¿Operación marcha atrás de la Junta?

EL MUNDO/EDITORIAL/ALMERÍA. PAG-A2. 16-09-06

La consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, reconoció ayer, meses después de ejercer el derecho al retracto sobre los terrenos donde se ha construido el hotel de El Algarrobico, que eran los vendedores quienes estaban obligados a comunicar el cambio de titularidad de la finca en el momento de la transacción, una operación que se remonta a 1999. Este detalle puede ser fundamental para comprender la errática línea de actuación demostrada por la Administración autonómica en este polémico asunto. Hay que recordar que la Junta ha podido ejercer el derecho al retracto ale­gan o esta falta de comunicación, al afirmar que no tuvo conocimiento, en su día, de la venta de los terrenos. Sin embargo, esta posibilidad se antoja más que difícil de creer, puesto que la propia Junta participaba con el 17 por ciento de las acciones de Parque Club Algarrobico, una de las dos empresas vendedoras de las fincas sobre las que se asienta el hotel.

En cualquier caso, no es ésta la única ni la más destacada contradicción en la que ha entrado la Junta en su controvertido caminar en torno a El Algarrobico. Sólo cabe recordar su apoyo incondicional al proyecto de hotel, para el que llegó a pedir ayudas europeas y que defendió en ferias internacionales de turismo, para, de golpe y porrazo y a partir de la decisión del Ministerio de Medio Ambiente de emprender una lucha legal para expropiarlo, pasar a defender exactamente las tesis contrarias y señalar a la polémica construcción como el principal enemigo del Medio Ambiente en la comunidad autónoma.

Ayer, sin ir más lejos, la consejera también contradijo declaraciones anteriores que marcaban fechas concretas y próximas para proceder al pago de los terrenos, una vez ejercido el derecho de retracto, al no ser capaz ahora de determinar un plazo claro para llevar a cabo la operación. Esta política titubeante y los continuos vaivenes en sus actuaciones está llevando ya a la empresa a coger el toro por los cuernos, hasta el punto de que, como ya avanzó este periódico, se plantea abandonar el hotel definitivamente y emprender acciones judiciales contra los responsables políticos de su paralización por daños y perjuicios.