El juez acusa al alcalde de Zurgena de cinco delitos y ordena la transformación en Procedimiento Abreviado de las diligencias abiertas con la Operación Costurero
La causa suma 25 imputados, entre ellos nueve concejales de la antigua corporación y once empresarios de la construcción, uno de los cuales pudo influir en la elaboración del planeamiento del municipio
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TELEPRENSA.- El Juzgado de Instrucción número dos de Huércal-Overa
ha ordenado la transformación en procedimiento abreviado de
las diligencias previas incoadas hace un año y dos meses
cuando la Operación Costurero derivó en el arresto entre
otros del alcalde de Zurgena (PA), Cándido Trabalón, y del
que fuera concejal de Urbanismo, Manuel Tijeras. La transformación del procedimiento constituye el paso previo a la apertura de juicio oral contra los 25 imputados por esta causa, entre los que figuran además de Trabalón y Tijeras, ocho concejales de la antigua corporación, todos ellos del Partido Andalucista, del PSOE y del PP, según el auto judicial dictado el pasado 18 de junio al que ha tenido acceso Teleprensa. El documento detalla que el todavía alcalde de Zurgena, que cuenta con un cuñado de profesión promotor imputado también en esta causa, está acusado de la presunta comisión de cinco delitos: prevaricación, prevaricación urbanística, cohecho, contra la ordenación del territorio y de falsedad documental. En concreto, el primer edil podría haber permitido la obtención de licencias ilegales mediante silencio administrativo, además de haber dado el voto favorable a la concesión de licencias de obra mayor y de segregación sin cumplir los requisitos exigidos por ley. Asimismo, el juez estima tras todas las diligencias practicadas que Trabalón, quien fue detenido por la Guardia Civil junto a su edil de Urbanismo en abril de 2008, incurrió en cohecho por la construcción de cinco estructuras de viviendas y un edificio de tres alturas por parte de promotoras a las que se daba un trato de favor. |
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Imagen del alcalde de Zurgena, Cándido Trabalón (PA) |
Los delitos por los que ha sido imputado el que fuera concejal de
Urbanismo, Manuel Tijeras, se reducen a cuatro, el primero
prevaricación urbanística cometida supuestamente en los mismos
términos que Trabalón. Achaca también el juez a Tijeras la autoría
de un delito de prevaricación urbanística por haber otorgado
licencias de primera ocupación para diversas viviendas de nueva
construcción a sabiendas de que sobre las mismas pesaban medidas
cautelares de suspensión de licencia de obras. El delito de cohecho
se relaciona en este caso con la aceptación por parte del que fuera
responsable de Urbanismo del uso de un vehículo adquirido por una
constructora para la "que trabajaba de forma encubierta".
Finalmente, a Tijeras se le acusa de haber incurrido en actividades
prohibidas a funcionarios públicos, delito que pesa también sobre el
técnico municipal Francisco Salvador Granados y sobre el arquitecto
Carlos Domingo Berbel, trabajador de una constructora y, al tiempo,
del consistorio, para el que emitía informes técnicos, al que
también se le imputa un delito de prevaricación urbanística.
Otros ocho concejales de la anterior corporación, que contaba con
once ediles repartidos entre el PA, el PSOE y el PP, figuran también
como imputados en esta causa por presuntos delitos de prevaricación
urbanística que derivaría de haber votado favorablemente a la
concesión de multitud de licencias de obra establecidas en suelo no
urbanizable.
Entre los 25 imputados por la operación Costurero figura también la
que fuera secretaría del Ayuntamiento Trinidad Lidueña al haber
emitido ésta numerosos informes jurídicos sobre la concesión de
licencias.
Finalmente, y al margen del cuñado del alcalde, el resto de
imputados lo componen empresarios de la construcción. Hasta once
promotores figuran como acusados en este procedimiento, todos ellos
por delitos contra la ordenación del territorio a los que se suman,
según los casos, otros de desobediencia y de cohecho.
Así, al administrador de la promotora ZUYDI, Tomás Zurano, se le
acusa de planificar y construir 44 viviendas en suelo no
urbanizable, así como de delitos de cohecho y tráfico de influencias
en relación al alcalde y otras autoridades. El juez aprecia que el
promotor pudo influir en la elaboración de la figura del
planeamiento de Zurgena.
Al empresario Antonio López se le achacan las mismas figuras
delictivas, entre ellas la de cohecho, que en este caso se relaciona
a la cesión de un coche a Tijeras a cambio de los tratos de favor
recibidos. También se relaciona con la actuación del concejal la
acusación sobre el gerente de la empresa Procosona, quien podría
haber realizado pagos a Tijras mediante talones con cargos a cuentas
de sus empresas.
Altos cargos de DIZU, de las empresas de Arboleas Promociones
Inmobiliarias y Welcome to Sepanish Home, el estudio de arquitectos
GyS cierran entre otros la lista de imputados, en la que se
encuentra otro ex técnico municipal y administrador de la
constructora New Medina Villas, que construyó un edificio de tres
plantes sobre un solar propiedad del padre del alcalde en el que
pretendía ubicar las oficinas de su firma.
Tras más de un año de instrucción, la actuación judicial sobre la
trama de corrupción de Zurgena da un importante avance con este
auto, tras el que el fiscal y las acusaciones deberán decidir si
piden el sobreseimiento de la causa o, por el contrario, la apertura
del juicio oral que sentaría en el banquillo de los acusados a los
25 imputados, entre ellos diez responsables políticos.