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La Junta asegura que negociará el PORN con el pueblo de Abrucena Luque afirma que se reunirán con todos los vecinos que hayan presentado alegaciones. Los manifestantes serán sancionados. Tras la manifestación celebrada el pasado domingo en plena A-92, en la que alrededor de 1.500 vecinos de Abrucena protestaron contra el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Sierra Nevada, el delegado de Medio Ambiente de la Junta en Almería, Juan José Luque ha asegurado que desde la Administración están dispuestos a negociar el PORN con el Ayuntamiento de dicha localidad. Luque manifestó además su disposición a reunirse «con todos y cada uno de los vecinos que hayan presentado alegaciones al PORN, para así poder conocerlas de forma individualizada e intentar buscar soluciones». El delegado añadió además que esta es la dinámica que han venido realizando con todos los planes de ordenación, pero en esta ocasión, además, la Junta está dispuesta «a escuchar incluso a aquellos vecinos que no hayan presentado aún alegaciones dentro del plazo estipulado para ello, que comenzó el 14 julio y que finalizará el 13 de septiembre, pudiendo asimismo presentar escritos a posteriori». Usos y costumbres Los vecinos piden que los límites del Parque Nacional se establezcan a 2.000 metros de altura, con el objeto de que la sierra quede liberada para la ganadería, agricultura, leña, frutos secos y caza. Sin embargo, el delegado de Medio Ambiente aseveró que «las futuras limitaciones permitirán realizar los usos y costumbres que se han venido desarrollando hasta ahora». En este sentido, comentó que «el trabajo que los vecinos han venido realizando toda la vida ha permitido incluso que el parque haya estado bien conservado» y, por lo tanto, «esto va a seguir desarrollándose así». Luque apuntó al respecto que «desde la Junta siempre ha existido interés por promocionar y ayudar a que los habitantes de Abrucena puedan desarrollar sus actividades como toda la vida». Sanciones De otro lado, y según informaron fuentes de la Subdelegación del Gobierno, las personas que secundaron ayer la manifestación sin la autorización de este organismo gubernativo «serán sancionadas». Las fuentes detallaron además que la Guardia Civil inició ayer un proceso de identificación personal de cada uno de los asistentes a la manifestación convocada por la Plataforma de Afectados, para a continuación iniciar el proceso administrativo sancionador por el que a cada persona se le aplicaría una multa de entre 2.000 y 6.000 euros.
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