PALOMARES: 50.000 METROS CONTAMINADOS CON PLUTONIO
FUENTE:
EL PAÍS/RAFAEL
MÉNDEZ
10-12-10
Moratinos pidió en 2009 a Clinton que pagara la
limpieza antes de que se conociera "la contaminación nuclear
en el lugar".- EE UU se desentiende del problema y se niega
a llevarse el suelo radiactivo pese a que su embajada se lo
recomendó
España y Estados Unidos tienen un problema enquistado desde
1966:
el
accidente nuclear en Palomares, en el que
cuatro bombas atómicas cayeron en la pedanía almeriense.
España decidió en 2004 descontaminar la zona e insiste en
que EE UU pague parte de la limpieza y se lleve la tierra
contaminada con plutonio. Así se lo transmitió el 14 de
diciembre de 2009 el entonces ministro de Exteriores, Miguel
Ángel Moratinos, a la secretaria de Estado, Hillary Clinton,
en Washington. Moratinos reclamó, según un cable
confidencial, que Clinton hiciera lo posible "para ayudar
desde el punto de vista de la opinión pública española, de
la que temió que se volviera en contra de EE UU si se
divulgaran los resultados de un reciente estudio sobre la
contaminación". Clinton no contestó. El estudio, a cuyas
conclusiones ha tenido acceso EL PAÍS pero que no ha sido
hecho público, concluye que en Palomares queda medio kilo de
plutonio que ha contaminado unos 50.000 metros cúbicos de
tierra -el volumen de 27 piscinas olímpicas-.
Los cables revelan que Washington sabe que su compromiso
estaba escrito en un documento de 1969. La Embajada en
Madrid pidió al Departamento de Estado que pagara o, de lo
contrario, serían duramente criticados si eludían su
responsabilidad. Sin embargo, EE UU comunicó a España en una
nota verbal del 16 de noviembre pasado que necesita más
estudios,
que por ahora no va a pagar su parte de la descontaminación,
según fuentes conocedoras del documento. Este no aparece en
los cables de Wikileaks, ya que las comunicaciones filtradas
concluyen el pasado mes de febrero. Pero supone el colofón a
un intenso intercambio de pareceres que demuestra que el
caso Palomares ha estado muy presente en las relaciones
bilaterales.
El 7 de noviembre de 2006, un cable de la Embajada de Madrid
a Washington (84732) firmado por el embajador Eduardo
Aguirre (en el cargo entre 2005 y 2009) relata la visita a
España de John Shaw, secretario adjunto del Departamento de
Energía (DOE) en septiembre de 2005. Shaw visitó Palomares,
pese a lo que el Ministerio de Exteriores español no le
trató durante la visita. El cable afirma que "Shaw no se
comprometió formalmente a dar financiación del DOE a ningún
plan eventual de limpieza, pero quedó implícito que el DOE
permanecería en la escena de una forma u otra hasta que
Palomares estuviera limpio".
La nota recuerda que tras el choque de dos aviones militares
durante un repostaje en el aire, el 17 de enero de 1966, el
Ejército estadounidense se llevó unas 1.700 toneladas de
tierra contaminada a un almacén nuclear en Carolina del Sur.
En 1997, el DOE "se comprometió a pagar el 25% del gasto
anual del Ciemat en vigilancia ambiental y médica, hasta
unos 300.000 dólares" al año. El Ciemat (Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas, del Ministerio de Ciencia) es heredero de la
Junta de Energía Nuclear de Franco y quien vigila Palomares.
Entre 1997 y 2007, el DOE pagó tres millones de dólares al
Ciemat.
Una zona olvidada
Palomares nunca fue un problema, era una zona olvidada. Pero
hace una década llegó la burbuja inmobiliaria y, con ella,
los planes para construir decenas de miles de viviendas del
Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora (al que pertenece
Palomares) y de Vera, que también tiene terreno afectado.
