Ecologistas denuncia que 3.000 industrias carecen de autorización ambiental y deberían cesar su actividad mañana

FUENTE: EUROPA PRESS. 31-10-07

Denuncian la pésima aplicación de la Ley de Prevención de la Contaminación y la desidia de Administración y buena parte de las empresas

Ecologistas en Acción denunció hoy "la pésima aplicación" de la Ley de Prevención de la Contaminación y lamentó la "desidia" de Administración y buena parte de las empresas. Según la organización, unas 3.000 industrias carecen de la autorización ambiental integral y deberían cesar su actividad.

El 30 de octubre finaliza el plazo establecido en 1996 por la Directiva Europea sobre Prevención y Control Integrados de la Contaminación para que 5.000 industrias españolas obtengan e implanten la denominada autorización ambiental integrada, permiso imprescindible para poder operar en la Unión Europea.

Por eso mismo, ecologistas llevarán a cabo mañana frente a la sede de la CEOE una acción no violenta como protesta por el no cumplimiento de los requisitos.

La intención de la Directiva era procurar una mejora sustancial del comportamiento ambiental de la industria europea, previniendo en origen la contaminación mediante la implantación de la Mejores Técnicas Disponibles y el establecimiento de valores límites de emisión al aire, las aguas o los suelos coherentes con aquéllas y con la preservación de la salud pública y el medio ambiente. Asimismo, se buscaba unificar los múltiples permisos ambientales existentes en cada Estado miembro en uno único, la Autorización Ambiental Integrada.

Sin embargo, a pesar de los 11 años de plazo otorgados por la norma citada para realizar esta adaptación administrativa y ambiental, con seguridad el mayor reto para la industria y el medio ambiente desde la fundación de la Unión Europea, más de la mitad de las empresas españolas sometidas a esta legislación no han obtenido aún su permiso, según la organización, y en consecuencia "a partir de mañana deberán cesar completamente en su actividad, arriesgándose en el caso de mantenerla ilegalmente a sanciones que pueden alcanzar los 2 millones de euros en cada caso".

"A los 6 años que tardó el Gobierno de José María Aznar en trasponer la Directiva a la legislación española, con la aprobación en 2002 de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, se suma la penuria de medios aportados por las comunidades autónomas para aplicar la norma (con trámites que se alargan hasta 3 años, cuando el plazo legal máximo de resolución es de 10 meses) - , y el desconocimiento y desidia de las empresas afectadas para presentar sus solicitudes y proyectos de adaptación", denuncia.

EMPEZARON A PRESENTARSE HACE UN AÑO

De hecho, señala que la mayor parte de los mismos no se han presentado hasta finales del año pasado, aprovechando una disposición transitoria de la Ley española introducida en la anterior legislatura, que permitía a las empresas seguir funcionando indefinidamente sin autorización ambiental, siempre que la hubieran solicitado antes de 1 de enero de 2007. Esta disposición ha sido impugnada por la Comisión Europea ante el Tribunal Europeo de Luxemburgo, y previsiblemente será derogada por la Ley de Calidad del Aire una vez que la misma salga de las Cortes Generales, que el Congreso aprobará definitivamente mañana..

Para Ecologistas en Acción la situación se complica, porque los inventarios publicados por las autoridades españolas dejan fuera a muchas instalaciones, de forma que todavía a día de hoy es muy difícil saber incluso el número exacto de empresas sujetas a la norma.

En todo caso, apunta que gracias a Comunidades como Cataluña, que se adelanto 3 años a España en la transposición de la Directiva Europea con su propia Ley de 1999, la cobertura media en el Estado podría acercarse al 40 por ciento de industrias autorizadas en plazo, aunque por ejemplo Castilla y León se encuentra por debajo del 20 por ciento y Cantabria en un 5 por ciento.

Ante el incumplimiento generalizado de la Directiva Europea sobre Prevención y Control Integrados de la Contaminación, Ecologistas en Acción exige a la Administración central y autonómica que aporten los medios humanos necesarios para superar el colapso actual, así como un "mínimo rigor técnico" en los condicionantes ambientales de las autorizaciones, en particular en lo referido a valores límite y sistemas de control de los mismos.

Asimismo, insta a la industria a que cumpla con su obligación de adaptar sus procesos a las Mejores Técnicas Disponibles, limitando la contaminación que genera en su entorno.