La política que hace Medio Ambiente es "destructiva", dice Greenpeace

FUENTE: DIARIO DE SEVILLA/Efe/Sevilla. 22-11-09

La organización ecologista acusa a la Junta de vender una sostenibilidad falsa

El dirigente de Greenpeace Julio Barea advirtió ayer que esta organización y otros grupos conservacionistas están "muy preocupados" con el giro que, en su opinión, ha experimentado la política medioambiental de la Junta, pese a sus insistentes proclamas a favor de la "sostenibilidad". Barea denunció que la política del equipo de la Consejería de Medio Ambiente que dirige Cinta Castillo "es totalmente en contra del medio ambiente y destructiva del medio ambiente" y ello pese a los reiterados mensajes del Gobierno andaluz de apostar por un nuevo modelo económico basado en la sostenibilidad.

El representante ecologista enumeró una docena de conflictos medioambientales que han estallado en la comunidad en lo que va de legislatura, como el polémico oleoducto de Huelva a la refinería extremeña de Balboa, la no demolición del hotel "ilegal" de El Algarrobico, las obras de ampliación y dragado, sin impacto ambiental previo, de los puertos de Huelva y Sevilla, la paralización judicial del polígono industrial de Las Aletas (Cádiz) o el "auténtico despropósito de contaminación diaria" que, en su opinión, padecen la Bahía de Algeciras y el Polo Químico de Huelva.

"Estamos viendo, claramente, cómo la Junta se está contradiciendo porque nos está vendiendo una política verde y basada en la sostenibilidad cuando los hechos van en sentido absolutamente contrario porque va en contra, flagrantemente, del medio ambiente y con hechos objetivos", denunció Barea. En su opinión, esta política opuesta a la defensa de la sostenibilidad medioambiental no es rentable social ni económicamente porque se ha demostrado que las políticas medioambientalmente insostenibles "al final siempre van en contra del empleo y de la salud".

Barea advirtió que este giro en la política medioambiental andaluza, destacada en anteriores legislaturas como una de las más avanzadas de España, "va absolutamente en contra" de las directrices que marca la Unión Europea, lo que se traducirá en sanciones y pérdida de ayudas comunitarias.