Artículo publicado por la revista Foco Sur (1997) : nº 17: 20-23

Desierto de Tabernas La desertización es un problema global que afecta a un gran porcentaje de las áreas tropicales y ecuatoriales del planeta azul. Casi un tercio de la superficie territorial española presenta en la actualidad procesos de erosión grave, siendo especialmente importantes los que se desarrollan en el Sureste peninsular. En este sentido, se puede afirmar que en Almería la desertización constituye el principal problema ambiental. El avance del desierto no influye solo en las comunidades de fauna y flora silvestres, alterando irreversiblemente los ecosistemas en los que se integran, sino que constituye un factor limitante para el desarrollo de aprovechamientos humanos básicos como el agrícola o el ganadero. Detener o frenar esta dinámica es una tarea compleja que requiere de estrategias comunes y donde todos tenemos un grado de implicación y de responsabilidad directo.

Desertización: conceptos básicos

El término desertización se aplica a un complejo proceso donde intervienen multitud de factores bioclimáticos, geográficos y antropógenos, cuyo resultado final es la denudación o pérdida del suelo mediante la acción de los agentes erosivos. La palabra desertificación es una mala traducción del sustantivo que en los idiomas francés e inglés identifican al proceso que en castellano se define como desertización. Según algunos autores, como el físico y divulgador científico Manuel Toharia (1990), no existen dos mecánicas diferentes definidas por sendos sustantivos, sino un fenómeno único independiente de la zona afectada y que implica la progresiva desaparición del suelo cultivable, así como de la vida vegetal y animal. Sin duda, el hombre ha influido en este proceso sobre todo a lo largo del último milenio, aunque el fenómeno en sí esté inmerso en un problema de mucho mayor alcance, de tipo bioclimático, que hace de nuestra era un período de transición similar al Pérmico.

Sin embargo, la influencia humana, aunque infinitesimal dentro de la historia geológica de nuestro planeta, ha sido realmente devastadora. Por citar algún ejemplo gráfico, basta señalar que de los 25.000 millones de hectáreas arboladas existentes en Madagascar al comienzo de este siglo, tan solo quedan 2 millones en la actualidad. Dentro del ámbito mediterráneo la relación hombre - desertización ha sido una constante secular; hace 100.000 años, el hombre de Neardental ya hacía pleno uso del fuego con el objeto de acrecentar los terrenos destinados al pastoreo.

Se puede afirmar que España es el país europeo con mayores y más graves procesos de desertización, especialmente intensos en algunas provincias del Sureste Ibérico como Murcia, Granada y Almería, a la vez que mantiene dentro de su territorio subdesiertos consolidados como el de Tabernas.

Según datos oficiales aproximadamente el 30% de la superficie española, unos 15 millones de hectáreas, están sometidas a procesos graves o muy graves de erosión hídrica y un 24% a procesos erosivos moderados. Extrapolando estas cifras podemos afirmar que, de los 52 millones de hectáreas que ocupa el territorio español, aproximadamente el 66%, es decir 34 millones de hectáreas, se encuentran dentro de la dinámica de importantes procesos erosivos que están desembocando en una progresiva y alarmante desertización. De un modo gráfico puede afirmarse que unos 1.500 millones de toneladas de suelo se pierden por erosión anualmente en España, lo que equivale a decir que cada minuto se destruyen 3.000 toneladas de suelo. Si se tiene en cuenta que en la generación de un par de centímetros de espesor de suelo la naturaleza invierte 1.000 años y que, según algunos edafólogos, nuestro país pierde cada año 1 milímetro de suelo, se puede deducir que actualmente la capacidad de regeneración del mismo es 20 veces inferior a la de su pérdida.

En Andalucía, el fenómeno de la erosión provoca desplazamientos de suelo superiores a las 50 toneladas por hectárea y año. Así, 3 millones de hectáreas, un 35% del territorio andaluz, sufren graves problemas de erosión, que en Almería afectan a más de un 70% de la superficie provincial.

La cubierta vegetal equivale a la piel que rodea a nuestro cuerpo y, de modo similar, actúa como la primera y principal defensa contra las agresiones procedentes de los agentes patógenos que nos rodean, ofreciéndonos una segura y eficaz protección; si ésta se rompe, es decir si se producen heridas, dicha barrera inmunológica deja de ser efectiva y nuestra salud puede verse seriamente comprometida. Del mismo modo la cubierta vegetal aísla, fija y protege al suelo de los agentes erosivos. De hecho, el control efectivo de la desertización pasa inexorablemente por el de los procesos de erosión, constituyendo la conservación y regeneración de la vegetación la principal herramienta contra el avance del desierto.

