El PSOE denuncia «irregularidades» en la tramitación de los Acantilados

IDEAL/ÁFRICA MATEO/ALMERÍA. 20-10-05

Aguadulce está a la espera de que se resuelva la situación de los Acantilados de Aguadulce. La polémica despertó hace meses, cuando se empezó a mover tierra en este espacio y los vecinos comenzaron a convocar manifestaciones periódicas para evitar que se construyan viviendas allí. Pero no ha habido ningún pronunciamiento y las obras siguen. Eso sí, se está trabajando para resolver esta situación.

De hecho, según constata un informe oficial al que ha tenido acceso IDEAL, «en el Plan Parcial -que transformó a urbano el terreno sobre el que se asientan los acantilados- se encuentran una serie de irregularidades tanto de forma como de fondo» que «fundamentan la consideración de que este Plan Parcial es nulo de pleno derecho».

Para entender todo esto, hay que remontarse al 21 de marzo de 1997, cuando el PGOU de Roquetas de Mar clasificó estos terrenos como urbanizables, dentro del sector S-1. Posteriormente, se tramita el Plan Parcial (como desarrollo del PGOU), que se aprueba definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento el 20 de noviembre de 2002. En virtud de una ley del 77, el Ayuntamiento tenía delegadas las competencias necesarias para aprobar el Plan, por lo que se consideraba también admitido por la Comisión Provincial de Urbanismo.

En estudio

Nada había pasado desde entonces, pero la polémica social que ha despertado el inicio de las obras ha motivado que se vuelva a estudiar la situación, y es cuando, como constata el informe, se detectan las «irregularidades». Entre los defectos de forma, el Ayuntamiento «debería haber recabado, de los órganos competentes, los informes exigidos por la normativa urbanística», para adjuntarlos en el expediente final que deberían entregar en la Comisión Provincial de Urbanismo para que ésta diera su opinión. Pero esto no sucedió, como explica el informe oficial, ya que el 26 de septiembre de 2002, fecha en la que la Comisión tenía que dictar resolución, resolvió lo siguiente: «como no se aporta la documentación requerida, no queda más remedio que resolver con la imposibilidad de emitir un informe», que habría sido «vinculante y preceptivo».

El mismo documento desvela que «faltaba el informe de la Dirección General de Costas». Por eso, se consultó a Costas el 7 de julio de 2005 y la respuesta fue que «no existe dicho informe ni consta solicitud del mismo». A pesar de esto, el Ayuntamiento procedió a la aprobación definitiva del Plan Parcial.

Pero no es esta la única «irregularidad» que constata el informe oficial, ya que «parte del sector -la de los Acantilados- se encuentra en suelos afectados por la servidumbre de protección del dominio público terrestre», es decir, los 100 metros que hay que dejar desde el límite de la ribera del mar. También hay «suelos afectados por la zona de influencia del dominio público marítimo terrestre», o lo que es lo mismo, que invade los 500 metros que hay que dejar desde el límite del mar, en los que las leyes obligan a evitar la formación de pantallas arquitectónicas y la acumulación de volúmenes.

Vuelve a insistir el informe en la «nulidad de pleno derecho», por «aprobar sabiendo que el expediente estaba incompleto».

En cuanto a las «irregularidades» de fondo, el informe constata que «la documentación aportada es incompleta, ya que no se aportan datos de edificabilidad y de número de viviendas adjudicadas a cada parcela lucrativa». Además, «no se destina el 60% de la superficie a viviendas unifamiliares», con lo que «incumplen su propio PGOU» que así lo estipula. Respecto a los espacios libres, «no se pueden usar, debido a la gran pendiente de los terrenos destinados a este uso».

Por otro lado, se produce también «apantallamiento», debido a la topografía del terreno y a la altura permitida, «que es de 4 a 6 plantas». Insiste, otra vez, el informe oficial, en que «falta el informe de Costas», al igual que el proyecto carece de «un estudio pormenorizado de la cuenca de aguas pluviales que vierte sobre el territorio».

Pronunciamiento

Como consecuencia de todos estos defectos detectados, el informe aconseja «requerir al órgano competente en materia ambiental de la Comunidad Autónoma que informe sobre si el presente Plan Parcial debe someterse al procedimiento de la Evaluación de Impacto Ambiental», debido a que «se trata de una zona sensible». Además, la transformación del suelo en urbanizable, «implica la eliminación de la cubierta vegetal, superando incluso las 10 hectáreas establecidas por la Ley del 2000»