Almería Medio Ambiente

Los dueños del Algarrobico «engañaron» a la Junta con la compra, según Coves

La consejera justificó el retraso de siete años en adquirir los terrenos porque se ocultó «de forma intencionada» la venta a Medio Ambiente Compartirá el coste del derribo con el Ministerio y no indemnizará.

Los agentes implicados en el conflicto del hotel de El Algarrobico han pasado, en menos de 24 horas, de la calma tensa a las acusaciones. La rezón, al final, la van a dar los tribunales, ya que la empresa promotora Azata del Sol presentará en próximos días y por la vía de lo contencioso-administrativo el recurso a la decisión adoptada por la Junta de Andalucía de ejercer el derecho de retracto sobre los terrenos donde se asienta el edificio. Es decir, que la promotora del hotel va a llegar «hasta el final» para mantener la construcción, tal y como aseguró a IDEAL el responsable de Azata y arquitecto de la obra, Antonio Baena.

Mientras que el miércoles todos mantuvieron las formas y expresaron sus ideas con cautela, ayer los posicionamientos estaban, si cabe, más enconados.

La consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, se acercó a Almería y explicó, en primer lugar, por qué la Consejería ha tardado siete años en ejercer el derecho de retracto. Aseguró que la administración ambiental ha tenido conocimiento de que se produjo un cambio de titularidad en los terrenos por primera vez a partir del inicio del deslinde del dominio público marítimo-terrestre por parte Ministerio de Medio Ambiente en esa zona, es decir, hace seis meses.

A partir de que el Ministerio comenzó ese expediente es cuando, «en el proceso de alegaciones, llega a manos de la Consejería información que delataba que se había producido un cambio de titularidad en el suelo y no había sido informada la Junta de Andalucía, administración a la que hay que comunicar las compraventas que se producen en espacios protegidos.

Por eso se atrevió a lanzar una dura acusación: «alguien ha intentado engañar a la Junta de Andalucía en todo este proceso», lo que a juicio de la consejera, exime a la Junta de cualquier responsabilidad.

Precisó que se sabía «quién era el titular pero no desde cuándo», de ahí que «hasta ese momento todos los documentos de los que disponíamos avalaban la legalidad del proyecto». Repitió que «no es hasta que hemos tenido conocimiento de ese cambio de titular cuando hemos detectado una ilegalidad».

A su juicio, tal circunstancia se ha producido «porque probablemente no se quería informar a la Consejería de Medio Ambiente de ese cambio de titular».

Con un buen número de papeles en la mano, relató que en 1999 Río Alías S. L. y Parque Algarrobico vendieron a Azata las dos fincas sobre las que la Junta va a ejercer ahora el derecho de retracto «y no se informó a la Consejería de Medio Ambiente». Después, con el deslinde, «se empieza a indagar en visitas a notarías de Madrid».

En el Registro de la Propiedad de Vera se confirma que se ha producido una transmisión y que «no fue notificada a la Consejería», por lo que apuntó al «proceso irregular» que se ha producido por el cual la Consejería «decide ejercer el derecho de retracto» sobre las dos fincas que cuentan con un valor en escritura de 2,3 millones de euros, concretamente, 1,41 millones por la finca donde se ubica el hotel y 0,9 por la colindante.

Consideró que si los promotores del cambio «no lo han hecho» es porque «han intentando engañar a la administración, por tanto es su responsabilidad, no de la Consejería».

En cualquier caso, para la consejera, el hotel construido por Azata del Sol «tiene sus días contados» al tratarse de un proyecto «insostenible para un espacio protegido» como el de Cabo de Gata-Níjar.

«Muerte definitiva»

En este sentido, añadió que, «si el proceso expropiatorio iniciado suponía una tara importante para el hotel -los 100 metros exigidos por Costas-, lo que acabamos de hacer es la muerte definitiva de esta construcción que no compartíamos ni nos gustaba por estar situada dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar».

Coves reconoció que es consciente de la posibilidad de que todo este proceso acabe en un contencioso-administrativo, si bien ya no hay «ninguna duda» de que «finalmente el hotel ni va a ser inaugurado ni disfrutado por ningún particular».

Alegaciones

Respecto a las alegaciones presentadas por Azata para frenar la compra de los terrenos por parte de la Junta, comentó que este proceso podría también culminar con una resolución por la que «depositaremos la cantidad para que la empresa pueda acceder a los fondos, a lo que realmente vale el suelo de esas dos fincas». A pesar de que las posturas se han radicalizado, Coves aún confía en que «el promotor se avenga a razones y lleguemos a un acuerdo».

Indemnizaciones

Sobre las indemnizaciones que la Junta deberá pagar al constructor, la consejera dijo no entender por qué se da por hecho que supondrán 300 millones de euros, tal y como reclama la empresa. Según Coves, «la escritura dice que vale 2,4 millones de euros y todo lo que viene detrás se ha sustentado sobre un procedimiento ilegal». El único coste adicional que va a asumir es el de la demolición, que pagará también el Ministerio.