Parámetros que influyen en el avance del desierto

El primero y principal de éstos es la deforestación masiva que ha soportado y soporta este país, lo que provoca la denudación del suelo fértil y su progresiva desaparición por la acción de los agentes erosivos. La destrucción de grandes masas forestales para su aprovechamiento, para el aumento de tierras de cultivo, etc., es un hecho histórico fácilmente constatable y que ya hemos descrito al hablar de algunas serranías almerienses como Gádor o Filabres, aunque en la actualidad son los incendios forestales el principal agente causante de tan basta deforestación.

Si el historiador romano Plinio visitara actualmente España, la bautizaría probablemente con el nombre de "Tierra del Fuego", apropiándose de la denominación que Magallanes dio a la Patagonia. Y es que, los bosques y matorrales españoles parecen salir de una permanente noche de San Juan donde el fuego, en este caso destructor que no purificador, asola y calcina miles de hectáreas cada año, convirtiendo a esta piel de toro en un cuero, cada vez más roído y deteriorado.

Algunos ecólogos como Joaquín Araujo (1992) afirman que la velocidad de destrucción de nuestros bosques es 600.000 veces superior a su capacidad de crecimiento natural y que la destrucción del patrimonio forestal mantiene un ritmo medio de 95 millones de árboles quemados al año. Cabe destacar, que durante las tres últimas décadas hemos perdido el 12 por ciento de la superficie arbolada de nuestro país. Desde 1970 a 1990 ardieron en España 2.210.000 hectáreas, superficie equivalente a dos veces y media la extensión de la provincia de Almería. Durante el mismo período se calcinaron en Andalucía 472.700 hectáreas. En cualquier caso, con una media superior a las 100.000 hectáreas anuales de desolación y calcinación, los esfuerzos de la administración, tanto a nivel central, como autonómico parecen ser insuficientes frente a la magnitud de esta catástrofe ecológica. Los datos oficiales del Plan Infoca/95 y 96 han dado los valores más bajos de este tipo de siniestros, para nuestra provincia, durante el último quinquenio; noticia sin duda esperanzadora, aunque no concluyente, que indica notables mejoras en las técnicas y medidas de control, aunque no puede obviarse la corresponsabilidad de los factores metereológicos que han caracterizado este bienio tras un prolongado período de sequía.

En este sentido, cabe destacar el aumento de las dotaciones presupuestarias realizadas durante los últimos años por parte de la Junta de Andalucía, que han multiplicado las infraestructuras encaminadas a la lucha y prevención de incendios forestales y al desarrollo de programas específicos de sensibilización y educación ambiental. Almería cuenta actualmente con dos Centros de Defensa Forestal en Serón y Alhama de Almería y un Subcentro en Vélez Blanco. Estas estructuras, ubicadas dentro de entornos forestales, además de constituir centros operativos en la lucha contra el fuego, realizan estudios de las masas forestales sobre las que actúan, así como cursos de formación permanente del personal que interviene en este tipo de actividades .

Principales causas de los incendios forestales

Tras el análisis estadístico de las últimas dos décadas puede inferirse que tan solo el 5% de los incendios forestales se deben a causas naturales o fortuitas, el 15% se producen por negligencias, más del 35% son intencionados y, aproximadamente, del 40% restante se desconocen sus causas concretas, aunque mayoritariamente se les supone un origen antrópico. Es decir, que de las 100.000 hectáreas que arden por termino medio en nuestro país cada año, tan solo 5.000 corresponderían a incendios forestales de origen natural por lo que, en cualquier caso, seríamos los responsables directos de más del 90% de nuestra particular España en llamas.

¿Estamos acaso en un país de pirómanos y psicópatas? A la vista de estos resultados sería fácil argumentar en favor de este postulado; sin embargo, en ecología los análisis simplistas casi siempre conducen a errores más o menos graves, por lo que se hace necesario manejar con cuidado las avalanchas de números y los estudios estadísticos.

¿Por qué arden los montes españoles?

