Medio Ambiente estudia una amnistía para la mayoría de los pozos ilegales  

EL PAÍS/RAFAEL MÉNDEZ. 03-02-06

Un informe del ministerio propone legalizar miles de explotaciones acuíferas subterráneas.

El Ministerio de Medio Ambiente estudia amnistiar la mayoría de los pozos ilegales. La medida, incluida en el borrador de reforma de la Ley de Aguas preparado por técnicos del ministerio y la universidad, supone dar agua subterránea a miles de pozos ilegales, siempre que los regantes no extraigan más agua de la que recibe el acuífero cada año. Medio Ambiente insiste en que el borrador está en estudio y sujeto a cambios, los agricultores apoyan el texto, y los ecologistas critican la medida. Los pozos ilegales han causado que, por ejemplo, las Tablas de Daimiel tengan menos agua que nunca.

El Borrador de ley de modificación del texto refundido de la Ley de Aguas en materia de aguas subterráneas, al que ha tenido acceso este diario por tres fuentes, propone legalizar la gran mayoría de los pozos ilegales. El borrador, de 15 páginas y presentado como texto articulado, ha sido elaborado por "el grupo de trabajo de aguas subterráneas del ministerio". Fuentes de Medio Ambiente afirman que este grupo está formado por "expertos de la Universidad Autónoma de Madrid en colaboración con técnicos del ministerio y los sectores implicadas". El director general del Agua, Jaime Palop, lo ha presentado a ecologistas y agricultores. El ministerio insiste en que el texto "está en estudio", sujeto a cambios y que refleja las demandas del sector.

Una disposición adicional del borrador establece varias fórmulas de legalización de "los aprovechamientos de manantiales o de aguas subterráneas no inscritos en el registro". Quienes demuestren que su pozo es anterior a 1986 "podrán optar por su inclusión en el catálogo de aguas privadas o como aprovechamiento temporal" hasta el 31 de diciembre de 2035. Después de ese plazo "tendrán derecho" a una concesión de agua.

Para los pozos posteriores a 1986 y anteriores a los planes de cuenca (elaborados alrededor de 1995), el texto prevé otorgarles "la oportuna concesión, que finalizará el 31 de diciembre de 2035". Para esta concesión, el borrador exige que los regantes de un acuífero estén previamente asociados en una comunidad de usuarios que controle el reparto de caudales. Los pozos posteriores "podrán ser objeto de concesión conforme al régimen general legalmente previsto".

El borrador establece que el caudal que obtengan estos pozos no podrá suponer merma para los regantes que ya tienen sus extracciones legalmente ni podrá superar la cantidad de agua que anualmente llega al acuífero. El borrador también propone cerrar todos los pozos en desuso y que los que funcionen tengan un contador de agua.

Miles de extracciones

Es imposible saber cuántos pozos ilegales hay en España. Los ecologistas afirman que hay 500.000, pero un estudio la Asociación de Usuarios de Aguas Subterráneas, la principal agrupación de afectados, eleva la cifra hasta 1,5 millones. La mayoría se han abierto durante décadas sin permiso de las confederaciones hidrográficas, dependientes del Ministerio de Medio Ambiente. Actualmente, como explica el coordinador de la Asociación de Usuarios de Aguas Subterráneas, Luís Martínez, en muchas zonas se extrae más agua de la que llega a los acuíferos.

Uno de los ejemplos más claros es la cuenca del Guadiana, donde existen unos 70.000 pozos ilegales que cada año extraen más del agua que llega al acuífero. "Estos pozos han sido los principales responsables de que el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel esté en situación de mínimos", explica Martínez, que apoya la reforma y destaca que considere imprescindible que los regantes se asocien.

Las Tablas de Daimiel tienen actualmente unas 60 hectáreas encharcadas, cuando ha llegado a tener hasta 1.750 hectáreas cubierta de agua. El presidente de la confederación del Guadiana intentó cerrar los pozos y, ante la presión de la comunidad autónoma y los regantes, el ministerio acabó destituyéndolo. Las cuencas del Guadalquivir, del Sur y del Segura también tienen miles de perforaciones ilegales.

El responsable de Agua en Ecologistas en Acción, Santiago Martín Barajas, critica la propuesta: "Nos lo presentaron como texto del ministerio y nos parece mal que estudien aceptar una ilegalidad porque son incapaces de cerrar pozos".