Las acusaciones contra Zelaya Rosales y sus cercanos colaboradores 

FUENTE: REVISTAZO.COM. 17-07-09 

A miles de millones de lempiras ascendería el mal manejo de la administración Zelaya Rosales. El actual gobierno ha buscado todos los actos de corrupción que pudo cometer para realizar la consulta popular y la instalación de la IV urna, medidas que algunos aplauden y que otros cuestionan porque deberían ser aplicables a todos los ex mandatarios.

Tegucigalpa, Honduras.- En el argot popular existe un dicho que dice “del árbol caído todos quieren hacer leña” y eso le sucedió a Zelaya Rosales con su gobierno y su IV Urna. Luego de su salida es seriamente cuestionado junto a sus cercanos colaboradores.

Los hallazgos

Días después del golpe de Estado, el 07 de julio, los medios de comunicación comenzaban a publicar como el ex ministro de la presidencia, Enrique Flores Lanza fue captado en un video, cuando el 24 de junio a las 3:29 de la tarde sacó del Banco Central de Honduras (BCH) unos 2.1 millones de dólares en maletas (equivalente a 40 millones de lempiras).

Según los medios de comunicación el video forma parte de un requerimiento fiscal que el Ministerio Público incoó en el Juzgado de Letras de lo Penal de Tegucigalpa contra Flores Lanza, por supuestos actos de corrupción en la administración de Zelaya Rosales, ya que ese dinero pertenecía a las arcas del Estado.

Trascendió que el dinero le fue entregado a Flores Lanza en efectivo, antes de la destitución de Zelaya Rosales. La Fiscalía argumenta la posesión de un video que muestra como en el interior del Banco Central es retirado el dinero en efectivo; primero en carretillas y luego en maletas. Las imágenes han sido presentadas en varios noticieros locales.

Desde su exilio y por la vía telefónica Flores Lanza rechazó las acusaciones de abuso de autoridad que le presentó la Fiscalía y dijo que, "eso es absolutamente falso, es una acusación que se hace evidentemente con fines políticos dada la situación del golpe de Estado, la suspensión de las garantías constitucionales y la manipulación política". Lanza además retó a las autoridades a presentar el video.

Por otro lado, el Tribunal Superior de Cuentas –TSC- señaló que unos 10 millones de dólares (200 millones de lempiras) habría desviado el gobierno de Zelaya para actividades de la encuesta, con el propósito de instalar una Asamblea Nacional Constituyente que reformaría la Constitución y le daría al ex presidente la oportunidad de continuar en el poder.

Siguen investigaciones

Sin embargo, las investigaciones no concluyeron con la presentación de la acusación contra Flores Lanza, ya que autoridades del Ministerio Público instruyeron para que se cotejaran las series de los 40 millones de lempiras, con otros 260 mil lempiras que fueron encontradas en un hotel en Choluteca, donde supuestamente estuvo hospedada la ex gerente de la ENEE, Rixi Moncada y que servirían para financiar la encuesta prevista para el 28 de junio.

Los medios de comunicación nuevamente revelaron la información basados en “una fuente ligada a la Fiscalía” -- quien según se dijo—confirmó que los números de series del dinero hallado en Choluteca, coincidían con uno de los lotes de series de los 40 millones que en forma ilegal se retiraron del BCH.

Ampliación

Todas las evidencias que poco a poco las autoridades fueron recabando, han servido para levantar acciones criminales contra los ex funcionarios del ex mandatario, mismas que les impedirían la aplicación de una amnistía.

A Rixi Moncada se le levantarán cargos por malversación de caudales públicos y una vez que concluyan la investigación se incoarán las acciones legales correspondientes en los juzgados de la zona sur.También el Ministerio Público pedirá explicaciones del despilfarro de dinero a ex director del BCH, Edwin Araque y la ex ministra de Finanzas, Rebeca Santos, como parte de las diligencias.

La fiscalía también ordenó el cierre de las oficinas donde se hacían los preparativos para la consulta popular y posterior puesta en marcha de la IV Urna.  De acuerdo a las autoridades, el Ejecutivo utilizaba una vivienda, en la residencial Lomas del Guijarro, donde funcionaban también las oficinas del “Poder Ciudadano”.

El Gobierno de la República hizo un llamado a quienes habrían recibido dinero para financiar el proyecto de la encuesta, exhortándolos a devolverlo en cualquier sede del Ministerio Público a nivel nacional. El objetivo era evitar que el Estado incurriera en más pérdidas e iniciar las investigaciones contra los poseedores del dinero ilícito.

Lo más reciente

El último de los procesos de recopilación de “evidencias” por parte del Ministerio Público, contra las autoridades anteriores, fue el decomiso de información digital en el cual se asevera, ya se tenían los resultados de la encuesta de opinión.

En esta ocasión la información de los diferentes medios de comunicación es que las nuevas evidencias fueron encontradas en la casa del ex ministro de la presidencia Enrique Flores Lanza.

Las conclusiones a las que llegó el abogado Roberto Ramírez, en representación del Ministerio Público y la persona que dirige la investigación; es que era una base de datos de la aun no están seguros si contenía los resultados previos a la consulta; en otras palabras lo que daría el gane, con un gran fraude, a la encuesta.

Como un ejemplo, muestran una hoja de prueba, configurada en tablas, en la que menciona que María García, denominada en el formato como la informante y responsable de cinco urnas, obtuvo resultados previamente establecidos. La mesa número uno, contabilizó 450 votos por el sí y 30 por el no.

Las mesas que tenía García incluyen direcciones, teléfonos de contacto, localización de las urnas en el Instituto Luís Bográn, ubicado en la capital hondureña, Además de los resultados posteriores al escrutinio. Las computadoras junto a cajas con papeletas, material electoral y otros implementos fueron remitidos a la Dirección Nacional de Investigación Criminal, DNIC y al Ministerio Público.

Hay un sin número de aspectos y casos más que se podrían enumerar, pero el objetivo de este resumen es dejar en evidencia la celeridad y eficiencia con la que las autoridades actúan, cuando así lo determinan. También la negligencia en la que se esconden en otros casos, que como en el Zelaya Rosales, las pruebas están a “flor de piel”, pero la injerencia política, el compadrazgo y los intereses particulares predominan sobre el bien colectivo.

Hay sectores que señalan que el “escudriñamiento” al que está siendo sometido el gobierno de Zelaya Rosales, debería ser una práctica de los gobiernos entrantes, sobre los salientes. Muchos de los ex mandatarios y sus seguidores podrían estar procesados judicialmente, otros quizás tras las rejas, pagando la corrupción y el robo que ha hecho de un pueblo que muere de hambre y de sed de justicia.