Como hemos comentado anteriormente, existe una inadecuación entre los recursos destinados a la prevención de incendios en comparación con las pérdidas que éstos originan. Pese a los miles de millones que se invierten en la prevención y lucha contra los incendios y a la creación de nuevos servicios cada vez más especializados y eficaces, en esta particular batalla las pérdidas siempre superan a las inversiones.

Evidentemente existen pirómanos y algunos dementes dispuestos a hacer arder el monte por puro placer, aunque afortunadamente son los menos. Otros más cuerdos y, sin duda, más desaprensivos por diversos motivos están dispuestos a arrimar el ascua a esta singular hoguera nacional. Entre las oscuras causas intencionadas podemos encontrarnos con especuladores de diversa índole, que pueden pretender bajar el precio de la madera para incrementar sus beneficios, utilizar terrenos con fines urbanísticos o turísticos, intentar influir en la recalificación de los suelos y que normalmente utilizan a terceras personas para conseguir sus objetivos. Algunos cazadores que, con la pretensión de eliminar obstáculos para disparar, levantar piezas o vengar la perdida de su derecho de caza, también actúan como incendiarios. Incluso los contrabandistas no se escapan de "la quema" cuando, con el ánimo de eludir o, al menos, distraer a las fuerzas de seguridad hacen correr las lúgubres cortinas de humo tan habituales en este país. Colectivo importante lo constituyen algunos agricultores y ganaderos que, con el afán de ampliar sus terrenos productivos, de manifestar su desacuerdo por medidas que los hayan perjudicado, o saldar rivalidades con otros propietarios tampoco dudan en contribuir con su granito de fuego a este debacle nacional. Los vertederos y basureros mal acondicionados y próximos a zonas forestales constituyen también un polvorín durante el estío. Dentro de esta lista no podemos olvidar a algunos de nuestros entrañables "domingueros" que, ajenos a los recursos naturales de los que disfrutan, anteponen la necesidad de un arroz a la marinera con hoguera, cual derecho de pernada sobre el medio ambiente, a las consecuencias no gastronómicas que esta puede ocasionar en el implacable estío ibérico. Tampoco debemos olvidar aquí los múltiples incendios forestales que se producen bajo el fuego de la artillería durante el desarrollo de maniobras militares. En ningún caso nos anima la intención de acusar a nadie; todos somos inocentes mientras no se demuestre lo contrario y, si no, que se lo pregunten a los fiscales encargados de instruir las diligencias de estos lamentables hechos pese a estar recogidos en la última reforma del código penal como delitos con penas de cárcel. Aun así, la ecuación que pretendemos desarrollar posé aún diversas lagunas.

¿Como se explica que seamos el país europeo con mayor porcentaje de terrenos calcinados a lo largo del año? ¿Como se entiende que países mediterráneos como Marruecos, con un grado de concienciación supuestamente menos elevado y con un impresionante patrimonio forestal, lo sigan manteniendo sin contar con apenas recursos, pese a poseer factores de riesgo similares?

Según algunos expertos, como el Catedrático de Botánica Francisco Valle, las respuestas a estos interrogantes podrían estar en una inadecuada política de repoblación forestal. El fuego es un fenómeno intrínseco a la vegetación mediterránea; a causa de las tormentas eléctricas y las elevadas temperaturas que caracterizan el estiaje, los incendios fortuitos se han producido de forma secular dentro de un contexto vegetal perfectamente adaptado a estos episodios. De esta forma, la vegetación autóctona tras cientos de miles de años de evolución presenta actualmente singulares sistemas adaptativos frente a las llamas. Sin embargo, la presencia de enormes masas forestales, tanto en extensión como en densidad, procedentes de repoblaciones favorecen, por norma general, una propagación imparable de las llamas con la consiguiente deforestación de grandes superficies arboladas. La mayoría de estas repoblaciones se basan en especies de rápido crecimiento como las pináceas (pinos), que han ido desplazando especies y ecosistemas autóctonos. Estas especies se caracterizan, en general, por ser altamente inflamables, en parte por ser resinosas y por la propia constitución morfológica de sus hojas. A partir de una determinada densidad del bosque los cortafuegos van perdiendo eficacia, entre otras causas porque las piñas, con el calor, son capaces de saltar a más de 500 metros de distancia actuando como autenticas bombas de propagación; lo mismo suele ocurrir con trozos de árboles que literalmente vuelan despedidos por las fuertes corrientes térmicas que se generan en un incendio. A estas hipótesis se sumarían las de otros expertos que aseguran que más del 90% de los incendios forestales se desarrollan en zonas previamente reforestadas.

