La situación de corrupción en Marbella, investigada por los jueces con imputados en la cárcel, ha demostrado que el urbanismo crea en los municipios grupos de poder muy potentes en torno a técnicos, funcionarios y políticos municipales. Es el cáncer que acecha a los ayuntamientos desde hace años y ahora está dando la cara con gran virulencia. El ladrillo ha creado en estas zonas lobbies con más poder que el emanado de las propias urnas y ha generado una metástasis en el sistema municipal y empresarial de tantas dimensiones que incluso se ha llegado a asumir como algo normal, porque “en todos los sitios pasa” y “todo el mundo lo hace”. El crecimiento económico de los últimos decenios ha conseguido poner sordina a esta anómala situación, responsable del precio desorbitado de la vivienda, aberraciones urbanísticas, construcciones sin control, corruptelas, decisiones arbitrarias y también, porqué no, de situaciones de competencia desleal entre el propio entramado de empresas constructoras. Ningún empresario con buenos contactos y con los suficientes escrúpulos forma parte hoy en día de la gran tarta urbanística que se reparte entre aquellos que, precisamente, disponen de todo lo contrario menos de moral. Las cámaras de Comercio, que asisten a este espectáculo mirando a otro lado, poniendo una vela a Dios y otra al Diablo, tienen aquí una titánica labor para colocar al sector en su sitio, Porque hoy por hoy sólo los medios de comunicación defienden con sus denuncias los intereses ciudadanos, por cierto, evaporados en cada convenio urbanístico que se aprueba en los plenos. Bien porque los grupos políticos que los avalan son ajenos a las trampas indetectables que muchas veces se colocan o porque terminan llevados por la corriente del río. Las patologías del urbanismo están diagnosticadas. Sólo hay que leer todos los días la prensa. Falta la vacuna.