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Rivera
denuncia una persecución por su sentencia sobre el
Algarrobico
Fuente: La Voz de
Almería/Europa Press. 08-02-12 El
magistrado declaró la nulidad de la licencia municipal de
obras para el hotel de Azata en 2008. “Empezaron a sucederse
decisiones con afán de perjudicarme”, asegura “No lo puedo afirmar a ciencia cierta
pero el calvario judicial al que se me ha sometido coincide
con esa sentencia”, ha señalado, en declaraciones a la
agencia de noticias Europa Press, Rivera, para el que
resulta “evidente” que la resolución, emitida cuando estaba
al frente del Juzgado de lo Contencioso-administrativo
número Dos de Almería “creó malestar”. “A partir de ahí,
empezaron a sucederse decisiones con afán de perjudicarme”,
ha apuntillado. El magistrado, quien actualmente ejerce en
el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), ha
hecho referencia a su cambio de juzgado hacia uno de nueva
creación de la misma jurisdicción una vez dictó el fallo
sobre la licencia del hotel, que se encuentra recurrido ante
el Alto Tribunal Andaluz. “Sentí que molestaba”, ha
indicado. Al hilo de esto, ha apuntado que el
Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 3 de
Almería, del que fue designado titular, nació “muerto” y lo
ha achacado a las decisiones que han adoptado el juez decano
de Almería y el magistrado del Contencioso-administrativo
número Uno a la hora de modificar de reparto de las causas
judiciales entre los tres Juzgados de lo
Contencioso-Administrativo, una decisión que se encuentra
recurrida en amparo al Tribunal Constitucional (TC). “Propusieron y aprobaron asignarme el
reparto doble durante tres meses prorrogables como así se
hizo por otros tres”, ha asegurado Rivera, quien, con esta
decisión, ha subrayado, pasó a tener una carga de trabajo de
una media de 700 asuntos a una “descomunal” de más de un
millar. “Resulta sospechoso que siempre intentarán
perjudicarme”, ha manifestado para, a continuación, recalcar
que “hundieron al nuevo juzgado”. En esta línea, ha aludido, asimismo, a
los “enfrentamientos” que ambos magistrados habrían
protagonizado con colectivos conservacionistas. Ecologistas
en Acción remitió en 2006 una carta al Ministerio de
Justicia para protestar por el trato que la Administración
de Justicia dispensa al colectivo en Almería que, según
señaló, “persigue al que denuncia el delito y no al que lo
comete”. La misiva se envió después de que el juez decano
expulsase a dos letrados del colectivo en el juicio que se
celebraba contra tres altos cargos de la Consejería de Medio
Ambiente en Almería por un presunto delito ecológico en el
parque natural Cabo de Gata-Níjar.
En la supuesta cadena de perjuicios
sufridos, el magistrado almeriense Jesús Rivera destaca
especialmente el acuerdo que le obligaba a asumir durante
tres meses el doble de asuntos ingresados en su órgano
judicial. El caso se remonta al año 2009. En Almería
existían dos Contencioso-Administrativos y el Ministerio de
Justicia decidió poner en marcha un tercero para
descongestionar una jurisdicción sobrecargada. Con la plaza
vacante, Jesús Rivera optó por pedir su traslado desde el
número Dos al recién creado número Tres, con lo que heredaba
un órgano aseado de casos pendientes. El Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ) aprobó el traslado. Sin embargo, para
no comprometer el servicio, la Junta de Jueces acordó que
Rivera asumiría durante tres meses el doble de asuntos. El
magistrado protestó formalmente, pero el propio CGPJ
consideró adecuada la medida. Se inició entonces una larga batalla
judicial de demandas y recursos contra el reparto del juez
decano de Almería, Luis Columna, que siempre defendió la
decisión como una solución “temporal” orientada a atender
las necesidades de los ciudadanos. Luis Columna contó con el
apoyo del pleno del Poder Judicial: “La medida adoptada
busca un punto de equilibrio justo que pueda paliar el
atraso estructural que sufren los órganos jurisdiccionales
(...) conocido el nivel de pendencia de dichos juzgados, los
asuntos atrasados constituyen una pieza clave”. No obstante, el conflicto no quedó ahí. Jesús Rivera llevó sus quejas hasta el Tribunal Supremo (TS). El mayo de 2011, el Alto Tribunal desestimó su demanda, dando la razón a Columna. Rivera presentó entonces una petición de nulidad de las resoluciones que le obligaban a asumir el doble de asuntos por una “manifiesta enemistad”, recalcaba en su escrito, con el ponente del TS elegido para el caso, José Manuel Sieira. Asegura que lo cambiaron y no le dieron opción a recusarlo.
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