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La Junta amplía el plazo de alegaciones a la impugnación de la licencia de los acantilados IDEAL/ÁFRICA MATEO/ALMERÍA. 13-06-06 La decisión respecto a esta promoción es tan compleja que tendrá que pasar por el Consejo Consultivo de Andalucía. Los conflictos urbanísticos presentan tantas perspectivas que no tienen una resolución sencilla. Es el caso de la promoción de empresas que la sociedad Almeragua pretende construir en los acantilados de Aguadulce. El pasado mes de septiembre la Delegación de Obras Públicas de Almería elevó a la Consejería una propuesta de revisión del Plan Parcial que permite, tras su aprobación, la construcción de 600 viviendas en los acantilados de la barriada roquetera de Aguadulce. Fue a mediados de marzo cuando la Consejería declaró «nulo de pleno derecho» el expediente por el que se redactó y aprobó el Plan Parcial y todas las licencias que se hubiesen dado para la construcción y urbanización de las actuales viviendas que se prevén en la zona. Entonces se abrió un periodo de alegaciones para que tanto la promotora como los afectados e interesados pudieran presentar las propuestas oportunas. A día de hoy, debería haber ya una resolución, que tienen que tomar los servicios centrales de la Consejería en Sevilla, pero la complejidad de este expediente ha llevado al departamento que dirige Concepción Gutiérrez a ampliar el plazo de alegaciones, tal y como se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía -BOJA- la semana pasada. Resolución Fuentes de la Consejería consultadas por IDEAL han explicado que precisamente esta ampliación del periodo de alegaciones responde a la complejidad del expediente. Es tal la dificultad que han encontrado en el caso que, una vez concluido esta fase y en caso de que la Junta decidiera seguir adelante con la impugnación, el expediente tendrá que pasar por el Consejo Consultivo de Andalucía, con sede en Granada, para que estudiara el caso y emitiera el correspondiente informe. El Consejo Consultivo de Andalucía es el órgano superior que tiene la Junta de Andalucía para velar por la observancia de la Constitución, el Estatuto de Autonomía para Andalucía y el resto del ordenamiento jurídico. Cumplida cuenta de su misión de velar por la legalidad, ha de atender, entre otros objetivos, a que las disposiciones generales, por su redacción y contenido, garanticen la seguridad jurídica de que son acreedores sus destinatarios, al mismo tiempo que busca la interpretación del ordenamiento jurídico que favorezca la implantación de las mejores prácticas administrativas en un Estado social y democrático de derecho. Uno de los problemas que detectó en su día la Delegación de Obras Públicas en Almería para instar a la revisión fue que no cumple la normativa urbanística, porque «al menos el 60 por ciento de las viviendas que se construyan en la zona tienen que ser viviendas unifamiliares», según explicó en su día el delegado, Luis Caparrós.
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