Declaración de la Audiencia Preliminar del Tribunal Permanente de los Pueblos
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN. 18-06-07
El
desarrollo que se está produciendo en el derecho internacional de los
derechos humanos en relación al establecimiento de responsabilidades de
actores no gubernamentales, especialmente de las empresas
trasnacionales, hace que podamos determinar cierto grado de
responsabilidad de la empresa Repsol YPF por las vulneraciones de los
pactos internacionales de derechos humanos que se están produciendo en
las zonas donde la empresa opera. Especial responsabilidad tienen las
empresas trasnacionales que trabajan en América, dada la obligación que
tienen de respetar los derechos humanos reconocidos en los pactos
internacionales aplicables en estos países, tal y como lo ha dicho la
Corte Interamericana de Derechos Humanos y el artículo 36 de la Carta de
la Organización de Estados Americanos.
En el caso de Colombia, se ha venido constatando que las empresas trasnacionales han operado en un contexto de violencia estructural y violaciones constantes de los derechos humanos, del que no sólo no se han desmarcado sino que, en muchos casos, han contribuido a favorecerlo. Así, entre los derechos humanos que se han vulnerado constantemente, y alrededor de los cuales pueden derivarse responsabilidades para las empresas trasnacionales, podemos mencionar los homicidios, torturas, secuestros, desapariciones y amenazas a la integridad física. Además, hay que prestar una especial atención al ejercicio de derechos laborales por parte de los sindicatos petroleros, que muy a menudo han sido tratados con excesiva fuerza y violencia por parte de las empresas y sus empleados de seguridad. Y también merece especial atención la falta de respeto hacia los derechos de los pueblos indígenas, a los que se les está violando de manera impune todos sus derechos territoriales y culturales, exponiéndoles directamente a situaciones de genocidio.
Durante la audiencia, este tribunal ha podido escuchar los testimonios de diferentes testigos. Todos ellos han coincidido en que las actividades de la empresa multinacional española Repsol YPF están teniendo un impacto negativo sobre las poblaciones y los ecosistemas cercanos a los pozos y campos petroleros donde lleva a cabo sus operaciones. Por las diferentes pruebas e indicios sobre las consecuencias de las actividades de la corporación multinacional Repsol YPF en Colombia y en el resto del mundo que se han aportado en esta vista, cabe acusar a la empresa transnacional española Repsol YPF de los siguientes hechos:
1º) En todo el mundo, especialmente en América Latina, Repsol YPF desarrolla actividades que:
Contribuyen al cambio climático global : En 2005,
Repsol extrajo 1.139.400 barriles de petróleo diarios. Si se tiene en
cuenta que cada barril de petróleo, al ser quemado, corresponde a unas
0,36 toneladas de CO2, se puede concluir que las actividades de Repsol
contribuyeron a la emisión de 149.717.160 toneladas de CO2. Esta
cantidad es equivalente a casi la mitad de las emisiones de todo el
Estado español en el año 2005.
Tienen graves impactos ambientales y sobre los pueblos indígenas en
Bolivia : Repsol efectúa sus operaciones
petrolíferas en siete áreas protegidas de Bolivia, entre las que se
encuentran el Parque Nacional Madidi, la Reserva de la Biosfera Pilón
Lajas, el Parque Nacional Amboró y el Parque Nacional Aguaragüe. Además,
en Bolivia tiene campos en el territorio de 17 pueblos indígenas, entre
los que están el Territorio Indígena Multiétnico, en el Territorio
Indígena Chimán y el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure,
entre otros, territorios en los que habitan multitud de diferentes
etnias amazónicas, y en los que está destruyendo sus culturas mediante
la exclusión territorial de estos pueblos, la destrucción de su
territorio y de sus medios de subsistencia y la persecución a sus
organizaciones sociales.