Pretendían multiplicar por 10 la población de Palomares
(1.500 habitantes) y obligaron al Ejecutivo a dejar de mirar
hacia otro lado.
En 1996, las mediciones de radiación en el aire y los
cultivos comenzaron a dar niveles anormalmente altos. Era el
americio, producto de la desintegración del plutonio y que
se dispersa más fácilmente. En 2001, el Ciemat tomó nuevas
muestras de suelo y halló un nivel de radiación 20 veces
superior al considerado aceptable para un suelo donde vive
gente. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) alertó de que
remover la tierra contaminada era un riesgo para la salud.
En la Ley de Acompañamiento de 2003, el Ejecutivo de José
María Aznar incluyó la expropiación de los terrenos en los
que cayeron las bombas. Todos esos movimientos se hicieron
sin comunicarlo públicamente. La ley que permitía la
expropiación no citaba en ningún lado la palabra Palomares.
En 2004, ya con el PSOE, llegó a la dirección del Ciemat
Juan Antonio Rubio, quien, según la nota de la embajada,
"revitalizó una institución moribunda" y puso en marcha un
plan de descontaminación. Rubio, ya fallecido, declaró
entonces a EL PAÍS que él fue el primer sorprendido al saber
que el plutonio seguía enterrado: "Lo mejor es quitar el
material radiactivo y olvidarnos de Palomares". El Ciemat
comenzó a realizar un detallado estudio tridimensional de la
contaminación: expropió los terrenos de las bombas, tomó
325.000 muestras con un georradar en 6,6 millones de metros
cuadrados de suelo y analizó 1.848 muestras de tierra. EE UU
puso 1,983 millones de dólares para el estudio. En un
informe preliminar, de junio de 2007, el Ciemat admitió que
había contaminación fuera de las zonas valladas y
expropiadas y el CSN replicó que la contaminación detectada
se podría superar la dosis de radiación admisible para el
público, lo que obligó a "imponer restricciones totales o
parciales" al uso del suelo.
El estudio sobre la radiación enterrada se terminó en
diciembre de 2008 y es al que se refiere Moratinos. El
Gobierno no lo ha hecho público, pero según las
conclusiones, ha hallado 50.000 metros cúbicos de tierra
contaminada con medio kilo de plutonio (cada bomba tenía
entre 4 y 5 kilos). Además, desvela la localización de las
zanjas radiactivas en las que el Ejército de EE UU dejó
enterrados restos metálicos contaminados y que la
sobreexplotación del acuífero ha provocado la intrusión
salina (entra agua de mar en el subsuelo), algo que "reduce
las posibilidades de que el agua subterránea haya sido
utilizada para beber o regar". Hay tres zonas contaminadas,
una cerca del cementerio -donde están las zanjas-, un solar
en el centro de la pedanía, y 20 hectáreas en la sierra de
Almagrera, donde el viento llevó parte de la contaminación
durante la caída de la bomba. De los 50.000 metros cúbicos
contaminados hay 4.200 con un nivel de radiación que implica
"la restricción total de uso". Los investigadores buscan
cómo reducir el volumen de tierra con un tamizado y
consideran que los 50.000 metros cúbicos de tierra
radiactiva se podrían quedar en 6.000.
Control de daños
El embajador Aguirre advirtió a Washington ya en 2006 de que
si decidían no pagar nada "la embajada debería preparar una
estrategia de control de daños, ya que EE UU sería
atornillado en la prensa (por ejemplo, un buen aliado
debería solucionar su propio lío)". El entonces embajador,
que también visitó Palomares, recomendó buscar financiación
militar.
La decisión de Washington de desentenderse del accidente ha
contado siempre con la oposición de su legación en Madrid.
Arnold Chacon, ex encargado de negocios y embajador interino
entre enero de 2009 y enero de 2010, elevó el 30 de abril de
2009 un despacho confidencial sobre Palomares (204960).
