Especulación urbanística en los parques naturales
FUENTE: ECOLOGISTAS
EN ACCIÓN – ANDALUCÍA. 30-09-10 Ecologistas en Acción ha remitido una denuncia
contra la Junta de Andalucía a la Dirección General de Medio Ambiente de
la Comisión de las Comunidades Europeas por el manifiesto incumplimiento
del derecho comunitario que protege a 23 de los 24 parques naturales de
Andalucía, parques a los que la Consejería de Medio Ambiente (CMA)
pretende reducir su protección imponiendo los planes urbanísticos (PGOU)
de los municipios por encima de las normas de protección de estos
espacios naturales, los Planes de Ordenación de Recursos Naturales
(PORN) y los Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG). En su denuncia, Ecologistas
en Acción de Andalucía expone los trámites que está realizando la CMA
para imponer este Decretazo, eufemísticamente denominado
“Proyecto de Decreto por el que se establece el
régimen general para la planificación de los usos y actividades en los
parques naturales y se aprueban medidas de agilización de procedimientos
administrativos”, que viene a abrir
los parques naturales a la especulación urbanística y a la corrupción
que le suele acompañar. Esta desprotección afectaría a los 24 parques
naturales andaluces, de los que 23 están declarados por la Unión Europea
(UE) Lugar de Interés Comunitario (LIC) y 21 Zona de Especial Protección
para las Aves (ZEPA). En la denuncia se advierte a las autoridades
comunitarias que mediante este Decreto el Gobierno andaluz pretende
incluir cambios sustanciales en la normativa de estos espacios LIC y
ZEPA, y en sus instrumentos normativo de planificación (PORN y PRUG),
con el objetivo de rebajar el nivel de protección de estos espacios
naturales debido a la presión ejercida por empresarios y alcaldes que
pretenden “relajar” las normas de construcción de viviendas y
equipamientos turísticos en los parques naturales. La modificación
normativa de mayor alcance es la pretensión de modificar el nivel de
prevalencia entre la normativa de protección de los parques naturales
(PORN y PRUG) y los planes urbanísticos de los municipios incluidos en
estos espacios protegidos, lo que vulnera la Ley 42/2007 del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad, que es una norma básica estatal de
obligado cumplimiento para todas las Comunidades Autónomas. Este Decreto vulnera varias directivas comunitarias,
como son la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, y las Directivas
79/409/CEE y 2009/147/CE relativa a la conservación de las aves
silvestres, así como la DECISIÓN 2006/613/CE de la Comisión Europea por
la que se adopta la lista de lugares de importancia comunitaria de la
región biogeográfica mediterránea. Ecologistas en Acción también denuncia la actitud
antidemocrática de los responsables de la CMA que impidieron la votación
de las alegaciones que presentaron los representantes ecologistas en las
distintas Juntas Rectoras de los parques naturales, supuestos órganos de
participación social. También se adjunta a la denuncia la reciente
Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz,
en la que insta al Gobierno andaluz a modificar dicho Decreto por
entender que vulnera “El Título primero de la Constitución y el Título
primero del Estatuto de Autonomía para Andalucía, especialmente sobre el
derecho a vivir en un medio ambiente equilibrado, sostenible y saludable
y sobre el derecho a disfrutar de los recursos naturales, del entorno y
el paisaje en condiciones de igualdad; que son Administraciones públicas
de Andalucía las que ostentan competencias en la materia; y que podría
verse infringido el artículo 18 de la Ley estatal 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad…”. El Defensor
del Pueblo destaca en su Resolución que “Enjuiciamos como inapropiada
para la protección del medio ambiente una regulación como la pretendida,
habida cuenta la ingente presión urbanística que en la actualidad se
cierne sobre los espacios naturales de nuestra región”. Un expediente contra la Junta de Andalucía por esta
evidente infracción del derecho comunitario podría conllevar no solo la
obligación de modificar dicho Decreto, sino el bloqueo de la
financiación comunitaria a planes que se desarrollan en los parques
naturales, como son los proyectos LIFE e INTERREG.
|