Poseen efectos muy negativos sobre los pueblos indígenas y el entorno
en Ecuador : Repsol YPF tiene actividades en el
Parque Nacional Yasuní, declarado reserva de la biosfera, donde habita
la etnia indígena huaorani. Repsol forma parte, junto a otras seis
empresas petroleras, del consorcio que explota el Oleoducto de Crudos
Pesados (OCP), que transporta el petróleo desde la selva amazónica hasta
la costa pacífica y afecta a once áreas protegidas. Durante la
construcción del OCP se produjeron violaciones a los derechos humanos,
en concreto a la libertad de expresión, la salud, la alimentación, el
acceso al agua y el derecho a un medio ambiente sano. La puesta en
marcha de este proyecto ocasionó el taponamiento de fuentes de agua para
el consumo humano de la población asentada a lo largo de la ruta, y
durante las etapas de prueba del oleoducto se produjeron cinco derrames
de crudo que contaminaron las áreas cercanas.
Impactan social, cultural y ambientalmente en Argentina
: Repsol YPF ha invadido extrajudicialmente y contaminado
varias comunidades indígenas mapuche en la provincia de Neuquén. El
conflicto más conocido es la contaminación del yacimiento de Loma de la
Lata, donde las comunidades Kaxipayiñ y Paynemil presentan niveles de
intoxicación alarmantes por la acumulación de más de 17 metales pesados
en sus tejidos corporales. Según la Evaluación de Daño
Cultural/Ambiental realizada en 2001 por una consultora alemana, los
restos de metales pesados hallados en la zona investigada son 700 veces
más altos de lo permitido por la legislación argentina. Además, Repsol
YPF ha provocado un desempleo masivo en la población de General Mosconi,
en la provincia de Salta, zona gasífera y petrolera por excelencia. La
privatización de YPF y la adquisición por parte de la empresa Repsol del
98% de las acciones de la ex compañía estatal implicó en General Mosconi
un fuerte proceso de pérdida de puestos de trabajo, afectando al 60% de
la población activa.
Saquean los recursos de países como Bolivia y Argentina
: En Bolivia, Repsol es corresponsable, junto con otras
empresas transnacionales y organismos multilaterales, de impulsar una
serie de reformas cuyo fin es la transferencia del derecho propietario
del Estado sobre sus empresas, bienes y recursos naturales a las
empresas transnacionales y principalmente a Repsol YPF. El 15 de enero
de 2006, Repsol YPF hizo saber que había inscrito como “concesiones
soberanas” las reservas de gas que controlaba en Bolivia en la Bolsa de
Valores de Nueva York. Poco después Repsol YPF anunció un recorte de 25%
de sus reservas de hidrocarburos, sobre todo de gas natural, y el grueso
de la revisión correspondió a Bolivia. Por otra parte, la privatización
de la empresa estatal argentina YPF por el gobierno de Menem en el año
1999 estuvo repleta de irregularidades y denuncias. Repsol compró esta
empresa aprovechando la deuda externa argentina: YPF fue forzada a
endeudarse en el exterior aunque disponía de recursos suficientes para
sostener su propio desarrollo, y ante la Oferta Pública de Adquisición
en la Bolsa de Nueva York, Repsol fue el único oferente.
Han producido impactos sociales y ambientales en el Estado español
: Repsol YPF ha estado realizando prospecciones frente a
las costas de las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Las plataformas
que pretende construir Repsol ponen en peligro más de diez Espacios
Naturales Protegidos y chocan con los intereses turísticos de la zona.
Además, teniendo en cuenta que el agua de consumo se obtiene desalando
el agua del mar, suponen un alto riesgo para la salud de los habitantes
de la región. Por otra parte, en el año 2003, en la refinería de
Puertollano (Ciudad Real), murieron nueve trabajadores por un incendio
que podría haber sido evitado si hubiera habido mejores medidas de
seguridad. Las investigaciones efectuadas a raíz de este suceso llevaron
a que la Consejería de Industria de Castilla – La Mancha descubriera
graves infracciones. Basándose en este informe, la Inspección de Trabajo
propuso dos sanciones, con la máxima cuantía que establece la ley, que
ascienden a 1,2 millones de euros.
