Propuestas de Ecologistas
en Acción contra la especulación y la corrupción urbanística
Ecologistas en Acción. 12-05-06
La
especulación urbanística se está convirtiendo en el principal
problema ambiental y social de Andalucía, ya que está destruyendo de
forma irreversible nuestro recurso más preciado, el suelo, agravando
otros problemas ambientales, como el aumento de la demanda del agua,
el deterioro del paisaje..., y provocando un alarmante aumento de la
corrupción.
Consideramos que el caso Marbella es sólo la punta del ‘iceberg’,
habiéndose extendido este modelo en todo el litoral andaluz y
amenazando a zonas del interior. Es por ello que hacemos llegar las
presentes propuestas a la opinión pública y a las administraciones
competentes para su estudio y debate, como aportación para que se
adopten las medidas legales y políticas que consigan paralizar esta
vorágine urbanística, que eviten nuevos casos de corrupción, que
garanticen la conservación de nuestro medio ambiente y nuestros
recursos naturales y que promuevan un desarrollo sostenible y
equilibrado. Entendemos que es necesario un compromiso político,
social e institucional para que estas medidas puedan ponerse en
práctica y evitar así que el modelo Marbella se instaure de forma
irreversible en Andalucía.
Medidas que propone Ecologistas en Acción:
-
Prohibición legal de los convenios
urbanísticos, que son puras compraventas de recalificaciones
urbanísticas.
Prohibición de venta de los
aprovechamientos urbanísticos de los Ayuntamientos y de suelos
públicos para usos que no sean equipamientos públicos o
viviendas protegidas.
Prohibición de Modificaciones
Puntuales que tengan por objeto reclasificar suelos no
urbanizables a urbanizables, o recalificar suelos terciarios,
industriales, de equipamientos, zonas verdes… a usos
residenciales.
Obligatoriedad de construcción de
los equipamientos con carácter previo a los desarrollos
inmobiliarios.
La protección de un suelo debe
suponer la imposibilidad de su reclasificación como suelo
urbanizable en un periodo mínimo de 50 años.
El crecimiento urbanístico de los
pueblos y ciudades debe tener un límite legal, en base a las
necesidades de vivienda protegida y de equipamientos públicos.
No permitir a ningún Ayuntamiento reclasificaciones y/o
recalificaciones que supongan más de un 10% de aumento de
viviendas y suelo urbano/urbanizable por cada década, con la
única excepción de las necesidades de vivienda protegida.
Los crecimientos urbanísticos
deben realizarse como ampliación de los actuales núcleos
urbanos, manteniendo la tipología de ciudad mediterránea.
Prohibición de urbanizaciones segregadas de los núcleos urbanos.
Los informes de los organismos de
cuenca sobre las disponibilidades de agua deben ser vinculantes
a la hora de aprobarse los planes urbanísticos.
Moratoria de campos de golf. En
Andalucía hay ya 100 campos de golf y se pretenden construir 300
más, lo que supondría un consumo de agua equivalente a una
población de 2 millones de personas.
Aumento de la Servidumbre de
Protección del Dominio Público Marítimo Terrestre de los 100
metros mínimos que prescribe la ley a los 500 metros, para
blindar el frente litoral contra las presiones especulativas.
Mecanismos ágiles de retirada
total o parcial de las competencias urbanísticas a los
Ayuntamientos que cometan o permitan ilegalidades urbanísticas.
Exigencia de certificación de la
legalidad de las inversiones antes de aprobar cualquier plan
urbanístico o licencia de obras para impedir el blanqueo de
dinero.
Obligatoriedad de realizar una
declaración anual de bienes de los cargos electos y de libre
designación de los Ayuntamientos, y de sus familiares directos,
con acceso público.
Compromiso político de un pacto
anticorrupción, que incluya la destitución inmediata de
cualquier cargo electo o de libre designación, que esté
imputado, procesado o condenado por la justicia.
Modificación legal para hacer
responsable económico directo a los cargos públicos que aprueben
planes u obras ilegales, y a los técnicos que las informen
favorablemente. Exigir el pago de los gastos de su defensa a los
cargos públicos que sean condenados.
Potenciación de las fiscalías
anticorrupción y contra los delitos medioambientales y
urbanísticos. Crear juzgados especializados en este tipo de
delitos.
Facilitar el ejercicio de la
acción pública a las asociaciones entre cuyos fines se
encuentran la defensa de la legalidad, del territorio y/o del
medio natural, así como la exigencia de responsabilidad a los
miembros de dichos tribunales y fiscalías si hicieran dejación
de las funciones encomendadas.
Garantizar la función de
los Estudios de Impacto Ambiental de los Planes Urbanísticos
mediante el desarrollo legislativo de los Criterios de
Sostenibilidad Ambiental del Planeamiento Urbanístico.
Desarrollar Planes de Ordenación de Recursos Naturales y Planes
Subregionales de Ordenación del Territorio a escala comarcal que
blinden los suelos no urbanizables frente a las presiones
localistas que se imponen en los planeamientos municipales.
Promoción de la participación pública en los procedimientos
administrativos, facilitando el acceso a la información de las
normas, planeamiento municipal y de todo tipo de proyectos de
construcción, a través de Internet, así como de los informes
técnicos y jurídicos que lo justifican, sumándonos así a la
iniciativa planteada en su día por el Defensor del Pueblo.
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