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El abuso urbanístico a debate en Estrasburgo INDAPA. 20-06-07
La Eurocámara debatió el informe de la comisión de Peticiones sobre la visita a Andalucía, Valencia y Madrid. Durante el debate, el comisario de Mercado Interior, Charlie Mc Creevy, subrayó su intención de proponer a la CE que lleve este caso ante el Tribunal de Justicia Europeo por incumplir la legislación comunitaria sobre licitación pública. Los diputados votarán el jueves a las 12 una resolución no vinculante sobre este asunto.La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo aprobó ayer con el respaldo de todos los grupos políticos salvo el Partido Popular el informe que denuncia los abusos urbanísticos en la Comunidad Valenciana, Madrid y Almería y reclama que se creen comisiones independientes para mediar en disputas sobre proyectos de urbanización y que se compense adecuadamente a los propietarios perjudicados. En total, 15 eurodiputados votaron a favor y 3 en contra. El PP votó 'no' después de que el presidente de la comisión y coautor del informe, Marcin Libicki, rechazara su petición de retrasar la votación para poder presentar nuevas enmiendas a un texto "con el que básicamente estamos bastante de acuerdo", según dijo el eurodiputado, Luis Herrero. Más duro se mostró el parlamentario popular Carlos Iturgáiz, que rechazó de plano el informe al considerar que su único objetivo es "intentar desgastar al PP ".
El informe ha sido elaborado por la delegación de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que visitó entre el 27 de febrero y el 3 de marzo pasados Almería, localidades de la sierra de Madrid y de la Comunidad Valenciana para ver sobre el terreno los abusos urbanísticos que desde hace años han denunciado miles de ciudadanos españoles y de otras nacionalidades. Es el tercero que denuncia abusos urbanísticos en la Comunidad Valenciana desde el año 2003 y el primero que habla de otras regiones.
Para resolver estos abusos, la comisión de Peticiones aprobó un catálogo de recomendaciones en el que reclama a las autoridades españoles y a los Gobiernos regionales, especialmente el de la Comunidad Valenciana, que "reconozcan el derecho legítimo de las personas a su propiedad legítimamente adquirida" y que definan de manera precisa el "interés general" que puede justificar una apropiación.
También pide la creación de comisiones especiales, con la participación de los defensores del pueblo regionales, que tengan un poder de arbitraje en las disputas sobre proyectos de urbanización, y a los que puedan acceder de manera gratuita los afectados. Finalmente concluye que, cuando haya que otorgar una compensación por la pérdida de propiedad, se haga a un nivel adecuado que se ajuste a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE y del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, y exige a la Comisión que investigue cualquier denuncia.
En el debate previo a la votación, la eurodiputada del PP Cristina Gutiérrez Cortines aseguró que la legislación española da excesivas competencias a los Ayuntamientos en materia de urbanismo. "Sólo un pacto entre todos los partidos políticos sería capaz de conseguir que la administración pública del Estado adquiriera mayores competencias que las que tiene actualmente", dijo.
Por su parte, el socialista Carlos Carnero expresó su "satisfacción" por el informe porque a su juicio ha tenido una "gran utilidad" en la Comunidad de Madrid por "impedir que culminaran planes de urbanismo salvaje particularmente en Galapagar y Torrelodones". Asimismo, explicó que, aunque el consejero de Presidencia, Francisco Granados, recibió a la delegación "con una sonrisa", tras su marcha la calificó de "espectáculo cómico-taurino".
El eurodiputado socialista Joan Calabuig lamentó "la actitud de las autoridades de la Comunidad Valenciana y en concreto del conseller González Pons, que hizo ruedas de prensa para atacar a la delegación, que se reunió de manera absolutamente absurda con los promotores inmobiliarios, cuando él tiene la obligación de defender el interés general y no sólo el de una parte".
El representante de Los Verdes, David Hammerstein, denunció que "la democracia local ha sido fagocitada por unos Ayuntamientos en la sombra de las constructoras". "El interés público se ha sustituido por la idea de que urbanizar por urbanizar siempre es bueno. No se defienden los derechos fundamentales, hay blanqueo de capitales de forma masiva, hay muchos casos de corrupción y especulación y esto es un asunto europeo", recalcó, al tiempo que pedía una intervención más decidida de la Comisión.
David HAMMERSTEIN (Verdes/ALE, España) dejó claro que "el
haber ganado unas elecciones no da permiso para obviar la legislación
europea". Además, señaló que tener la mayoría en un
gobierno tampoco da derecho a favorecer a "agentes urbanizadores insaciables y
constructoras imponentes". Hammerstein indicó también
que "debe lucharse por la
conservación de los recursos hídricos y de las tierras valiosas de
varias generaciones". Asimismo, manifestó su solidaridad
hacia los peticionarios y dijo que "hay que tener un mínimo de respeto
hacia los pequeños propietarios". El eurodiputado, que fue miembro de la última delegación que visitó Madrid, Valencia y Andalucía, lamentó que "no se llegue a tiempo a hacer nada" en los casos en los que no se aplican las evaluaciones de impacto que exige la legislación comunitaria.
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