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Greenpeace pide que no expropien El Algarrobico por ser «ilegal»
La organización ecologista Greenpeace ha remitido a la Dirección General de Costas las alegaciones preparadas en el periodo de información pública del expediente de expropiación forzosa de terrenos e inmuebles en la playa de El Algarrobico de Carboneras y entre sus argumentos subraya que «sería intolerable que se indemnizara a la empresa constructora» del polémico hotel. Greenpeace señaló que se apoya en una sentencia del Tribunal Supremo de 1 de febrero de 2006, donde se afirma que, a efectos de valoración de las construcciones, se ha de tener en cuenta si las mismas se ajustan o no a la legalidad. En dicha sentencia, el fallo no obligaba a indemnización dada la ilegalidad de las construcciones. En ese sentido, la responsable de la Campaña de Costas de Greenpeace, María José Caballero, reiteró que «sería intolerable que se indemnizara a la empresa constructora con dinero público sin tener en cuenta la ilegalidad de todos los trámites que desembocaron en el inicio de una obra actualmente paralizada y sin que se produzca una depuración de responsabilidades legales entre quienes promovieron o toleraron esta situación». «Distinto rasero» Recordó que «cuando se expropia una propiedad construida de forma ilegal a un pequeño propietario no hay compensación alguna» y subrayó que «los ciudadanos no debemos tolerar que los grandes empresarios sean medidos con un rasero distinto cuando, además, sus obras tienen un impacto medioambiental mucho mayor». Otro argumento de Greenpeace en sus alegaciones es que tanto el deslinde del dominio público aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente el 8 de noviembre de 2005, como el auto de paralización de las obras emitido por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Almería de 21 de febrero, «son un claro reconocimiento de la ilegalidad del proyecto». Por otro lado, la organización ecologista lamentó el papel que desempeña en todo este proceso la Junta de Andalucía. A su juicio, las últimas declaraciones de la consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, «rozan el esperpento, ya que afirma que la Junta sólo tiene competencias en zonas de servidumbre que no existen hasta que se realiza el deslinde de Costas». Así, advirtió que «llevamos ya muchos meses diciéndole a Coves y a su Consejería que la parte del hotel que no está en dominio público se encuentra situado en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar».
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