Informe de Derechos Humanos: En Honduras se han violentado garantías individuales 

FUENTE: REVISTAZO.COM. 24-07-09 

La delegación por la Democracia y los Derechos Humanos, que dirigió la Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, publicó su informe sobre la visita realizada a Honduras y concluyó entre otras, que el Comisionado de Derechos Humanos de Honduras, no ha realizado ninguna labor para proteger garantías de sus compatriotas.

Tegucigalpa, Honduras.-. Durante varios días la Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, visitó Honduras, acompañada de una delegación, procedente de Guatemala, con el fin de constatar si se estaban violentando los derechos humanos en el país, después del golpe de Estado del domingo 28 de junio.

 

La Delegación por la Democracia y los Derechos Humanos se entrevistó con miembros de la prensa, de organizaciones defensoras de garantías ciudadanas, así como con personas que fueron lesionadas durante las protestas organizadas en algunas ciudades de Honduras.

 

Víctimas de militares

 

Según expresa el informe, en Honduras hubo más de cinco muertos, que se pueden catalogar como ejecuciones extrajudiciales.

La Comisión explica en sus actividades realizadas que el golpe de estado fue perpetrado por las fuerzas armadas hondureñas, con el aval y la complicidad de un sector del empresariado, de los poderes judicial y legislativo así como del Comisionado de Derechos Humanos.

Consideran ejecuciones extrajudiciales:

1. El jueves 02 de julio de 2009, siendo aproximadamente las 17:30 horas, dos individuos descendieron de un vehículo negro con vidrios polarizados y realizaron 7 disparos en contra del periodista Gabriel Fino Noriega de 50 años de edad.

 

Aunque el periodista fue trasladado al hospital más cercano, falleció. El periodista ejecutado realizaba coberturas noticiosas de las manifestaciones para diversos medios de comunicación y había recibido amenazas previas en las que le advertían que dejara de hablar sobre el golpe de Estado. Este hecho se dio en San Juan Pueblo, departamento de Atlantida.13

 

2. El 3 de julio en el lugar llamado “La Montañita” en cercanías de la ciudad de Tegucigalpa, se informa de la aparición de un cadáver de un hombre, que según informe de prensa podría tener entre 40 y 50 años. El hombre vestía una playera de la cuarta urna, según testimonios presentaba señales de tortura y había sido descuartizado. El lugar en donde apareció este cadáver es el lugar en donde aparecían los cadáveres de los detenidos desaparecidos durante el conflicto armado interno15.

 

3. El 5 de julio de 2009 Isis Obed Murillo Mencías de 19 años de edad, durante la manifestación frente al Aeropuerto de Toncontín, recibió un disparo en la cabeza que le quitó la parte posterior del cráneo. Tal como lo muestran diversos testimonios audiovisuales, los disparos provenían de las Fuerzas Armadas. El 5 de julio de 2009, falleció un niño de apellido Lagos quien recibió varios disparos en el abdomen durante la manifestación frente al Aeropuerto de Toncontín. Tal como lo muestran diversos testimonios audiovisuales los disparos provenían de las Fuerzas Armadas.

 

En cuanto a asesinatos relacionados directamente con el golpe de Estado, se registraron los siguientes:

 

1. Una persona de la comunidad de la diversidad sexual, fue ejecutada por miembros de las fuerzas armadas hondureñas en horas de la noche, en el marco del toque de queda implementado por las autoridades de facto.

2. En la Comunidad Arenalitos, del municipio de Santa María del departamento de La Paz, una persona falleció como consecuencia de un infarto cuando era detenido por las fuerzas militares por transportarse hacia Tegucigalpa y unirse a las manifestaciones de rechazo al golpe de Estado.

 

Sin libertad para protestar

 

Cabe señalar, agregan, que la población hondureña y sus organizaciones, que han realizado manifestaciones a partir del 28 de junio del presente año, están dentro del régimen de derecho, ya que el Artículo 3 de la Constitución de la República de Honduras establece que “Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas o usando medios o procedimientos que quebranten o desconozcan lo que esta Constitución y las leyes establecen. Los actos verificados por tales autoridades son nulos. El pueblo tiene derecho a recurrir a la insurrección en defensa del orden constitucional”.