Pedro Molina, ex-Subdirector General del antiguo ICONA, solía recurrir a la frase: "Los fuegos se apagan en invierno". Quizá algunas alternativas para la solución a este problema podrían pasar en Andalucía por la recuperación en lo posible del paisaje vegetal mediterráneo. La inclusión de pinos no tendría forzosamente que descartarse, pero éstos deberían permanecer prudencialmente distanciados entre sí tal y como marcan los cánones de su desarrollo en medios silvestres.

Los tratamientos selvícolas empleados por la administración forestal deberían ser menos agresivos. "Aclarar o limpiar" el monte, para que las zonas arboladas crezcan y se desarrollen más rápidamente, es un concepto obsoleto, heredado de antiguas políticas en las que el principal objetivo era la producción maderera. En este sentido, es necesario actuar con suma prudencia mediante podas selectivas que respeten la existencia de otras especies menos resinosas y más ignífugas, como son los matorrales mediterráneos, perfectamente adaptados a estos ecosistemas. Esta situación garantizaría una menor incidencia de los procesos erosivos y aumentaría la humedad del suelo mediante la creación de mayores superficies de sombra capaces de contrarrestar la evaporación masiva que por la tremenda insolación y elevadas temperaturas se producen en estas latitudes. Además, este tipo de vegetación aumenta potencialmente la biodiversidad del hábitat y se regenera más rápidamente en caso de incendio.

La regeneración de un bosque tras un incendio depende del régimen de precipitaciones, cantidad y calidad del suelo, localización geográfica, así como de las especies vegetales implicadas, entre otros factores. De esta forma, la nueva formación de una arboleda podría llegar a estabilizarse, en caso de no producirse nuevos incendios, en un plazo que oscilaría entre los 25 y 100 años, período suficiente para que los agentes erosivos produzcan una notable denudación del terreno. Sin embargo, si estas arboledas hubieran convivido con arbustos y matorrales mediterráneos, la generación de la nueva cubierta vegetal se produciría a una mayor velocidad, entre 2 o 3 años, contribuyendo directamente a una protección más efectiva del suelo, mientras que las especies de mayor porte continuarían con su ritmo natural de desarrollo.

No siempre las formaciones arbóreas, pese a su espectacularidad, son las únicas o las más adecuadas a la hora de frenar los procesos erosivos. En Andalucía Oriental, el paisaje vegetal presenta además poblaciones de matorrales autóctonos como azufaifares, cornicales, lentiscares, sabinares, retamares, palmitares, romerales, etc. que, adaptados a sus biotopos originales, son perfectamente eficaces como fijadores del terreno. En este sentido, cabe destacar un lento pero decidido cambio en la política forestal andaluza al incluir a estas y otras especies en las repoblaciones forestales.

Uno de los factores que influyen directamente en el aumento de la erosión, dentro del marco de las repoblaciones forestales, son las roturaciones de los terrenos en pendiente con maquinaria pesada, que producen una irreparable destrucción del suelo. Los aterrazamientos resultantes ofrecen un blanco perfecto sobre todo para la erosión hídrica. Esta práctica es frecuente en la actualidad y común también dentro del medio agrario, lo cual no deja de ser sorprendente si partimos de la base de que España mantiene una oferta agrícola excedentaria dentro de la Unión Europea. Los estudios de Chaparro y Esteve (1996) califican como fracasada a la política forestal de aterrazamientos al considerarla como técnicas de escasa efectividad y también de enormes repercusiones ambientales; así mismo, afirman que favorecen los procesos erosivos, provocan profundas alteraciones en las comunidades vegetales naturales y un empobrecimiento del componente orgánico de los suelos. En cualquier caso, la solución a este problema podría pasar por la limitación de las áreas de cultivo y repoblaciones forestales en las citadas condiciones y por la repoblación manual, respetando franjas de vegetación preexistentes para reducir al máximo la erosión.

