La retirada de la FiscalÍa después de años

EL MUNDO/EDITORIAL-ALMERÍA. PG-A2. 14-09-06

Que el Ministerio Fiscal, después de mantener durante años la acusación contra altos cargos de la Consejería de Medio Ambiente, ahora -a unos días del juicio que se llevará a cabo en el Juzgado de lo Penal número 1 de Almería- se retire, ha pillado un tanto por sorpresa a propios y profanos. Los ecologistas así lo reconocen, aunque también apuntan que no es la primera vez que esto ocurre y muestran su preocupación por el hecho de que la Fiscalía en Almería no parezca demasiado interesada por tomar cartas en el asunto de los delitos medioambientales.

Es, efectivamente, un tanto llamativo que la historia se repita, pese a que los informes del Seprona -entre otros- corroboran las denuncias de los ecologistas. A la vista de los ciudadanos, cometer delitos medioambientales supone la impunidad para algunos y la cárcel para otros. Hay que recordar el caso de aquel señor que cogió unas ramitas de manzanilla en un pueblo y lo condenaron, para posteriormente decir que los hay que pueden desmontar hectáreas y hectáreas de monte, incluso en zona protegida, sin que les pase absolutamente nada. Ahí está lo de los desmontes de El Alquián, tras lo que estuvieron algunos dirigentes de la Coag y algún que otro cargo del PSOE. En el caso del que ahora se inhibe la Fiscalía de Almería se trata de que Medio Ambiente en Almería ha autorizado la construcción de una tubería en una zona de máxima protección del Parque Natural de Cabo de Gata. La cuestión es qué habría sucedido si la autorización para esa tubería la hubiera solicitado un ciudadano de a pie, ¿habría ocurrido lo mismo? ¿Se habría retirado la Fiscalía? Seguramente no habría tenido que hacerla porque la tubería nunca hubiera llegado a obtener autorización. 

Los acusados (el delegado de Medio Ambiente, Juan José Luque; el director general de Gestión del Medio Natural de la Consejería, José Guirado; Ramón Huesa, ex director del Parque Natural de Cabo de Gata; Rosa Mendoza, actual directora del Parque Natural; y Marcos Eguizábal, propietario de unas conocidas bodegas y promotor de la obra) no son precisamente unos desconocidos, ni tampoco personas que desconozcan la legislación en materia de Medio Ambiente. Sigue siendo esta área la maría de las administraciones públicas y, por desgracia, no existe conciencia tampoco entre quienes han de velar por el cumplimiento de la Ley de que si hay una ordenación jurídica es para acatarla y hacerla acatar. 

Los ecologistas apuntan que, como en el caso de la tubería, la Fiscalía se ha retirado o ha pedido el archivo de causas como la del Algarrobico o los desmontes de 440 hectáreas de terreno forestal y Lugar de Interés Comunitario al Sur de Sierra Alhamilla -las famosas roturaciones en la zona dé El Alquián-. Dicen los ecologistas que detrás de todo esto está incluso la financiación de algunos partidos políticos y el blanqueo de dinero negro. No es ninguna broma lo que se denuncia y merece ser investigado.