Chacon expresa a Washington sus dudas: "¿Está el Gobierno de
EE UU considerando pagar al menos parte de la limpieza y
llevarse parte del suelo contaminado?". La Embajada revisó
todo el expediente para responder la pregunta de si estaban
obligados legalmente a pagar. "La Embajada no conoce ningún
documento que indique que el Gobierno de EE UU se haya
comprometido a financiar la limpieza", aunque admite que hay
"una referencia en un documento de poco valor de 1969" a una
garantía del general Wilson. La legación explica que cree
que se trata del militar "Delmar Wilson, que estuvo al mando
de la respuesta inicial al accidente" y que en ese texto
queda claro que "el Gobierno de EE UU sufragaría todos los
gastos causados por el accidente, pero el contrato no
explica qué cubre esta garantía". El Ciemat encargó otro
informe jurídico en el que ve muy difícil reclamar el pago
en los tribunales.
Los documentos firmados durante décadas no dejan claro quién
debe pagar. El acuerdo Hall-Otero, del 25 de febrero de
1966, un mes después del accidente, se refiere a "un área
rural que ha sido descontaminada de acuerdo con límites y
procedimientos de descontaminación mutuamente acordados y no
hace referencia a ninguna limpieza adicional", según
prosigue Chacón. "Sin embargo" ?admite? "está claro que,
debido a los avances del conocimiento científico de qué
niveles de contaminación son aceptables y con los resultados
preliminares del mapa de la contaminación, la limpieza
adicional ahora es considerada necesaria".
En 2006 y 2007 los dos países
firmaron nuevos documentos para llevar a cabo el proyecto
para conocer la contaminación en detalle. El cable considera
que ninguno de estos "constituye un compromiso para ninguna
de las partes para llevar a cabo la limpieza". Chacón
considera, pues, que no hay obligación legal pero advierte a
sus superiores de que las negociaciones en "2005 y 2006
contribuyeron a la expectación" de que EE UU apoyaría la
limpieza. Insiste en que, aunque nunca se comprometieron por
escrito, los tratos entre representantes de los dos
Ejecutivos "reforzaron" la aspiración de que los
estadounidenses pagarían y de que se llevarían el plutonio.
En la Península Ibérica no hay ningún almacén para esta
sustancia. El plutonio tarda 24.000 años en desintegrarse a
la mitad.
Gastos compartidos
Los científicos españoles involucrados en la limpieza
siempre daban por descontado el apoyo: "Con EE UU no hay
ningún problema. Pagarán su parte. Son gente muy seria y
saben que esto lo causaron ellos", afirmaban con rotundidad.
Aunque con el cambio de Administración y la llegada de Obama
todo cambió. El 8 de octubre de 2006, Juan Antonio Rubio
explicó a EL PAÍS: "EE UU nos va a ayudar en la parte
técnica y aunque no se dice cuánto, los gastos serán
compartidos". La información no fue desmentida y salió en
medios internacionales. La Embajada admite en sus cables que
"las historias en la prensa" reforzaron la impresión de que
Washington pagaría su parte de los 25 millones en los que
está presupuestado el proyecto.
Chacón, al igual que su predecesor, entiende la petición
española: "Si el Gobierno de EE UU decide no colaborar en la
limpieza, anticipamos una significativa reacción negativa
del Gobierno de España y del público y la prensa española
(esperamos que la prensa de EE UU, que ocasionalmente sigue
el tema, también se interesaría)". El embajador considera
que lo relevante no es si hay un compromiso implícito o
explícito, sino que la discusión se centraría en "la falta
de voluntad de EE UU de ayudar a terminar de limpiar la
contaminación causada por armas de EE UU que cayeron de
aviones de la Fuerza Aérea de EE UU".
