La incomparecencia de Eguizábal lleva al juez a aplazar el juicio por delito medioambiental

EL MUNDO/JUAN SÁNCHEZ/ALMERÍA. PAG. A-13. 16-09-06

Ecologistas critica que el fiscal haya apoyado el aplazamiento «cuando no sostiene la acusación»

La incomparecencia por enfermedad del empresario Marcos Eguizábal, principal imputado en el juicio por la destrucción de cerca de 20.000 ejemplares de la planta protegida Androcymbium europaeum, llevó ayer al titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Almería, Luis Miguel Columna, a aplazar la testificación tanto del bodeguero como del resto de imputados, entre los que figuran dos altos cargos de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

El inicio de la primera sesión del proceso, en el que se juzga la posible comisión de un presunto delito medioambiental por parte de, entre otros, el citado empresario, el delegado provincial de Medio Ambiente, Juan José Luque; el ex director del Parque Natural Cabo de Gata­Níjar y actual director general de Gestión del Medio Natural de la Junta de Andalucía, José Guirado; el también antiguo responsable del citado espacio protegido, Ramón Huesa; y la ahora gerente del mismo, Rosa Mendoza, arrancó pasadas las 09.20 horas de ayer.

En la sala de vistas, junto al juez, estaban presentes el fiscal de Medio Ambiente, los letrados de la acusación, esto es, las organizaciones Ecologistas en Acción y Amigos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, así como los letrados de los imputados, de los que sólo se hallaba Ramón Huesa. El resto no apareció por el edificio de la Audiencia Provincial.

Se da la circunstancia de que, salvo Eguizábal, ninguno de ellos había remitido justificante alguno para argumentar su incomparecencia. El empresario envió al Juzgado, a través de su abogado, un informe médico, en el que, según Ecologistas en Acción, el facultativo manifestaba que el propietario de la empresa Círculo Agroambiental y promotor de la obra de instalación de la tubería que destruyó las plantas padecía un cuadro de «dolencias relacionadas con la columna vertebral, dificultades funcionales y pérdida de memoria».

La abogada de los ecologistas, María López, se opuso al aplazamiento del juicio -que ha quedado señalado para el próximo 29 de septiembre a la misma hora- al considerar que dicho informe médico «no acredita incapacidad para comparecer a juicio». Esta opinión fue compartida también por el letrado de la Asociación Amigos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. López criticó la postura del representante del Ministerio Fiscal, ya que, a pesar de «no estar sosteniendo la acusación pública en esta causa, ha comparecido informando favorablemente a la suspensión».

«Que se aplique la Ley»

A la salida de la sesión, el presidente provincial de Ecologistas en Acción, Francisco Toledano, manifestó su indignación por el aplazamiento del juicio. «Queremos que se celebre, y que se apliquen las leyes y que no se supediten, como está ocurriendo, a los intereses de los que están siendo acusados», porque «ellos son, precisamente, los que tienen que dar la cara», manifestó Toledano.

Sobre él estado de salud de Eguizábal, el líder conservacionista apuntó que «es ya muy mayor y debería dejarle la especulación a otras personas». Además, incidió en que los imputados «no se oculten y muestren la cara y digan sí tienen o no razón en lo que defienden».

Con relación a la petición de prisión para todos los imputados que defiende la acusación, Toledano comentó que lo que quieren es «que la ley se aplique y si la ley dice eso, pues que se lleve a cabo justamente».

Los hechos enjuiciados se remontan a octubre de 1998, cuando la empresa Círculo Agroambiental SL pidió permiso a la Delegación de Medio Ambiente para la colocación de una tubería subterránea destinada al riego de fincas propiedad del bodeguero Marcos Eguizábal. Entre los 450 metros por los que la compañía pretendía extender una tubería figuraban zonas con la máxima protección medioambiental, esto es, las designadas como A y B, al encontrarse en pleno corazón del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

En concreto, la intervención urbanística se iba a llevar a cabo en el paraje conocido como Barranco de Curría.

Pese a que era un lugar protegido, la Junta a finales de 1998 dio el visto bueno a la entrada de máquinas pesadas, cuyo trabajo provocó la pérdida de 20.000 ejemplares de la planta Androcymbium europaeum, que en aquellas fechas figuraba en el catálogo de flora y fauna de la Junta como en peligro de extinción.