La quema de rastrojos y matorral, prohibida en la mayor parte de las países comunitarios, es otro de los nefastos hábitos de esta España en llamas. Práctica habitual en nuestros campos, continua utilizándose con el objeto de limpiar y preparar la tierra para nuevos cultivos. Entre otros efectos negativos que produce esta actividad destacan su contribución directa al empobrecimiento del suelo y al efecto invernadero; es causa de un importante número de incendios forestales, sobre todo, en época estival; produce una gran mortandad de fauna de pequeño tamaño y microscópica, y favorece la erosión al provocar la denudación del suelo. Actualmente esta práctica está regulada durante los meses estivales en algunas comunidades autónomas como la andaluza. Sin embargo, es una medida parcial, poco rigurosa y difícilmente controlable. Parece más coherente desarrollar otro tipo de alternativas como la recogida de este tipo de materiales orgánicos y su traslado a plantas de transferencia para su transformación en abonos orgánicos.

El agua es un bien escaso en las zonas áridas, donde su presencia delimita las áreas de actividad humana. En este tipo de hábitats, donde el equilibrio ecológico es muy frágil, una inadecuada explotación de sus recursos suele ir acompañada de la destrucción del mismo y, por ende, del aumento de los procesos erosivos. Según recientes estudios encargados por el Parlamento Europeo a la Universidad Politécnica de Valencia, la explotación de los recursos hídricos en algunas provincias del Sureste de español como Almería, Murcia y ciertas zonas de Alicante, llega a superar hasta el 150 % de su capacidad, muy por encima del resto de las explotaciones de acuíferos en Europa. El principal problema de la sobreexplotación del agua en estos medios es la progresiva salinización de los acuíferos donde suele concentrarse y, por consiguiente, la del suelo. Los depósitos de sales en éstos constituyen un fuerte limitador para la vida que en ellos pueda desarrollase, así el resultado final de este proceso suele ser la desertización. El problema es especialmente grave si tenemos en cuenta que la explotación de los recursos hídricos va directamente relacionada con la agricultura. En este sentido los agricultores que no tengan agua con la suficiente calidad para regar sus cultivos, no tendrán otra opción que la de abandonarlos desapareciendo entonces la única "barrera verde" contra el inexorable proceso de desertización.

Las políticas que pretenden solucionar estos problemas a través del desarrollo de trasvases desde otras cuencas hidrográficas más ricas son cuanto menos inquietantes. Cabe destacar, que la mayoría de los ecólogos españoles coinciden al afirmar que los daños que estos macro proyectos causarán en el medio ambiente, pueden superarán con creces los supuestos beneficios económicos y sociales que se persiguen a corto plazo. En estas circunstancias un hipotético trasvase a las comarcas almerienses de cultivos extra tempranos, probablemente, solo contribuiría a potenciar un desarrollo incontrolado de nuevas áreas de cultivo lo que produciría un continuismo en esta situación de agonía. En la mentalidad de un agricultor, el hecho de que los más prestigiosos científicos pronostiquen que el poniente almeriense se convertirá en un "desierto de sal" en los próximos 40 o 50 años, puede parecer alarmista y, en cualquier caso, no afecta a su futuro inmediato. En España se riegan cerca de 4,4 millones de hectáreas de cultivos y pastos, lo que representa el 15% de la superficie agrícola útil y el 80% del consumo total de agua de este país. El Avance del Plan Nacional de Regadíos prevé la ejecución de 157.034 nuevas hectáreas de regadíos en los próximos 10 años. Ante estas previsiones cabe preguntarse cual es el sentido de semejante ampliación cuando todavía no se ha podido asegurar el futuro de muchos de los cultivos que ocupan la superficie de regadío, dentro del contexto comunitario.

Probablemente, la solución al mantenimiento de nuestros recursos hídricos pase por una decidida voluntad política de racionalizar su uso, evitar el aumento innecesario de las superficies cultivadas, adecuar las redes obsoletas, evitar la exposición directa al sol de balsas y canalizaciones disminuyendo así la elevada evotranspiración que se produce, reorganizar la explotación del suelo adecuándolo a su potencialidad real y, en definitiva, realizar un aprovechamiento coherente de los recursos naturales.

