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Errores y pirómanos Pocas fechas después de que, la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez alardeara de la eficacia de las medidas adoptadas por su departamento para reducir los incendios forestales como lección del terrible incendio de Guadalajara, Galicia ardía por los cuatro costados. La evidencia obliga a constatar que ni las administraciones autonómicas, ni la central ni el Gobierno sea del color que sea, han dado aún con la fórmula adecuada para impedir el desastre forestal de cada verano. Esta vez la situación gallega, con un centenar de siniestros simultáneos que han afectado ya a unas cinco mil hectáreas, y costado la vida a tres personas requiere una atención especial. Porque, de un lado, parece que el nuevo equipo gubernamental, tras el relevo de Fraga al frente de la Xunta, ha cometido errores de principiante que pudieron evitarse y, de otro, es manifiesto que la proliferación de incendios intencionados en la comunidad gallega requiere un tratamiento singular ya que no estamos sólo en presencia de un problema estacional relacionado con la climatología sino también ante una creciente y destructiva actividad delictiva que habrá que perseguir con más eficacia que hasta el presente. Lo cierto es que en el quinto día después del comienzo de la catástrofe las autoridades autonómicas parecían desbordadas por el fuego pese a que su presidente aseguraba en la tarde noche del lunes que la situación estaba bajo control. Porque un incendio no se apaga solo cuando está ardiendo sino, sobre todo, cuando se toman las medidas preventivas para impedirlo. Además de las causas directas y de la nueva tipología de los pirómanos que ha señalado la Consellería del Medio Rural existen unas causas estructurales que requieren por una política forestal que neutralice la despoblación de los montes, garantice el cuidado y la limpieza de los accesos y organice unos equipos de profesionales y voluntarios entrenados contra el fuego y capaces de hacer frente a situaciones límite. En este sentido y a falta de desmentido oficial parece que el nuevo Gobierno de coalición desmanteló la estructura antiincendios heredada del anterior y estableció la obligación de superar un examen de gallego a jefes de brigadas de extinción de incendios provocando el descabezamiento de algunos equipos ya muy experimentados. No es momento de hacer hincapié en este manifiesto error -el propio Rajoy invocaba ayer, con buen sentido, la unidad de todas las fuerzas políticas ante la emergencia que aqueja a Galicia- pero es notorio que los errores se pagan y que es absurdo que las alternancias políticas afecten a la profesionalidad de los equipos administrativos. De otro lado en esta catástrofe ecológica no es difícil apreciar también el rastro de los intereses económicos a la vista de que muchos de los focos intencionados han aparecido junto a los grandes núcleos de población. Es decir, en la Galicia urbanizable.... En esta ocasión se ha detenido a algunos sospechosos y el director general de la Guardia Civil anunció la intensa actuación de los expertos en delincuencia organizada. Pero es obvio si de verdad se quiere desentrañar el fondo de la tragedia y si existe voluntad política y social de lograr el 'nunca mais' de los incendios devastadores que no basta con detener a los autores del desmán sino que habrá que denunciar y señalar a quienes se benefician de la ruina de los bosques en Galicia.
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