Andalucía asume desde hoy la gestión de sus parques nacionales y reforzará tanto la conservación como la participación

Informativos CanalSur. 01-07-06 

La comunidad autónoma de Andalucía asume hoy 1 de julio las competencias de sus parques nacionales, Doñana y Sierra Nevada, de acuerdo a la sentencia del Tribunal Constitucional que le reconoció esa gestión directa en los territorios, con el objetivo de "contar con un permanente asesoramiento científico en la gestión y reforzar la participación y la conectividad con las poblaciones".

Así lo avanzó ayer en un desayuno informativo con los periodistas la consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, que aseguró que Andalucía asume esta gestión "con experiencia y tranquilidad pero también con una enorme responsabilidad". A partir de ahora, avanzó que habrá "un único territorio" al asumir parque nacional y natural que se denominará 'espacio'

Del mismo modo, Coves comentó los cambios que se producirán en la estructura gestora de los parques ya que "habrá un único equipo de gestión, con un director o directora y después, al mismo nivel, un conservador que se encargará de los programas de conservación y un gerente, que asumirá las relaciones con el entorno y la puesta en marcha del Plan de Desarrollo Sostenible".

La consejera no quiso anunciar los nombres de las personas que se harán responsables de esos cargos y tan sólo indicó, preguntada también sobre la continuidad del actual director del parque nacional de Doñana, Alberto Ruiz de Larramendi, que "en Sierra Nevada mantendremos la gestión y seremos más conservadores porque ha existido más participación de la Junta y en Doñana sí se producirán más cambios".

Asimismo, la Junta creará una comisión científica, que en Doñana corresponderá a la Estación Biológica y en Sierra Nevada al Centro de Investigación de Medio Ambiente y a la Universidad de Almería. Esta comisión asesorará con carácter permanente a la dirección.

También se crea un Consejo de Participación, que asume las competencias de las juntas rectoras o patronatos. La consejera aseguró que estos consejos no serán presididos, como era habitual hasta el momento, por cargos políticos. De hecho, dijo que el modelo de la Junta "es más científico, con personas de un perfil de reconocido prestigio y vinculados al territorio, pero sin el marchamo de ser político". "Es necesario rebajar la tensión política, dando más participación y más carácter científico", subrayó.

En la misma línea, consideró importante que la población no perciba que estos espacios les supone una limitación. De hecho, apuntó que en los últimos diez años en Doñana ha bajado el desempleo en un 42 por ciento y que en 1991 la renta estaba muy por debajo de la media andaluza mientras ahora comienza a superarla.

Igualmente, indicó que Sierra Nevada lidera el número de empresas ecoturística, con 291 por las 97 de Doñana por ejemplo. "La protección del territorio no significa un freno al desarrollo de la población pero sí una nueva forma de desarrollarse", sostuvo la consejera.

Cambios en la legislación

Tras la larga reivindicación de las comunidades de Andalucía y Aragón, el Tribunal Constitucional reconoció las competencias de las comunidades en sus parques nacionales, lo que producirá cambios en la legislación, detalló la consejera. Así, en el próximo Consejo de Gobierno se aprobará un decreto por el que, por una parte, se transfieren las competencias de la Junta a la Consejería de Medio Ambiente y, por otra, se decreta la acogida del número de trabajadores -135 para Doñana y 52 para Sierra Nevada- y la cuantía de financiación, definida en 17 millones de euros anuales.

La sentencia del TC no sólo provocó la declaración de competencias de las comunidades sobre sus parques nacionales sino también la puesta en vigencia de la Ley de Doñana aprobada por el Congreso en 1999, agregó la consejera. Coves apuntó que esta ley tiene "ciertas limitaciones" mientras el propósito de la Junta es un sistema de gestión aplicable a los dos parques, por lo que estudian, o bien una futura ley de Parques nacionales o una reforma de la ley 2/89 de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, "donde lo único que faltan son los parques naturales".

Traspaso de competencias

El traspaso de Doñana y Sierra Nevada convierte a Andalucía en la primera comunidad que gestione los parques nacionales que hay en su territorio, aunque la administración central se reserva la zona de Las Marismillas de Doñana Y la titularidad de la Dehesa de San Juan, en las altas cumbres de Sierra Nevada, donde se encuentra el Observatorio Astronómico de propiedad estatal, y donde Coves considera "ideal" la implantación de un centro de estudio para el cambio climático.

Los parques nacionales de Doñana y Sierra Nevada ocupan una extensión de 140.462 hectáreas y su traspaso supondrá a la administración andaluza la gestión de 16 millones de euros en medios materiales, a lo que hay que añadir el valor patrimonial de las fincas de Estado que pasarán a ser de titularidad autonómica. Estas nuevas competencias suponen también la transferencia de 189 puestos de trabajo --137 Doñana y 52 Sierra Nevada-- entre funcionarios y laborales, que pasarán a pertenecer a la Junta de Andalucía. El traspaso de estos parques nacionales permite a la Administración andaluza gestionar cerca de 280.000 hectáreas de dos espacios naturales de los más valiosos de Europa.

La Junta, a través de la Consejería de Medio Ambiente, asumirá también la gestión del capítulo de inversiones en estos enclaves naturales, que supera los ocho millones de euros anuales. De ellos, cinco millones van destinados a Doñana y 3,2 a Sierra Nevada, cantidades que son la media inversora de los últimos años. No obstante, Junta y Gobierno Central han alcanzado un acuerdo en el seno de la Red de Parques Nacionales por el que el Gobierno central se reserva la posibilidad de invertir cantidades adicionales a éstas de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

En cualquier caso, el Ministerio de Medio Ambiente prepara una nueva Ley reguladora de la Red de Parques Nacionales, con participación de las comunidades autónomas y orientada a reforzar la coordinación y cooperación entre administraciones en estos espacios protegidos, de forma que su gestión atienda a directrices y criterios comunes que constituyan una referencia para la gestión de la biodiversidad en materia de planificación y conservación.