2º) En Colombia, Repsol YPF desarrolla operaciones que:
Al igual que las demás transnacionales petroleras presentes en el
país, han generado una profunda transformación del territorio
: desde que se establecieron hace más de un siglo en Colombia,
las compañías transnacionales del petróleo se fueron adjudicando
contratos de explotación, localizaron poblaciones que aseguraran la mano
de obra en la construcción de las infraestructuras necesarias,
propiciaron la destrucción de las zonas selváticas aledañas,
persiguieron a las comunidades indígenas, hostigaron a las
organizaciones sociales y, en definitiva, contribuyeron a hacer efectiva
una profunda transformación del territorio. En 1948, después de la
huelga de los trabajadores petroleros de Barrancabermeja, se nacionalizó
la infraestructura de extracción, transporte y refino del país y se creó
la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol). Este esquema contractual
que garantizaba la participación estatal se mantuvo hasta los años
noventa, cuando los sucesivos gobiernos colombianos lo fueron
modificando de acuerdo a la ideología neoliberal, hasta llegar a ser un
modelo similar al que imperaba a principios del siglo pasado. Repsol, al
igual que otras corporaciones transnacionales petroleras, no ha
contribuido a aportar soluciones al conflicto armado ni ha aportado nada
para paliar las desigualdades que se viven en Colombia. De hecho, en las
últimas décadas la situación se ha agravado en aquellos lugares que
disponen de petróleo.
Se han centrado en la explotación y exploración petrolera en el
departamento de Arauca : La mayoría de las
operaciones de Repsol en Colombia se han llevado a cabo en el
departamento de Arauca, donde está presente en casi todos los bloques
petroleros que cubren la región. En Arauca, Repsol desarrolla
actividades de exploración y de explotación petrolera en tres formas
distintas pero complementarias: asociada a la corporación transnacional
estadounidense Occidental (Oxy), en consorcio con la empresa estatal
Ecopetrol y en solitario. Por sus actividades en la región, en la que se
vive una crisis originada por el conflicto armado y por la política de
represión en contra de las organizaciones sociales, Repsol ha adquirido
una corresponsabilidad, directa o indirectamente, en el incremento del
conflicto social, político y militar, la destrucción de los ecosistemas
de la región y el acoso a las culturas indígenas.
Tienen graves consecuencias sobre la situación de los derechos
humanos en Arauca : A pesar de participar en la
explotación del segundo mayor campo petrolero de la historia de
Colombia, Caño Limón, e ingresar los beneficios correspondientes, Repsol
no ha asumido los antecedentes de la compañía Oxy, su socia, como
operadora del campo. Se ha desentendido de la responsabilidad en
crímenes de lesa humanidad al financiar compañías de inteligencia
mercenarias, en el apoyo al ejército norteamericano, en la presión para
propiciar la aprobación del “Plan Colombia” y en la financiación de
unidades militares que acumulan denuncias en materia de derechos
humanos. Desde 2002, año en que Repsol anunció la existencia de petróleo
en Capachos, Tame comenzó a sufrir el auge del paramilitarismo,
incrementándose los crímenes contra la población civil y los índices del
desplazamiento forzado. Una vez que las acciones de los grupos
paramilitares se intensificaran en los dos años siguientes, Repsol
comenzó a perforar y a producir petróleo. La represión a las
organizaciones sociales y a la población civil de Colombia ha tenido
especial virulencia en Arauca, donde el ejercicio del terrorismo de
Estado, en el que han tenido que ver tanto los grupos paramilitares y el
ejército como la estrategia de judicializaciones masivas y la política
del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, ha incrementado enormemente el
número de casos de violaciones a los derechos humanos en los últimos
cuatro años.
Provocan el desplazamiento y la destrucción de la cultura de los
pueblos indígenas en Arauca : Repsol ha tratado de
asegurarse nuevas reservas de crudo en unas áreas de exploración que se
superponen con resguardos indígenas u’was y guahibos. Repsol se ha
aprovechado de las contradicciones de la legislación colombiana para
intervenir en los bloques petroleros de Capachos y Catleya, coincidentes
con territorios indígenas. A pesar de la manifiesta oposición de las
comunidades u’was a que se lleve a cabo cualquier tipo de actividad
petrolera en su territorio, Repsol se ha asociado con Ecopetrol en el
bloque Catleya. En él, donde es la empresa estatal la que asume la
operación, se incluye todo el piedemonte araucano, en el que se asientan
las comunidades indígenas u’wa, por lo que la exploración en esta zona
conlleva que se vea afectado su modo de vida y su cultura. En este caso,
Repsol YPF de nuevo es corresponsable por las actividades petroleras que
desarrolla en dichos territorios, contraviniendo los acuerdos
internacionales y sus propias políticas de Responsabilidad Social
Corporativa.
