REUNIÓN DE ABOGADOS ECOLOGISTAS EN SOLIDARIDAD CON LOS ABOGADOS PERSEGUIDOS EN ALMERÍA

Este fin de semana se ha reunido en Almería la Comisión Jurídica Estatal de Ecologistas en Acción, a la que han asistido Abogados de todo el Estado. El motivo de celebrarse la reunión en Almería ha sido en solidaridad con el acoso administrativo y judicial que vienen sufriendo los abogados de Ecologistas en Acción de Almería.

El acoso más preocupante es el que afecta a la letrada Pilar Rodríguez. El Ayuntamiento de Níjar ya ha sido condenado en dos ocasiones por abuso de autoridad por acosar a Pilar Rodríguez y su familia. La primera sentencia condenando al Ayuntamiento de Níjar se produjo porque los responsables municipales proyectaron una calle inútil delante de la casa de Pilar Rodríguez con la única intención de destruir su finca separando la casa del huerto.

La segunda sentencia se produjo porque el Ayuntamiento de Níjar expedientó a su padre por no reparar la estructura de un inmueble del que era copropietario junto con otras cinco personas, excluyendo de responsabilidad a los otros cinco copropietarios. Pilar Rodríguez recurrió esta decisión ilegal y el Juez D. Tomás Cobo Olvera dio la razón al Ayuntamiento. Recurrida la sentencia al TSJA este revocó la sentencia de D. Tomás Cobo Olvera y condenó al Ayuntamiento de Níjar por abuso de autoridad. El expediente frente al padre de nuestra letrada se inició a raíz de haber detectado la construcción de unas viviendas sobre vía pública por la familia de un concejal del equipo de gobierno de Níjar.

El Juez D. Tomás Cobo Olvera denunció por injurias y calumnias a Pilar Rodríguez porque no le gustó el recurso presentado contra su sentencia en el TSJA.

Por otra parte, el padre de Pilar Rodríguez se quejó del juez D. Tomás Cobo Olvera ante el Consejo General del Poder Judicial, la queja tampoco gusto al Juez y denunció por injurias y calumnias al padre de Pilar Rodríguez ante el anterior Fiscal Jefe de Almería, D. Juan Manuel Oña Navarro.

Cualquier persona lega en la materia sabe que todos los copropietarios responden de los defectos estructurales de un inmueble y también es comúnmente sabido que la competencia de los juzgados depende del lugar donde se comete el presunto delito. No se explica como el Juez D. Tomás Cobo Olvera presentó una denuncia contra el padre de Pilar Rodríguez en la fiscalía de Almería por unos hechos ocurridos en el Consejo General del Poder Judicial en Madrid. Obviamente los juzgados competentes son los de Madrid puesto que el escrito de queja iba dirigido al CGPJ que tiene su sede en Madrid y allí fue presentado.

Si ya sorprende que el Juez D. Tomás Cobo Olvera presentase la denuncia en Almería y no en Madrid, aún sorprende más que el Fiscal Jefe de Almería, D. Juan Manuel Oña Navarro, admitiese a trámite la denuncia, no siendo de su competencia. Pero la sorpresa es aún mayor si tenemos en cuenta que el Fiscal Jefe, D. Juan Manuel Oña Navarro, tramitó la denuncia en 3 días (tres días) batiendo así un record en la tramitación de denuncias por hechos de los que se es incompetente.

La sorpresa continúa cuando el decanato de los juzgados de Almería del que es responsable, D. Luis Miguel Columna Herrera, repartiese la denuncia a un juzgado incompetente, en este caso al Juzgado de Instrucción número 2 de Almería del que es titular D. Andrés Vélez Ramal.

El Juez Decano D. Luis Miguel Columna Herrera ya ha condenado públicamente a Pilar Rodríguez y a su padre conculcando así los derechos constitucionalmente reconocidos a un ciudadano como es la presunción de inocencia.

Pero las sorpresas no acaban ahí, el titular del Juzgado de Instrucción número 2, D. Andrés Vélez Ramal admitió a trámite y dio curso a la denuncia y citó a declarar al padre de Pilar Rodríguez.

Es inexplicable el celo demostrado por estos responsables de la justicia almeriense en asumir  una competencia que claramente no les corresponde.

Sorprende que la saturada Administración de Justicia almeriense no tramite causas relacionadas con el medio ambiente y sin embargo dedique sus esfuerzos a asumir competencias que no le corresponden, persiguiendo a los ecologistas y defensores del medio natural y el territorio.