y ha sufrido en sus carnes el poder de las grandes empresas, sean eléctricas, bancos, telefónicas o de cualquier otra clase. Comienza con una gran compañía eléctrica que quiere vender su energía y, para ello, tiene que transportarla mediante cables que, generalmente, atravesarán las parcelas de una multitud de pequeños propietarios. Después de hacer sus cuentas se encuentra con dos alternativas: o se gasta 7.000.000 de euros en una instalación soterrada, o bien 2.000.000 de euros en una línea aérea. Con la segunda opción, los propietarios de Endesa ganarán más de cinco millones de euros, que los dueños de las tierras que atraviesen los cables tendrán que poner con creces de su bolsillo, en forma de depreciación de sus propiedades. Parece que nadie aceptaría un trato semejante, pero las grandes empresas tienen sus medios, que ponen en juego cuando llega la ocasión. Primero mandan a una serie de personas para convencer a los afectados de que es inútil oponerse a la construcción de la línea; además, te van a compensar: por montar una torre en tu parcela, por ejemplo, te darán de 108 a 6.000 euros, dependiendo de lo despistado que estés ese día. Una vez recogida tu firma, asunto resuelto. Si acaso hay gente que no firma –que siempre la hay- están los medios legales. Se puede llegar a una expropiación forzosa basada en un curioso argumento: la distribución eléctrica, como el transporte público y otros casos parecidos, es un asunto de interés común; es decir, los intereses particulares no pueden prevalecer sobre los de la comunidad. En realidad, la norma no dice que los cables tengan que pasar por encima de tu cabeza –pueden ir soterrados perfectamente-, sino que no puedes negarte a que atraviesen tu propiedad. A estas alturas, los muchos o pocos que no firmaron antes se organizan en algún tipo de asociación –en este caso la Plataforma Levante sin cables aéreos-, ante la evidencia de que nada pueden hacer individualmente ante el poder de la empresa y la administración -¡si, la administración!- juntas. Los argumentos también son muy parecidos en todos sitios: impacto sobre la salud, el paisaje, el desarrollo económico de la zona, etc. Se olvidan o no se mencionan, en cambio, los asuntos de fondo: quién hace las leyes, y qué derechos protegen. Y cuál es nuestro papel en este juego. Para empezar, Endesa es una compañía privada cuyo objetivo no es dar energía altruistamente, sino ganar dinero para sus propietarios. Otros venden coches o tomates; ellos, electricidad. Parece lógico que el dinero necesario para obtener las ganancias lo pongan sus accionistas, igual que el que vende tomates tiene que poner las cajas en las que llegan a los mercados. Pero, en este caso, hay una diferencia importante: el que hace el negocio no es un pequeño agricultor, sino un gigante con unos beneficios de 3.182 millones de euros en el año 2005 –atrévanse a pasarlo a pesetas-, y con la capacidad de fabricar políticos y leyes a su medida. En segundo lugar hay que preguntarse qué derechos consagran esas leyes. Porque está claro que el de la propiedad privada –reconocido, todo hay que decirlo, incluso en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo que significa que no podemos creernos todo lo que leamos- sólo es respetable cuando la propiedad pertenece a un poderoso. Si alguien quiere convencernos de lo contrario, tendrá que explicar convincentemente qué sucede con todas esas pequeñas propiedades que el tendido eléctrico se va a cargar. Y, por último, habrá que considerar a quiénes sirven esos poderes públicos y esos políticos que son elegidos mediante sufragio universal. Porque aquellos que piensen que esos poderes son resultado de la expresión del pueblo en las urnas, que vayan pensando también que son los alcaldes elegidos por todos en unas elecciones municipales los que, en última instancia y cuando todos los esfuerzos de las grandes compañías no han sido suficientes, firman las actas previas de expropiación forzosa, consagrando así el derecho de los fuertes y consumando el expolio de los más débiles. Al final, la historia siempre es la misma. Los ciudadanos sólo nos organizamos cuando se nos presenta el problema y entonces, en ocasiones, ya es tarde. Mientras nos ocupamos de nuestros asuntos particulares –que, según la opinión de muchos, es como debe de ser -, otros están conspirando y buscando la manera de llenar de torres de hierro y de cables eléctricos nuestras insignificantes vidas. A la postre resulta, como siempre, que nuestros asuntos y los del vecino son una misma cosa, y que una vez más nos han pillado mirando en la dirección equivocada. Si queremos un final diferente, los ahora afectados y su entorno inmediato deben salir de esta experiencia, sea cual sea el resultado final, convertidos en el núcleo de una organización popular estable, sea como una asociación propia o integrados en las ya existentes, dedicados a intervenir y poner orden en el mundo que les rodea antes de que, como en este caso, vengan otros a hacerlo a la medida de unos intereses que casi nunca son los nuestros.
Miguel Ángel Padilla Vargas
|