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DIVERSOS GRUPOS ENVÍAN CARTA ABIERTA A LA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE Y PRESIDENTES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS SOBRE EL FUTURO DEL AGUA Ecologistas en Acción, Fundación Nueva Cultura del Agua, Greenpeace España, SEO/BirdLife y WWF/Adena han elaborado una carta abierta dirigida a la ministra española de medio Ambiente, Cristina Narbona y a los presidentes de las comunidades autónomas, sobre las modificaciones que puedan tener los nuevos estatutos de autonomía y su responsabilidad sobre el recurso hídrico. La carta señala lo siguiente: "La modificación de los estatutos de autonomía de las Comunidades Autónomas ha intensificado el debate político acerca de la titularidad y las competencias sobre las aguas continentales. En el debate, algunas Comunidades Autónomas reivindican sus derechos sobre determinadas aguas intercomunitarias frente a la Administración General del Estado o a otras Administraciones autonómicas. Es un debate que santifica la titularidad o competencia sobre las aguas como solución, pero desvía la atención de los problemas reales de los ríos, ecosistemas acuáticos, del agua y de sus usos: la contaminación, la sobreexplotación, la falta de garantía y la ilegalidad. Entendemos que esta discusión puede y debe superarse mediante la aplicación de la Directiva Marco de Aguas (Directiva 2000/60/CE). Esta norma de la Unión Europea nos obliga y nos brinda, a la vez, la oportunidad de planificar y gestionar las aguas de forma integrada e integradora. La superación de este debate se basa en las siguientes razones: En primer lugar la Directiva recuerda que el agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que hay que proteger y defender. No debemos concebir este patrimonio de manera fragmentada, como un mero recurso económico, ya que forma parte de ecosistemas esenciales para la vida. En segundo lugar nos exige que realicemos una planificación y gestión integrada de todas las aguas, superficiales, subterráneas y costeras. Para ello establece como unidad de gestión la Demarcación hidrográfica, que comprende toda la cuenca fluvial y aguas costeras, sean cuales sean las divisiones administrativas de este territorio. En tercer lugar la Directiva nos obliga a llevar a cabo una planificación y gestión integradora designando "la autoridad competente apropiada, para la aplicación de las normas de la presente Directiva". Si la planificación y gestión de las aguas ha de ser integrada respecto de todas las aguas e integradora respecto de todas las competencias concurrentes, se debería crear un órgano de coordinación con capacidad de decisión sobre los aspectos más relevantes de la planificación y gestión de las aguas de la Demarcación. En él deberían estar representados con voz y voto los distintos departamentos de las Administraciones públicas con competencias concurrentes sobre las aguas. Su responsabilidad principal sería la propuesta vinculante del Plan Hidrológico de Cuenca y de los Programas de Medidas y Seguimiento, a propuesta del Organismo de Cuenca y tras la tramitación y participación pública establecidas. El papel competencial de las Administraciones autonómicas es indiscutible, como también lo es que el establecimiento de la demarcación como unidad de gestión y la DMA obliga a un esfuerzo de coordinación interadministrativa. El conflicto de intereses acerca de la titularidad o competencia sobre las aguas siempre va existir y lo importante es crear espacios duraderos donde sea posible debatir dichos intereses y decidir con todos los actores implicados las soluciones a los conflictos. Estas son las razones que nos llevan a pedir que los políticos abandonen el conflicto por la titularidad o la competencia sobre las aguas, e inicien un debate político más fértil sobre la protección y el uso sostenible de los ecosistemas acuáticos en un espacio común y con una participación pública activa".
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