El Algarrobico cumple un año en el aire y su futuro se decidirá en los tribunales

IDEAL/ANA LÓPEZ OTERO/ALMERÍA. 25-02-07

El Consejo de Ministros rectifica el error de Medio Ambiente por el que declaró de utilidad pública la expropiación forzosa de terrenos sin ser su competencia La promotora ha recurrido todos los pasos del Gobierno y la Junta, como la compra del suelo, para lograr el derribo.

Un año. Ese es el tiempo, poco o mucho según la óptica desde la que se mire, que las obras en el macrohotel de El Algarrobico, en Carboneras, llevan paradas por orden de un juez. En este tiempo, la promotora del complejo, Azata de Sol, seguro que habrá reflexionado sobre los doce meses que ha dejado de ganar dinero con la oferta de sus privilegiadas habitaciones mientras que los colectivos ecologistas, como Greenpeace o Salvemos Mojácar, quizás hayan pensado que lejos del derribo del inmueble al menos sí han venido evitando, con el apoyo de varias decisiones judiciales, que la construcción se finalizara y que el proyecto turístico se pusiera en marcha.

El hecho es que el único dato objetivo un año después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Almería, a partir de un recurso presentado por Salvemos Mojácar, ordenara como medida cautelar parar las obras es que El Algarrobico sigue en pie y que su futuro se tendrá que decidir en los tribunales. ¿Cuánto se tardará en conocer la sentencia final? Pueden ser tres años, según algunas fuentes jurídicas, o hasta siete u ocho según las primeras previsiones que se realizaron por parte de la Junta de Andalucía en el inicio del enfrentamiento entre las administraciones y la empresa promotora.

La última noticia que se tiene sobre el caso tiene mucho que ver, precisamente, con la primera de la que se dispuso. La intención del Ministerio de Medio Ambiente de hacer el deslinde de la playa carbonera y, así, comenzar con la expropiación forzosa de los terrenos que se encuentran a menos de 100 metros del mar. Entre ellos, claro está, hay varias zonas urbanizadas que corresponden a partes del hotel como varias plantas de habitaciones, la piscina del inmueble, un restaurante y varias salas de reuniones y congresos. Eso llevaría a que si el Gobierno echa abajo la parte que le corresponde, el resto de la estructura correría peligro.

El caso es que el paso dado por el Ministerio de Medio Ambiente -a través de la Dirección General de Costas- fue inestable porque, según ha tenido que admitir el propio Gobierno después, ese procedimiento tenía que ser ratificado por el Consejo de Ministro.

El error de forma, del que se dio cuenta el gabinete jurídico de otros afectados por la expropiación en la zona, se subsanó en Consejo de Ministros el viernes aunque desde Azata de Sol ya han anunciado que recurrirán este paso, al igual que han hecho con otros anteriores. Y no sólo ellos sino también otros propietarios de una pequeña urbanización con varias casas que se verán afectados por la medida y que sienten, en parte, víctimas colaterales de la polémica suscitada en este enclave del parque natural Cabo de Gata-Níjar.

Es una de las vías en las que se está trabajando para llegar a la espectacular imagen del bloque de hormigón -duramente criticado en principio por su estética pero defendido por su aparente legalidad desde la Consejería de Medio Ambiente- que se viene abajo después de una explosión. La otra partió desde la Junta de Andalucía y vino unos meses más tarde que la decisión de declarar de utilidad pública de la zona por parte del Gobierno central. Fue allá por mayo del pasado año cuando en un golpe de efecto sin precedentes en todo este asunto, el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, anunciaba que la administración andaluza había comprado los terrenos de sobre los que se asienta la construcción.

Los abogados se habían puesto manos a la obra y a analizar si algún resquicio del expediente del hotel tenía sombras en las que adentrarse y encontraron que la promotora no había comunicado a la Consejería de Medio Ambiente la adquisición de la conocida finca tal y como era su obligación.

Esa exigencia parte del hecho de que los terrenos se encuentran en el parque natural y que, por ello, la administración andaluza tiene preferencia en la compra de cualquier área. Es lo que se conoce como derecho de retracto que, al final, decidió emprender la Junta. Estaba dispuesta a pagar 2,3 millones de euros -el precio del suelo fijado en la escritura de los terrenos- para poder así recuperar el espacio sobre el que está el hotel y poder derrumbarlo.

El dinero estaba listo para ser consignado pero Azata del Sol no estuvo dispuesta a aceptarlo -el portavoz ante los medios de la misma, Antonio Baena, siempre defendió que acabar con El Algarrobico- costaría al menos 300 millones de euros a los contribuyentes andaluces- y sí a acudir, una vez más, a los tribunales para que determinen quien es el legítimo propietario del codiciado suelo de El Algarrobico.

Habrá que esperar algún tiempo para ver el desarrollo de los nuevos acontecimientos y para comprobar cómo se va implantando una de las reivindicaciones del Ayuntamiento de Carboneras por la suspensión de los puestos de trabajo que el hotel iba a generar entre los vecinos del municipio. Esa es una de las principales bazas con las que el Ayuntamiento de este pueblo costero cuenta a la hora de conseguir apoyos para el macrohotel. Serían, valoraba el condenado e indultado ex-alcalde por un delito electoral, Cristóbal Fernández (PSOE), unos 500 empleos los que generaría la puesta en marcha del proyecto. La Junta desarrolló otro esquema de desarrollo para compensar la paralización de la construcción. Un polígono industrial, un área de transportes y un centro experimental de restauración del medio están entre las iniciativas que den empleo a los vecinos.