Marbella salpica cada vez más alto. Un diputado pide “la operación malaya de los jueces”
Fuente: Noticias24horas. 09-07-07
Garrido en el 2006, pidió al Consejo General del Poder Judicial que investigase a los jueces de Marbella.
Francisco
Javier de Urquía era el juez instructor de una de las grandes
operaciones contra la corrupción urbanística, la Operación Hidalgo, y ha
sido acusado de un presunto delito de cohecho y prevaricación. Estos
hechos son los más graves en los que puede incurrir un juez. Por ello,
deberá abandonar de forma forzosa sus despachos de Marbella.
El auto por el que se ordena la apertura de juicio oral contra el
magistrado se limita, a poner en conocimiento del CGPJ el hecho de que
se ha abierto ese procedimiento como consecuencia de la posible comisión
de una serie de hechos que podían ser constitutivos de delito en el
marco de la Operación Malaya. La ejecución de la suspensión será llevada
a efecto por la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía en los próximos días. Las diligencias penales están declaradas
secretas "para tratar de defender y asegurar la investigación criminal".
Los investigadores de la «Malaya» confían en que el magistrado Francisco
Javier Urquía, suspendido por el CGPJ por presunta corrupción en el
ejercicio de su cargo, colabore con la Justicia y aporte datos claves y
nombres de la trama de corrupción de Marbella.
Se trata del segundo juez marbellí implicado en temas de corrupción
después de Pilar Ramírez, suspendida de funciones por tres años en 1999
por no abstenerse en un caso que afectaba al Ayuntamiento de Marbella,
con cuyo alcalde por entonces, Jesús Gil, su familia mantenía negocios
de tipo urbanístico.
La sospecha de la implicación judicial en la trama de corrupción
detectada en Marbella cobró forma con la fulminante suspensión por parte
del Poder Judicial del juez Francisco Javier Urquía, que investiga en la
localidad otro de los casos que ha conmocionado a la capital de la Costa
del Sol. Se trata de la "Operación Hidalgo" contra el blanqueo de
capitales, donde fue detenida la cúpula del bufete de abogados más
conocido de Marbella, el de la familia de origen cordobés Cruz-Conde.
La defensa del abogado cordobés Rafael Cruz-Conde (en libertad bajo
fianza de 200.000 euros) y de otros imputados en el «Caso Hidalgo» no
solicitará la nulidad del procedimiento judicial tras la suspensión
cautelar del juez que instruía la causa, el magistrado Francisco Javier
de Urquía, investigado por el «Caso Malaya».
Fuentes del despacho que representa a Cruz-Conde aseguraron que
descartan llevar a cabo ninguna acción de nulidad del caso al considerar
que la decisión adoptada por el Consejo General del Poder Judicial de
suspender a De Urquía se enmarca en presuntos hechos ajenos al
procedimiento contra sus defendidos.
Las mismas fuentes subrayaron que las labores profesionales para la
defensa de sus clientes están basadas en actuaciones puramente jurídicas
y no se plantean «entrar» en otras cuestiones que inicialmente afectan
al hasta ayer instructor del «Caso Hidalgo» pero no a los imputados.
Por el Caso Hidalgo», una operación contra el blanqueo de capitales a
gran escala que se destapó el pasado abril, hasta ahora se han
practicado 23 detenciones, y se han intervenido unos 92 millones de
euros y 553 propiedades.
EL DIPUTADO DE LOS VERDES PIDE QUE SE INICIE "LA OPERACIÓN MALAYA DE
LOS JUECES"
El diputado y portavoz confederal de Los Verdes, Francisco Garrido,
pidió hoy que se inicie "la Operación Malaya de los jueces" ya que cree
que el caso del juez de Marbella Francisco Javier de Urquía, que ha sido
suspendido por un presunto delito de cohecho y prevaricación, es tan
sólo "un caso más".
Garrido señaló que, en abril de 2006, él mismo pidió al Consejo General
del Poder Judicial (CGPJ) que investigase a los jueces de Marbella y de
la Audiencia de Malaga, pero dos meses después el CGPJ contestó
negativamente a su petición.
"La actitud del consejo fue bastante negativa", explicó el diputado de
Los Verdes, quien cree que los miembros del CGPJ "ignoraron el problema"
argumentando que no podían iniciar una investigación de carácter
"general".
El diputado asegura que, entre 1991 y 2005, las denuncias ante los
juzgados de Marbella por casos de corrupción "superaron el centenar"
aunque todas ellas "fueron o archivadas o ni siquiera admitidas a
trámite o perdidas en el procedimiento".
Garrido dijo estar convencido de que "sin la connivencia y pasividad del
poder judicial" hubiese sido imposible que la trama de corrupción en
Marbella alcanzase las dimensiones que alcanzó y se prolongase tanto en
el tiempo.
El diputado señala que "vista la tasa de delitos y de procesos" que se
cometieron en Marbella entre 1991 y 2005, parece imposible que "no
hubiese ninguna investigación" al respecto y añadió que "la actitud del
mismo Tribunal Superior de Justicia de Andalucía" fue la de "no querer
ver lo que sucedía en el entorno de Malaga y Marbella".
Por último, ha pedido que se abra una investigación "a las cajas de
ahorros y a los bancos", concretamente "a UniCaja y CajaSur" porque
considera que ambas "han estado muy implicadas en todas las operaciones
inmobiliarias" en las que han estado involucrados "los grandes capos de
la operación Malaya".