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El alcalde de Carboneras pide su indulto con 5.000 firmas de apoyo IDEAL/ANA LÓPEZ OTERO/ALMERÍA. 22-06-06 Su abogado, Pablo Luna, desvela que el rector de la UAL lo respalda A la espera de respuesta al indulto, pide la suspensión de su inhabilitación. El alcalde de Carboneras, Cristóbal Fernández, ha solicitado su indulto con más de 5.000 firmas de apoyo, según desveló ayer a IDEAL su abogado, Pablo Luna. El escrito de petición de indulto fue presentada en el registro general del Ministerio de Justicia el pasado 2 de junio. Se conocía la intención de hacerlo pero no se sabía si se acompañaría de las firmas de apoyo que se recogieron en el municipio carbonero y que levantaron cierta polémica. Finalmente, se han acompañado las rúbricas y la cantidad no es nada despreciable. «Han sido más de 5.000 firmas y entre ellas está la del rector de la Universidad de Almería, Alfredo Martínez Almécija y de muchos catedráticos», aseguró Luna. Junto a la de parte de los miembros de la comunidad universitaria, la de representantes de la Iglesia e intelectuales, sentenció el penalista. Éste sólo tuvo palabras para elogiar la movilización del tejido social a favor del alcalde. «Creo que en 30 años ningún indulto ha recibido tanto apoyo», prosiguió el letrado, quien también explicó que la media en que el Consejo de Ministros resuelva si se indulta o no a una persona condenada por la justicia está en ocho o nueve meses en estos momentos. Mientras tanto y a la espera de esa decisión, el alcalde ha pedido que se suspenda la ejecución de la sentencia que lo inhabilita a él y a su hermana, Rosario Fernández, también concejal por el PSOE en el Ayuntamiento de Carboneras. El pasado 16 de mayo se dio a conocer que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) había desestimado el recurso interpuesto por el alcalde y su hermana, confirmando así la sentencia de 1 de febrero de 2005 dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería que condenaba a ambos a seis meses de inhabilitación como autores de un delito electoral. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería condenó a los dos representantes del PSOE a una pena a cada uno de ellos de inhabilitación especial para cargo público relacionado con la administración local por tiempo de seis meses y al pago de una multa de 28 cuotas, a razón de seis euros al día, y a otra multa de tres meses, a razón de seis euros al día. Los hechos probados que recoge la sentencia de la Audiencia Provincial de Almería establecen que semanas antes al 13 de junio de 1999, día en que se celebraron elecciones municipales, el alcalde y su hermana se dirigieron en tres ocasiones al conserje de un centro educativo para instarle a que votara por correo por su partido. El texto de la sentencia recoge que el alcalde, en una ocasión, «le llamó a través de un familiar y, una vez en las dependencias del Ayuntamiento, le pidió el voto, diciéndole que a cambio le mantendría en su puesto».
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