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Escalada de corrupción En las últimas semanas se han acumulado las informaciones sobre episodios de corrupción urbanística o, al menos, sobre la aparición de graves indicios que parecen revelar su existencia. Sea porque el gigantesco escándalo del 'caso Marbella' ha activado los propios sistemas de control del régimen democrático, sea porque la fiscalía anticorrupción trabaja con mayor celo, lo cierto es que, tras la disolución de la corporación marbellí y la gran operación judicial que ha puesto de relieve la inefable extensión de la red delictiva, están sucediéndose denuncias de casos en que la especulación aparece unida a decisiones urbanísticas que sugieren la existencia de inconfundibles irregularidades. El gigantesco PAU de Seseña, (Toledo) en mitad de la nada, así como el megalómano designio de construir más de 18.000 viviendas en la pequeña localidad madrileña de Morata de Tajuña, contra la voluntad de los dos grandes partidos, son dos de los episodios que reflejan el predominio del interés privado sobre el público. Por añadidura, la cantidad de recursos que se manejan en el urbanismo es de tal magnitud que la capacidad corruptora de determinados 'promotores' sin escrúpulos es asombrosa: basta ver la siembra de cohechos que efectuó Roca en Marbella para entender la naturaleza letal de su influjo corruptor. A poco que se examine la naturaleza de estos escándalos, se llegará a la conclusión de que, en la inmensa mayoría de los casos, las corruptelas han sido posibles gracias a la autonomía municipal en materia de urbanismo que permite a las corporaciones locales ostentar con exclusividad la competencia de las decisiones urbanísticas sin que las comunidades autónomas apenas pueden intervenir y de hecho tan sólo ejerzan en últimas instancia el control de la legalidad. En los Estados modernos, y sea cual sea su estructura teórica unitaria o federal, la tendencia se encamina a aplicar el principio de subsidiaridad, muy visible en la Unión Europea, que atribuye a cada escalón político-administrativo aquellas competencias que mejor y más eficazmente puede desempeñar. En consecuencia, parecería necesario modificar nuestro Estado de las Autonomías para que el urbanismo residiera en las comunidades autónomas, al menos en sus etapas resolutivas y decisorias. Y si de verdad se quiere para este país un crecimiento armónico y ordenado, en que los recursos se acomoden a la demanda, se respeten los cánones medioambientales y paisajísticos y se introduzca definitivamente el concepto de sostenibilidad, habrá también que relacionar las comunidades autónomas entre sí otorgando al Estado central un cierto papel armonizador. Si no se adoptan decisiones de verdadero calado tendremos que cargar con el actual crecimiento desordenado de un urbanismo que altera todos los equilibrios y, muy probablemente, nos veremos constantemente abocados a sufrir una corrupción que, tal como está concebido del desarrollo inmobiliario, se ha convertido en un subproducto persistente asociado a la especulación del suelo y la vivienda.
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