|
El candidato socialista de Roquetas de Mar está acusado de varios delitos Desoyendo el decálogo de medidas contra la especulación urbanística que anunciara durante la pasada semana el PSOE Juan Miguel Peña ha sido designado y presentado oficialmente como candidato a la alcaldía de Roquetas de Mar. Sobre Peña está pendiente de resolución un suplicatorio en el Senado acusado por delito ecológico, desobediencia a la autoridad. Además está condenado por otro juzgado de Almería al haber asaltado violentamente la sede social de una comunidad de regantes. Peña, asimismo, es amparado por el presidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y por el secretario general de los socialistas de Almería, Martín Soler.El senador socialista y candidato a la alcaldía de Roquetas de Mar, Juan Miguel Peña, fue denunciado por Ecologistas en Acción de haber cometido un presunto delito contra el medio ambiente, previsto y penado en los artículos 325,326,330 y 332 del Código Penal. Así como, fue denunciado por haber cometido actos de desobediencia a la autoridad según se establece en el artículo 556 del mismo reglamento. En el contenido de esta denuncia presentada ante el juzgado número 1 de la ciudad de Almería y que en la actualidad, ha sido remitida al Senado para la petición de un suplicatorio (el pasado 5 de septiembre), Ecologistas en Acción, acusa al senador Peña de haber realizado actuaciones de roturaciones y desmontes en una superficie superior a las 55 hectáreas. ATENTADO ECOLÓGICO También Ecologistas en Acción acusa al senador Juan Miguel Peña de que, a pesar de conocer la ilegalidad de las mencionadas actuaciones, creó varios invernaderos que se pusieron en producción dando lugar a la obtención de cosechas ilegales. Así se ha concurrido en un fraude fiscal, además de que los terrenos se adquirieron en calidad de forestales sin que tuvieran la correspondiente licencia de cambio de uso del suelo. Como resultado el valor de dicho suelo se multiplicó por diez. Peña adquirió los mismos por un valor de un millón de las antiguas pesetas por hectárea y los ha vendido por diez millones de pesetas cada hectárea. DELITO FRAGANTE Por otra parte, en la denuncia que formuló el grupo ecologista, se acusa al senador Juan Miguel Peña de que el abastecimiento de agua para esos terrenos se realizó mediante obras ilegales, al no disponer de las oportunas licencias. Se dio la circunstancia de que dichas obras fueron denunciadas al SEPRONA de la Guardia Civil, el 17 de febrero de 1999, con la particularidad de que los pozos utilizados para la obtención del agua estaban declarados como sobre explotados según el real decreto2618/1986.
|