El alcalde de Carboneras denuncia intentos de extorsión y chantaje de un empresario de Barcelona y del portavoz del PP

TELEPRENSA/ALMERÍA. 15-07-06

Cristóbal Fernández, alcalde la localidad almeriense de Carboneras, ha comparecido hoy ante los medios de comunicación para anunciar acciones judiciales contra el empresario Antonio Martínez Fernández, administrador de las sociedades Petróleos Sur Oriente y Sitiblau, entre otras y contra Antonio Hermosilla, portavoz del PP en Carboneras, como principales cabecillas de la presunta operación de chantaje y extorsión denunciada por José Luis Marcos Sánchez, extrabajador de Sitiblau y hombre de paja utilizado para presentar una demanda contra el alcalde y su equipo de Gobierno con el fin de forzarle a una recalificación de terrenos.

Fernández y su equipo de Gobierno afirman haber sido “amenazados, chantajeados, extorsionados, perseguidos y acosados” tanto ellos como sus familias y diversos técnicos municipales mientras el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Vera instruía una causa contra ellos, tras aceptar a trámite la denuncia interpuesta por José Luis Marcos. En esa denuncia se les acusaba de tráfico de influencias, maquinación para alterar el precio de las cosas y otra serie de presuntos delitos que el poder judicial ha desestimado tres años después de iniciarse el proceso, ordenando el archivo de las actuaciones “sin perjuicio de las acciones civiles que puedan corresponder al perjudicado”, es decir, Cristóbal Fernández, alcalde de Carboneras.

Los hechos que llevaron a esta acción judicial, según Fernández, se produjeron a raíz de la aparición del empresario Antonio Martínez que tenía intención de abrir un depósito logístico de combustible en el puerto de Carboneras, en pleno centro del Parque Natural de Cabo de Gata. Martínez consiguió la concesión administrativa de la Autoridad Portuaria de Almería, pero durante el proceso se descubrió que pudo existir una falsificación de documentos por lo que la fiscalía de Almería presentó una acusación formal contra el empresario catalán, aunque de origen almeriense, por falsificación de documento público.

Esta causa, por la se celebrará una vista oral el próximo lunes en Almería, conllevó la suspensión de la concesión administrativa y el administrador de Petróleos del Su-Oriente se enfrenta a una petición del Ministerio Fiscal de dos años de prisión.

Una vez vio bloqueada esa posibilidad negocio, Martínez adquirió 20 hectáreas de terreno rústico en la localidad y pidió su recalificación en urbano al Ayuntamiento, que se negó desde el primer momento en las condiciones que éste exigía. A partir de ahí comenzaron, según el actual equipo de gobierno, los intentos de extorsión y otras maniobras de presión, entre ellas la acción judicial archivada por los juzgados de Vera.

Durante este largo proceso Fernández fue víctima de una campaña orquestada basada en la difusión en fotocopias y medios de comunicación de su declaración en los juzgados, escritos difamatorios contra empresarios y miembros de sus equipo de colaboradores, acciones en las que según el primer edil de Carboneras está directamente involucrado Antonio Hermosilla, portavoz del PP en el mismo ayuntamiento.

En todo este embrollo también aparece una federación almeriense de asociaciones ecologistas que intentó personarse en la causa contra el alcalde, pero cuya intervención fue rechazada por el juzgado. El escrito de los ecologistas es, según el alcalde de Carboneras, una copia exacta del que se obligó a presentar al empleado del empresario catalán, por lo que el primer edil sospecha que hubo una clara manipulación de la ONG.