La Guardia Civil detecta 280 viviendas ilegales en treinta pueblos de Almería

IDEAL/ÁFRICA MATEO/ALMERÍA. 18-10-06

El Seprona realiza 183 intervenciones por construcciones irregulares en la provincia y detiene a 56 personas implicadas entre enero de 2005 y septiembre de este año La comarca del Almanzora acapara el 80% de las actuaciones realizadas al margen de la ley en el último año y medio.

Las construcciones ilegales no afectan sólo al litoral de la provincia de Almería. Buena muestra de esto son las actuaciones que el Servicio de Protección de la Naturaleza -Seprona-, dependiente de la Guardia Civil, ha realizado desde enero de 2005 hasta el pasado mes de septiembre, que han dado como resultado 183 actuaciones. Además, los agentes del Instituto Armado han detenido en este año y medio a 56 personas en la provincia de Almería, como presuntos sujetos de las irregularidades detectadas.

De la misma manera, la Guardia Civil, en coordinación con la Fiscalía de Medio Ambiente, ha intervenido en 30 municipios de la provincia de Almería, en los que ha encontrado hasta 280 urbanizaciones y viviendas en situación irregular, así como 238 parcelaciones ilegales.

Se trata de unos datos cuanto menos sorprendentes, ya que la mayoría de las actuaciones se han llevado a cabo en municipios del interior, por motivos más comunes, como construir en zonas no urbanizables o parcelar un espacio rural y por otros no tan frecuentes, como abrir un pozo sin autorización o abrir una toma de luz clandestina.

Abanico de situaciones

En concreto, de la información facilitada por el Instituto Armado se desprende que entre las innumerables actuaciones de la Guardia Civil hay un sinfín de anomalías asociadas a las construcciones ilegales: crecimiento irregular y a espaldas de la ley; degeneración de espacios protegidos; daño al medio ambiente; fraude en tomas de luz y agua; estafas; evasión de impuestos; proliferación de espacios dedicados al vertido incontrolado de residuos y daños colaterales imprevisibles.

Es tal la proliferación de las viviendas ilegales -que se construyen sin las preceptivas licencias y sin acogerse a los planes urbanísticos municipales- que en algunos casos han sido los propios ayuntamientos los que han pedido la intervención de la Guardia Civil, para que formulara la denuncia. Además, cuando se construye en zonas alejadas de los núcleos urbanos, donde no llegan los servicios de saneamiento y abastecimiento, algunas viviendas toman la luz de líneas en mal estado, con el consiguiente riesgo para la población. En cuanto al agua, los parcelistas la extraen de pozos sin autorización, lo que provoca un daño a los sobreexplotados acuíferos de la provincia.

Casos concretos

En concreto, en la provincia de Almería, la Guardia Civil, entre las casi 300 intervenciones realizadas destacan algunas actuaciones, que resumen las prácticas ilegales más comunes. En la mayoría de los casos, los agentes del Seprona han instruido diligencias por presuntos delitos contra la ordenación del territorio, que han pasado a disposición judicial.

De la misma manera, otro buen número de actuaciones han consistido en denuncias administrativas por infracciones respecto a la normativa urbanística vigente, las cuales se han puesto en conocimiento de los ayuntamientos respectivos y de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas en Almería.

El caso más flagrante entre todas las irregularidades detectadas por los agentes de la Guardia Civil corresponde con la construcción ilegal de varias urbanizaciones o nuevos núcleos de población en la que se construían 52 viviendas en un caso, otras 50 en otro y, en otras dos situaciones, de menor trascendencia, 18 y 13 viviendas respectivamente.

Por zonas

En cuanto a la distribución de las irregularidades por la provincia, hay una zona que destaca: el norte. En concreto, la comarca del Almanzora acapara el 80% de las infracciones de toda la provincia. También se han detectado en esta zona de la provincia la mayoría de los casos de nuevas urbanizaciones aisladas de los núcleos de población.

No obstante, en el Poniente y en el Levante también se han instruido buena parte de las diligencias.

Coordinación

Las actuaciones de la Guardia Civil respecto a las construcciones ilegales se están realizando en coordinación con las distintas Fiscalías de Medio Ambiente, lo que facilita la instrucción de las diligencias por los supuestos delitos contra la ordenación del territorio. De la misma manera, el Seprona está trabajando en estrecha colaboración con los ayuntamientos afectados y con la Junta de Andalucía en los aspectos en los que las competencias afectan a estas administraciones.

Además, se trabaja con otras administraciones implicadas de forma colateral, como la Cuenca Mediterránea Andaluza -que gestiona todas las ramblas y los derechos de agua de la provincia-, la Agencia Tributaria o Minas.

Consecuencias

Las actuaciones de la Guardia Civil no sólo repercuten en los juzgados, que son los que se encargan después de recibir la denuncia de instruir las diligencias, sino que también dan lugar a paralizaciones de promociones, precintado de parcelas e incluso inspecciones tributarias. Por eso, es tan importante que todos estén coordinados.