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"El agua no debe ser tratada como una mercancía más, sino garantizada como un derecho fundamental" Noticias24horas.com/Alberto Cabezas. 21-03-06 El reconocimiento del acceso al agua como un derecho humano concentra la atención del debate político que hoy comienzan los ministros de los 141 países participantes en el IV Foro Mundial del Agua, que hasta mañana se celebra en México. El presidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua, Pedro Arrojo, señaló lo que han pedido miles de activistas estos días por las calles México: que el agua no sea tratada como una mercancía más, sino garantizada como un derecho fundamental. Arrojo es el ideólogo de la política de agua en el planeta político verde. Arrojo, también doctor en Ciencias Físicas y Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza (España), considera que el agua "tiene funciones y valores muy diferentes, rangos éticos de prioridad distintos" a otros recursos. Arrojo, autor del libro "El reto ético de la nueva cultura del agua" (Paidós, 2006), sostiene que el uno por ciento del agua que consume el ser humano es "agua-vida", una dotación de entre 30 a 40 litros diarios que debe estar garantizada y protegida por tratados internacionales si hace falta. "Eso no tiene sentido medirlo en economía, en principio. Los derechos humanos ni se compran, ni se venden, ni cotizan en Bolsa, en Wall Street. Eso es una categoría que debe garantizarse con eficacia, no con eficiencia económica", añade. Arrojo considera que, además de la dimensión del agua como derecho, hay otras ideas, como el "agua-ciudadanía", un 10% de los recursos hídricos que utilizamos, que deben tenerse en cuenta. Este concepto corresponde al agua que, a través de la llave o grifo, llega "a todas las casas y al sanitario (WC), también a las familias pobres que viven en la periferia". Esta porción del recurso vital se asemeja al derecho a la salud o a la educación para cualquier miembro de la sociedad, a quienes se les permite acceder a ellas como servicios públicos mínimos "aunque no tengan dinero". El académico es partidario para este tipo de agua de que se le apliquen "bloques crecientes de precios", que implican que cuanto mayor es el consumo, más debe pagar un ciudadano para tener acceso al agua. Un esquema de precios de este tipo permitiría, según Arrojo, "incentivar al ciudadano a hacer un buen uso" del agua y posibilitaría que quien ofrece el servicio use los excedentes para subsidiar a quienes tengan menos recursos. Finalmente el agua que más costosa debería ser es el "agua-negocio", que vendría a representar el 70 por ciento de la que se utiliza en sociedad. Este volumen corresponde al usado en procesos industriales por las grandes empresas para operar y producir y en este caso se deben imponer "unas tarifas que recuperen el coste del agua", afirma Arrojo. En todos los casos, con un sistema como el que sugiere el académico español, "nunca se debería dar prioridad al uso económico sobre los derechos humanos", agrega. Arrojo cree que en el debate del agua son los gobiernos nacionales y locales los que tienen la clave de cómo se debe manejar el agua y los que tienen el deber de escuchar a la gente. "Nosotros, como electores, como gente que tenemos el poder, tenemos la responsabilidad de no permitir que transformen nuestra condición de ciudadanos en condición de clientes", asegura este defensor del acceso al agua como un derecho humano más. Agrega que si la gente toma conciencia de la importancia del agua buscará muy pronto "nuevas formas de gestión pública participativa". "Son movimientos relativamente jóvenes que han avanzado muchísimo en poco tiempo", asegura, pero recuerda que una década les ha bastado para tener una enorme capacidad de influencia y de presión. A la larga, confía en que el movimiento sirva para "regenerar la función pública", lo que ya ha ocurrido en países como Bolivia y Brasil. "Creo que estamos en el mundo entero, pero América Latina está abriendo camino en regenerar la función pública, la política, transformar la democracia, ponerle apellido y hacerla participativa", concluye.
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