 

Este artículo es esgrimido por todos los entrevistados y por un número importante de personas en la calle y, en la medida que los medios de comunicación que fueron cerrados los días previos y luego fueron abiertos por la presencia de las delegaciones de la UE, OEA y la nuestra, se oyó el mismo argumento en voces de la ciudadanía común.

 

Hay también manifestaciones en favor de lo que se denomina, dentro de Honduras, la “sustitución del Presidente Zelaya” y en favor de Roberto Micheletti.

 

Dichas manifestaciones utilizan el color blanco y son movilizadas por el empresariado, los medios de comunicación masiva e iglesias evangélicas. Las manifestaciones expresan el sentir de población que efectivamente está en favor de lo ocurrido, como también de población que sencillamente ‘quiere vivir en paz’ porque teme las consecuencias de lo que se especula representa la cuarta urna o de la inestabilidad que pueda producir la confrontación. Se recibieron denuncias y escucharon testimonios radiales sobre posible participación obligatoria de empleados de entidades privadas en dichas marchas.

 

Medios censurados

Es otro punto abordado en el informe, la Comisión entrevistó a diferentes representantes de medios de comunicación que fueron censurados, e incluso militarizados y obligados a salir por la fuerza de sus instalaciones.

De hecho la posesión de los medios de comunicación en Honduras ya había generado una situación de violación al derecho a ser informado y a la libertad de expresión, extremo que había sido documentado en el informe de FOSDEH con ocasión de la huelga de fiscales entre el 7 de abril y el 14 de mayo del 200835. Según la investigación, Honduras tiene lo que denominan latifundios y minifundios mediáticos; los 60 canales de televisión y las 300 radioemisores, en su mayoría giran en torno de diez grupos que a su vez giran políticamente en torno a los tres dueños de la prensa escrita: la familia Rosenthal (Diario Tiempo), la familia Flores Facussé (La Tribuna) y la familia Canahuati Larach (El Heraldo y la Prensa).

 

Durante el golpe de Estado no sólo se dio la censura de los pocos medios no sujetos al control de estos grupos sino también la auto censura de los medios y de algunos periodistas. Hacemos mención a uno de los casos de los que tuvimos información y que según nos manifestó una de las personas entrevistadas, al 3 de julio de 2009 habían transcurrido al menos quince días de que el dueño de la Radio X dispuso cerrar un programa radial informativo, aduciendo problemas técnicos.

 

Curiosamente este personaje recientemente fue nombrado Secretario de Prensa. Al hacer el análisis de este hecho varios periodistas hondureños presumen que el interés del cierre de un programa informativo no se derivó de problemas técnicos, sino más bien de una estrategia de obstaculización a la información y a intereses personales del dueño de esta radio quien ha sido beneficiado con un nombramiento en un alto puesto de gobierno.

 

La crisis en Honduras se agrava y los ciudadanos hondureños hoy, por hoy no tienen acceso a la información de lo que está sucediendo en su país. Se ha procurado toda una campaña de desinformación lo que permite crear incertidumbre entre la población.

El informe destaca a Radio Glogo, Canal 36, el programa Hable como Habla del periodista Eduardo Maldonado, Radio Progreso, y otras estaciones que fueron sacadas del aire el día del golpe de Estado.

 

Persecución de nicaragüenses

 

Otra forma de agresión es la xenofobia, reporta el informe, que los operadores del golpe de Estado han provocado, citan a ya casi el centenar de nicaragüenses que han sido arrestados a partir del 28 de junio. Un organismo de derechos humanos pudo verificar la detención de 15 nicaragüenses en Dirección de Migración y otra fuente señala que logra confirmar que se han deportado 10 más, durante los procesos se les quita los documentos de identidad. Desde las autoridades de facto se está construyendo el imaginario que los nicaragüenses invadirán el país y están provocando la violencia.

 

Entre las conclusiones del informe están

1. Con base en las informaciones recabadas, la documentación obtenida y los hechos comprobados, la delegación no tiene la menor duda de que el domingo 28 de junio, en Honduras ocurrió un golpe de Estado, premeditado, orquestado y perpetrado por las Fuerzas Armadas, actores políticos, empresarios y, sobre todo funcionarios de los distintos poderes del Estado quienes incumplieron con su deber de respetar y proteger el estado de derecho. La crisis política previa no justifica, en ningún momento, dicho golpe de Estado y este conlleva consecuencias imprevisibles a la institucionalidad democrática y al Estado de derecho hondureño.

