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Coves dice que ha habido engaño por parte de las empresas al no notificar el cambio de titularidad del suelo donde se levanta el hotel El Algarrobico La consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, ha asegurado que ha habido engaño por parte de las empresas Río Alías y Parque Algarrobico, por un lado, y Azata, por otro, al no notificar ni las primeras como vendedoras ni la segunda como compradora el cambio de titularidad del suelo donde, hasta ayer, se ha intentado levantar el hotel El Algarrobico. Su muerte ha sido anunciada hoy en Almería por Coves, un día después de que el presidente de la Junta anunciara en Sevilla el uso del derecho de retracto para adquirir tanto el solar donde se iba a levantar el hotel como otro anexo donde estaba previsto construir 250 viviendas. Según ha explicado la consejera fue en 1999 cuando se hizo la venta de este suelo, hecho que no se comunicó a Medio Ambiente como era obligación de las empresas por lo que entiende que “el hotel se ha asentado sobre una actuación irregular”. El que haya transcurrido todo este tiempo hasta tomar esta decisión, obedece a que no se ha conocido esta particularidad hasta que no se inició el proceso de deslinde del dominio público marítimo-terrestre por parte Ministerio de Medio Ambiente en esa zona, momento en que se empieza a indagar en los registros y se conoce un cambio de titularidad, que “probablemente no se quiso informar para que no pudiéramos intervenir”. La consejera ha reconocido que hasta ese momento “todos los documentos avalaban la legalidad” de la obra. La Junta tiene intención de adquirir ambas fincas por algo más de 2,3 millones de euros precio de venta de estos suelos. En este sentido, Coves no reconoce los 300 millones de euros que dice Azata cuesta el solar. “Las escrituras dicen que vale 2,3 millones de euros”, insistió. Con esta compra, “la Junta adquiere un patrimonio público para los andaluces”. “La construcción es inviable con el desarrollo sostenible y queríamos la mayor, la adquisición de todo el suelo”, justificó la consejera. No obstante, Coves es consciente de que este proceso puede culminar en un Contencioso Administrativo pero está segura que con esta decisión asistimos “a la muerte de esta construcción”. Cuando culmine todo el proceso administrativo, se procederá a la demolición de la obra y posterior a la regeneración de la zona. El Ministerio de Medio Ambiente se hará cargo de la zona ocupada por dominio público y el resto será competencia de la Junta.
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