Pese a los cables, Washington siguió dando largas. Hace un
año, Moratinos sacó el tema en Washington y pidió ayuda
antes de que se conocieran las conclusiones del estudio. En
la reunión estaba el entonces embajador en EE UU, Jorge
Dezcallar, y el ex director general para América del Norte
Luis Felipe Fernández de la Peña. Clinton le replicó "que
recordaba el accidente pero no hizo ningún compromiso". En
lugar de eso, en el presupuesto para el curso 2009-2010, EE
UU dejó de pagar los 300.000 dólares anuales que abonaba
desde 1997.
En mayo de este año, durante la visita del actual
vicepresidente norteamericano Joe Biden a España, Exteriores
sacó el tema y el 7 de julio, finalmente, hubo una reunión
en Washington entre representantes del Gobierno y militares
estadounidenses. El Ejecutivo español (La Moncloa,
Exteriores y el Ciemat) llevaba tres ideas: que España
necesitaba ayuda tecnológica, financiera y, sobre todo, que
EE UU debía llevarse la tierra. No hubo respuesta, solo
tomaron nota, como había hecho Clinton siete meses antes. La
réplica finalmente llegó en una nota verbal de dos folios
del 16 de noviembre pasado.
Análisis a la población
En ella, EE UU afirma ahora que necesita más estudios antes
de tomar una decisión, que hay que realizar análisis a la
población y establecer criterios de exclusión de uso del
suelo. Fuentes españolas consideran que el escrito supone
retroceder 40 años, que no abordan el problema del plutonio
y ni mencionan el americio. Francisco Castejón, de
Ecologistas en Acción, y buen conocedor del proceso, culpa a
EE UU "pero también al Gobierno español": "España ha enviado
delegaciones muy técnicas, de muy poco nivel y Exteriores
nunca se ha implicado en el proceso. Así que EE UU, que en
principio se tomó el tema muy en serio, ha aprovechado la
puerta que le han dejado abierta".
El Gobierno ha recibido con sorpresa y desánimo la respuesta
y ha convocado una reunión el 14 de diciembre para decidir
qué hacer. España es consciente de que sin ayuda
estadounidense no puede solucionar Palomares. "No dicen que
no vayan a colaborar, es una nota interina en la que piden
más estudios. En esencia, se dedican a dar largas", resume
una fuente próxima a la negociación.
Ante la previsible negativa estadounidense, el Ejecutivo
involucró a la Agencia Internacional de la Energía Atómica,
que ha preparado un informe sobre la situación. Además, en
abril visitaron Palomares expertos de Euratom (la agencia
europea de la energía atómica) y elaboraran otro informe
para el Parlamento Europeo. España espera que la publicidad
del informe sirva de palanca para implicar a EE UU. Pero
admite que es muy complicado porque Washington no quiere
crear un precedente y comenzar a recibir reclamaciones de
otros lugares del mundo donde ha dejado contaminación
radiactiva.
Trato VIP al alcalde en un viaje personal a EE UU
La
Embajada de Estados Unidos consideró que tener de su lado al
alcalde en el caso de Palomares era fundamental. La pedanía
pertenece a Cuevas del Almanzora, cuyo alcalde es Jesús
Caicedo, del PP, en el cargo desde 1999.
La
embajada y el Departamento de Energía "se encargaron" de que
el alcalde "recibiera trato de VIP durante un viaje personal
a Washington a finales de 2005", según un cable de 2006 del
entonces embajador, Eduardo Aguirre, a Washington. El
informe relata que el Ayuntamiento podría haber puesto
multitud de pegas al acuerdo bilateral pero que ahora apoya
completamente los trabajos en la zona.
Aguirre se
muestra en el cable como un defensor de la limpieza en la
zona con apoyo estadounidense, para usarlo como ejemplo de
cooperación bilateral. También recomienda aportar material
de EE UU para el museo sobre las bombas que planteó el
Ciemat al Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora. El museo,
con un centro de interpretación, iba a ser dirigido por el
antropólogo Eudald Carbonell, uno de los codirectores de
Atapuerca. El proyecto está paralizado.