 

2. La delegación ha podido constatar que en aras de justificar la acción golpista, se ha producido un retorcimiento de las leyes del país, lo cual pone en una situación total de deterioro de la institucionalidad del Estado. De acuerdo con la documentación puesta a disposición de la delegación se aprecia preocupantemente la alteración de documentos legales que comprometerían en mayores delitos al sistema de justicia.

 

3. Derivado del golpe de Estado confirmado, las autoridades de turno han impuesto restricciones a garantías individuales y sociales, mismas que vulneran derechos fundamentales de la población que se ve restringida en sus más elementales derechos y garantías.

 

4. La población hondureña han desarrollado una acción no violenta, pacífica, masiva, de resistencia al golpe de Estado, la cual aún en un marco de represión, se ha mantenido con respeto a los miembros de las fuerzas de seguridad, por lo que su reacción responde a los actos de agresión que dichas fuerzas han producido.

 

5. La militarización del país y el uso indiscriminado de la fuerza sin control, ha derivado en la violación de derechos humanos, tan elementales como el derecho a la vida, puesto que hemos podido constatar al menos cuatro ejecuciones extrajudiciales, derivadas directamente de esta situación, al menos 38 lesionados; así como violaciones a los derechos a la movilización, expresión, manifestación y reunión, lo que ha producido más de 120 detenciones (previas al domingo cinco), relacionadas con las manifestaciones de resistencia al golpe; 180 detenciones vinculadas con el toque de queda quedando al momento 18 personas ligadas a proceso por acusaciones como asociación ilícita y sedición con relación a estos hechos.

 

6. El estado de sitio y el toque de queda impuestos autoritariamente dejan a la población en un estado de total indefensión ante arbitrariedades y abusos por parte de las fuerzas de seguridad, particularmente militares que tienen control del territorio.

 

7. La delegación ha podido constatar que las libertades de expresión, de información y de prensa, están siendo constantemente violentadas en Honduras siendo los medios radiales los más afectados por la alta represión a la cual están sometidos. Se pudo constatar que seis radios y una televisora fueron cerradas y censuradas durante los primeros días del golpe de Estado. Los únicos medios de comunicación que no tienen dificultades para realizar su trabajo son afines a las líneas políticas marcadas desde el Estado, impidiendo el acceso a una información independiente, imparcial o crítica.

 

8. Derivado de las limitaciones a la información, la población hondureña carece de información veraz y completa sobre los acontecimientos, en tanto reina un clima de desinformación casi total, lo cual genera incertidumbre, miedo y zozobra en la población. Situación que se agrava con una campaña mediática que permanentemente incita a la población a defender el golpe de Estado y estigmatiza a quien lo resiste.

 

9. En este marco de violaciones de derechos humanos, no se observan condiciones para el desarrollo de elecciones libres ya que no hay condiciones para una campaña en condiciones de igualdad para todos los candidatos. Asimismo, existe temor que con el control de instituciones que existe por parte de las autoridades de facto pueda existir un proceso de fraude.

 

10. En el marco de la confrontación desarrollada desde el entorno que perpetró el golpe, se ha dado lugar a una campaña mediática de xenofobia en contra de ciudadanos no hondureños, particularmente de ciudadanos nicaragüenses y venezolanos, quienes son detenidos arbitrariamente.

 

11. Las autoridades de facto, así como los sectores que sostuvieron la campaña previa al golpe de Estado han mantenido una campaña mediática de intolerancia política y estigmatización a grupos de la izquierda, exacerbando la acción violenta en contra de los mismos.

 

12. Lamentablemente, instituciones clave para la protección y defensa de garantías ciudadanas y derechos humanos, tales como el Comisionado de Derechos Humanos, presidido por el doctor Ramón Custodio, formaron parte del entorno que justificó y sostuvo el golpe de Estado, lo que produce que sea visto como parte del complot golpista.

 

13. En ese comprometimiento con la acción golpista, el Comisionado de Derechos humanos abandonó su rol de vigilante de las libertades y garantías y no ha desarrollado acción alguna en favor de la población afectada por la labor represiva del Estado la cual se ve en un altísimo nivel de indefensión.