EL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR PEDÍA EN 2001 MEDIDAS PARA PALOMARES

DIARIO DE ALMERÍA/J.S./CUEVAS. PAG. 7. 18-11-06

EEUU dejó restos enterrados en un pozo

La teoría que lanzaba Salvemos Mojácar y que comentaba a este diario hace algunos días, se ha visto ratificada por varios expertos y también por un informe del CSN, enviado al Parlamento en 1985. El periodista, Diego G. Campos, publica en la revista 'Foco-Sur' un reportaje en el que hace mención a este informe "(nº021275) en el que en el apartado b) se dice textualmente: 'recolección de la vegetación cultivada y silvestre que tenía contaminación superior a 3,15 uCi x m-2, y su tratamiento, transporte y depósito como residuo radioactivo a un pozo construido al efecto en las proximidades de la estación 2-1', cerca del impacto de la bomba 2". Campos sitúa el citado pozo "en el entorno del Cerro Colorado y Cerro del Peñón, muy cerca de donde explotó una de las bombas. Esta zona, situada al suroeste del pueblo, a menos de dos kilómetros, presentó mayores problemas de descontaminación.

En un documento que remitía en mayo de 2004 al Congreso el CSN advertía en 2001 de la urgente necesidad de actuar en Palomares

"El inventario radiológico (en ese año) era significativamente mayor del estimado"

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) envía en mayo de 2004 al Congreso de los Diputados un informe sobre "las actuaciones a realizar en la zona de Palomares como consecuencia del accidente del 1966, en relación con la situación radiológica de la zona". La conclusión de dicho informe que se entrega solamente a los congresistas dice literalmente: "el CSN considera de la máxima urgencia que se adopten las medidas que viene proponiendo desde 2001 y que recoge el plan presentado por el Ciemat e informado por el CSN en diciembre de 2003".

Por tanto y según dice este documento al que ha podido tener acceso Diario de Almería, ya en el año 2001 "en octubre, el Ciemat comunicó al CSN que el inventario radiológico en los terrenos afectados es significativamente mayor que el estimado previamente, y que los cambios que se estaban produciendo en el uso del suelo podían incrementar el riesgo radiológico de algún segmento de la población, debido al incremento en la incorporación de actividad por inhalación y a la exposición por ingestión de cultivos procedentes de la zona". Continúa diciendo el informe que ante esta situación el CSN realiza un informe sobre la situación radiológica de la zona y determina la necesidad de "establecer restricciones de uso en determinadas zonas y desarrollar un plan especial". De dicho informe el Consejo envía un resumen en febrero de 2002 "al Ciemat, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, a la Secretaría de Estado de Economía, Energía y Pequeña y Mediana Empresa, a la Dirección General de Política Energética y Minas, a la Secretaria General de Política Científica, a Enresa ya la Subdirección General de Energía Nuclear".

Finalmente, el CSN concluye en que los movimientos de tierra han podido dispersar y relocalizar la posible contaminación subyacente y que, por ello, insisten "en las limitaciones del uso de los terrenos afectados y el desarrollo de un plan especial para la caracterización radiológica precisa de las zonas y su posible restauración".

El informe finaliza apuntando que en los últimos años se habían detectado actividades agrícolas y de construcción en el área de Palomares y que afectan a las zonas llamadas 2 y 3 (área afectada por la caída de las bombas numeradas como 2 y 3). El documento también habla de la necesidad de expropiar los terrenos para llevar a cabo un plan de investigación energética y medioambiental, así como un control radiológico y médico de las personas.

Todavía no han comenzado los trabajos de descontaminación de la zona, aunque las autoridades han afirmado que será en breve. Los más perjudicados son los habitantes de Palomares que han visto su economía afectada y después de 40 años de pesadilla radioactiva esperan que se ponga fin ya con esta decisión.