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La CE abre expediente al plan de ordenación del Cabo de Gata
El eurodiputado del grupo Los Verdes David Hammerstein aseguró ayer que la Comisión Europea cuenta con un expediente abierto al Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar (Almería) para que el aumento de edificabilidad que prevé no «ponga en peligro» el espacio protegido.
Así lo manifestó en declaraciones a los periodistas en Almería, durante el encuentro mantenido en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía entre representantes de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y de la Consejería de Obras Públicas.
Hammerstein justificó la apertura del citado expediente en el hecho de que el organismo ha recibido numerosas quejas ciudadanas que pusieron de relieve que la normativa prevé un incremento del desarrollo urbanístico en el parque natural que «podría afectar a varias zonas de protección».
El eurodiputado hizo referencia a un informe en este sentido que elabora la Unesco que declaró la zona Reserva de la Biosfera en 1997, que exigirá que sea remitido a la CE para que ésta «ponga en marcha todas las medidas necesarias ante las autoridades españolas para frenar el avance incesante del cemento sobre el parque natural».
Urbanismo sostenible
Mientras, el director general de Inspección Urbanística de la Consejería de Obras Públicas, José Ortiz, defendió ante los eurodiputados desplazados a España para analizar las denuncias sobre abusos urbanísticos que el modelo de desarrollo andaluz es «sostenible y defiende los derechos de los ciudadanos».
De esta forma se pronunció ante los periodistas tras reunirse en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía durante más de hora y media con el presidente de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, Marcin Libicki, y uno de sus vicepresidentes, el británico Michael Cashman.
Ortiz aseguró que durante el encuentro, que tenía por objeto analizar la situación del municipio almeriense de Albox -único andaluz que visitarán los eurodiputados- éstos calificaron la actuación del Gobierno andaluz como «de máxima colaboración, a diferencia de lo que sucede con otros».
Señaló por otra parte que, tras explicarles el funcionamiento de la normativa urbanística andaluza y la situación concreta del municipio almeriense, donde más de 5.000 viviendas se encuentran en situación irregular, la Junta confía en que el informe que remitan a la UE «refleje la enorme variedad de actividades que realiza la Consejería para implantar un modelo urbanístico sostenible».
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