Poseen graves impactos ambientales sobre los pueblos indígenas en
Arauca : Repsol debería asumir las consecuencias
ecológicas relacionadas con la explotación petrolera en los últimos
veinte años al ser copartícipe, junto a Ecopetrol y Oxy, de la
Asociación Cravo Norte, encargada de la explotación de Caño Limón.
Repsol forma parte de este consorcio, pero, a pesar de beneficiarse de
su producción, nunca ha asumido la responsabilidad social y ambiental
que conlleva. La participación en el segundo mayor yacimiento petrolero
de la historia de Colombia representa un importante beneficio para la
empresa española, pero también una responsabilidad por los pasivos
ambientales que dejan sus operaciones. Impactos entre los que destaca el
riesgo de extinción de importantes especies del ecosistema de Lipa, la
pérdida del sustento para cientos de familias pescadoras y la progresiva
desaparición de las comunidades indígenas guahibas, cuyo modo de vida
estaba unido a la conservación del medio natural.
En vista de todos estos hechos, este tribunal considera que existen indicios suficientes para acusar a la empresa multinacional española Repsol YPF de ser culpable de:
Contribuir
a la destrucción ambiental del planeta.
Incrementar
el desplazamiento de poblaciones indígenas.
Continuar
con el saqueo de recursos en los países del Sur.
Operar
en países donde se producen continuas violaciones de los derechos
humanos.
Poner
en peligro la posibilidad de las generaciones presentes y futuras de
continuar viviendo de una forma digna.
Por ello, este tribunal propone que la corporación transnacional Repsol YPF se comprometa a:
Devolver
la deuda ecológica que ha contraído con los países del Sur.
Restituir
a las comunidades indígenas su territorio en las condiciones más
parecidas que se pueda a su situación antes de su presencia.
Retirar
toda su actividad de aquellas zonas donde la población local lo requiera
de forma inmediata.
Reconvertir
su actividad desde la extracción, procesado y distribución de
hidrocarburos, hacia las energías renovables, especialmente la eólica y
la solar.
Respetar
y cumplir los marcos internacionales de derechos humanos, lo que debería
ser constatado a través de la realización de una auditoria externa.
A
restituir a los pueblos donde está realizando sus actividades todos los
recursos que de ellos ha tomado para su desarrollo social en armonía con
el entorno.
Asimismo, se pide que al Estado español que:
Asuma
las responsabilidades oportunas por las actividades de sus empresas
transnacionales en otros países.
Obligue
a las empresas transnacionales españolas a que respeten el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional del
Trabajo. En concreto, debería obligarles al cumplimiento del Convenio
169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos
indígenas, la Declaración de Derechos Laborales Fundamentales de 1998 de
la OIT, la Declaración de la OIT sobre empresas multinacionales y
política social y el Derecho al Desarrollo de los pueblos.
Aplique
el principio de jurisdicción universal para depurar las
responsabilidades de sus empresas en las violaciones de derechos humanos
que se producen en los lugares donde trabajan.
Finalmente, se convoca a todos los presentes, testigos, personas afectadas por la actividad de la empresa y público en general a la Sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos que se celebrará en Bogotá (Colombia) los días 2, 3 y 4 de agosto de 2007, donde un tribunal constituido al efecto y un jurado popular juzgarán a las empresas trasnacionales petroleras Oxy, BP y Repsol por los impactos negativos que han acumulado en el ejercicio de sus operaciones en Colombia.
Firmantes
Campaña ¿Quién debe a quién?, Campaña Afectad@s por Repsol, Red de Hermandad y solidaridad con Colombia, Red Birregional Enlazando Alternativas.
ACSUR-Las Segovias, ATTAC, COLICHE (La Rioja), Comité de Solidaridad Internacionalista (Zaragoza), Cristianos de Base, Ecologistas en Acción – Madrid, Ecologistas en Acción – Suroeste de Madrid, Espacio Alternativo, Observatorio de la Deuda en la Globalización (Barcelona), OMAL – Paz con Dignidad, Red de Apoyo Zapatista, RCADE – Retiro.