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El PP denuncia un trasfondo 'delincuencial' en el Algarrobico IDEAL/EUROPA PRESS/ALMERÍA. 10-05-06 El Gobierno reconoce que el hotel de Carboneras es incompatible con un desarrollo adecuado del medioambiente en la provincia. El diputado del PP en la Comisión de Medio Ambiente Rafael Hernando denunció ayer la existencia de un «trasfondo urbanístico y delincuencial» detrás de la construcción del complejo turístico de la playa de El Algarrobico, en el parque natural del Cabo de Gata-Níjar (Almería). Hernando hizo esta denuncia en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados, en la que interrogó al secretario general para el Territorio y la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, Antonio Serrano, sobre la «legalidad» de la construcción del hotel, dentro del término municipal de Carboneras. Hernando instó a Serrano a «defender los derechos del Estado y el principio de legalidad» y a «no ser complaciente» con el alcalde de Carboneras sólo por ser del mismo color político que el Gobierno, y pidió al Ejecutivo que solicite la intervención del fiscal anticorrupción «para esclarecer qué ha habido detrás de todo esto». Según el diputado del Partido Popular, «se ha contravenido la norma», instó al Ejecutivo a «defender la legalidad y no a pagar expropiaciones» en espera de que haya acuerdo con los propietarios del hotel, y acusó al Ayuntamiento de modificar la ordenanza del impuesto sobre construcciones con el fin de eximir al hotel de su pago, con lo que el consistorio habría ingresado -según Hernando- 1.200.000 euros. El diputado del PP recordó que la propia Comisión Europea abrió un expediente a España por la construcción de este complejo hotelero sin estudio de impacto ambiental, y que posteriormente un juzgado de Almería paralizó las obras en atención a la demanda de la asociación 'Salvemos Mojácar' contra esta construcción. Por su parte, Antonio Serrano recordó que la legalidad o no del complejo turístico está en los tribunales y que serán estos los que decidan, y precisó que el hotel está dentro del área de servidumbre, pero fuera del dominio público marítimo terrestre. Recordó que la licencia de obras es del Ayuntamiento de Carboneras y que éste y los propietarios se basan «en una interpretación de las normas sobre las que no hay acuerdo», aunque precisó que desde el punto de vista ambiental el hotel está dentro de un parque natural y en el marco de unas directrices de actuación del Ministerio «que le hacen incompatible con un desarrollo adecuado de ese entorno». Por este motivo, el Ministerio acordó la declaración de utilidad pública de expropiación de los terrenos dónde se levanta esta edificación y el inicio de los trámites legales para la expropiación forzosa, en paralelo al establecimiento del justiprecio de la expropiación. No obstante, recordó que no sólo la administración tiene la obligación de hacer cumplir la ley, sino todos los ciudadanos, aseguró que el Ministerio está aplicando sus competencias «para asegurar que no se deteriore de forma irreversible este espacio natural», y precisó que en materia de licencias no es el órgano competente.
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