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Sobre los rescoldos Prácticamente extinguidos los incendios que han arrasado una buena parte de los montes gallegos en la primera quincena del mes, pero sin finalizar la temporada de alto riesgo de esos siniestros, los balances sobre la catástrofe en esa comunidad autónoma se agolpan con una precipitación paralela a la insolvencia con la que se denunciaron algunas causas del fuego. Con las primeras lluvias sobre los rescoldos de La Coruña, Orense y Pontevedra, el presidente de la Xunta, Pérez Touriño, confesaba ayer que no existe base alguna para la hipótesis de la acción concertada de una organización criminal en el origen de unos incendios que, no obstante, en su mayoría han sido provocados por negligencia o intencionadamente. Esas palabras del máximo dirigente de Galicia desmontan, por no decir que desautorizan, lo que han mantenido sus compañeros del PSOE y miembros del Gobierno, incluso el propio Fiscal General del Estado. Puede considerarse éste un episodio menor del acaloramiento político, pero en esta tragedia han sobrado manifestaciones irresponsables y acusaciones temerarias en detrimento de la transparencia y de acciones concertadas al servicio de la colectividad. Algunos parecen haber confundido la obligación de los políticos de dar la cara y poner pie a tierra, con el afán de protagonismo y cultivo de imagen. La perplejidad de la opinión pública se mantiene a la hora de conocer el balance de lo sucedido en tierras gallegas, pues todos, desde el Centro Europeo de Información Forestal al Partido Popular o el BNG, se han adelantado a la Xunta como organismo que acumula la información más exacta, y también ahora parece desatarse una carrera para ver quién hace una mayor estimación de daños. Así, las hectáreas quemadas, entre 70.000 y 86.000 según cifras de la Xunta y de la CE, se disparan a 170.000 para el PP, o bien se multiplican las voces, incluida la de la ministra de Medio Ambiente, que ya auguran importantes daños colaterales en la industria pesquera y marisquera por el arrastre de las cenizas a causa de la lluvia. En esta ola confusa de estimaciones y reclamaciones, donde no ha faltado la petición de reforma del Código Penal para tipificar el delito de 'terrorismo forestal', se echa en falta una explicación solvente sobre la idoneidad de los mecanismos de prevención y extinción de incendios, así como del grado de cumplimiento de la normativa vigente, nada escasa por cierto, sobre mantenimiento y explotación de los montes. Sólo a la luz de esos balances podrán tomarse con justicia, también con agilidad, las decisiones oportunas en la exigencia de responsabilidades y en las ayudas por daños y perjuicios.
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