Paradójicamente, el abandono del medio rural y de las actividades agrícolas tradicionales es una de las principales causas de desertización en nuestro país. Según Eduardo de Miguel Beascoechea, responsable del Área de Agricultura en el Fondo del Patrimonio Natural Europeo, la actual política de abandono de tierras de cultivo que favorecen las directrices de la Política Agraria Comunitaria (P.A.C.), está produciendo un fenómeno de gran repercusión social y ambiental. La población activa agraria ha disminuido del 27% al 8% en los últimos 20 años y se han dejado de cultivar medio millón de hectáreas. El abandono de las explotaciones extensivas tradicionales, el abuso de los cultivos arbóreos de secano (olivo y almendro) directamente relacionados con los fenómenos de erosión grave, están bajo el auspicio de la P.A.C. contribuyendo directamente al avance del desierto en nuestra provincia.

Otra de las sobreexplotaciones clásicas en nuestras zonas áridas es la ganadera. Como auténticos "cortacésped", el hambriento y voraz ganado aprovecha cualquier brote vegetal en estos áridos paisajes, provocando una progresiva denudación del suelo que, incapaz de regenerarse cuando la presión predadora supera sus ciclos biológicos, queda a expensas de los implacables procesos erosivos. Capítulo aparte merece el ganado caprino; su capacidad de explotar los escasos recursos vegetales a los que otros herbívoros domésticos son incapaces de acceder, pone de manifiesto su adaptabilidad a casi todos los hábitats ocupados por el hombre, así como, su potencial destructivo dentro de medios áridos. Parece necesario establecer las bases para realizar un control realmente efectivo, sobre nuestra cabaña ganadera, especialmente dentro de ambientes áridos donde la presencia abusiva de algunas especies, sobre todo de cabras, es un factor potencialmente negativo para la conservación de la cubierta vegetal y el mantenimiento del suelo y en ningún caso potenciar su incremento como así lo proponen ciertas tendencias dentro de la U.E.

Algunas prácticas tradicionales como la recolección de plantas aromáticas, frecuente en los secarrales españoles, constituye otro de los factores desastibilizadores de estos hábitats. Cuando la recolección de ciertas especies de romero y sobre todo de tomillo pasan de un uso familiar enmarcado dentro de un contexto económico de subsistencia, a fines claramente industriales, se produce un desajuste entre el aprovechamiento y la conservación de los recursos. La Orden de la Consejería de Medio Ambiente por la que se regula la recolección de ciertas especies vegetales en los terrenos forestales de propiedad privada de la Comunidad Autónoma de Andalucía, junto con la propia Ley de Montes pueden ser efectivas en el control de estas actividades, aunque deberían contemplar su actuación sobre zonas rurales deprimidas donde este tipo de aprovechamientos suelen contribuir al mantenimiento económico familiar.

La proliferación de vehículos todoterreno, también denominados 4 x 4, es un fenómeno intrínseco a las últimas décadas. Actualmente más de 200.000 unidades corresponden a este tipo de automóviles, un 2% del parque móvil nacional. En un plazo relativamente corto, se ha pasado del todopoderoso "seilla" a los potentes "todoterrenos" capaces de llegar a casi cualquier sitio, de forma que pocos rincones de este cuero herido permanecen aun exentos de las huellas de sus anchos neumáticos y del rugido ensordecedor de sus muchos caballos ... de vapor. Afortunadamente la mayoría de estos vehículos nacen y mueren en el seno de las grandes ciudades, como atributos de un extraño concepto de las apariencias sociales. Sin embargo, un porcentaje importante merodean en los montes españoles; algunos de forma organizada y bajo condiciones que garantizan un impacto ambiental mínimo. Otros, descontrolados y al arbitrio de sus osados jinetes que parecen querer demostrar sus casi ilimitadas capacidades de pernada sobre la naturaleza, pese al olor de embragues quemados. España, país montañoso por excelencia, mantiene cientos de miles de kilómetros en caminos forestales, pistas rurales, caminos de montaña, rayas de montería y complejos deportivos de alta montaña. Cicatrices que no contribuyen a evitar los procesos erosivos, si no más bien a aumentar las áreas desgarradas. Es necesario establecer un marco de medidas legales capaces de frenar ciertas modas o tendencias sociales, que no por momentáneas son menos dañinas. La prohibición y control efectivo de la circulación fuera de las pistas expresamente indicadas, del acceso a zonas potencialmente peligrosas durante el estío por ser víctimas propiciatorias de los incendios forestales, la austeridad y cautela a la hora de establecer nuevos caminos forestales, el respeto de esas grandes olvidadas que son las vías pecuarias, son algunas medidas, sin duda impopulares, pero necesarias si se pretende establecer una política preventiva adecuada.